N. I. 

Imagina a un hombre en la consulta del urólogo.

—Firme aquí la autorización para que le operemos. No hace falta que lea nada, sólo firme.

—Tendré que saber qué estoy firmando… qué me van a hacer…

—No hace falta que sepa nada. Usted firme, que ya decidimos nosotros cortar o quitar lo que nos parezca. Sin preguntarle ni nada.

—¡Pero tengo derecho a…!

—Ande, no se queje y firme. ¿O se piensa usted que sabe más que los médicos?

Ahora imagina a una mujer que se dirige al ginecólogo, o ginecóloga, para conocer el protocolo de atención al parto; es decir, con qué criterios atienden los partos en el hospital en el que va a parir. Pero no se lo dan.

O a otra que pretende entregar su plan de parto; esto es, su consentimiento o rechazo informado a cómo quiere que la atiendan en su parto. Pero no se lo aceptan.

O a otra mujer que rechaza que durante su parto inmovilicen su cuerpo o le corten su vagina. Pero le dicen que se lo harán sin preguntarle y sin su consentimiento.

E imagina a todas esas mujeres protestando a los hospitales, a las Consejerías de Sanidad, a las Defensorías del Pueblo… demandando que se cumplan sus derechos a recibir información y a decidir sobre sus cuerpos. Imagina cómo son ignoradas, silenciadas, invisibilizadas. Y cómo son amenazadas, insultadas, atadas, inmovilizadas, pinchadas, cortadas, mutiladas.

Sin su permiso. Y por las personas que han jurado no sólo cuidar sino, además, no dañar.

¿Te lo imaginas?

Al contrario del ejemplo del hombre en el urólogo, estas historias de mujeres son reales. Nos está pasando a las mujeres. Cada día. Porque somos mujeres. Porque parimos.

Las hogueras que pretendieron callar nuestras voces y controlar nuestros cuerpos aún no han sido extinguidas. Continúan ardiendo en los paritorios de este país.

Y no es ningún cuento. Se llama violencia obstétrica.

Nosotras, mujeres, denunciamos a los hospitales por prácticas asistenciales relativas a la maternidad y el nacimiento contrarias a la ley. La ley, que se hizo para protegernos, y que además tenemos unas cuantas.

Tenemos la Ley 41/2002 de autonomía del paciente que, el mismo nombre lo dice, reconoce la autonomía que tiene la persona a decidir sobre sí misma. Cualquier persona, aunque sea una mujer embarazada.

Tenemos la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias, que obliga al personal sanitario a, ¡oh sorpresa!, cumplir su código de deontología. También le obliga a seguir la Estrategia de Atención al Parto Normal (EAPN) y las Guías de Práctica Clínica del Ministerio de Sanidad, todo ello basado, cómo no, en la evidencia científica actual.

Y tenemos normativa autonómica. En el caso de Euskadi, el Real Decreto 147/2015 sobre derechos y deberes de las personas en el sistema sanitario, que vuelve a incidir en nuestra libertad para informarnos y decidir sobre nosotras mismas.

Además, en cuanto a los derechos de nuestras hijas e hijos (cuya voz somos sus madres y padres, que para algo somos titulares de la patria potestad), tenemos la Convención de derechos del niño-a de Naciones Unidas (ratificada por España en 1990), la Carta europea de los derechos del niño-a hospitalizado-a, la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, la Ley 3/2005 de atención y protección de la infancia y adolescencia.

Pues si tenemos tanta ley, ya está todo hecho, ¿no? Ya tenemos reconocidos oficialmente nuestros derechos. A pesar de estar todo sobre el papel, la realidad es muy diferente.

La realidad es que no nos dan información sobre protocolos asistenciales de atención al parto y al nacimiento cuando la solicitamos.

Nos informan de que siguen la EAPN y las Guías de Práctica Clínica pero tienen documentos informativos contradictorios con la evidencia científica actual de la EAPN y las Guías.

Nos dicen que no tienen protocolo propio y que siguen el protocolo de la EAPN, cuando la EAPN recomienda la redacción de protocolos y guías propias como indicador de implantación de la misma EAPN.

Nos dicen que no tienen protocolo propio, aunque ante nuestra negativa a una actuación médica responden que dicha actuación es obligatoria por su protocolo.

Nos entregan sus modelos de plan de parto con opciones cerradas en las que no hay un verdadero consentimiento informado.

No recogen nuestros planes de parto, que son nuestro consentimiento o rechazo informado a cualquier actuación médica relativa al proceso del parto y nacimiento.

Nos amenazan ante nuestro propósito de entregar nuestro plan de parto o ante nuestra negativa a recibir una determinada actuación médica.

Nos practican actuaciones médicas sin informarnos y sin nuestro consentimiento; como, por ejemplo, maniobra Hamilton (despegar las membranas amnióticas de la pared del útero), amniotomía (rotura artificial de membranas), vía intravenosa preventiva, maniobra Kristeller (presión sobre el abdomen de la mujer), episiotomía (corte quirúrgico de la vagina), etc.

No nos permiten el acompañamiento por la persona de nuestra elección durante todo el proceso del parto y nacimiento.

No se solicita nuestro consentimiento informado para la presencia de personal sanitario en formación durante nuestros partos.

No se nos pide nuestro consentimiento informado para cualquier actuación con respecto a nuestras hijas e hijos.

Nos separan de nuestras hijas e hijos para realizarles actuaciones asistenciales.

Nos ponen horarios restringidos de visitas en la UCI pediátrica neonatal.

No nos entregan nuestras historias clínicas obstétricas cuando las solicitamos, o nos las dan de manera incompleta.

Cuando denunciamos estos incumplimientos a la Delegación Territorial de Salud nos vuelven a remitir a los Servicios de Atención al Paciente y Usuario-a de los hospitales o, directamente, no nos responden, ignorando nuestras denuncias y no actuando para subsanarlos.

Todo esto está pasando, cada día, de forma sistemática, aquí en nuestros hospitales. En los hospitales de todo el estado. En los hospitales vascos. Y es, ni más ni menos, un impedimento del ejercicio de nuestros derechos cívicos.

Nosotras, que somos iguales en derechos sobre el papel, en la práctica somos pacientes de segunda.

Por ello, exigimos la eliminación de la discriminación por razón de sexo y por sesgo de género de nuestro sistema de salud, puesto que este trato contrario a la ley y a la ética sólo nos lo dan en esta situación que es propia y exclusiva de las mujeres como son nuestros embarazos, partos y puerperios.

Exigimos, en definitiva, que se nos devuelva nuestro legítimo poder para decidir sobre, además de nuestras hijas e hijos, nuestra salud, nuestra sexualidad y nuestros cuerpos.