Hay locuras que hicieron el día,

hay locuras que están por venir.

(Silvio Rodríguez – Locuras)

Probablemente has leído ya unos cuantos artículos estas semanas que tienen que ver con la convocatoria electoral. Quizá no muchos se han centrado en aspectos como la recuperación del derecho al voto para muchas personas con discapacidad que habían sido incapacitadas jurídicamente; la recuperación del mismo derecho para las personas ingresadas en unidades de atención psiquiátrica; o las reivindicaciones que movimientos activistas desde la experiencia en primera persona en salud mental reclaman a las Administraciones y partidos políticos. Precisamente sobre esos tres elementos intenta profundizar este artículo.

Un cambio urgente… que se hizo esperar más de 10 años

El 3 de mayo de 2008 entró en vigor en nuestro país la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) que se había aprobado en Asamblea de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. España la firmó y ratificó en 2007, y la Convención preveía entrar en vigor al alcanzar los veinte países firmantes (de ahí que la fecha oficial que consta fuera la del 3 de mayo del 2008). Actualmente más de 175 países la han ratificado.

Sin embargo, a pesar de formar parte por tanto de nuestro ordenamiento legal, la Convención se incumple prácticamente cada día en todo el territorio estatal. Uno de esos incumplimientos flagrantes venía siendo el de las muchas personas que tenían restringido el derecho a ejercer el sufragio a raíz de haber sufrido incapacitaciones jurídicas precisamente en razón de su discapacidad. Las personas más afectadas por esas incapacitaciones jurídicas eran las que tenían discapacidad intelectual o aquellas cuya discapacidad tenía relación con sus problemas de salud mental -para quienes viene usándose el término “discapacidad psicosocial”; aunque con frecuencia a ambos tipos nos engloban en “discapacidad psíquica” como categorización-.

En 2011 España actualizó su normativa jurídica para adaptarla incluyendo en ella los cambios que debían entrar en vigor al haber ratificado la Convención. Esto dio como resultado la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que sin embargo seguía habiendo ausencias clamorosas, la exclusión del sufragio entre otras. En algunas de ellas la propia norma se daba un año más de plazo para solucionarlas, por ejemplo las que tenían que ver con la capacidad jurídica y las incapacitaciones. Pero no es hasta siete años después, diciembre de 2018, que el BOE recoge la modificación de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General promulgada en 1985) para “garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad”.

Después de la amalgama de fechas y nombres de leyes, algo queda claro: los problemas de muchos colectivos vulnerables, por lo que sea -sabemos por qué es-, no interesan a demasiadas personas. Las urgencias que desde estos colectivos podamos reclamar, tan urgentes no son a nivel parlamentario. Esta es una de las cosas que nos recuerda que solo una parte de la política es la que se hace en el Parlamento, y que mucha, mucha de la otra política necesaria, se hace en las calles, y la hacemos todas, tú y yo incluidas, cada día.

Garantías… ¿suficientes?

Esta será pues, la primera convocatoria electoral para la que las personas incapacitadas jurídicamente están también llamadas a votar. Aun así, las garantías se prevén aún insuficientes. Por ejemplo, a lo largo de marzo todavía veíamos en medios de comunicación cómo la Junta Electoral iba y venía en sus decisiones (reflejándose así en el BOE), comunicando primero cómo los miembros de la Mesa Electoral podrían tomar nota de los DNI de las personas con discapacidad si se pensaba que no habían votado “consciente, libre y voluntariamente”, aunque no podrían impedir que depositaran el voto en las urnas. Tras las protestas de diversas organizaciones, eliminaron la mención de que esto se pudiera hacer específicamente con las personas con discapacidad, y queda abierto a cualquier ciudadano o ciudadana de quien se piense que el voto no ha cumplido ese criterio de consciencia, libertad y voluntariedad (y en teoría, eso no podrá impedir el depósito del voto junto con el resto).

Entidades asociativas del sector de la discapacidad intelectual recuerdan también que, para garantizar la accesibilidad, los programas electorales deben adaptarse al modelo de Lectura Fácil que favorece la comprensión de los mismos (y no solo a las personas con discapacidad intelectual, también otras con déficit cognitivos y dificultades de comprensión que pueden darse por muchas razones, así como a personas que están aprendiendo el idioma o a leer de adultas, a quienes podemos tener dificultad para concentrarnos en la lectura…). Hasta ahora pocos partidos están atendiendo esta demanda, del mismo modo que en general en la sociedad encontramos aún pocos contenidos informativos o culturales adaptados -Pikara Magazine inició en 2018 un primer esfuerzo en este sentido adaptando algunos de sus artículos y reuniéndolos en un monográfico en papel-. Plena Inclusión, una de las organizaciones más grandes del sector, ha impulsado la campaña Mi Voto Cuenta (con la web MiVotoCuenta.es como referencia virtual) para impulsar que las personas con discapacidad intelectual puedan hacer efectivo su derecho al voto.

Incapacitaciones y exclusión del voto: más allá de la discapacidad intelectual

Aunque muchos de los titulares sobre haber recuperado el voto con esta reforma legal lo obvian, el cambio no solo afectaba a personas con discapacidad intelectual. Hay numerosas incapacitaciones jurídicas que no se hacen alegando ese motivo, sino los diagnósticos psiquiátricos con los que muchas convivimos, en los que algunos familiares y jueces han visto motivos suficientes para asignar un tutor externo a la persona diagnosticada bajo la creencia de que no es capaz de tomar buenas decisiones sobre y/o por sí misma y esto podría ser una manera de “protegerla”. Quizá en otro momento y en otro texto podamos hablar sobre las consecuencias que esto tiene, a veces terribles como las esterilizaciones forzosas de las que podíamos leer en la propia Pikara hace unas semanas. Menos dramático pero preocupante también, tiene consecuencias negativas en la autoestima y en la falta de autonomía a consecuencia de la propia incapacitación (y no solo como origen de la misma). Qué necesario es impulsar figuras de apoyo desde la asistencia personal y herramientas como la planificación anticipada de decisiones, porque una sociedad que opta por dejar sin capacidad de decisión y acción a algunos de sus integrantes en vez de emplear todo lo que esté a su alcance para favorecer nuestra autonomía con los apoyos que cada una podamos precisar… no es la sociedad en la que tantas creemos y que nos esforzamos en construir.

La modificación de la ley también recoge otro cambio que afecta a la recuperación del voto de “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento”, el otro criterio de exclusión que ha sido eliminado con la reforma. Esto, a la vez que vuelve a hacernos cuestionar las garantías todavía probablemente insuficientes, abre una puerta prometedora en la recuperación de derechos arrebatados a las personas psiquiatrizadas, que va más allá del propio recuperar el derecho al voto. Con la eliminación de ese criterio de exclusión, podemos decir que todas las personas psiquiatrizadas que estén ingresadas en unidades de psiquiatría, sea cual sea el tipo de unidad (de hospitalización breve, de media o larga estancia, residencia…), y estén allí de manera forzosa o no, deberían poder ejercer el derecho al sufragio si así lo desean el próximo 28 de abril y en siguientes convocatorias electorales.

¿Va a respetarse eso? ¿Se ha informado a todo el personal de las unidades de que todos los pacientes que soliciten acercarse ese día a su colegio electoral estarían avalados por la ley para hacerlo? ¿Se han previsto los medios y los recursos necesarios para ello? Ya os adelanto que la respuesta es negativa, porque la práctica cotidiana es que en muchas unidades de hospitalización breve de psiquiatría, cuando el ingreso psiquiátrico es forzoso y judicializado, a la persona se le anulan directamente los permisos de salida con acompañante que sí tienen sus compañeros y compañeras pacientes cuyo ingreso sea formalmente voluntario. Pero aunque en esta ocasión todavía no veamos cumplida la ley y de nuevo tantas y tantos se queden o nos quedemos sin poder votar el 28 de abril, por estar encerrados en instituciones psiquiátricas, la puerta estará abierta y ojalá que las reclamaciones posteriores por haber incumplido una ley orgánica inunden los buzones de la Administración (y los juzgados si llegase el caso).

Adelantándose a estas carencias, hay varios organismos que ya han previsto formas de registrar posibles problemas a la hora de que el cambio legal no se haga efectivo permitiendo que con discapacidad o sin ella, incapacitadas jurídicamente o no, ingresadas en instituciones o fuera de las mismas, podamos votar si así lo deseamos. Desde Plena Inclusión ofrecen un espacio donde rellenar un cuestionario compartiendo tu vivencia o exponer tu denuncia; el programa de RTVE “Mi gramo de locura” invita a escribir a migramodelocura@rtve.es para denunciar públicamente cualquier obstáculo que puedan ponernos para ejercer nuestro derecho antes, durante o después del proceso de votación, y hay páginas web (institucionales como la de la Oficina de Atención a la Discapacidad o dependientes de organizaciones del tercer sector como la de ConvencionDiscapacidad.es) que mantienen un apartado permanente para recoger posibles quejas y denuncias sobre vulneraciones de los derechos recogidos en la Convención y discriminaciones asociadas a la discapacidad.

Propuestas desde el activismo loco

Para acabar quería compartir parte de las propuestas que desde el activismo loco se están haciendo de manera habitual a los poderes públicos y las administraciones, y que estas semanas algunos colectivos han intensificado con la cercanía de las elecciones. Es el caso del Orgullo Loco Madrid, que en su web recoge este mes cinco principales y amplias reivindicaciones del colectivo, entre ellas, la aprobación de la Ley de Derechos en el Ámbito de la Salud Mental presentada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos – En Comù Podem – En Marea, que contó con colectivos en primera persona en su elaboración y que, con la disolución de las Cámaras, se ha dado por caducada y dejado sin tramitar.

Dicha propuesta de Ley recogía muchas de las reivindicaciones del activismo loco referentes a la vulneración cotidiana de derechos que vivimos en el ámbito psiquiátrico. Entre ellas, prohibir la contención mecánica, los internamientos forzosos, terapias invasivas que además habitualmente se emplean sin el consentimiento de sus destinatarios o conseguido este bajo coacción como el electroshock -terapia electroconvulsiva o TEC- o medidas como las esterilizaciones forzosas o los abortos coercitivos.

También rescataba otras reclamaciones como la inclusión de una perspectiva de género transversal e interseccional y garantizar el acceso de cualquier mujer con diagnóstico psiquiátrico a los servicios especializados de atención a las víctimas de género (de los que ahora somos frecuentemente excluidas en razón de nuestra etiqueta diagnóstica); el derecho a utilizar la Planificación Anticipada de Decisiones Compartidas que mencionábamos antes; el derecho a que nuestra decisión de retirada o reducción de medicación psiquiátrica sea respetada y acompañada por profesionales de salud mental; la protección especial de la infancia ante posibles tratamientos involuntarios o coercitivos, reclusión, aislamiento o contenciones mecánicas, así como ante la medicalización, estigmatización y la asunción de la identidad de enfermo o enferma en base a un diagnóstico; la creación a nivel autonómico de la figura del Defensor del Paciente con problemas de salud mental…

En la Comunidad de Madrid, ya hace dos años cuando se planteó un debate de cara al nuevo Plan de Salud Mental regional, colectivos en primera persona -en aquel momento, a nivel regional de Madrid solo existía Flipas GAM- plantearon sus propias medidas y reivindicaciones para ser incluidas en el Plan (en un documento que recogió 37 propuestas concretas). Hoy, con el Plan Regional ya en marcha, muchas de esas propuestas desoídas siguen presentes en las reivindicaciones del activismo loco. Por ejemplo, la necesidad de restringir las visitas de comerciales farmacéuticos en las consultas de la sanidad pública y de fomentar una formación continua al margen de la industria farmacéutica y sus intereses; la creación de unidades de ingreso siguiendo modelos distintos ya existentes en otros países, como las unidades libres de medicación, unidades de ingreso de puertas abiertas o unidades madre-bebé para situaciones de crisis de salud mental tras el nacimiento; la participación de los usuarios y usuarias en la formación y capacitación de los profesionales de salud mental, en las campañas antiestigma y en el propio diseño y evaluación de las acciones y planes estratégicos en salud mental…

Por dar una última referencia de propuestas que desde el movimiento en primera persona se vienen haciendo y que podrían anotarse quienes en las próximas semanas y meses asuman responsabilidades de gobierno, es muy interesante el trabajo conjunto que hicieron ActivaMent y Hierbabuena (entidades de Catalunya y Asturias respectivamente) cuando acudieron ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, organismo que vigila el cumplimiento de la Convención, para dar cuenta de las vulneraciones de los derechos que continúan a día de hoy. El completo informe que presentaron recogía, además de numerosos ejemplos de cómo se siguen vulnerando los derechos listados en artículos de la Convención, una batería de propuestas que esperaban que el Comité instase a poner en marcha al Gobierno español.

Cierro el artículo con tres ideas finales. En primer lugar, un recordatorio: si quieres ejercer tu derecho al voto y eres una persona con problemas de salud mental o con discapacidad intelectual, la ley hoy por fin permite que puedas votar según tus propios deseos, independientemente de que alguien tenga tu tutela, te hayan hecho pasar por un proceso de incapacitación judicial o estés en situación de ingreso involuntario en cualquier institución psiquiátrica. Es tu derecho y si te lo arrebatan, podrás denunciarlo.

Segundo: ahora que las personas psiquiatrizadas estamos dando a conocer nuestras reivindicaciones en cada vez más espacios y que esta voz ya no puede silenciarse, ningún gobernante ni político que siga ignorando lo que reclamamos podrá decir que gobierna para nosotras ni que nos tiene en cuenta. El lema de “nada para nosotras sin nosotras” es ya un clamor en salud mental y no puede obviarse.

Y tercero… después de este domingo, después de cada convocatoria electoral (en la que desde luego animaría a participar si es vuestra opción, con conocimiento de causa y en el ejercicio libre e informado del derecho al voto), tocará seguir haciendo política en muchos lugares, dentro pero también (y personalmente pienso que sobre todo) fuera del Parlamento. Porque necesitaremos seguir creando redes de apoyo mutuo en los barrios, haciendo de altavoz de esas voces que casi nunca oímos, defendiendo a la vecina que no quiere ser desahuciada y al compañero al que en el ingreso forzoso en psiquiatría le vuelven a negar el abogado al que tiene derecho. No nos olvidemos de esa POLÍTICA cotidiana que también deberíamos escribir en mayúsculas, negrita y subrayada.

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