Manifestación en Andorra el 25N de 2018 convocada por Stop Violències Andorra. / Foto: Maricel Blanch

Abortar en Andorra es, bajo cualquier supuesto, ilegal. Lo recoge el artículo 8 de la Constitución de 1993, en el que se reconoce “el derecho a la vida y la protege plenamente en sus diferentes fases” y lo refrendan el Código Penal de 2005 como “delitos contra la vida prenatal”. No obstante, el país de los Pirineos no es ajeno a la marea morada que se extiende por todo el planeta y el debate sobre el aborto, tras años de tabú, se ha colado en la campaña política de las elecciones generales del próximo 7 de abril. Gran parte de mérito lo tiene la proliferación de asociaciones feministas en el Principado que batallan para derrocar un anacronismo que, además de Andorra, todavía sigue existiendo en otros dos países europeos como Malta y Ciudad del Vaticano.

Y es que algo ha empezado a cambiar en el último año o, como mínimo, a sacudir lo que parecía preestablecido y no se cuestionaba en determinadas esferas políticas. Y para que el tabú haya mutado en runrún hasta que se ha convertido definitivamente en clamor han confluido diversos factores, como la irrupción de asociaciones como Acción Feminista o el fortalecimiento de otras que ya llevaban en activo algunos años, como Stop Violències Andorra o la Asociación de Mujeres de Andorra, para fomentar un grito que ya es ensordecedor para aquellos que preferirían que siguiese mudo.

Aunque el movimiento feminista ya existía su punto de cocción no bulló hasta el 8 de marzo de 2018; cuando traspasó fronteras y salpicó a Andorra adonde, como en muchos otros aspectos, llegó con algo más de atraso. Pero llegó para quedarse, que es lo importante. Si bien esa fecha señalada congregó a 100 personas en la protesta de 2018, un año más tarde se ha triplicado la asistencia con la presencia de diversos sindicatos y formaciones políticas e incluso ha habido un paro institucional de cinco minutos frente al edificio administrativo del Gobierno en el cual todos los ministros llevaban un lazo morada en la solapa. Por minúsculos e institucionales que parezcan los avances, no hay que subestimarlos en un país de corte conservador.

Antes, el pasado 25 de noviembre, aprovechando el Día internacional de la erradicación de la violencia contra la mujer, una treintena de personas salieron a la calle convocadas por Stop Violenciès para visualizar que sí, que estaban ahí. Pese a la cifra que en apariencia pueda resultar pequeña, tampoco hay que menoscabar la acción teniendo en cuenta que Andorra no es un país demasiado propenso a las movilizaciones. A pesar de ello, tal como recuerda la portavoz de Acción Feminista, Antònia Escoda, “el problema básico del aborto es que está provocando oscurantismo. Somos el país que estamos a la cola del acceso a la anticoncepción. Lo que nos ocurre es que todo lo que envuelve al aborto es un desastre, como por ejemplo la educación sexual y reproductiva a los menores”.

La prohibición de la interrupción del embarazo en Andorra va intrínsecamente enlazada con su particular modelo de Estado. Y viene de lejos, concretamente de hace más de 700 años. El 8 de septiembre de 1278 se rubricó un acuerdo de pariaje entre el obispo de Urgell Pedro de Urtx y el conde de Foix Roger Bernardo III, lo que permitió establecer las bases de una soberanía compartida y, por consiguiente, dar a luz al Principado de Andorra. Diez años más tarde, en 1288, se firmó un segundo acuerdo en el que además se regulaban otras obligaciones como la administración de justicia y el servicio militar. Así pues, pese a que ha sufrido transformaciones importantes durante el transcurso del tiempo, este feudal condominio sobre el territorio ha perdurado hasta nuestros días, hasta tal punto que la Carta Magna reconoce el sistema del coprincipado, con el obispo de Urgell y el presidente de la República Francesa como jefes de Estado del Principado de Andorra. Es decir, su mecanismo de elección no depende de la soberanía nacional: uno ha de rendir cuentas al el Vaticano porque su nombramiento canónico es efectuado por el Papa, mientras el otro hace lo propio con la ciudadanía gala y con Bruselas, al ser jefe de Estado de un país de la Unión Europea.

En resumidas cuentas, la arcaica arquitectura constitucional andorrana se sustenta en dos pilares, uno de los cuales tiene una vertiente eclesiástica. Y eso queda reflejado el 27 de mayo de 1992 cuando la comisión especial encargada de elaborar el proceso constituyente imprime un ADN católico al documento. Por tanto, la interrupción del embarazo quedó rechazada de las reglas de juego constitucionales desde el 14 de marzo de 1993. Y no fue hasta el 22 de febrero de 2005, con la creación del Código Penal, cuando la cuestión volvió a aparecer tímidamente en la agenda pública nacional. El Partido Socialdemócrata de Andorra (PS) intentó introducir en la nueva ley una enmienda para despenalizar el aborto en sus tres supuestos básicos: riesgo para la vida de la madre, malformación del feto o cuando el embarazo haya estado provocado por una violación. La propuesta fue desestimada por la Casa de la Vall, la antigua cámara andorrana, no sin un intenso debate entre los diferentes grupos parlamentarios que provocó que hasta cuatro diputados del Partido Liberal de Andorra (LdA), que ostentaba la mayoría absoluta, abandonaran el pleno y se abstuvieran de votar por discrepancias internas.

Más allá de la confrontación ideológica en el hemiciclo, lo cierto que es que a partir de entonces el aborto ascendió a categoría de delito punible. Concretamente, entre los artículos 107 a 109, se pone de manifiesto que “el aborto con consentimiento de la mujer está castigado con una pena de cárcel de tres meses a tres años y una inhabilitación para ejercer cualquier profesión sanitaria en un período de hasta cinco años. Y la mujer que produzca su aborto o consienta que otra persona se lo provoque ha de ser castigada con una pena de arresto”.

Y de nuevo el debate volvió a hibernar hasta el 18 de abril de 2013, cuando la nueva cámara andorrana, también llamada Consell General, tumbó, con los votos de la abrumadora mayoría absoluta de Demócratas por Andorra (DA), la proposición de ley del Partido Socialdemócrata que contemplaba una modificación del artículo 108 del Código Penal para legalizar el aborto en los tres supuestos básicos.

Segundo intento del bloque socialdemócrata para despenalizar la práctica y segundo afeo de los parlamentarios hacia el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Diferente color político al frente del Ejecutivo pero mismo mantra argumentario: legalizar el aborto va en contra de la Constitución y pone en riesgo el modelo de Estado. Sin embargo, aquella recusación fue la semilla que originó la plataforma popular Sí a nuestros derechos, que en tan solo tres meses de vida recogió, en un país de poco más de 80.000 habitantes, más de 4.600 firmas para despenalizar la interrupción del embarazo en los tres supuestos básicos. El 20 de septiembre de 2013,la plataforma entregó las firmas al síndic general Vicenç Mateu a modo simbólico porque optaron por no canalizar el apoyo en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que obligase al Consell General a legislar, ya que vistas las escalas posibilidades de prosperar prefirieron que los partidos recogieran el guante de cara a las próximas elecciones.

El Gobierno no sólo ha ignorado tal demanda popular, sino que también ha hecho caso omiso de las recomendaciones internacionales. A finales de 2013 la ONU, a través de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (conocida como CEDAW por sus siglas en inglés), recomendó a Andorra la despenalización del aborto, lo mismo que señaló el Comité de Derechos Humanos de dicha organización dos años más tarde. O cuando en diciembre de 2017 el Consejo de Europa instó al Principado a legalizar el aborto tras las conclusiones obtenidas del informe Salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Europa.

En Andorra, como en muchos otros territorios, la oleada feminista se ha llevado por delante las agendas políticas, y ahora incluyen conceptos como brecha salarial o techo de cristal. En relación al aborto, hay otro elemento que ha contribuido a que éste haya ganado tiempo y espacio en los medios de comunicación: la convocatoria de elecciones generales. Si bien es cierto, que ya había partidos en el Principado que comulgaban con tal reivindicación, la novedad de cara a los comicios del domingo es que incluso los detractores se han visto obligados a mover ficha para no quedar en fuera de juego. Es el caso de Demócratas por Andorra , que acumula dos mayorías absolutas y parte como favorito para la inminente contienda electoral. Su postura antiabortista se ha moldeado: con el objetivo de hacer compatible el sistema de coprincipado con la legalización del aborto, para este domingo lleva en su programa electoral una medida denominada “creación del servicio de atención integral para la mujer”, que consiste en realizar una labor de acompañamiento a la embarazada para que pueda abortar en Francia o España, además de crear un órgano de asistencia psicológica y jurídica. En definitiva, un ejercicio de equilibrios sobre el que se mantiene en silencio el obispo de Urgell, Joan Enric-Vives.

Una treintena de personas se manifestó en Andorra el 25N de 2018. / Foto: Maricel Blanch.

Sí sabemos qué piensa una voz autorizada como Escoda: “Es un mal menor, pero eso no es lo que queremos nosotros. Es un derecho que ha de decidir la mujer en su propia casa, sin necesidad de tener que hacer turismo de aborto”. Y es que por mucho que fuese ilegal no quiere decir que las mujeres andorranas no abortasen. El componente innovador de la medida es oficializar lo que ya era vox populi, ya que hasta ahora las embarazadas marchan clandestinamente, sobre todo a Barcelona y a Tolouse, los hospitales más cercanos, para detener un gestación no deseada. Los últimos datos que se tienen, según el Departamento de Salut de Catalunya, constatan que un total de 107 mujeres andorranas interrumpieron su embarazo en centros hospitalarios de Catalunya durante 2017.

Por otro lado está el Partido Socialdemócrata de Andorra que, según vaticina la última encuesta del Centro de Recerca Sociologica (CRES), será la segunda fuerza política del país. Como se ha señalado, su defensa por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo no es nueva aunque han añadido en su programa electoral un cuarto supuesto para interrumpir el embarazo: la imposibilidad económica de la gestante. “Me gustaría que fuesen más valientes. La palabra supuesto se ha de eliminar. Los supuestos los ha de validar alguien. No ha de decidir por nosotros un médico, un policía o un juez. Dejen de tutelarnos de una vez”, expresa claramente Escoda.

Pero sin lugar a dudas, la enjundia de esta campaña electoral se ha vuelto a situar en la famosa dicotomía de coprincipado o aborto. De distinto modo que DA y otras formaciones ubicadas a la derecha del espectro ideológico, tanto el PS como Progresistas-SDP también esgrimen que su visión es compatible con el modelo de Estado actual y aducen a la fórmula de que las leyes en Andorra pueden tirar adelante con la rúbrica de solo uno de los dos copríncipes, como ya ha ocurrido en otros tres casos en los que el obispo de Urgell no estampó su firma: la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la ley de uniones civiles, y la ley de la reproducción asistida. Estos ejemplos ponen de relieve, una vez más, la capacidad de la Iglesia para mirar hacia otro lado cuando le conviene. Sin embargo la legalización del aborto presuntamente sí es una línea roja infranqueable. Según publicó el Diari de Andorra, a finales de 2018 el tema llegó a oídos del Papa, que reaccionó advirtiendo al presidente del Gobierno de Andorra, Toni Martí, que la despenalización del aborto haría abdicar al copríncipe episcopal, lo que a la postre alimentó el discurso de los que aseguran que dicha renuncia derivaría en una crisis constitucional sin precedentes en el Principado. Sin ir más lejos, recientemente el programa de televisión Salvados realizó una entrevista al Papa y cuando se le preguntó por el tema se reafirmó en sus tesis: “¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?”.

En cualquier caso, las consecuencias constitucionales para el pequeño país respecto a esta cuestión resultan difíciles de prever. Mientras tanto, lo certero, y esperanzador, es tomar el pulso a una sociedad que ha despertado del letargo y cada día está más concienciada para revertir una situación que debería ser normalizada . La primera pero insuficiente conquista que puede alentar a las andorranas a no desfallecer en su lucha es haber colocado en el eje del tablero político una cuestión que ya no hay manera de acallar pese a la irritación de aquellos que no tienen complejos en anteponer un sistema patriarcal a los derechos de las mujeres.

Fe de erratas: Ante las quejas recibidas, las editoras de Pikara Magazine hemos rectificado los pies de foto y el texto para explicitar que se trata de una manifestación convocada por Stop Violències.