Un momento de las jornadas, que se desarrollaron durante tres días. 

La historia de Ángeles González estremece el cuerpo. De no ser así, recomendamos que visite a un médico. Puede sufrir algún tipo de psicopatía o, bueno, tal vez sólo sufra de machismo. En abril de 2003, el exmarido de Ángeles asesinó a la hija de ambos. Ella antes le había puesto 51 denuncias. No es relevante, pero sí sintomático: las instituciones no son diligentes con la violencia machista ni siquiera cuando la víctima pide ayuda a gritos. A pesar de los importantes avances en el ámbito legislativo que se han dado en los últimos años en el Estado español en la lucha por la erradicación de las violencias machistas, el camino apenas está trazado. Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno español, 44 mujeres han muerto en 2017 a manos de sus parejas o exparejas. Las cifras oficiales, siguiendo la lógica de la ley Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004, sólo incluyen los asesinatos cometidos por parejas o exparejas de la víctima. El portal Feminicidio.net, que conceptualiza de una manera más amplia la violencia machista, informa de 90 asesinatos en el mismo tiempo. Todas, sin distinción, mueren por inacción. Cualquier otro detalle sobre sus asesinatos resultaría irrelevante ahora.

En las jornadas ‘legislAcción: Propuestas feministas legislativas para vivir una vida libre de violencias machistas’, organizadas por Mugarik Gabe en Bilbao, se puso el foco continuamente en la responsabilidad de las instituciones y en la necesidad de construir alternativas feministas para hacer frente al gran reto que tenemos por delante: vivir vidas libres de violencia. Las 44 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año evidencian que aún queda mucho trabajo por delante. La última, Jessica Bravo. Había denunciado que su expareja quebrantó la orden de alejamiento y le detuvieron, pero el juez de guardia le dejó en libertad. La mató, con cinco disparos en la cabeza, delante de la puerta del colegio de su hijo de cuatro años.

Marcela Lagarde fue la encargada de inaugurar las jornadas. En la foto, junto a Joana Etxano, de Mugarik Gabe. 

Mugarik Gabe inauguró el encuentro con una conferencia de la antropóloga Marcela Lagarde, que insistió en la importancia de seguir presentes como feministas en la elaboración y ejecución de leyes que nos protejan de la violencia machista. Ella, como diputada independiente en el Congreso de México, fue una de las personas que impulsaron la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, que entró en vigor en 2007. Lagarde celebró en su intervención que ahora, en México, los feminicidios forman parte de la agenda política del país. Las cifras siguen siendo escandalosas. Naciones Unidas asegura que en 2016, cada día, 7,3 mujeres fueron asesinadas en el país. A Lagarde se le olvidó denunciar los transfeminicidios en México, el segundo país en el doloroso ranking de personas trans asesinadas, seguido por Brasil. De enero a junio de 2017, se han reportado 31 asesinatos según el diario mexicano La Vanguardia. En el Estado español las mujeres trans asesinadas por sus parejas y exparejas son sujetas de la ley de violencia de género oficialmente desde 2011, a raíz de una circular de la Fiscalía del Estado español, que reconoce a las mujeres trans como posibles víctimas de violencia de género, incluso cuando no hayan accedido a la rectificación registral. El documento trata de subsanar los tintes tránsfobos de la ley integral, que obvió que las mujeres trans pueden ser también víctimas de violencia machista. El camino para ellas sigue siendo más arduo.

Las únicas rosas que tienen el camino las mujeres víctimas de violencia machista son las que sus familias y amistades colocan para ellas en los cementerios. Las instituciones públicas todavía hoy siguen sin trazar planes estratégicos a largo plazo que eviten sus asesinatos. El caso del Estado español es sangrante: ha firmado todos los convenios y acuerdos internacionales que tratan de evitar esta masacre, pero no cumple ninguno. No hay recursos económicos ni humanos suficientes y mucho menos, voluntad política. El Comité de la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, condenó a España en 2014 por no haber protegido a Andrea, la hija de Ángeles González. Las sentencias de este organismo, sin embargo, no son de obligado cumplimiento. González, todavía hoy, sigue esperando la indemnización y, por supuesto, unas disculpas. Nada de eso ha ocurrido. Acompañada por la organización Women’s Link WorldWide, aún está esperando justicia, memoria y reparación.

Estefanny Molina, miembra del colectivo que acudió a las jornadas de Mugarik Gabe, aprovechó su intervención para denunciar que, desde 2014, otros 16 niños y niñas han sido asesinados y asesinadas por maltratadores; la falta de voluntad política para erradicar las violencias machistas; el incumplimiento del Gobierno de las resoluciones internacionales, que responde a una “actitud feminicida” de un Estado tolerante con la violencia machista; y la falta de formación del personal de justicia en materia de violencia de género. Días después de la intervención de Molina, recibimos con estupor la noticia del asesinato de una niña de dos años en Alzira, Valencia, a manos de su padre. Ya son 17 y, debido a la falta de voluntad política de las instituciones públicas. Las cifras ofrecidas en esta crónica pronto quedarán desactualizadas. Begoña San José, de la Plataforma Informe Sombra CEDAW, formada por más de 50 organizaciones no gubernamentales de mujeres, de cooperación internacional y de derechos humanos, que vela por el cumplimiento de la convención adoptada por Naciones Unidas en 1979, insistió en la necesidad de seguir monitoreando y denunciando el incumplimiento de los acuerdos.

La justicia es un señor

“El sistema judicial no defiende a las mujeres”, denunció Inmaculada Mata, del colectivo Mujeres que aman demasiado: “Se fomenta que con la denuncia está todo solucionado y eso no es así”, aseguró durante su intervención. El asesinato de Jessica Bravo avala su pesimismo. Laia Serra, de Dones Juristes, recordó también que, en una investigación de recogida de datos, “todas las mujeres que habían ganado casos sobre violencia sexual aseguraban que no volverían a iniciar el proceso”. La hostilidad y la frialdad de las instituciones judiciales son denunciadas constantemente por el movimiento feminista que, a través de distintas organizaciones y activistas, muestra su preocupación por los sesgos androcéntricos de muchas sentencias.

A lo largo de las jornadas, además, se cuestionó también que la vía judicial y penal sea la única alternativa para las mujeres. En el caso de las mujeres migradas, además, el acceso a la justicia puede suponer un problema en su situación administrativa. Lo que está claro es que el sistema judicial violenta a las mujeres, por eso, el reto apremia: “Hay que crear un derecho antipatriarcal”, apunta, Bego Zabala, de Emakunde Internazionalistak.