Texto y fotos: Alba Tarragó Bosch

Manifestación a favor del aborto en Irlanda.

El pasado viernes 25 de mayo la mayoría de la población irlandesa votaba “Sí” a la pregunta “¿Quiere derogar el artículo 40.3.3 de la Constitución?”, el cual prohibía el aborto en prácticamente cualquier circunstancia. Con este artículo, conocido como Octava Enmienda, tan solo era posible la interrupción intencionada del embarazo cuando “la vida de la madre corría peligro”, quedando excluidos los casos de violación, incesto o malformación fetal incompatible con la vida. El importante peso de la religión católica en la sociedad ha sido el principal causante de que, en pleno siglo XXI, Irlanda fuera uno de los países europeos más restrictivos en cuanto a derechos reproductivos.

El futuro del aborto

Pero esta victoria no otorga a las mujeres el derecho al aborto de manera automática. Después de que la población haya mostrado su decisión en las urnas, la tarea de crear una nueva legislación que regule esta cuestión queda en manos del Parlamento. Previamente al referéndum, el Gobierno hizo público el borrador de la futura ley que debería entrar en vigor y que ahora será defendido por el ministro de Salud, Simon Harris, ante su gabinete.

Según el documento, el aborto bajo demanda sería legal hasta las 12 semanas, mientras que entre las 12 y las 24 lo sería en circunstancias limitadas, como una anomalía del feto incompatible con la vida en situaciones de riesgo para la vida o la salud de la madre. Al conocer los resultados del referéndum, el presidente irlandés, Leo Varadkar, anunció su intención de que el reglamento entrara en vigor antes de que finalizara el año.

Hasta ahora, la media de abortos legales llevados a cabo en Irlanda se reducía a unas 25 al año, según datos del Departamento de Salud. Aún así, Abortion Rights Campaign, la campaña líder a favor del derecho al aborto, revelaba en 2016 que diez irlandesas al día habrían viajado al Reino Unido con el fin de interrumpir su embarazo. Pero esta cifra tan solo hace referencia a las mujeres que se registraron en las clínicas como residentes en Irlanda, de manera que el número podría ser mucho mayor. Además, se calcula que desde los años 80, más de 150.000 mujeres habrían realizado este mismo viaje, en muchos casos, cargadas de culpa y vergüenza.

Una realidad silenciada

El caso de la joven irlandesa N. O., nacida en Cork, demuestra cómo la moral católica ha sido capaz de infundir el miedo al rechazo social entre las mujeres que a lo largo de estos años decidieron poner fin a su embarazo. N. O. estaba estudiando en el Reino Unido cuando, a los 22 años, se quedó embarazada de manera inesperada. A pesar de que entonces la culpa la llevó a ocultarlo durante mucho tiempo, ahora asegura no arrepentirse en absoluto de su decisión.

Miles de mujeres se han movilizado en la campaña del referéndum.

Podría parecer que, al estar viviendo en un país donde el aborto es legal hasta las 24 semanas, el proceso fue más fácil, pero N. O. no lo recuerda así. “Si hubiera estado en Irlanda me hubiera sentido forzada a contárselo a mi madre y ella habría venido conmigo. Durante el procedimiento estuve sola, ya que el que tenía que haber sido el padre se quedó fuera jugando a futbol”, lamenta.

En su caso, el proceso fue semi privado y, como los dos aún eran universitarios, tuvieron que pedirle prestado el dinero a la madre del chico. Según rememora 15 años después, a través de la sanidad pública “tendría que haber esperado unas diez semana para obtener el aborto”, pero ella tenía claro que no quería “mantener aquella idea en la cabeza durante tanto tiempo”.

Pero este tipo de historias están a punto de quedar definitivamente en el pasado. Con un 66,4 por ciento de votos a favor de derogar la Octava Enmienda, la ley irlandesa del aborto deja de ser la segunda más restrictiva de toda Europa. Hasta ahora, Malta, donde se prohíbe sin excepciones la terminación del embarazo, era el único país que superaba a la isla esmeralda en cuanto a la severidad de esta ley. La mayoría de los miembros europeos permiten el aborto bajo demanda hasta las 12 semanas, mientras que en España es posible hasta las 14.

A efectos prácticos, con la decisión del electorado se consigue eliminar el artículo 40.3.3 de la Constitución irlandesa, que igualaba el derecho a la vida del feto al de la mujer embarazada. De esta manera, toda persona que incumpliera este fragmento del texto constitucional corría el riesgo de recibir una pena de 14 años de prisión. Además, se podía considerar responsable de la “destrucción de una vida humana no nacida” tanto a la madre como al médico que practicara el procedimiento.

Cuatro referéndums (1992 y 2002) y una ley (2013)

Pero esta no es la primera vez que la Octava Enmienda, también ratificada a través de un referéndum en 1983, es sometida a votación popular para ampliar la legalidad del aborto. Precisamente, lo que hacía que esta prohibición fuera tan inamovible era el hecho de estar recogida en la Constitución, ya que cualquier modificación debe ser ser votada por la ciudadanía.

A penas diez años después de su entrada en vigor, el caso de la bautizada por la prensa como ‘Señorita X’ dio lugar a la primera consulta en 1992. Se trataba de una joven extranjera de 14 años que se había quedado embarazada a consecuencia de una violación y que el Estado irlandés intentó retener dentro del territorio para evitar que abortara en el Reino Unido. El incidente produjo masivas protestas sociales que llevaron al Gobierno a tomar medidas. Fue entonces cuando se celebraron tres referendums simultáneos que tuvieron como resultado un cambio en la Constitución: se permitía salir del país para abortar y se legalizaba el intercambio de información para llevarlo a cabo.

Una década después, en 2002, una revisión constitucional obligó a consultar de nuevo a la población sobre este asunto. Esta vez la pregunta se centraba en la posibilidad de incluir el suicidio como “riesgo para la vida de la madre” y, por lo tanto, que el aborto pasara a ser legal en estos casos. La respuesta, con un 50,42 por ciento de los votos en contra, fue negativa y tuvieron que pasar otros diez años para legalizar la interrupción del embarazo en caso de intento de suicidio.

La muerte de la dentista india Savia Halappanavar en octubre de 2012 sacudió nuevamente la sociedad irlandesa. Los médicos se negaron a practicarle una intervención cuando la joven empezó a sufrir un aborto involuntario. Como consecuencia de esta complicación, Halappanavar sufrió una infección en la sangre, conocida como sepsis, que acabó provocándole la muerte. Estos hechos obligaron al Gobierno a crear la denominada Protection of Life During Pregnancy Act 2013. Esta nueva ley ampliaba la legalidad del aborto y, además, reducía la pena de prisión por su incumplimiento, ya que hasta entonces cualquier persona que llevara a cabo un aborto podía ser condenada a cadena perpetua.

Con la incorporación de esta ley no solo se reducía la sentencia a 14 años de cárcel, sino que también se establecían tres circunstancias legales bajo las cuales una mujer podía interrumpir su embarazo: a causa “de una enfermedad física”, “de una enfermedad física en caso de emergencia” y “de intento de suicidio”. Este último caso es el que presentaba más requerimientos, ya que debía ser aprobado por tres médicos, un obstetra y dos psiquiatras.

Educación sexual: la asignatura pendiente

La visión de una sexualidad tan tradicional arraigada en Irlanda durante todo este tiempo se debe mayoritariamente a la falta de educación sexual de calidad en los centros educativos. El hecho de que aproximadamente el 90 por ciento de los colegios estén en manos de la Iglesia explica muchas cosas. Tal como se reveló en una de las reuniones del comité especial de la Octava Enmienda del Parlamento Irlandés, creado en 2017 para deliberar sobre el aborto, las escuelas están obligadas a impartir educación sexual, pero pueden hacerlo a través de sus valores.

Ante el hallazgo, el Departamento de Educación declaró que “la contracepción o aspectos relacionados con el consentimiento no están mencionados de manera explícita en el currículum” y que la impartición de esta materia depende de la aprobación de los padres, por lo que puede que cierta información acabe siendo omitida del programa. Además, “no existe una lista de agencias reguladas que puedan dar este tipo de clases”, admitió el organismo educativo.

El peso de la Iglesia en Irlanda ha sido criticado en las manifestaciones.

Al hacerse públicas estas declaraciones a finales de 2017, se destapó el escándalo del grupo católico Accord, que impartió clases de educación sexual en unas 400 escuelas de Irlanda. Según The Times, este grupo formado por la Conferencia de los Obispos Católicos Irlandeses “no informaba sobre contracepción o relaciones homosexuales” y visitó 53 escuelas de secundaria y 346 de primaria tan solo durante 2016.

La Irish Family Planning Association (IFPA) es la principal organización de salud sexual en la República y actualmente trabaja con organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Su portavoz, Siobhán Silke, destaca que “el principal problema es que en Irlanda no existe una estrategia de salud sexual y reproductiva completamente integrada que sea continuada, es decir, que comience desde pequeños en las escuelas e incluya la provisión de contraceptivos”.

Aún así, la responsable de comunicación de la IFPA reconoce que la educación sexual “ha mejorado en los últimos años”, razón por la cual posiblemente los embarazos entre chicas jóvenes hayan bajado. Esta cifra, que en el año 2000 llegó a ser la segunda más elevada de la Unión Europea, ha descendido un 64 por ciento en los últimos 15 años, según apunta el diario The Journal.

Misoginia legal

La Octava Enmienda desaparece, pero otros pasajes igualmente patriarcales se mantienen vigentes en la Constitución irlandesa. Sin ir más lejos, el artículo número 41.2 pone de relieve la importancia de las tareas de cuidado que la mujer realiza en el entorno familiar. Según el texto, “mediante la vida que lleva a cabo en el hogar, la mujer proporciona al Estado un apoyo sin el cual el bien común no se podría conseguir”, por lo que, “el Estado debe esforzarse en asegurar que las madres no se vean obligadas, debido a necesidades económicas, a dedicarse a trabajos por los que abandonar sus obligaciones en el hogar”.

A pesar de haber aceptado la legislación común en materia de igualdad al entrar en la Unión Europea en 1973, Irlanda parece no haber aplicado a sus leyes el conocido lema feminista “Our body, our choice” (“Nuestro cuerpo, nuestra decisión”). Sigue también en vigor la conocida como “Política Nacional del Consentimiento”, publicada el año 2013 por el Health Care Executive (HSE), el sistema nacional de salud.

Según el apartado 7.7.1 de este reglamento, implantado en todos los hospitales del país, uno de los casos en los que se puede negar el derecho al consentimiento a un paciente, y por lo tanto el poder de aceptar o denegar un tratamiento, es durante el embarazo. Esto permite al HSE derivar al Tribunal Superior de Justicia peticiones para obligar a mujeres embarazas a recibir un tratamiento o denegárselo sin su consentimiento.

La parlamentaria Kate O’Connell, miembro del partido en el Gobierno (Fine Gael) y parte del Comité Especial de la Octava Enmienda, es una de las muchas voces que lamentan “la cultura de desconfianza hacia las mujeres que se está creando”. Aún así, O’Connell, conocida por su incansable lucha por la bajada de precios de los anticonceptivos, zanja el debate con una clara sentencia: “Las irlandesas son capaces de tomar decisiones sobre sus cuerpos, ya que así lo hacen cada día”.

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