Mujeres recogiendo fresas. / Foto: Lucía Muñoz.

Que lo personal es político es algo que ya (casi) no entra en discusión. Sí, lo personal es político y lo político nos atraviesa en lo personal. Decidir si consumimos un determinado producto o no es un acto de revolución que lleva consigo una voluntad y una reflexión política. La búsqueda de un cambio, al menos, de conciencia. Si nos aprendemos los códigos de barras del pulpo que viene del Sahara Occidental ocupado para no comprarlo, si debatimos sobre las sequías en Chile por el cultivo de aguacates o si miramos las etiquetas antes de comprar camisetas para ver si son made in India, quizás también deberíamos pensar si las fresas de Huelva que comemos amargan la vida o no.

Hace justo un año que salieron a la luz algo que llevaba ocurriendo décadas en los campos onubenses: la explotación laboral y sexual que sufren las jornaleras del campo, en concreto las temporeras marroquíes contratadas en origen. Sin embargo, todavía no se sabe muy bien qué ha cambiado después de un año de denuncias por acoso, de marchas y manifestaciones feministas en apoyo a las hermanas temporeras a grito de “Fresas sí, pero con derechos” y que ha puesto en el centro la dignidad de las mujeres.

Hoy, los frutos rojos son uno de los motores económicos más importantes de Andalucía. Este cultivo mueve alrededor de 300 millones de euros al año y los beneficios siguen creciendo, para los empresarios. De este jornal, y de la venta del producto, dependen miles de familias marroquíes y cientos de españolas, casi todas sustentadas por mujeres. Tanto es así, que si el año pasado llegaron 17.000 mujeres de Marruecos para este año se esperan alrededor de 23.000. ¿Y qué ha cambiado? De momento, nada.

Desde 2005, la recogida de la fresa en Huelva la realizan las manos de las mujeres marroquíes contratadas en origen, algo que la ley de extranjería permite a través de la llamada “migración ordenada”. Pero esa “migración ordenada” se convierte en migración “controlada”. No es casualidad que sean mujeres marroquíes las que vengan a dar el callo: son consideradas dóciles, religiosas y hablan una lengua que nada tiene que ver con la del lugar de trabajo, además están apartadas de su espacio y entorno de cuidados. Los empresarios dejaron de contratar a europeas del Este y reclamaron a mujeres empobrecidas, del ámbito rural, con hijos menores y analfabetas, a través de las patronales Asaja y FresHuelva en el servicio de empleo marroquí, Anapec.

Los cuerpos también tienen que ver. “Ni mujeres gordas, ni mujeres altas. Mujeres que se puedan agachar bien”, apunta Delia McGrath, de la Comisión Internacional del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores. “Mujeres que no saben lo que firman y que cuando firman algo no obtienen lo que esperan”, añade. Y es que las condiciones de trabajo pasan a ser hasta de 12 horas al día por un jornal de entre 30-40 euros. Día que no trabajan, día que no cobran (como cualquier persona que trabaja en el campo).

Según McGrath, que acaba de llegar de una visita a los pueblos marroquíes donde viven las mujeres de los contingentes que vienen a los campos de frutos rojos onubenses, “hacen el mismo trabajo en Larache y Agadir por 6 euros al día, para empresas españolas que han ampliado campos. Además lo hacen con una caja que llega a pasar 30 kilos durante la recolección y con la cintura doblada todo el día”. A esto añade que, a pesar de lo ocurrido la campaña pasada, las mujeres están deseando de venir porque “tragan su orgullo para sobrevivir el resto del tiempo”.

Las fresas de Huelva son recogidas principalmente por mujeres migrantes. / Foto: Lucía Muñoz.

El papel cómplice de las administraciones como la Junta de Andalucía y el Estado español dan pie a que cada año “El Dorado” que se pinta en el país de origen no exista. Mientras, los sindicatos mayoritarios en la zona, UGT y CCOO, en lugar de defender y buscar una solución justa se pelean entre ellos: al no ponerse de acuerdo en los convenios del campo se denuncian ante la justicia y ahora en Huelva existen dos convenios agrícolas.

Pero la cosa no acaba aquí. A la hora de comprar y comer fresas, moras y arándanos que se cultivan en Huelva también hay que tener en cuenta si las empresas productoras cumplen con los derechos de una vivienda digna de las trabajadoras. Son muchas las mujeres contratadas en origen que viven en barracones y chabolas sin ni siquiera un baño propio y privado, alejadas de los pueblos y dependientes del transporte del empresario para ir a comprar, al médico o, incluso, a la comisaría.

Los acuerdos de alternativa habitacional están dentro del contrato en origen y no hay que hacer ningún pago por ella. Sin embargo, a las mujeres se les descuentan de su sueldo una especie de alquiler que ronda los 50 euros y, en algunos casos, hasta el agua y la luz.

Las fresas también nos recuerdan a los diferentes procesos judiciales que se abrieron el año pasado y los procedimientos que aún están abiertos. Cuatro temporeras marroquíes denunciaron por acoso sexual a los encargados de sus empresas, pero el juzgado número 3 de La Palma del Condado cerró el caso sin escuchar a las denunciantes en sede judicial, es decir, solo lo que declararon a la hora de poner la denuncia. En estos momentos, esta sentencia está recurrida. Pero además, este mismo juzgado también investiga otra denuncia a la empresa Doñana 1988 contra los derechos de 10 trabajadoras.

Hay otro caso que representa Women’s Link Worldwide. En el municipio de Moguer, cuatro mujeres también interpusieron una denuncia ante la inspección de trabajo, una demanda laboral contra la empresa y una denuncia por acoso sexual. Hoy, se sigue trabajando en este caso.

Delia McGrath asegura que “no comería fresas ni este año, ni desde hace tiempo”. Pero si nos planteamos qué pasará con el trabajo y la manera de subsistir de las mujeres temporeras marroquíes si no consumimos fresas, la activista sindical le da la vuelta a la pregunta: “¿Qué pasará con las empresas que vulneran los derechos de las trabajadoras y dependen de ellas para enriquecerse? Pues que no podrán explotarlas y tendrán que buscar un nuevo modelo que les lave la cara para continuar con la campaña”. Sin embargo, para Alicia Navascués, de Mujeres 24 Horas en Huelva, dejar de comer fresas le parece “una medida injusta convocar un boicot generalizado, porque se daña a pequeñas empresas y empresas ecologistas que sí están intentando hacer las cosas bien”.

Consumir fresas de Huelva o no es una decisión personal y política. Es una reflexión que no solo pasa por los frutos rojos, sino también por el machismo, el racismo y el clasismo del trabajo agrícola donde para que haya un colectivo oprimido siempre tiene que haber un opresor que deshumaniza e instrumentaliza el cuerpo y los derechos de las mujeres y que repite los patrones de dominación y colonialismo del norte sobre el sur. Dejar de comer fresas no es una alternativa para limpiar las conciencias si luego no nos paramos a pensar en otras obligaciones morales que ayude a paliar y a denunciar las situaciones de vulnerabilidad que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Lee también: