Este reportaje ha sido publicado en El Salto en papel dentro de nuestra colaboración mensual.

La víspera de la huelga feminista, el BOE publicó un decreto ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo, incluida la ampliación progresiva de los permisos de paternidad hasta equipararlos a los de maternidad en 2021. El Gobierno de Pedro Sánchez introduce así el modelo defendido por la Plataforma de Permisos Iguales e Intransferibles (PPiiNA), asociación que ha realizado una intensa labor de sensibilización e incidencia política partiendo de dos premisas: que equiparar los permisos contribuirá a la igualdad efectiva en el ámbito laboral y que promoverá la corresponsabilidad en la crianza por parte de los hombres.

PPiiNA ha celebrado la equiparación de permisos pero advierte en su web de que la norma contiene “trampas” que frenarán la corresponsabilidad, como la obligación de que las seis primeras semanas de prestación se tomen de forma simultánea: “Hay un alto riesgo de que se consoliden los roles de madre cuidadora principal y de padre ayudante”.

Como iniciativa antagónica a PPiiNA surgió la Plataforma de Madres Feministas por la Ampliación de los Permisos Transferibles (PETRA), que considera un “agravio para las mujeres” que España, país a la cola de Unión Europea en tiempo de licencia remunerada disponible para las madres, opte por “aumentar los privilegios de los varones asalariados”, que tendrán los permisos más largos de Europa. Prevén que, ante ese permiso de maternidad insuficiente, las madres seguirán recurriendo a excedencias o renunciando a sus empleos para criar. PETRA reivindica el derecho a maternar en condiciones óptimas, reconociendo el apego necesario entre madre y bebé, y la fisiología del parto, el posparto y la lactancia. Señala además que la equiparación de permisos discrimina a los bebés que se crían en familias monoparentales y a las madres sin empleo formal, que seguirán sin recibir apoyo económico por parte del Estado. Su propuesta pasa por implementar una prestación básica universal por menor a cargo y políticas feministas orientadas a que el mundo laboral dé encaje a la crianza, en vez de “forzar la maternidad para que se adapte a las exigencias del mercado”.

PPiiNA habla de promover la igualdad de las personas progenitoras “con independencia de su sexo, opción/orientación sexual o cualquier otra situación”. PETRA menciona la diversidad y, en concreto, a las familias lesbianas, como argumento para defender que los permisos sean transferibles. Sin embargo, los planteamientos esenciales de ambas asociaciones se centran en las parejas heterosexuales. Porque si el argumento de PPiiNA para que los permisos sean intransferibles es que los padres sean corresponsables, ¿tiene sentido que esto se imponga también a las familias homoparentales? Y si un argumento de PETRA para poner el foco en las madres es que maternidad y paternidad no son equiparables, ¿cómo piensan a las madres no gestantes?

“Las leyes y medidas heteronormativas se aplican con calzador a las lesbianas; o bien se las deja fuera o se aplican analogías como que a una madre lesbiana se le conceda la prestación de paternidad”, señala Elena Olaortua, abogada del Centro de atención a gays, lesbianas y trans Aldarte. Gracia Trujillo, activista queer y madre de mellizas, ha sido de esas bolleras que ha dispuesto de un ‘permiso de paternidad’: “Hay que seguir con la batalla por los cambios en el lenguaje administrativo”, subraya. Hasta hace poco, en el registro civil el funcionariado tenía que tachar con boli el “padre” o “madre” al atender a familias homoparentales y “no les entraba en la cabeza que una mujer quisiera adoptar a la hija de su pareja”, ilustra Olaortua.

Obligadas a casarse

Cuando una mujer y un hombre van con un bebé al registro civil, el funcionariado no les pide prueba alguna de paternidad, no les pregunta cómo ha nacido esa criatura y no importa su estado civil. En cambio, a una pareja de mujeres se les imponen dos criterios discriminatorios: tienen que estar casadas y tienen que aportar un certificado de una clínica u hospital que acredite que la criatura o las criaturas han nacido por técnicas de reproducción asistida. Las parejas que optan por comprar esperma a un banco internacional para inseminarse en casa o las que cuentan con un donante conocido se arriesgan a que solo se reconozca la filiación de la gestante. En 2017, una pareja de Valencia recurrió el segundo requisito defendiendo su derecho a la intimidad y la Dirección General de Registros y Notariados emitió una instrucción que les daba la razón.

 

Sin embargo, algunos registros siguen sin tomar nota. Olaortua ha topado con varios casos de este tipo que muestran la necesidad de una instrucción vinculante para todo el Estado: “Tenemos un problemón porque algunas juezas te dicen que la instrucción de Valencia solo se aplica en Valencia. Esto introduce una inseguridad e indefensión aberrantes”. Ella pide a las oficinas que pongan por escrito cuál va a ser su criterio, porque hay madres a las que, al hacer la consulta, les dijeron que no tendrían problemas y cuando fueron con el bebé, una funcionaria distinta les denegó la filiación conjunta.

“Recuerdo varias violencias institucionales que nos tocó tragarnos en momentos en los que, además, estás en plena montaña rusa de emociones”, expresa Trujillo. Una de ellas fue tener que casarse: “Da mucha rabia ese trato desigual”. La vía para las que no pasan por el aro es que la no gestante inicie un largo proceso para adoptar a las criaturas, y entonces se le concederá  si acaso el permiso de ‘paternidad’, a expensas del criterio de la Seguridad Social, que suele alegar que no hace falta un periodo de adaptación, como en el caso de las adopciones internacionales, que justifique un permiso mayor. Una madre en esa situación recurrió ante el Tribunal Supremo, pero dar ese paso implica sumirse en un periplo judicial de cinco o seis años. “La mayoría, ante esa perspectiva, aparca sus ideas y opta por lo operativo. Me cuesta pedirles que hagan tantas renuncias por intentar abrir brecha”, reconoce la abogada.

Sisi Cáceres Rojo, activista de Extremadura Entiende, y su compañera de entonces decidieron no casarse cuando iniciaron juntas un proceso de reproducción asistida. Una consecuencia fue que su pareja no dispuso de permiso por nacimiento, hasta el punto de que si Cáceres hubiera dado a luz en horario laboral, no la habría podido acompañar. “Le tocó trabajar desde el primer día. Te ves sola pese que no lo has decidido así. El legislador ha decidido por ti”, lamenta. Se separaron cuando el niño tenía 3 años, con lo que a partir de entonces se cerró la vía de la adopción, que exige demostrar vínculo sentimental y convivencia. “El niño sigue teniendo dos mamás, pero legalmente solo existo yo. En cambio, podría haber inscrito como padre a cualquier hombre que pasase por el registro civil. Me parece una injusticia absoluta”, expresa la activista. A día de hoy, aunque sea “una discriminación”, recomienda a las madres lesbianas que se casen.

¿Atajará la discriminación laboral?

Elena Olaortua aplaude la equiparación de permisos, sobre todo porque cree que “puede repercutir de cara a la penalización en el mercado laboral”. En cambio, no cree que vaya a servir para que hombres machistas asuman la corresponsabilidad: “Me parece kafkiano pretender sensibilizar y educar a partir del reconocimiento de derechos: te doy para ver si eres bueno y te pones las pilas. Y si el argumento es ese, dos mujeres no necesitan ser educadas para practicar la corresponsabilidad”. Por ello, cree que la exposición de motivos de la norma debería hacer hincapié en la diversidad familiar y en la ruptura hacia los modelos familiares heteronormativos.

La empresa del tercer sector en la que trabajaba R.H. la recibió con una carta de despido cuando volvió de sus cuatro meses de permiso de maternidad. Alegaron que su contrato había terminado, pese a que anteriormente le habían prometido que se lo renovarían y su tarea no había finalizado. No denunció porque le dijeron que seguirían contando con ella, y así fue, pero mediante fórmulas precarizantes como la imposición de una media jornada después de que solicitase una reducción de jornada. Su pareja también conoce la discriminación en el trabajo. “Seamos madres o no, las lesbianas no molamos en un contexto laboral, más si hacemos aportes feministas”. Partiendo de su experiencia, R.H. no cree que la equiparación de permisos vaya a reducir la discriminación laboral hacia las mujeres, porque cree que la clave está en “una misoginia institucionalizada” que cuestiona la capacidad laboral de las mujeres, y en una reforma laboral que desprotege la maternidad y la crianza. Por eso le parece “una tomadura de pelo” que la solución planteada sea alargar los permisos de paternidad: “Los hombres, cuando ejercen públicamente la paternidad, son premiados. ¿Cuántos han ido al despacho de dirección o se han organizado para pagar a escote la cotización de las mujeres penalizadas por ser madres? ¿Cuántos van a estar dispuestos a renunciar a reuniones importantes o a ser promocionados por priorizar los cuidados? Cuando eso pase a mi alrededor, podré entender la equiparación de permisos. Por ahora, me recuerda a la custodia compartida impuesta”.  

Por tanto, R.H. es partidaria de la propuesta de PETRA: permisos de maternidad más largos y transferibles, y una concepción de la crianza que ponga la vida y no la producción en el centro, que entienda que “cuando maternamos estamos produciendo bienestar y también producción intelectual”. Le chirría que la propuesta de PPiiNA ponga en el centro la implicación de los hombres: “¿Y las mujeres sin varón? Yo no pienso en que los hombres se impliquen más, lo que yo quiero es implicarme yo tanto como quiera”.

El peso de lo biológico

Sin embargo, R.H. no se identifica con algunos planteamientos de PETRA, especialmente en la forma de pensar la crianza con apego, que ella y su pareja practican. “El peso de lo biológico es mucho, pero incluso la biología de la no gestante se altera y se simpatiza. En mi familia, la maternidad ha supuesto una revolución física, hormonal, laboral y de dedicación muy potente para las dos”, expone.

Trujillo aboga por permisos transferibles que permitan a las personas que crían repartirse el tiempo, “que en nuestro contexto es más que precario”, como mejor les parezca. Sin embargo, percibe en PETRA una visión esencialista de la maternidad biológica. “Las lesbianas ya estamos de entrada mostrando que madres y maternidades hay muchas. La que gesta, pare o lacta tiene una experiencia diferente a la otra, pero incluso en lo físico, no es tan exclusivo; hay parejas en las que las dos dan de mamar”, recuerda.

Así, aunque le parece positiva la participación de personas LGTBI en asociaciones como PPiiNA y PETRA, a ella le apetece más la estrategia de “generar discursos propios fiscalizando las políticas públicas”. Y sobre todo, “potenciar la conversación colectiva y la puesta en común de las experiencias de las madres bolleras, trans y cuir”.

Madres adoptivas invisibles

La adopción internacional está vetada, en la mayoría de países, para parejas del mismo sexo. I. conoció a M. [quieren ser nombradas por las siglas para no ponerlas en riesgo] cuando la segunda ya había iniciado un proceso de adopción como madre soltera, para el que tuvo que aportar declaraciones juradas de no homosexualidad y de esterilidad. I. la acompañó en ese proceso durante 5 años. Viajaron a Malí a por la criatura, M. en calidad de madre tutora e I. se hizo pasar por una amiga-madrina. Las consecuencias de la lesbofobia institucionalizada fueron duras para ambas: la una tuvo que ocultar su identidad y enfrentar un proceso administrativo doloroso y estigmatizante. La otra tuvo que permanecer en “un papel secundario e invisible, en el clóset”, y no dispuso de licencia de maternidad, de permisos laborales ni ha podido acogerse a medidas de conciliación de su empresa. Cuando escolarizaron a la niña, M. otorgó un poder notarial a I. para que pudiera ejercer como madre ante la escuela y la administración pública e hizo un testamento para recoger su voluntad de que I. fuera la tutora de la menor si ella falleciera. “Usamos todos los recursos legales para blindar la situación y proteger a la niña”, exponen.

Recientemente se han casado -pese a su rechazo ideológico al matrimonio como institución- porque se encuentran inmersas en un proceso de reproducción asistida y quieren acceder a la filiación conjunta. Además, una vez casadas y que su hija ha obtenido la nacionalidad española, I. podrá adoptarla porque ahora en su situación rigen las leyes estatales. “No ha habido problema en otros casos con menores procedentes de otros países, aunque nuestro expediente está aún en curso y no sabemos si el juzgado se pronunciará sobre el hecho de la adopción internacional previa”, abundan. El principal escollo lo representan los seguimientos posadoptivos que encarga el país de origen hasta que la niña cumpla los 18 años. “Hasta ahora, en estos seguimientos hemos invisibilizado a I., lo cual ha sido especialmente irritante en los dos últimos años en que la niña ya habla, porque hemos tenido que pedirle que no mencione a amatxu. En ese punto es donde creemos que podría darse un conflicto con la institución por ser una familia homo; pueden proyectarse los prejuicios de profesionales sin formación en diversidad familiar, racialidad y derechos humanos”, reconocen.