Una mujer pasea por una calle parisina donde un collage callejero dice las mujeres no son presas. / Foto: Teresa Suárez

“Se suponía que nuestro lugar como mujeres era el espacio privado. Osamos salir a la calle y ahora sentimos que debemos pagar un peaje por ello”
Fiorella Ferrari (Paremos el Acoso Callejero)

Aunque no existen cifras globales, numerosos estudios de ámbito estatal han revelado que la inmensa mayoría de mujeres han sufrido acoso callejero en algún momento de su vida. Ese tipo de violencia que ONU Mujeres califica como “pandemia mundial insuficientemente reconocida” es una de las manifestaciones de machismo más extendidas y normalizadas en todo el planeta. También, una de las más difíciles de combatir y atajar.

“Comentarios no deseados, miradas lascivas, toqueteos, masturbación pública…, sin importar la geografía, encontramos lo mismo en todos lados”, afirma Emily May, confundora y directora ejecutiva de la organización estadounidense Hollaback!, que cuenta con antenas en medio centenar de ciudades en 25 países. Una macroencuesta de Gallup realizada en 2011 demostró que incluso en las llamadas economías desarrolladas, donde generalmente decae la criminalidad y la ciudadanía debería sentirse más protegida, la sensación de inseguridad en el espacio público sigue siendo mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres, con diferencias de percepción por géneros de más de 20 puntos porcentuales en lugares como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón o Alemania.

En el último lustro, algunos países, como Canadá, Bélgica, Perú, Chile y, recientemente, Francia, han empezado a implementar leyes específicas contra este tipo de agresiones. Pero, ¿qué impacto real tienen estas normativas? El país vecino aprobó hace un año su primera ley sobre acoso callejero, encuadrada dentro de una legislación más amplia contra la violencia machista. El texto castiga el “ultraje sexual” en el espacio público con multas de entre 90 y 750 euros -impuestas in situ por agentes que presencien la agresión-, y subiendo hasta los 3.000 euros en caso de reincidencia. En agosto de 2019, la Secretaría de Estado francesa de Igualdad publicaba las primeras cifras oficiales: más de 700 multas registradas en los primeros 365 días con la normativa en vigor, un dato ante el que las organizaciones feministas francesas se han mostrado, como poco, excépticas.

“A nivel simbólico está bien, pero creemos que la ley no fue bien pensada. El Gobierno consideró que imponer multas era una buena idea, pero para empezar no han formado a la policía, y además no puedes poner un agente en cada esquina”, advierte Agnès Volant, del colectivo Stop Harcèlement. La activista agrega que sería necesario dotarse de medios financieros para otros aspectos “igual o más importantes, como la educación o la formación”, que no están contemplados en la normativa.

Leyes que saben a poco

Las leyes contra el acoso callejero se han aprobado con frecuencia al calor de casos que soliviantaron a la opinión pública. En Francia se aceleró tras la publicación de un vídeo viral sobre la agresión a una joven, Marie Laguerre, después de que esta increpara al hombre que acababa de acosarla en plena calle. El agresor fue condenado a seis meses de prisión firme y Laguerre se ha convertido en un icono de la lucha contra el acoso callejero en su país. “La ley es buena para sensibilizar sobre el problema pero, yo al menos, no me siento más segura que antes”, explica a Pikara Magazine esta estudiante de Arquitectura de 23 años, recordando que desde que sufrió la agresión ha vuelto a enfrentarse en infinidad de ocasiones a estos comportamientos por parte de desconocidos en la calle. “La cifra de 700 multas es ridícula, ¡piensa en cuántas veces se producen este tipo de situaciones cada día!”, incide.

Retrato de Marie Laguerre. / Foto: Teresa Suárez

Si Francia es el último país europeo en tratar de poner coto a este fenómeno a través de leyes, Bélgica fue el pionero en el continente. El Gobierno belga aprobó 2014 una ley que las asociaciones feministas llevaban años demandando, a raíz del eco mediático del corto documental ‘Femme de la rue’, de la realizadora Sofie Peeters, donde se mostraba de forma gráfica lo que implica caminar por Bruselas para cualquier mujer: decenas de comentarios, improperios e incluso persecuciones. Cinco años después de la aprobación de ley, sin embargo, el balance que hacen las asociaciones feministas belgas es muy similar al de las activistas francesas.

En Bélgica, “ha servido para poner de relieve una realidad, la del sexismo ambiente; para disminuir la culpabilización de la víctima y la minimización del incidente cuando ella lo cuenta; y ha permitido que las mujeres se sientan más legitimizadas para protestar al tener a la Justicia de su parte”, concede Laetitia Génin, co-coordinadora nacional de la ONG feminista Vie Féminine. Pero “al aspecto represivo se le ha dado mucho más peso que a la prevención. La parte legal es importante, pero no es suficiente”, apunta.

Lo mismo denuncian desde Perú, primer país latinoamericano en castigar el acoso callejero con una ley aprobada en 2015. “En el momento, fue un gran avance político para un país machista como el nuestro, pero después se produjo el silencio en las instituciones y no se pusieron en marcha medidas concretas hasta este año”, critica Fiorella Ferrari, responsable de comunicación de la organización peruana Paremos El Acoso Callejero.

Pese a la distancia geográfica y cultural, las asociaciones feministas de países donde se han implementado este tipo de leyes ofrecen respuestas casi calcadas. Todas resaltan como beneficio la mayor visibilización de un fenómeno hasta entonces normalizado u oculto, pero lamentan la insuficiencia de medios financieros y de voluntad política para atajarlo, así como un enfoque excesivamente punitivista que en ocasiones puede acabar estigmatizando a sectores de la población ya de por sí marginalizados.

“Hemos comprobado que criminalizar este comportamiento no funciona para impedirlo necesariamente. En Estados Unidos (donde se han aprobado normativas antiacoso en algunos estados) y en otros países estas leyes se están aplicando de forma desproporcionada a personas de bajos recursos o gente de color”, apunta Emily May, de Hollaback!.

Las activistas denuncian que los casos de mujeres blancas acosadas por hombres racializados, con ejemplos como el documental de Peeters, la agresión a Marie Laguerre o los terribles sucesos en Colonia en Año Nuevo de 2015 han sido instrumentalizados como munición para el discurso xenófobo y antimigración. “Es muy fácil convertir en objetivo a un grupo concreto”, se indigna Marie Laguerre. “Me cabrea que se señale a la comunidad musulmana por este tipo de casos, que utilicen el feminismo para su propia agenda”, añade.

Más educación y menos criminalización

Las especialistas no se cansan de advertir que las políticas de prevención de este fenómeno aún son escasas y están poco exploradas. Al hablar de cómo combatir el acoso callejero, prefieren apostar por soluciones “culturales” frente a las de tipo penal, y exigen mayor inversión en educación, formación, concienciación desde las instituciones y visibilización en medios de comunicación, para cambiar la percepción social sobre este fenómeno considerado como violencia de baja intensidad, y que sin embargo sirve para cultivar y reforzar comportamientos machistas de mucha mayor gravedad.

La formación de los actores y organismos que deben implementar las políticas antiacoso es otra tarea pendiente. La capacitación de agentes de policía, que en muchos casos ni siquiera tienen conocimiento de la normativa, de la magistratura, de trabajadores sociales, de profesorado, así como de personas individuales que pueden actuar en caso de presenciar una agresión es fundamental para reducir el fenómeno: de hecho, una medida que se ha revelado efectiva han sido los talleres de formación en intervención para testigos de agresiones, sostienen en Hollaback!

Una mujer espera al transporte público en una zona del centro de París. / Foto: Teresa Suárez

El programa Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros, de ONU Mujeres, al que se han sumado una treintena de ciudades de todo el planeta, ofrecece un buen mosaico de iniciativas locales para combatir el acoso callejero. En lugares como Quito, Ecuador, se han creado dispositivos especiales llamados ‘Bájale el acoso’ en ciertas estaciones de metro para recoger denuncias de acoso sexual y dar apoyo a las mujeres que han sufrido abusos en el transporte; mientras, en Papúa Nueva Guinea o Rwanda se están creado asociaciones de mujeres comerciantes para construir espacios seguros en los que poder vender su mercancía. Las experiencias locales de aplicación de perspectiva de género en urbanismo han demostrado que con medidas simples un mejor alumbrado público o pequeños cambios en el transporte en común se pueden reducir las agresiones y aumentar la seguridad de las mujeres. Aunque se trata de proyectos de pequeña envergadura, dan una idea de las soluciones que pueden implementarse para empezar a cambiar la cultura del acoso.

Existen otras cuestiones por resolver, como la necesidad de pensar la cuestión desde la perspectiva interseccional. “Nosotras nos sabemos privilegiadas: somos blancas, pudimos ir a una universidad privada, etc. Pero estando en Perú, nos dimos cuenta de que no podemos perder de vista a las afrodescendientes, a las mujeres en zonas rurales, a las indígenas y, por supuesto, a las niñas”, sostiene Ferrari, recordando que las primeras situaciones de acoso callejero se viven entre los 8 y los 13 años. “Hay que descentralizar y tropicalizar cada realidad adoptando medidas adaptadas”, apunta.

En España, donde no existe legislación específica contra el acoso callejero a excepción de algunos artículos de Código Penal que lo tocan de forma tangencial, asociaciones como Levanta La Voz, que colabora con Hollaback!, han puesto en marcha diferentes actividades. Por ejemplo, los llamados ‘Paseos de tiza’ (con mensajes sobre el acoso en plazas y calles, muy coloridos, para concienciar a los viandantes), o talleres mixtos y no mixtos para sensibilizar y dar técnicas a las mujeres sobre cómo actuar desde una perspectiva interseccional. “No es lo mismo si te acosan siendo una mujer blanca en un barrio que una mujer latina o una transexual en otro”, explica Blanca Hernández, una de las portavoces de esta asociación.

“Mi rabia es legítima”

“El acoso callejero ha existido desde que existen las calles” y, sin embargo, cuando Emily May fundó Hollaback! hace casi 15 años “ni siquiera las activistas lo consideraban un tema prioritario en el combate feminista, a diferencia del acoso sexual en otros ambientes como el mundo laboral”, recuerda la activista.

Pero la percepción de este fenómeno, interiorizado como inevitable durante mucho tiempo pese a suponer un serio obstáculo a la movilidad y a la seguridad cotidianas, está cambiando a marchas forzadas. “Estas leyes pueden servir como barómetro social, mostrar la voluntad qué tipo de sociedad queremos construir”, considera May.

Todas las consultadas destacan lo evidente: que las mujeres se muestran cada vez más combativas en lo que respecta al acoso callejero. “Compartir experiencias, cuando no se ha hecho antes, ya es radical”, opina Blanca Fernández, de Levanta la Voz. Marie Laguerre, a la que su agresor lanzó un cenicero a la cara por gritarle “Ta gueule!” (en traducción libre, el equivalente a “Cierra la puta boca”), afirma que tras la agresión se sentía paralizada de miedo cuando alguien le decía algo por la calle, pero ahora ha vuelto a defenderse utilizando la misma expresión como grito de guerra. “Mi rabia era y es legítima”.

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