Custodia compartida impuesta: la infancia como arma arrojadiza

Custodia compartida impuesta: la infancia como arma arrojadiza

La guarda y custodia de los menores en casos donde ha habido violencia machista sin denunciar o que no se ha podido demostrar se convierte en una forma de seguir haciendo daño después de la separación. Juristas advierten que cada vez se impone más en litigios sin analizar el caso concreto.

Imagen: Ana Penyas
29/05/2019

 

Ilustración de Ana Penyas.

F. se quiere separar, pero no se atreve. Tiene miedo a que su marido solicite la custodia compartida: “Cuando hay contencioso, cada vez la imponen más y le conozco. Yo perdería la mitad del tiempo, la crianza y la educación de mi hijo para que le cuide una cuidadora o los padres de él”. Aquí a F. se le quiebra la voz. Sigue con él “por miedo” a que separarse sea peor. No ha habido violencia física, pero sí, psicológica. Nunca ha denunciado.

En la situación ideal de igualdad entre los progenitores, de la que parte la legislación y la jurisprudencia, la custodia compartida parece lo deseable y no la excepción. En España ha pasado de una opción anecdótica a ser otorgada en el 28,3% de los casos de divorcio y separación en 2016, frente al 24,7% del año anterior. De los divorcios, el 76,6% fue de mutuo acuerdo y el 23,4% se resolvió a través de un contencioso.

El caso de F. no es aislado. Así lo considera la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo: “Hay mujeres que nos cuentan que no se atreven a divorciarse porque sus parejas hombres las amenazan con la custodia compartida”. Aumenta el número de las sentencias judiciales que, en caso de litigio, optan por la custodia compartida. El anteproyecto de ley que defiende Ciudadanos y apoya el PP recoge que esta modalidad es “la más deseable y la que permite el respeto al principio de interés superior del menor, siguiendo las directrices de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño”.

Para Pérez del Campo esto es “una barbaridad que puede perpetuar casos de violencia machista. Sólo debería otorgarse este modelo en caso de acuerdo y buena relación, cuando la solicitan ambos progenitores”. Y es que, abunda, “muchos hombres están usando a los hijos como arma coercitiva sobre sus mujeres o exmujeres, bien para que no se separen, bien para que sufran por haberse separado”. Ella considera que esta petición disfrazada de igualdad esconde la misoginia de algunos miembros de Ciudadanos, que no están observando la desigual responsabilidad y el desigual reparto de los cuidados que aún existen.

“Lo que plantea Ciudadanos, como buena parte de la sociedad piensa, es que las mujeres somos malas y rencorosas, y que nuestro afán es destrozar a los hombres, apartarlos de sus hijos como venganza. Su ley quiere proteger a los hombres de las mujeres malas. Esto, adornado con lenguaje jurídico y pseudoigualitario, es lo que piensa Ciudadanos, el PP y muchos jueces”, apunta la psicóloga Norma Vázquez.

El abogado del Módulo Psicosocial de Deusto – San Inazio (Bilbao), Rafa Pérez, explica que “en País Vasco y en otras muchas comunidades autónomas, la ley de relaciones familiares pone la custodia compartida como régimen preferente”. Para él, esta situación es un “gol que se le ha metido al movimiento feminista”. El grupo de hombres por la igualdad en el que participa, Piper Txuriak, se muestra contrario a que se imponga la compartida sin matices: “Se convierte en mecanismo de chantaje”, afirma.

Existen grupos organizados de hombres en torno a la defensa de la custodia compartida, un potente lobby formado tanto por quienes hablan también de corresponsabilidad y cuidados como por quienes difunden los mitos de las denuncias falsas y de la alineación parental. “Son grupos que están muy bien vertebrados porque se unen en torno a un interés muy concreto. No me cabe duda de que habrá padres en situaciones complejas y hombres que se corresponsabilizan, pero tras esta demanda hay muchas veces un claro interés económico, material…”, agrega Rafa Pérez.

Por ejemplo, Asepadi (Asociación Española de Padres Divorciados) se vanagloria de haber logrado que “los tribunales cambien de criterio y que hayan empezado ya a establecer la custodia compartida como régimen habitual tras las separaciones”. Este colectivo, que también está a favor de los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, considera que el camino aún es largo: “Trabajamos por desterrar el automatismo en la concesión de la custodia exclusiva para la madre, ya que este régimen es completamente injusto para el progenitor paterno al desplazarle de la vida cotidiana de su hijo, limitándose a compartir con éste tan sólo unas horas semanales”.

Laura se separó antes de que su hija naciera. Se quedó embarazada en una “recaída” fugaz tras la ruptura con su novio después de ocho años. Hubo maltrato, pero nunca lo denunció. Laura decidió tener a su bebé. Él le pidió que abortara porque no quería ser padre y ella le ofreció la posibilidad de desentenderse de forma legal. Iba a criarla ella sola. Cuando él supo que ella estaba viendo a otra persona, pidió la custodia compartida. “Pasó de pedirme que abortara a pedirme la compartida desde el nacimiento”. Le concedieron la compartida y el calvario sigue. Ha sufrido destrozos en casa, macetas quemadas, coche rayado… Laura cuenta que la compartida se ha convertido en un infierno para ella y su hija, que llora y patalea cuando tiene que irse con su padre; los progenitores viven en domicilios separados y es la niña la que se mueve. Entre ellos no hay relación: “Él mintió sobre los hechos, se presentó en paro a los juicios, aunque tiene mucho dinero, para no tener que aportar dinero, mintió y consiguió la compartida. Paga a una cuidadora para que esté con la niña sólo para que no esté conmigo y hacerme daño”.

El Tribunal Supremo ha sido el “legislador” en este caso y sus sentencias han modificado el Código Civil, explica Altamira Gonzalo Valgañón, vicepresidenta de Themis, asociación española de mujeres juristas: “La compartida se está normalizando a base de jurisprudencia, con sentencias anteriores en la mano. Además, hay comunidades autónomas que la mencionan como ‘preferente’ en sus leyes”.

Este organismo establece unos criterios muy claros para decidir en materia de custodia compartida y parte de una situación ideal de igualdad y de corresponsabilidad. Lucía Avilés, fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, expone que, de esta forma, “el Supremo olvida ligar esto a una estructura social que impide la plena corresponsabilidad: el patriarcado. La perspectiva de género en Justicia da las herramientas necesarias para indagar en esa situación aparentemente oculta”.

Compartidas por acuerdo

“Las partes que se separan y están de acuerdo tienden a redactar convenios atendiendo a sus realidades anteriores a la ruptura para cambiar lo menos posible la vida de los y las hijas. La realidad social hoy sigue siendo que las mujeres dedican más tiempo a la crianza, ellas son madres a tiempo completo”, explica Rafa Pérez según su experiencia en el módulo psicosocial.

Leire es madre divorciada y tiene dos hijos. Tiene custodia compartida con su exmarido por mutuo acuerdo. Hablan unas tres veces al día y tienen un convenio redactado minuciosamente sobre la educación y los hábitos diarios de sus hijos. “Hablamos mucho porque lo tenemos que consensuar todo, casi como un matrimonio, pero que ya no vive bajo el mismo techo. Hasta hemos cambiado de domicilio los dos para facilitar la vida de los niños”. Tienen una reunión semanal para poner en común lo que les preocupa sobre los pequeños. “Mis hijos son varones y quiero que crezcan viendo cómo su padre se responsabiliza de ellos y les cuida como yo lo hago. Aprenden lo que ven. Cuesta esfuerzo, pero creo que merece la pena”.

Ellos cambiaron sus domicilios para vivir más cerca y facilitar la vida de sus criaturas, pero hay otra modalidad: el “sistema nido”, que consiste en que hay una casa común donde los niños viven todo el tiempo, mientras el padre y la madre cambian de casa. “Esto exige mantener tres viviendas y no todo el mundo tiene esa posibilidad. Es un modelo que no aconsejo nunca. Cuando dos personas se ven forzadas a compartir el mismo espacio estando separadas es un sistema que puede generar mucha tensión”, explica Rafa Pérez. Además, puede convertirse en un mecanismo de control del hombre sobre la mujer y dar pie a situaciones como que una mujer duerma en la misma cama que su maltratador. El abogado recuerda el caso de mujeres que se encuentran la casa la semana que les toca “hecha un desastre, sin comida en los armarios de la cocina o sin ropa que ponerles a los niños”. Expone que lo más habitual es la liquidación de los bienes comunes y que cada uno tenga su casa.

La compartida ha pasado de suponer el 2% al 25% de sentencias en apenas diez años. Detrás de estas cifras hay casos como el de Leire, de manifiesta corresponsabilidad, pero también se esconden situaciones impuestas, como la de Laura. Escondites donde se cobija la violencia y el machismo tras “una perversión de la palabra igualdad —como señala la psicóloga Norma Vázquez— en la que los hombres están ejerciendo control y violencia amparados por los tribunales”.

Laura lamenta que su excompañero haya conseguido la custodia compartida a pesar de que su relación sea nula: “¡Hay tantas cosas que hablar sobre la educación y cuidado de un hijo! Es una persona a la que tengo miedo. Si tengo que intercambiar a la niña o que coincidir en una revisión del pediatra, pido ir acompañada siempre. La última vez él pidió que saliera mi padre de la consulta para amedrentarme”.

Cuando los golpes no dejan rastro

La macroencuesta de Violencia contra la Mujer del año 2015 dice que no se denunciaron el 65% de los casos de malos tratos en el ámbito de la pareja y la expareja. En 2017 se interpusieron más de 166.000 denuncias, la cifra más alta desde que hay registros. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, siete de cada diez juicios por violencia de género acaban en condena y otros tres, en absolución. La jueza Lucía Avilés advierte que las absoluciones se pueden deber a la “falta de pruebas” o al “uso de la dispensa de la obligación de parientes a declarar del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

El Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra las mujeres, del año 2011, obliga a adoptar medidas para que, en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativas a los hijos e hijas, se tengan en cuenta incidentes de violencia machista. Pero, ¿qué sucede en los casos donde la violencia de género no queda ni registrada ni demostrada aunque exista?

Avilés advierte de que “se debe tener en cuenta que los menores son los eslabones más débiles de la estructura familiar y las cifras extraoficiales calculan que unos 800.000 niñas y niños viven en un entorno de violencia de género”. Mientras, desde Themis, Gonzalo considera que hay que dejar claro que “en estos casos, la compartida se convertiría en una forma de alargar y reiterar el maltrato sobre la madre y ser perjudicial para niños y niñas”.

No siempre existe un procedimiento judicial en casos de violencia machista y, cuando existe, no siempre termina en sentencia condenatoria. Por esta razón, Avilés considera que los y las juezas deben “analizar las circunstancias concretas de cada caso para hacer un traje a medida de cada menor. Toda solución generalizada e impuesta debería descartarse”.

Desde espacios donde atienden a mujeres víctimas de violencia machista, han observado cómo los maltratadores han encontrado en la compartida, al igual que en las denuncias cruzadas, una manera de seguir dañando a las supervivientes. En su trabajo de coordinación de la consultoría especializada en violencias machistas, Sortzen, Norma Vázquez ha conocido muchos casos de mujeres que no han podido demostrar la violencia “y han visto cómo sus exparejas conseguían la compartida”.

“Dame esa custodia con la que no tenga que pagar”

La jurista Altamira Gonzalo observa que, en muchas ocasiones, hay intereses económicos tras la compartida, como el uso del domicilio familiar, pagar menos pensión o no pagarla: “Lo que no cuadra es que la igualdad se exija sólo tras la ruptura y no antes. Tengo compañeros a los que les han llegado a decir: ‘Dame esa custodia con la que no tengo que pagar’”, expone.

En el caso de Laura, ella paga más que su excompañero por la manutención de su hija porque la jueza consideró que ella tenía una pareja que podía apoyarla en términos económicos, “sin tener en cuenta que también él tiene ahora novia”, cuenta.

Laura teme la llegada de las vacaciones porque volverá a no saber dónde está su hija ni con quién. Una angustia que se acentúa por no poder hablar en privado con la niña. “Él nos pone el manos libres desde que denuncié que no me permitía hablar con ella. Nos obliga a hablar delante de su nueva pareja y los hijos de ésta y me dice que yo elijo: o hablo así o no hablo con ella. Es una tortura”.

Las juristas feministas lamentan que en algunos casos prevalezca el derecho del progenitor a ejercer de padre sobre el bienestar del menor. Norma Vázquez cuenta cómo, en unas jornadas sobre violencia, “un juez se mostró partidario de otorgar la custodia a los maltratadores porque, si había una manera de reinsertarles y devolverles la humanidad, sólo podía ser a través de sus hijos. Una barbaridad”.

Laura sufre cada día. “Todo esto responde a un castigo de mi expareja, una venganza. El problema es que no le ha calmado. Esta es su vía para hacerme daño. Ahora vamos problema tras problema. No puedo comunicarme más que por mail con él. Mi hija crece en dos mundos paralelos e incomunicados y eso es malo para ella”. Habla entre lágrimas: “Una vez le di a mi hija el muñequito con el que ella duerme para que se lo llevara cuando le tocaba ir con su padre. Él me dijo que no le provocara. Hasta la mayor chorrada del mundo él la convierte en una herramienta para hacer daño”.

La Justicia tiene un largo camino hasta incorporar la perspectiva de género. El actual partido en el Gobierno, el PSOE, ha anunciado que modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que todos los operadores jurídicos tengan formación en perspectiva de género. “La interpretación y aplicación de las normas debe estar exenta de arbitrariedad y es arbitraria la idea prejuiciosa que olvida la desigualdad entre mujeres y hombres. Debemos tener en cuenta la realidad social del tiempo en que la ley ha de ser aplicada, que en nuestro contexto está determinada por el derecho a vivir una vida libre de violencia”, sentencia Lucía Avilés.

Para Laura, esa custodia compartida se ha tornado en un hilo invisible de violencia que le une a su expareja a través de una niña que también la padece. “Cada vez que le explico a mi hija que tiene que irse al día siguiente con su padre se hace pis en la cama. No sé qué hacer ni a quién recurrir. Alguien tiene que ayudarme a salir de este sinsentido en el que mi hija es la mayor perjudicada y yo sufro porque ella sufre”.

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