Este análisis de tendencias, que debe mirarse de manera interconectada, está centrado en las realidades de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador (aunque afecten también la realidad de países como Costa Rica, Panamá o Belice). Desde julio de 2018, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos está trabajando procesos de análisis de manera sistemática. Este artículo es fruto de este esfuerzo colectivo.

Cartel situado en la sede del Copinh, en Utopia, La Esperanza, Intibuca, Honduras. / Foto cedida por la IMDefensoras.

Retrocesos democráticos y crecimiento del autoritarismo

La región mesoamericana vive un momento de acelerado retroceso democrático. El golpe de estado en Honduras de 2009, apoyado por Estados Unidos y legitimado posteriormente por la Organización de Estados Americanos (OEA), sigue vigente. El autoritarismo y el afianzamiento de poderes fácticos (empresas trasnacionales extractivistas, crimen organizado, fuerzas paramilitares) tiene sumida a la población en un estado de represión constante.

En Guatemala, desde 2018, se viene gestando un autogolpe, con la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y con la aprobación de una legislación regresiva en temas clave de derechos de las mujeres, acceso a la justicia y protección a derechos de las víctimas del conflicto armado interno

La crisis política y de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril de 2018 es resultado del autoritarismo de Daniel Ortega y de sus alianzas con el gran capital y actores de derecha religiosa y partidista. La corrupción, así como la represión y cierre de espacios a actores de oposición partidaria y de la sociedad civil recuerda a tiempos del dictador Somoza.

En El Salvador se dio un avance importante de la derecha en los resultados de las elecciones municipales y parlamentarias del año 2018 y en las presidenciales realizadas en 2019. El actual presidente, Nayib Bukele, genera mandatos vía Twitter de manera unilateral con serias deficiencias técnicas y políticas que están generando procesos de estigmatización y difamación fuertes contra actores de oposición.

En México, el antiguo estilo de gobierno presidencialista se fortalece ante un gobernante, Andrés Manuel López Obrador, que, aunque se denomina progresista, ha vuelto a centralizar en la figura presidencial todo el ejercicio de gobierno, con un estilo autoritario. Entre las primeras iniciativas que ha impulsado en el Congreso está la recién creada Guardia Nacional, que contribuirá fuertemente a la militarización continuada del país, poniendo a militares a jugar un rol que corresponde a fuerzas policiales.

Los retrocesos democráticos en la región también se ven reflejados en la profundización de procesos de cierre de espacios participación civil y de protesta social, con tendencias claras como la persecución y criminalización creciente de la protesta social y de las personas defensoras de derechos humanos, la impunidad prevaleciente en la mayoría de los casos de violencia contra líderes sociales y defensoras, el incremento de controles jurídicos, financieros, fiscales y laborales más fuertes hacia las organizaciones civiles, así como férreos mecanismos estatales de vigilancia, espionaje y control territorial, incluyendo el espacio virtual.

Vinculado al aumento del autoritarismo en la región, los procesos de avance del fascismo en distintos países, notablemente en Brasil, Argentina y Estados Unidos, también están impactando en Mesoamérica con el crecimiento de discursos abiertos en contra de la democracia misma, que incitan al odio contra la población afrodescendiente, las mujeres, las poblaciones LGTBIQ y cualquier persona considerada por los actores fascistas como ‘de izquierda o comunista’. Un contexto que ha dado origen y ha fortalecido a movimientos sociales reaccionarios.

Después de por lo menos 15 años de un amplio avance de la izquierda partidaria (y sus respectivos movimientos sociales aliados) en distintos países de la región latinoamericana (por ejemplo, en Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Venezuela, El Salvador, Ecuador), los últimos cinco años han representado el regreso de partidos de derecha y extrema derecha a los gobiernos de la mayoría de países de la región (con algunas contadas excepciones). La crisis de la izquierda partidaria o institucional en la región ha venido motivada, principalmente, por el impulso de modelos económicos neoliberales y neoextractivistas, que han dejado sin consolidar procesos de desarrollo sostenible. Además, las alianzas con los fundamentalismos religiosos ha dejado de lado temas clave de las agendas progresistas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, población LGTBIQ , y han servido para mantenerse en el poder a toda costa. Mientras que las alianzas con las oligarquías empresariales ayudan a no perder su cuota de poder económico. Estos nuevos gobiernos han brindado avales a actores abiertamente antidemocracticos y autoritarios, responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad contra sectores de la población que se oponen a su agenda y desafían su poder, utilizando frecuentemente una postura antimperialista como justificación o las fuertes acusaciones de corrupción a lo interno de las filas de estos partidos.

Crisis de derechos humanos

Se vive en Mesoamérica una grave crisis de cumplimiento de acuerdos internacionales de derechos humanos y desarrollo, vinculantes y no vinculantes, por parte de los Estados. Sistemas de gobernanza regional como la Organización de Estados Americanos o subregionales como el Sistema Centroamericano de Integración Económica (SICA) no están ayudando a prevenir la violencia, represión y otros conflictos graves políticos y de derechos humanos. Hay ataques fuertes a la credibilidad y legitimidad de instituciones clave como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya situación de financiamiento limitado afecta también su desempeño y necesario rol.

Una importante dimensión del deterioro de los derechos humanos en Mesoamérica se ve reflejada en la violencia creciente contra personas defensoras de derechos humanos. De acuerdo con la IM-Defensoras, entre 2015 y 2016 hubo en la región 22 asesinatos de defensoras de derechos humanos. El número total de diferentes tipos de ataques registrados casi se duplicó entre 2015 (736) y 2016 (1.462).

A esto se le suman dos realidades apabullantes en la región: la impunidad y la corrupción. De acuerdo con el Informe del Índice Global de Impunidad, México (69.39), Nicaragua (66.34), Honduras (65.04), El Salvador (65.03) y Guatemala (62.4) están entre los primeros 20 países con los índices de impunidad más altos del mundo. En México, por ejemplo, es fácil matar y nunca pisar la cárcel: por cada 100 casos de asesinato, solo en cinco se condena a un responsable.

Por otro lado, en la región mesoamericana están algunos de los países más corruptos de toda América Latina y del mundo, de acuerdo con Transparencia Internacional (que considera 180 países): Nicaragua (lugar 151); Guatemala (143); México, Honduras (135) y El Salvador (112). La corrupción permite la presencia y operación perversa de un conjunto de factores que bloquean el ejercicio efectivo de los derechos humanos, afectando negativamente a comunidades y a la democracia como un todo. Y la impunidad permite el crecimiento del poder de actores no estatales y poderes fácticos, debilitando los mecanismos de rendición de cuentas y alentando la violencia.

Profundización modelo de desarrollo neoextractivista

El neoextractivismo es una tendencia fuerte del modelo de desarrollo capitalista que ha venido profundizándose en América Latina y el mundo en las últimas dos décadas. Según la CEPAL, América Latina y el Caribe (ALC) es la región del mundo con más conflictos socio-ambientales relacionados con la explotación minera. Hay claros indicios de que la demanda de minerales se intensificará en el futuro y la región cuenta con una base importante de reservas y producción. “La extracción de minerales en ALC aumentó seis veces desde 1970, al pasar de 659 millones de toneladas a 3.972 en 2017, generando presiones ambientales”.

En Mesoamérica, esta realidad no es la excepción. Por ejemplo, en México existen alrededor de 27.000 concesiones mineras, de las cuales solo 3.000 registran operaciones, de acuerdo con la Cámara Minera de México. Este país tiene, según la CEPAL, 45 conflictos activos relacionados con la minería, cifra que ha aumentado en los últimos años.

Hay fuertes vínculos entre las operaciones mineras y los conflictos socioambientales en la región, que incluyen el desplazamiento forzado de poblaciones enteras de sus territorios (muy comúnmente poblaciones indígenas, afrodescendientes o campesinas), mediante manipulaciones legaloides por parte de los Estados, a favor de empresas nacionales y transnacionales. Una fuente común de conflicto es la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada amparado en el Convenio 169 de la OIT.

La resistencia de los pueblos al extractivismo no se ha hecho esperar, y la respuesta por parte de los Estados y de las empresas ha sido en un gran número de casos la represión violenta a la oposición de las comunidades a los proyectos extractivistas propuestos. La criminalización de líderes de la comunidade y los asesinatos de dichas personas han sido frecuentes, como parte de una tendencia en donde América Latina es la región del mundo donde más personas defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales son asesinadas.

El crimen organizado aumenta su poder y la violencia social se agudiza

Los cárteles mexicanos crecieron en poder e influencia territorial hacia Centroamérica, en particular en los últimos 15 años, llenando el espacio que dejó el desmantelamiento de muchas de estas organizaciones criminales en Colombia. Es un fenómeno realmente mesoamericano, en el que se reporta que los cárteles mexicanos han trasladado en los últimos años a Centroamérica el 90 por ciento de sus operaciones relacionadas con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, gracias a las alianzas que han tejido con las maras o pandillas locales.

Según un informe elaborado por la consultora británica Verisk Mapplecroft, hay seis países latinoamericanos incluidos en la categoría de ‘violencia extrema’, de los cuales Guatemala y México ocupan el segundo y tercer lugar en el ranking de países más peligrosos, sólo detrás de Afganistán, mientras que Honduras y El Salvador aparecen en la sexta y octava posición, respectivamente. Esto convierte al Triángulo Norte de Centroamérica en la región más peligrosa del continente.

El Salvador, Guatemala y Honduras tienen algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo. No sorprende entonces que algunos de los países con las mayores tasas de feminicidios en el mundo se encuentren ubicados en Mesoamérica: México, Honduras y El Salvador.

Crecimiento del poder de los fundamentalistas religiosos

Centroamérica tiene en particular una historia conflictiva con el desarrollo de iglesias pentecostales que aparecieron en algunos países, por ejemplo Honduras, como parte de la ocupación militar estadounidense. Dichas iglesias se utilizaban para desactivar cualquier movimiento social que fuera contrario a los intereses hegemónicos de ese país en la región. Estos grupos tienen agendas políticas claras, que incluyen no sólo influenciar las agendas legislativas y de políticas públicas, sino también apoyar la construcción de partidos políticos evangélicos y convertirse en grupos de presión importantes. En muchos casos, los fundamentalistas católicos y evangélicos construyen alianzas, sobre todo en temas que representan puntos nodales de sus agendas políticas, como su oposición al derecho al aborto, al derecho al matrimonio a personas del mismo sexo, el acceso a la la adopción para personas LGBT, la educación sexual integral en las escuelas, así como la defensa y ‘protección’ de la familia tradicional heteropatriarcal.

En la actualidad, la presencia y poder político de los evangélicos neopentecostales en Mesoamérica va en ascenso. En Guatemala, el presidente Jimmy Morales se identifica abiertamente como evangélico y la presencia de parlamentarios evangélicos es mayoritaria y fuerte en la Asamblea Legislativa de este país. En Nicaragua, Daniel Ortega construyó una alianza fuerte e importante con los evangélicos, que llegan incluso a legitimar el uso de la fuerza en el contexto de la crisis actual política y de derechos humanos que vive el país. En México, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador construyó una alianza con el partido evangélico PES para las elecciones federales de 2018, abriéndoles un espacio para la llegada de políticos evangélicos a congresos estatales y federales, y aprobando recientemente la concesión de medios de comunicación de masas (como radio y televisión) a grupos evangélicos (en clara contravención con el principio de laicidad del Estado, fuertemente amparado en la Constitución Política Mexicana). En El Salvador, las iglesias cristianas o evangélicas tienen una fuerte presencia en la población del país, pero a diferencia de los otros países no han constituido partidos políticos, sino que se enfocan en la influencia del Estado y la política por medio de otras estrategias.

Un fenómeno global que se expresa cada vez con mayor fuerza en Mesoamérica es el movimiento en contra de lo que llaman “ideología de género”, al cual se integran fundamentalistas religiosos católicos, evangélicos, partidos políticos, organizaciones de sociedad civil, empresarios e incluso académicos, todos de derecha y extrema derecha. Y han venido construyendo amplias alianzas y estrategias bastante efectivas para influir en la construcción de discurso y en la creación de imaginarios sociales, así como también en ganar personas adeptas y poder formal en espacios políticos mediante su participación activa en partidos políticos y desde la propia sociedad civil organizada.

Incremento del intervencionismo y el interés del Gobierno de Estados Unidos en Mesoamérica

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se fortaleció el interés y la presencia de este Gobierno en Mesoamérica. Desde el inicio de esta Administración republicana, hemos visto un empeoramiento de las políticas migratorias, una promoción abierta y activa de la xenofobia en contra de personas mexicanas y centroamericanas, la negociación de un nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que viene a reemplazar al TLCAN, así como el apoyo al sostenimiento de la dictadura en Honduras. La imposición o coerción a Gobiernos mesoamericanos (como el mexicano) para la imposición de restricciones y controles migratorios muchísimos más severos, la amenaza de graves sanciones comerciales y del recorte de la cooperación para el desarrollo con Centroamérica son habituales.

Asimismo, el Gobierno de Trump ha hecho cambios de política importantes que han impactado en países como Guatemala, como la falta de apoyo a la CICIG. Por otro lado, hemos visto una realineación al interno de la OEA, la cual pasa a dominar nuevamente el Gobierno de Estados Unidos, consolidando la alianza con una serie de países importantes de la región (Colombia, Brasil, Argentina) y facilitando la imposición de su agenda y complicando el panorama de cumplimiento de derechos humanos y de contrapesos al imperialismo estadounidense en Latinoamérica.

La creciente crisis migratoria

De acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de los casi 30 millones de migrantes internacionales originarios de América Latina y el Caribe, la mitad son de Mesoamérica. Migrantes provenientes de México, Guatemala, Honduras y El Salador, tienen como principal destino Estados Unidos a través México, conformando uno de los principales corredores migratorios del mundo. Las principales razones por las que las personas migran tienen que ver con la vulnerabilidad ambiental (ante el impacto del cambio climático y otras formas de degradación ambiental), la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades.

En el 2018 la región experimentó un nuevo fenómeno: las caravanas de migrantes originadas en Honduras a las que se sumaron migrantes de otros países y que han tenido a Estados Unidos como principal destino. En el camino, enfrentan condiciones muy hostiles, políticas y prácticas migratorias cada vez más cerradas y represivas por parte de los Gobiernos mesoamericanos, haciendo que el paso de las fronteras sea una barrera cada vez más arriesgada. México se ha convertido en la práctica en un ‘tercer país’, en el cual las personas migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos tienen que esperar a que se resuelva su solicitud. Las implicaciones de derechos humanos y humanitarias son enormes para las masas de migrantes.

Las personas defensoras de los derechos de las poblaciones migrantes se han convertido cada vez más en objetos de represión por parte de los Estados y vemos actualmente con preocupación una creciente cantidad de casos de agresiones y represión en contra de estas personas, por parte de los Estados y otros actores.

Pero…también hay tendencias esperanzadoras en la región…

La esperanza de la región la encontramos principalmente en su gente, en los pueblos que no se rinden en su lucha digna por el respeto a sus derechos, como una serie de movimientos y fenómenos sociales que son símbolo de esperanza y reflejan la resiliencia que existe en los pueblos, en las comunidades.

La fuerza con la que se manifiestan los movimientos de mujeres y feministas a favor del derecho al aborto y en contra de la violencia contra las mujeres es impresionante. Son movimientos que han empezado a tener un impacto político importante en varios países de la región y han logrado colocar en la agenda nacional temas que históricamente han estado marginados y son vitales para la vida de nuestras sociedades. Las mujeres son actoras clave en la realidad actual, también a través del liderazgo que ejercen en las incansables luchas de búsqueda de personas desparecidas o asesinadas, o en la defensa de las poblaciones migrantes.

Otros movimientos que han surgido con gran fuerza son los juveniles y estudiantiles, que se movilizan de forma digna y fuerte por la defensa de la democracia y los derechos humanos, en contra de la corrupción, por el derecho a la salud y la educación, por el derecho a la justicia y contra la impunidad y la violencia.

La lucha del pueblo nicaragüense en contra del Gobierno de Ortega y Murillo también es fuente de esperanza e inspiración. A pesar de estar enfrentando una violenta represión por parte del Gobierno y sus fuerzas policiales y parapoliciales, con cientos de personas ejecutadas arbitrariamente, secuestradas, detenidas arbitrariamente, desaparecidas, con ejercicio de tortura (incluyendo violencia sexual) en contra de los movimientos autoconvocados opositores al régimen, la lucha por la democracia y la justicia en Nicaragua se mantiene firme.

Los movimientos indígenas y afrodescendientes que resisten cotidianamente el despojo de sus territorios y defienden la protección de las redes de la vida y de la madre tierra,son también fuente de inspiración y esperanza, a pesar de que enfrentan algunas de las formas más extremas de represión y violencia.

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