María Teresa, desde Suecia, sigue luchando para lograr la despenalización del aborto en cuatro causales. / Foto de sus redes sociales

“Tuve que salir de mi país”. La conversación a través de la inmediatez y frialdad de las redes sociales parece aséptica, pero está impregnada de injusticia, dolor, desarraigo. También de fortaleza y seguridad. “Tuve que salir de mi país, no íbamos a permitir que otra vez me fueran a procesar por el mismo delito que nunca existió”, teclea desde Suecia.

Hasta el país nórdico tuvo que huir María Teresa Rivera, desde su El Salvador natal, para evitar ser encarcelada nuevamente. Ya estuvo presa cuatro años, acusada de homicidio agravado, tras sufrir un parto extrahospitalario precipitado y quedar sentenciada a pasar 40 años de cárcel. El año pasado quedó en libertad por la anulación de la sentencia al determinar la Justicia que no existían suficientes elementos que probaran la comisión de ningún delito. Pero el Estado insistió y la Fiscalía General de la República presentó un recurso.

“La persecución jurídica, la discriminación laboral, la discriminación social… Todos estos factores fueron los que me llevaron a la desesperación y por los que tuve que salir”, añade de manera escueta pero clara. Tras viajar a Suecia junto con su hijo para participar en unas jornadas, María Teresa decidió no regresar a El Salvador y solicitó asilo político. El pasado mes de marzo, logró la protección internacional por parte de Dirección General de Migraciones. “Ha manifestado que el Estado no puede protegerla hasta que la ley del aborto cambie. Es terrible ver a qué nivel hay que llegar, tener que irte de tu tierra. Esto una llamada a El Salvador, hay que dejar de tener una ley tan absolutista, tan conservadora, porque no resuelves. Criminalizar, penalizar y perseguir no es la solución. Llevar nuestros cuerpos al Código Penal nunca ha sido la solución”, explica en conversación con Pikara Magazine Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico.

Sara García, en Bilbao. / Foto: M.A.F.

El intercambio virtual con María Teresa también irradia justicia: su historia es la primera documentada en la que el género ha motivado el estatus jurídico de asilo político. “En el equipo jurídico no conocemos ningún otro caso, ni de mutilación, ni de trata…”, confirma Beatriz De Lucas, técnica de CEAR Euskadi. El género es un motivo de persecución política y jurídica y, por tanto, de refugio, aunque las legislaciones estatales y supraestatales sean una barrera para ello.

“Todo el desarrollo normativo de los derechos humanos y del derecho humanitario tiene una mirada androcéntrica, se basa en la mirada de los hombres, mientras que la realidad de las mujeres queda fuera”, apunta la experta, quien añade que el trabajo de organizaciones feministas ha hecho mucha presión para cambiar esa mirada. Por ejemplo, la legislación del Estado español lo reconoce desde 2009 si bien no hay documentado ningún caso, siendo muchas las situaciones que tienen cabida: violencia sexual, matrimonio forzado, mutilación genital, orientación sexual e identidad de género, feminicidio, esterilización forzada, aborto selectivo, crímenes de honor, trata de personas con fines de explotación, o aborto, como el caso de María Teresa Rivera.

De “precedente histórico” lo ha tachado la defensora Morena Herrera, fundadora de La Colectiva Feminista, y no sólo para El Salvador sino para la comunidad internacional: “Es la primera vez que un país otorga asilo político por estas razones”.

“Estar en prisión es algo que no quiero que otra mujer sufra. Y lo hemos sufrido mis compañeras y yo por una ley injusta de mi país hacia las mujeres más vulnerables. Al estar en libertad y saber todo lo que se sufre dentro de prisión, tengo un gran compromiso por luchar por las niñas y mujeres salvadoreñas. Necesitamos una ley que proteja la vida, la salud y la libertad de las mujeres”, escribe y transmite con fuerza María Teresa Rivera.

Su presente como asilada es único, pero su pasado en prisión es compartido por otras muchas mujeres de El Salvador. Según las cifras que maneja Morena Herrera, más de 150 mujeres han sido procesadas, y más de 35 de ellas condenadas a más de 30 años de prisión por lo que la Justicia tilda de homicidio agravado. La lucha de La Colectiva y de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico ha logrado que 16 mujeres salgan de la cárcel.

Estos colectivos están trabajando igualmente para lograr la despenalización en cuatro causales: la pelota está en manos de la Asamblea legislativa, en donde se han presentados dos propuestas para modificar una ley que data de 1997. Mientras, la presión internacional es cada vez más fuerte: el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha solicitado este mes al Gobierno salvadoreño que no continúen aplicando el Artículo 133 del Código Penal.

Alrededor de 25 siguen hoy en la cárcel. Todas ellas pobres. Y es que, suele ser el personal de los hospitales públicos el que denuncia a las mujeres cuando llegan a sus instalaciones con problemas obstétricos y hemorragias vaginales. Ningún hospital privado de El Salvador ha hecho una denuncia al respecto, según explica Herrera. Desde Suecia, María Teresa insiste en que se trata de “una violación de derechos humanos por el hecho de ser mujer y pobre”.