Bettina Cruz, en el encuentro zapatista. / Foto: Florencia Goldsman

A primera vista nadie sospecharía que Bettina Cruz, sonriente aunque con una agenda siempre apretada tal como la conocimos en el sur de Chiapas, es objeto de continuos ataques e intimidaciones debido a su trabajo en defensa de los derechos humanos. En Oaxaca, estado del que proviene, existen más de 21 parques eólicos en funcionamiento, cuya instalación ha significado el despojo de tierras, la modificación de las formas de subsistencia, costumbres y creencias de las comunidades indígenas desde la década de los años 90.

Nuestra venganza es ser felices y esta mujer de la etnia binni’zaa lo demuestra confrontando los riesgos que asume con rituales y festejos, actos mínimos de enorme sentido que le dan fuerzas para seguir de pie, fuerte y con claridad en la mirada. “Allá, en mi pueblo, somos muy fiesteras. No es solamente que te guste ir a la fiesta si no que es una obligación, es uno de esos momentos en que se tejen esos hilos de parentesco y solidaridad entre nosotras. Si alguien viene a una fiesta en mi casa yo tengo que ir a la fiesta en la suya. Son los rituales de vida y muerte. Tengo que cumplir. Si no estoy tengo que ver que alguien pueda ir en mi nombre a dejar una flor o una veladora en mi nombre”.

Lucila Bettina Cruz Velázquez es defensora de derechos humanos mexicana y miembro de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, en el municipio de Santa María Xadani, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Desde hace años, integra el movimiento de resistencia civil contra los altos precios de la electricidad y ha enfrentado amenazas significativas debido a sus múltiples luchas. Además, participa activamente del Congreso Nacional Indígena e integra el Concejo Indígena de Gobierno.

En contraste con sus impulsos de vida que colocan el festejo, el baile y la conexión afectuosa con su vecinas en un lugar prioritario, las amenazas de muerte han pasado a ser protagonistas de su cotidiano. Es hostigada, perseguida por personas desconocidas y sufre exilios forzados que, como a muchas otras luchadoras, la obligan a salir de la región como medida de protección.

En el año 2011 fue detenida y violentada por la policía oaxaqueña mientras realizaba la tarea de informar a las comunidades indígenas sobre sus derechos a la propiedad de la tierra. Tras ese episodio de agresión por parte de las fuerzas policiales, la Oficina para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca ordenó unas primeras medidas cautelares de protección que respondían a la exposición de Cruz en el ámbito local.

Las intimidaciones a quienes defienden derechos en México se han vuelto parte de la rutina pero las defensoras se resisten a naturalizar el miedo. Por eso Bettina Cruz, junto con otro defensor de derechos humanos, Rodrigo Flores Peñaloza, denunció en 2017 ataques e intimidaciones, que fueron desde el hostigamiento directo a sus oficinas por parte de civiles desconocidos hasta la difamación pública a través de una radio del municipio de Juchitán. A raíz de esta reciente serie de amenazas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en enero de 2018 medidas cautelares para ampliar el arco de protección de Cruz.

En este contexto, el desafío que enfrenta la comunidad binni’zaa (o zapoteca) es enorme y se da de bruces con la autoritaria tradición política de imposición por parte de las empresas que han desdeñando el tiempo de los procesos de consulta comunitarios. Por ejemplo, la compañía Mareña Renovables (antes Eólica del Sur) ha sido denunciada por medios mexicanos por hacer prevalecer la urgencia de sus demandas por encima de los procesos de entendimiento, deliberación y decisión de las comunidades acerca de los efectos a largo plazo que significa el usufructo de empresas extranjeras de las tierras comunales. La lucha comunitaria en contra de la imposición de los parques de Mareña Renovables, en los municipios de Juchitán de Zaragoza y San Dionisio del Mar, lleva años, sudor y lágrimas. Cruz, junto con otras personas afectadas, ha presentado la problemática en diferentes foros y organismos de las Naciones Unidas y en el Banco Interamericano de Desarrollo, resaltando la falta de respeto y garantías de derechos humanos que demuestra tanto el Gobierno de México, como las empresas privadas hacia el pueblo binni’zaa.

Bettina Cruz habló con Pikara Magazine en una escenografía agreste rodeada de carpas, árboles y, también, de compañeras zapotecas en el I° Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Asiste en representación de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), compuesta por 168 mujeres defensoras y 95 organizaciones, ubicadas en 21 estados en el República y Distrito Federal de México. Ingeniera agrónoma con una maestría en desarrollo rural y regional y un doctorado en planificación del territorio, admite que le encanta aprender cosas nuevas. Este perfil de estudiante crónica no se lleva mal con el espíritu lúdico que quiere estar de cuerpo y alma presente en todos los festejos: bailar la noche entera, comer y beber, tal como relata antes de terminar la entrevista, arreglarse el cabello y desarrugar su huipil para la foto.

Bettina comparte el reto cotidiano que viven las defensoras: cuestionar las decisiones que afectan a los territorios las desacredita en sus comunidades. “Nosotras como mujeres somos compañeras muy atacadas, por que, ¿qué andamos haciendo en la calle?, ¿qué hacemos metidas no sé en qué temas? Nos dicen que si nuestros esposos no nos mandan, que por qué no estamos en la casa. Esas son las descalificaciones hacia nuestro trabajo. Nos dicen que nosotras como mujeres no podemos defender lo que es nuestro que es defender la vida. Por que somos defensoras de la vida, estamos peleando para que no nos quiten lo que es de nosotras”.

Durante el primer decenio del siglo XXI, México se comprometió a luchar contra el cambio climático: una serie de acuerdos del Gobierno con empresas extranjeras generaron un furor por la instalación de estructuras de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, en el sur de Oaxaca. Hoy, quienes viven en las comunidades indígenas empobrecidas están divididos respecto a los beneficios de la revolución ecológica. Muchas personas están rechazando estos proyectos.

Los 21 parques eólicos en funcionamiento se instalaron a partir de la aprobación de una Reforma Energética en México en 2013, la declaración de Oaxaca como Zona Económica Especial y la militarización de la región. A partir de ese momento, el Estado oaxaqueño y el nacional comenzaron a privilegiar los proyectos energéticos frente a los derechos de la población.

En Juchitán de Zaragoza, una ciudad mayoritariamente zapoteca, miles de residentes se han opuesto a los planes para construir uno de los parques eólicos más grandes de América Latina. En enero de 2015, el Estado concedió un permiso a la empresa Eólica del Sur para llevar adelante un emprendimiento sin la debida consulta previa, libre e informada, columna vertebral de la organización comunitaria que define a la política indígena zapoteca del municipio.

Cruz considera que las empresas de energía eólica están quebrando los lazos sociales de las comunidades, es decir, la fragmentación del núcleo que las mantenía unidas. “Uno de los desafíos más importantes es la ruptura del tejido social, por que las empresas llegan y pagan cualquier cantidad a la gente local para poner su aerogenerador. Primero no les dicen bien cómo van a hacer las cosas, qué afectaciones van a tener las tierras, qué afectaciones van a tener ellos. Simplemente llegan y les dicen que van a poner ahí el aerogenerador que es una rueda de diez metros de diámetro. Pero eso no es cierto. Hay una serie de impactos nocivos muy fuertes, desde el derrame del aceite, desde que desforestan, están rompiendo el ecosistema”, alerta.

La zona de Oaxaca, en la que se debaten las extractivistas eólicas, se vincula con el corredor biológico mesoamericano y define enlaces entre las áreas protegidas de Centroamérica. Los corredores mantienen la continuidad de los procesos biológicos entre diferentes regiones naturales y demográficas. La importancia de ese corredor es la conexión y la migración respetuosa por parte de las personas que pueblan estas reservas. “Ese corredor biológico se mantiene pese a que no toda la zona tiene bosque o selva pero hay algunas líneas que la misma gente deja, los caminos, esos espacios hacen que el corredor se conecte con los diferentes lugares. Si la empresa llega y corta el espacio pues ya la conexión y el flujo de animales se detiene. El ecosistema colapsa. La gente no se da cuenta”, relata la defensora.

Después de los últimos terremotos que azotaron al sur de México, la propia comunidad diseñó un proyecto de reconstrucción de viviendas con material local. “Ahora los pobladores se están dando cuenta que esos materiales los tienen que comprar. Esas áreas de uso común anteriores se están restringiendo, están rompiendo nuestra forma de construir el propio espacio usando elementos locales, utilizando nuestros bienes naturales. La ruptura del tejido social se logra dándole dinero a algunas personas y a otras no. Ahí hay una ruptura. ¿Por qué? Porque en el mismo pueblo unos están siendo beneficiados y otros no: en la misma familia un padre está de acuerdo pero un hijo no. Hay problemas y se rompe ese componente de unidad que tenemos los pueblos indígenas y que es tan necesario para poder vivir. Nuestro tejido social que se reproduce con las relaciones que nosotros vamos tejiendo y que en zapoteco se dice ‘guendaracane’”.

Luchas con nombre propio

“Somos zapotecos o binni’zaa, es nuestro nombre propio, ‘zapoteco’ es el que nos pusieron los nahua (castellanos)”, aclara Bettina Cruz mientras avanza la entrevista. La lucha de las mujeres también tiene un nombre propio y en el encuentro organizado por las zapatistas se abrió la oportunidad para repensar al respecto. La mirada sobre el papel de las defensoras es personal y colectiva. “Las mujeres tenemos un papel, las mujeres participamos. Sin embargo, no tenemos un rol protagónico en cuanto a la cuestión de los liderazgos. Sí hay mujeres en todos los ámbitos de la lucha que son necesarios. Pero en los espacios de tomas de decisiones son muy pocas las que quieren estar, porque sienten que es una pérdida de tiempo o que ocupar ese espacio les va a quitar el tiempo que necesitan para su casa, para su trabajo”, apunta.

En un contexto de 7.000 mujeres reunidas a partir de la llamada de las encapuchadas del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Bettina Cruz observa que la lucha de las zapatistas es ejemplar. “Todavía en México estamos las mujeres muy sometidas. Pues, hay que repetirlo muchas veces, nos somete ese capitalismo patriarcal que nos roba las esperanzas, las vidas y las ilusiones a las mujeres porque nos hace trabajar con tareas que no se visibilizan para beneficio del mismo capital. Nos utiliza, utiliza nuestros cuerpos para explotarlos como mercancías. Ese capitalismo nos explota de esas dos maneras: primero nos oprime bajo ese sistema patriarcal y luego utilizando nuestros cuerpos. Comercializándolos, mercantilizandolos. Venimos con compañeras de las comunidades para ver que no hay un límite para las mujeres, mas que el que nosotras nos pongamos. Que ellas [las zapatistas] pueden cargar todo los pesos para armar este campamento y cómo los hombres -señala para el lado opuesto- pueden estar allá haciendo la comida y no les pasa nada. El zapatismo lo que nos enseña es que podemos cambiar las cosas sin esperar a cambiar todo el país”.

Cruz enfrentó en carne propia el racismo y la discriminación a través del descrédito constante: “Llegan las empresas y dicen: ‘¡Ah! Esa ni es indígena, ni si quiera es de la región’ o ‘esa dice que es zapoteca pero no lo es’ o ‘ella dice que estudió y dice que es indígena’. Señalando que las indígenas no podemos estudiar y mirándonos de arriba a abajo. Superar eso es difícil, que crean que estas hablando en serio, que tienes los elementos para poder denunciar, pelear, exigir, eso cuesta el doble para las mujeres. Un hombre puede hablar y hasta decir algo que ya se dijo, pero si eres mujer tienes que fundamentar, demostrar lo que estás diciendo y eso es un gran desafío para las que estamos en este ámbito porque el esfuerzo es doble”.

Además de señalar el constante “síndrome de la impostora” que afecta a casi todas las mujeres que realizan asiduas intervenciones públicas, Bettina Cruz se refirió a los riesgos que supone ser defensora del territorio en un país con los mayores índices de persecución a activistas políticas. Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), 106 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, mientras que 81 están desaparecidas.

A pesar de las cifras, Cruz celebra la importancia de tejer redes que den soporte: “Hay un rechazo en el ámbito mundial. Es una condena a esas empresas multinacionales que llegan hasta asesinarnos. Creo que las redes nos salvan porque equivalen a agrandar nuestras organizaciones. Si pertenecemos o estamos en contacto con estas redes, en el ámbito local o internacional, podemos tener proyección. Actúan como un amplificador. Así son las redes: nos alumbran para que nos veamos, nos escuchemos. Creo que son muy importantes para la vida. Para apoyarnos porque solas en el territorio ya nos habrían asesinado a todas”, resume.

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