Safia Elaaddam durante la manifestación de la campaña #votaresunderecho en Barcelona. / Foto: Arianna Giménez Beltrán

Día de reflexión

— ¿Por qué protestáis?
— Porque votar es un derecho y no podemos.
— ¿Por qué? ¿Por ser menores de edad?
— No. Por no tener sangre española.

El señor que, burleta, ha parado su bici delante de la pancarta que Safia Elaaddam y sus hermanas están pintando, ya no sonríe. Torpe, intenta hilar de nuevo la conversación, pero la respuesta le ha dejado fuera de juego. Apoyado en la bici, espera ese instante, etéreo pero inequívoco, en el que todas sabemos que ha llegado el momento de irse. Pedalea de nuevo, mientras las chicas deciden cómo repartir sobre la tela blanca las palabras “votar es un derecho”. Falta un día para las elecciones generales del 28A y Safia no podrá votar. Nunca lo ha hecho.

“La primera bofetada la recibí a los 18 años, cuando mis compañeros votaron y yo no”. Safia nació en Tarragona hace 23, estudia Filología árabe, trabaja como educadora social y su madre y su padre son de origen marroquí. Como ella, miles de personas nacidas en territorio español pero sin ascendencia española -y otras miles que llevan años residiendo en él- son excluidas de los comicios generales. No por gusto: la ley sólo permite votar a quién tiene la ciudadanía, que sólo se adquiere con la nacionalidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero de 2019, unos cinco millones de personas no fueron invitadas a la fiesta de la democracia este año. Pasa los mismo con las elecciones autonómicas, europeas y en la mayoría de las municipales.

Tras el revés, Safia empezó los trámites para solicitar la nacionalidad, pero ni el lugar ni su certificado de nacimiento fueron suficientes. ¿Que fallaba, según el Código Civil, para que ella no fuera española de origen? Su sangre. España se rige por el principio jurídico del ius sanguinis por el que una es española de origen sólo si su padre o madre son españoles; con las excepciones de los apátridas y descendientes de diplomáticos y consules. Desde entonces, Safia lleva cinco años enfrentado trabas burocráticas y violencia institucional para conseguirla. No es la única. Según el Informe anual de SOS Racismo, en 2018 un 20,2 por ciento de las denuncias registradas fueron por violencia institucional y, de éstas, un 12,9 por ciento están relacionadas con la nacionalidad.

“No puedo votar a favor del feminismo. Estoy esperando a ver quién gana: la izquierda, la derecha, el machismo, el feminismo”. Hoy, días después de que Safia y sus hermanas levantaran la pancarta, sabemos los colores que tiñen el Congreso de los Diputados. Entonces no, y charlas y redes estaban copadas por el debate. Safia convirtió su rabia en estrategia y supo colarse en él con la campaña #votaresunderecho, con la que pidió por redes a personas en desacuerdo con la restricción de las urnas que cedieran su voto a aquellas que estaban en su misma situación. En casi un mes, su web contabilizó 1.627 solicitudes de voto, de los cuales 633 fueron cedidos. Aunque ella asegura que podrían ser más ya que el intercambio por redes empezó antes de tener el portal. Gracias a su ingenio, Safia pudo votar por primera vez en su vida.

La ciudadanía y los eternos inmigrantes

— ¿De dónde eres?
— ¿De dónde soy? Del Masnou [Barcelona].
— Vale…
— Soy una masnovina nacida en Marruecos, si esa es la pregunta [ríe].

Ahora, es la periodista la que busca cómo seguir la conversación después de ponerse en evidencia ante Najat Driouech Ben Moussa, filóloga, trabajadora social y diputada del Parlamento de Cataluña por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Antes de saltar a la política, Driouech Ben Moussa pasó años liderando una lucha pedagógica y teórica sobre el papel que personas como ella tenían en la sociedad de acogida. Hasta que su hijo de ocho años le cambió la perspectiva. “Estaba convencida de que nosotros éramos una sociedad catalana que había hecho una buena acogida, que había un trato igualitario y que, realmente, nos sentíamos parte ésta. Mi teoría se desmontó cuando mi hijo me preguntó por el pleno que estábamos viendo en la tele. Le expliqué que esas personas eran nuestros representantes políticos, que nos representaban a todos, pero no acabé de convencerle”. Entonces, Driouech Ben Moussa le habló del voto y la elección de los políticos, pero su hijo le contestó que los que salían en pantalla no podían representarles. “Me dijo, ¿mama yo qué soy? Yo soy catalán, mis padres son catalanes de origen marroquí y mis abuelos marroquíes que viven aquí. No nos pueden representar porque no hay ninguna persona como tú y para que nos representen tiene que haber gente como nosotros”. Así, en 2017, Najat Driouech Ben Moussa se convirtió en “la primera de las muchas”, como a ella le gusta remarcar, mujeres racializadas en ocupar el cargo de diputada en el hemiciclo catalán.

Najat Driouech Ben Moussa, diputada de Esquerra Republicana de Cataluña, en el parlamento catalán. / Foto: Arianna Giménez Beltrán

Un año antes, lo hacía en el Congreso de los Diputados Rita Bosaho por Podemos quien, después de los resultados de la formación el pasado 28A, no repetirá escaño durante este mandato. Para su colaborador Yeison García López, politólogo, activista antiracista y número 14 en las listas del partido por Madrid, las personas migrantes que llegaron durante su infancia pueden llegar a sentirse en un limbo constante. “Nos criamos en una sociedad que como tal no es la nuestra, donde llegamos como extranjeros pero en la que hemos construido nuestra subjetividad. Se dan dos estrategias: la asimilación absoluta en la cual pierdes gran parte de todo el acervo cultural del país de origen o la reafirmación de la singularidad cultural de éste, como táctica de defensa. Yo estaba en la mitad: ni reafirmaba mucho mi identidad cultural como colombiano, ni negaba una asimilación”. Hasta hace unos años, cuando García López decidió “aceptar las dos partes, no tenía porque negar una u otra”.

Para Driouech Ben Moussa “lo que falla es que la ciudadanía en general, y supongo que los medios de comunicación y otros intereses hacen que, en cierto modo, se haya construido un relato que acompaña a las personas que han migrado, porque esto de ser inmigrante en algún momento tendrá que dejar de serlo. Yo no soy inmigrante, a mí me trajeron y nunca me he sentido así, aunque mucha gente continúa considerándome”. Este bucle sin fin del eterno inmigrante explica para ella por qué domina el discurso que se refiere a las personas migrantes -y refugiadas- en términos de derechos humanos y no civiles y políticos.

Los derechos humanos son universales y todas los tenemos por el simple hecho de existir, tal y como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En cambio, los derechos civiles y políticos se consiguen por la concesión de la ciudadanía por parte de un estado. Entre ellos, tal y como recoge el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), también de la ONU, está el derecho a “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”, “votar y ser elegidos en elecciones periódicas” y “tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. Así, según esta lógica, todas aquellas personas excluidas de la ciudadanía nunca podrían emanciparse en términos políticos o, lo que es lo mismo, tener autonomía y capacidad de decisión. Una realidad que recuerda a la sumisión empleada por otro método: el colonial. “Me preguntan cuánto tiempo llevo en España y yo digo cuanto tiempo lleva España en mí”, escribe García López en uno de sus poemas.

“La negación de la participación en política de las personas migrantes no es una cosa nueva en occidente, ya pasaba en Atenas. Es una anomalía buscada: la inclusión a partir de la exclusión para marcar que nosotras somos las otras”, cuenta García López a través del teléfono. Aceptar sus dos orígenes, afirma, le ha permitido territorializar la lucha, abordando no sólo las cuestiones ligadas a la defensa de los derechos de las personas migrantes, sino también el planteamiento de “un reconocimiento de la diversidad étnico racial que, por tanto, afecta directamente a la propia forma en la cual se piensa España: una España blanca”.

Detalle de la papeleta con la candidatura de Yeison García López en la lista de Podemos de las últimas elecciones municipales. / Foto: Arianna Giménez Beltrán

En campaña

Los constantes ataques a la población racializada por parte de los partidos de derechas y de extrema derecha antes, durante y después de las campañas electorales, son una tónica habitual. Aún así, sería engañoso pensar que el racismo es exclusivo de una sola ideología ya que, como pasa con el machismo, se trata de una violencia estructural que se reproduce en todo el sistema de diferentes formas.

Ninguno de los principales partidos estatales llevaba en su programa electoral para el 28A el derecho a voto universal, salvo Podemos aunque solo en relación a los comicios municipales. ¿Por qué no interesa que la población migrante o hijos e hijas de personas migrantes tengan derecho a voto y, por ende, a la nacionalidad? En este caso lo que prima para García López “es la concepción de la población migrante como mano de obra que explotar todo lo que se pueda y, cuando ya no sirva, expulsarla. En cierto modo, a la población migrante solo se la ve como personas que vienen a alimentar un mercado de trabajo, no como personas que tienen que ejercer un derecho político”.

Así lo recoge, por ejemplo, el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en su punto 4.47, donde justifica la necesidad de tener población migrante debido a que “nuestro sistema público de pensiones como nuestro mercado laboral van a necesitar, con total seguridad, un complemento migratorio, una entrada de perfiles laborales que no se podrán cubrir con personas que están aquí”. O la propuesta del popular Pablo Casado, que en campaña propuso pausar la expulsión de las mujeres migrantes embarazadas que dieran sus hijos en adopción dentro de la “ley de apoyo a la maternidad”.

Para evitar la utilización de la población racializada durante las campañas electorales de este año, el pasado mes de marzo, los partidos políticos catalanes, junto al Defensor del Pueblo de la comunidad y diferentes organizaciones sociales, firmaron el Acuerdo para un debate responsable sobre la inmigración y contra el racismo y la xenofobia. ¿El motivo? Dos centros de menores tutelados habían sido atacados: en uno, en Castelldefels, un grupo de vecinos se presentó con palos y piedras hiriendo a los menores y a sus educadores. En otro, Canet, una persona irrumpió en el centro con un machete, amenazando a los menores. Días antes, varias vecinos del mismo lugar les habían apedreado en plena calle. Este acuerdo no duró ni un mes: Ana Martínez, alcaldesa socialista de Rubí, animaba así a los vecinos que rechazaban la posibilidad de instalar uno de estos centros en el municipio. En la misma línea, el Consejo para la eliminación racial o étnica publicó una serie de recomendaciones para evitar el discurso racista y xenófobo durante las campañas electorales.

“Sí se puede empatizar [con las personas que sufren racismo], pero es muy difícil que lo veas desde nuestra perspectiva, aunque haya voluntad. Al igual que yo como hombre si Si Shi me cuenta un problema que ha tenido por ser mujer, por mucho que empatice con ella no puedo vivirlo igual”. Charlie Ye se dio cuenta que no tenía la nacionalidad española con 12 años al ver que su tarjeta de residencia era diferente al DNI de un amigo del colegio. Él y Si Shi pertenecen a Catàrsia, colectivo de personas de ascendencia asiática de Cataluña. Ye es estudiante de Derecho y nació en Barcelona y Shi llegó de China hace ocho años a través de los estudios: es diseñadora gráfica, ilustradora y profesora de chino.

Charlie Ye y Si Shi son miembros del colectivo Catàrsia, colectivo de personas de ascendencia asiática en Cataluña. / Foto: Arianna Giménez Beltrán

“Desde que llegué he trabajado en colegios y con mis compañeros hablábamos sobre qué partido votar”, sigue Shi. “Yo no tengo derecho y sentía una barrera. Entonces quería integrarme en la institución, pero no podía. Ahora, como ya me he acostumbrado a que no tengo el derecho, ¿por qué tengo que preocuparme de la política? Lo asumo. Es que en realidad, no me están incluyendo”.
La desafección expresada por Shi fue recogida por el Migrant Integration Policy Index (MIPEX) en 2014. Este índice mide las políticas de integración -concepto, por otro lado, rechazado por diferentes colectivos de personas racializadas- de inmigrantes en Europa y otros países. El MIPEX establece que las personas migrantes no pertenecientes a la Unión Europea pero que llevan años residiendo en España son igual de propensas que las españolas de origen a participar en política, más allá del mecanismo del voto, aunque las políticas de integración relacionadas con la participación política no lo favorezcan.

¿Y las europeas…

…municipales y autonómicas?
Este año se celebran, además de las elecciones generales, elecciones municipales, autonómicas (menos en Comunidad Autónoma Vasca, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia) y europeas. En estas últimas, a parte de las personas con nacionalidad española, podrán votar las pertenecientes a los estados miembro de la UE que estén registradas en el censo local de la ciudad de residencia y en el Censo Electoral para Ciudadanos Extranjeros mediante una declaración motivada. El periodo para ello terminó el pasado enero.

Las restricciones, paradójicamente, se encuentran en las municipales siendo éstas el contexto político que más afecta al día a día de las personas. En este caso, solo algunas personas sin nacionalidad española podrán votar: las pertenecientes a la UE y, desde 2011, aquellas con las que su país de origen tiene convenio con España (Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Trinidad y Tobago, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú). Aún así, la ley establece una discriminación en el caso de la población extracomunitaria: a diferencia de la europea que sólo debe registrarse una vez en el Censo de Extranjeros Residentes en España (CERE), la no comunitaria debe hacer este trámite cada vez que quiera votar.

Según el Anuario CIDOB de la inmigración 2015-16 esta circunstancia “explicaría que en las dos últimas elecciones municipales los votantes potenciales europeos fueran bastante más numerosos que los del resto de países”. Veremos qué pasa en unos días. Por todo ello, el MIPEX establece que el derecho a votación en España es “débil” y añade que “para los ciudadanos que no son de la UE, tanto en España como en Portugal, su acceso al voto en las elecciones locales resulta más limitado que en la mayoría de los países (analizados por MIPEX), porque no depende del nivel de integración alcanzado sino de la existencia de un acuerdo de reciprocidad con su países de origen (la mayoría de dichos acuerdos están en vigor con países que tienen vínculos históricos con España (es decir, excolonias)”.

Detalle de una escuela electoral durante las elecciones generales del 28 de abril de 2019. / Foto: Arianna Giménez Beltrán

La lucha por el derecho a la participación política se ha llevado a cabo con iniciativas como la plataforma Vot x Tothom (Voto para todo el mundo). Ésta reivindica en el ámbito municipal catalán ligar el derecho a la participación política al padrón, obviando así la nacionalidad y los criterios de residencia. Para Eduardo Bazzaco, uno de sus miembros, es necesario situar esta discriminación en el debate público, aunque su impacto político sea limitado. “Estamos hablando de derechos de personas que están excluidas de la representación política y no pueden votar, lo que traducido al lenguaje electoralista, no electoral, de los partidos supone que no sean un target a tener en cuenta. Por otro lado, las personas migrantes no sólo no son sujetos activos a través del voto, sino que son objeto pasivo de todo tipo de narrativas y discursos que no pueden sancionar”. Y concluye: “Te conviertes en un objeto de campaña, pero sin capacidad sancionadora”.