Trabajadoras marroquíes de la fresa en Huelva.

Dos meses después del final de la campaña de la fresa, todas las jornaleras marroquíes han sido enviadas de vuelta a Marruecos, incluida Haffira (nombre ficticio; tiene miedo a revelar su verdadera identidad) y sus tres compañeras, que aún están pendientes de juicio tras denunciar a su manijero por abusos sexuales. A su vez, uno de los asentamientos chabolistas más grandes, conocido como “las chabolas del cementerio”, donde malviven los jornaleros subsaharianos, se ha quemado por completo ante la impotencia de sus habitantes. Estos días se reconstruye usando los plásticos inservibles de los invernaderos.

Issouf, Abou y Haffira son solo 3 de los más de 25.000 migrantes que vienen a Huelva a trabajar en la recolección de la fresa. Su situación administrativa y familiar los deja en una situación de extrema vulnerabilidad ante la explotación laboral e incluso sexual.

En las chabolas del cementerio, el censo en plena campaña asciende hasta 1500 personas.

Issouf Diarra dejó a sus dos hijas menores y a su mujer en Mali y salió en busca del sueño europeo hace más de una década. Llegó a las Islas Canarias montado en un cayuco junto a otras 70 personas en un viaje que duró casi dos semanas. Desde entonces, viaja por distintas ciudades de España en busca de trabajo en el campo. Pese a no tener papeles, ha trabajado en la recolección del melocotón, la aceituna, el tomate y la fresa. Pero ahora está a punto de perder la visión en su ojo derecho tras sulfatar un campo sin las protecciones adecuadas. No le fueron proporcionadas por su entonces jefe de cuadrilla.

Pese a su gran altura, Issouf trabaja rápidamente para recoger el máximo de fruto posible. Ahora está cobrando según las cajas que consiga recoger.

Issouf apenas ve sobras o bultos con el ojo derecho tras sufrir un accidente laboral mientras sulfataba un campo sin las protecciones adecuadas que no le fueron proporcionadas por su jefe.

Abou Sibde, costamarfileño de 31 años, saltó la valla de Melilla en 2014. Vivió varios años en Marruecos, en el monte Gurugú esperando su momento para entrar en Europa. “En África nunca he vivido así y mi familia no puede saberlo”. Vive en las chabolas del cementerio, en Lepe. Así las llaman, pues se sitúan tras el camposanto y se pueden ver desde el centro comercial al otro lado de la carretera. Desde que llegó, Lepe es lo único que conoce, confía en que el empresario con el que trabaja desde entonces le facilite un contrato para poder obtener su permiso de trabajo y residencia.

Abou usa una vieja rueda de tractor como pica para lavar tanto sus platos como su ropa. Tras 4 años en Europa, Lepe es lo único que conoce.

Abou, como el resto de los habitantes de las chabolas, recoge agua en el cementerio municipal. De aquí beben, se asean y limpian sus casas.

Haffira fue contratada en origen junto a otras 17.000 mujeres marroquíes. Madre de dos hijos menores, de zona rural y con un nivel bajo de estudios. Estas son las premisas de los empresarios antes de traerlas a Huelva a trabajar. Se aseguran desde el origen de que estas mujeres no tengan opción alguna de defenderse ante un abuso laboral. Pero no es solo laboral el abuso que experimentan estas mujeres. Haffira ha denunciado a su encargado por abuso sexual y está a la espera de juicio. “Cada noche venía a mi barracón, me amenazaba con despedirme y enviarme a Marruecos si no tenía relaciones con él”. Ahora teme volver a casa ante las posibles represalias de su familia.

Ellos, sin acceso a la vivienda, obligados a malvivir en asentamientos chabolistas repartidos por toda la provincia. Sin luz, sin agua y sin sanitarios, algunos asentamientos tienen un censo de más de 3000 personas en plena temporada y son permitidos ya que sin la mano de obra migrante, este modelo de negocio no sería posible. Ellas, en barracones o contenedores de obra habilitados como vivienda, proporcionados por los empresarios. Hacinadas, hasta ocho por contenedor, comparten sanitario entre tres o cuatro contenedores, se les corta la luz a partir de las 23:00 horas, se les cobra por la casa entre 3 y 6 euros diarios y por la noche se las encierra dentro de la finca.

Haffira (nombre ficticio) sale de su cortijo para tratar de explicar en qué situación se encuentran ahora ella y las compañeras que han denunciado abusos sexuales por parte de uno de los encargados del campo.

Para llegar al centro de Lepe, la mayoría de las jornaleras caminan varios kilómetros por el arcén de la carretera. Nunca van solas.

Las chabolas se construyen con plásticos viejos de los invernaderos, maderas y cañas de bambú. En cada una viven dos o tres jornaleros, así les es mas fácil la supervivencia. Si uno no trabaja, prepara la comida o va a por el agua. Cada cinco chabolas, hay una ducha y un baño, fabricados también con plásticos. No tienen contenedores, por lo que la basura se acumula en las calles de tierra naranja. “Mis amigos no se creen que estoy en España, piensan que aún estoy en Marruecos”, dice Coulibaly, compañero de chabola de Abou. Ambos llevan varios años compartiendo techo, aunque Coulibaly viaja a otras zonas de España para trabajar en otros campos. Él sí tiene documentación en regla, pero no acceso a la vivienda. A finales de febrero, el asentamiento se incendió y el fuego se propagó rápidamente debido a la cercanía de las chabolas. Abou tuvo que reconstruir la suya solo y hasta entonces, durmió varias noches al aire libre, sobre las cenizas de su última casa.

Los pesticidas usados en los campos producen irritación y picores a los trabajadores, a los que no les dejan usar guantes para no dañar el fruto.

Para trabajar, los jornaleros alquilan la documentación de otros compañeros por 150 euros al mes. Con una fotocopia en blanco y negro, los empresarios dicen no poder averiguar si son unos papeles u otros aunque los trabajadores aseguran que lo saben, pero no pueden decir nada ya que hace falta mano de obra. Varios agricultores han sido denunciados al pedir grandes sumas de dinero a cambio de proporcionar un contrato de trabajo, totalmente necesario para poder tramitar el permiso de residencia legal en España. Abou espera que este año, al fin, su jefe le haga un contrato para dejar de ser así un inmigrante sin papeles y poder regresar a Costa de Marfil unos días para ver a su familia después de mas de ocho años.

El precio de la fresa ha bajado e Issouf ha sido despedido junto a toda la plantilla. Para el empresario es mejor dejar morir el fruto que tratar de recolectarlo. Ahora Issouf se ve obligado a buscar otro trabajo, lo cual no será fácil, pues la campaña esta a punto de terminar y todos los puesto están completos. “No es un trabajo fácil. Yo mido 1,89 y mi espalda sufre al estar agachado más de 8 horas al día sin apenas poder levantar la vista”.

No es la primera vez que se denuncian abusos laborales en la recogida de la fresa. Los migrantes necesitan trabajar a toda costa, y los agricultores saben sacarle provecho a esta situación. Por primera vez en 12 años, Issouf no viajará a Lleida para la recogida del melocotón. Teme perder por completo la visión de su ojo derecho. Necesita unas buenas condiciones de vida para poder curar la herida de la cornea recién transplantada. Solo espera haber ahorrado lo suficiente para pasar todo el invierno.

Las jornaleras marroquíes viven en cortijos alejados de la población situados dentro de las propias fincas de trabajo.

En este cortijo, visible desde la carretera, la tubería de aguas fecales lleva rota mas de 40 días. Nadie se ha acercado a repararla. El agua sucia se acumula tras las viviendas convirtiéndose en un foco de infección.

“Preferiría vivir en las chabolas”, cuenta Haffira. Cierto es que aquellos que viven en los cortijos tienen un contrato de trabajo durante toda la temporada, lo que no es tan conocido es que a cambio de vivir en estos cortijos, muchos agricultores exigen una peonada entera a la semana como manera de pago. Aquí viven las mas de 17.000 mujeres de origen marroquí que han sido contratadas este año para la campaña. Estos cortijos se sitúan dentro de los campos y son invisibles para el resto de la ciudadanía. Las mujeres son transportadas del campo a los barracones cada día en autobuses, sobrepasando el aforo del vehículo. No conocen el idioma, muchas son analfabetas, no saben cuál es su salario y la mayoría viene ya con una deuda de más de 700 euros en Marruecos, deuda que adquieren al sobornar a los contratantes. Para muchas de estas mujeres, estos tres meses de trabajo son su única fuente de ingresos en un año. No pueden perder su empleo bajo ningún concepto y esto las deja en una situación de extrema vulnerabilidad. Si no trabajan rápido, son despedidas y enviadas de vuelta a Marruecos y lo mismo pasará si enferman, se quejan, si piden la totalidad de las horas trabajadas, si se defienden ante una agresión física o incluso si se niegan a tener relaciones con alguno de los encargados de la finca, como en el caso de Haffira y tres de sus compañeras.

Los empresarios se valen de la mano de obra femenina ya que afirman que dañan menos el fruto. Hasta ahora, se contrataban mujeres de Europa del este pero desde hace unos años, se están contratando mujeres marroquíes en origen ya que, según los empresarios, son más sumisas y necesitan el trabajo más que el aire para respirar. El miedo a las posibles represalias es tan grande, y necesitan tanto esta fuente de ingresos que no pueden hacer otra cosa más que seguir trabajando en silencio pese a estar siendo víctimas de abusos laborales e incluso sexuales. “Aunque me golpeasen, no levantaría la cabeza, no puedo”, dice. Y sin embargo, ella y sus compañeras han dado el paso de denunciar a sus capataces.

Hacia mitad de julio, Haffira y sus tres compañeras fueron enviadas al puerto de Tarifa, donde viajaron en ferry hasta Tanger, para volver a sus hogares. Dudan que vuelvan el año que viene pero se mantienen firmes antes los abusos sufridos durante la temporada. Con ayuda de oenegés locales, quieren llegar hasta el final del proceso y que su abusador no vuelva a aprovecharse de ninguna otra trabajadora.

Vista del asentamiento de chabolas detrás del camposanto de Lepe.