Vidalina también se llama victoria
Tras 12 años de lucha colectiva y comunitaria, El Salvador cuenta con una ley única en el mundo que prohíbe la minería metálica. La defensora Vidalina Morales narra los pormenores de una lucha que dejó cuatro asesinatos y en la que las radios comunitarias jugaron un papel fundamental.
Vidalina Morales, en Bilbao. / Foto: M.A.F.
Vidalina Morales relata una victoria. Durante una hora de conversación, detalla los más de doce años de lucha colectiva, comunitaria, que desembocaron en la aprobación de una ley contra la minería metálica en El Salvador. Una legislación, única en el mundo. Una victoria amarga, porque algunas compañeras fueron asesinadas por su activismo. Una victoria delicada, porque los cambios jurídicos para derogar leyes son mucho más rápidos que su construcción. Una victoria ejemplar, que le ha traído a Bilbao a exponer su ejemplo, a inspirar a otras, a demostrar que las resistencias pueden tener un final más o menos feliz y que las defensas de los territorios y de las vidas son también conquistas en sí mismas.
Es difícil resumir una lucha tan amplia en una conversación de bar, en una entrevista en la que las preguntas pierden importancia ante la exhaustividad de las respuestas. El diálogo se concreta después de que Vidalina Morales comparta mesa y protagonismo con Silvia Federici. La defensora salvadoreña ha dado numerosas entrevistas durante sus días en la capital de Bizkaia, donde vino de la mano de la oenegé Ingeniería Sin Fronteras, y siempre tiene algo nuevo que apuntar.
“Entendemos estas luchas también en defensa de nuestros cuerpos. El primer espacio para liberar es el cuerpo, que me pertenece y es mío. Y a este sistema no le es grato que una mujer se libere de toda esa imposición que históricamente nos han venido imponiendo y que nos imposibilita a salir a espacios públicos y a tener voz propia y a liberarnos de todas esas ataduras que nos impiden poder ejercer un verdadero liderazgo. Luchamos por liberar esos dos espacios: primero este cuerpo que es llamado cuerpo-vida y también el cuerpo-físico, que lo llamamos territorio”, suelta sin tartamudeo cuando la grabadora ya se había apagado al dar por finalizada la entrevista. Pero Morales aún tiene mucho que decir, porque parte de su victoria ha sido el aprendizaje y el unirse a la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras. “Buscamos estrategias de autocuidado, porque entendemos que nosotras como mujeres no somos espacios aislados de nuestros ecosistemas, de nuestros entornos. Con nuestras luchas estamos librando una lucha contra el patriarcado y contra el modelo machista”, añade.
Desde marzo de 2017, El Salvador cuenta con la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. “Nuestros agradecimientos póstumos a las personas que entregaron su vida por la lucha contra la explotación minera, (…) defendieron los recursos naturales y tuvieron el valor de denunciar que no beneficiaba a nuestro país”, dijo un diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido entonces en el Gobierno, tras la aprobación.
“No teníamos ninguna referencia de lucha exitosa y siempre creímos que nuestra lucha era de David contra Goliat, teníamos serias dudas de si se podía ganar. Pero fuimos creando nuestras propias estrategias y formas de lucha. La clave fue la articulación de espacios, la movilización continua y permanente y la organización de base comunitaria. Y las radios comunitarias tuvieron un papel relevante”, resume la defensora.
Todo empezó con el agua
Morales, que milita en la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), recuerda que conocer los impactos de la minería en el agua fue un despertar. Ahí germinó la resistencia, porque de inicio les faltaba mucha información. “¿Qué era eso de la minería?”, se pregunta. “Era algo tan lejano”, se responde, remontando su memoria a 2005.
Cómo podría afectar la actividad minera al río Lempa, uno de los más largos de Centroamérica y fundamental para gran parte de la población salvadoreña, fue el principal reclamo para generar conciencia social, interés y oposición al proyecto. De hecho, el lema ‘el agua vale más que el oro’ sirvió de empuje para la movilización social. “Les decíamos que la fuente de agua que les abastecía iba a secarse y que la que quedara iba a estar contaminada”, explica Vidalina Morales, quien insiste en la importancia de organizarse desde la base y de tener un objetivo político claro que deje de lado los protagonismos personales.
Siguiendo con el relato cronológico, Morales remarca la estrategia de la empresa minera Pacific Rim, a la que califica de perversa, de comprar a los medios de comunicación para hacer grandes campañas en las que alardear de las “bondades” de la minería. Pero a pesar de que pusieron mucho dinero sobre la mesa, no pudieron comprar a las radios comunitarias.
Las radios comunitarias, grandes aliadas
Marixela Ramos es comunicadora comunitaria en Radio Victoria. La lucha contra Pacific Rim la tuvo “en zozobra” durante doce años. En una reciente visita a Bilbao para hablar de alternativas organizativas frente a la destrucción de la vida, ha narrado el papel de la radio comunitaria en la lucha contra la minería. Su relato encaja con el de Vidalina Morales; son parejos e indisolubles: “Nosotras sufrimos intimidación por el hecho de hablar de la situación. Pero los otros medios no lo estaban diciendo porque habían llegado a un acuerdo. A nosotras nos llamaban ‘rebeldes’ porque llevábamos la contraria al desarrollo”.
Esa oposición y ese altavoz a través de las ondas fue imprescindible en la lucha comunitaria. “Con las radios comunitarias, la información fue llegando a otras partes del país y el tema se volvió de interés nacional. Entonces se articuló la mesa nacional frente a la minería y desde ahí decidimos apostarle a una ley”, explica Morales. El tema entra entonces en la agenda política y llega el momento del cabildeo.
“La empresa compra voluntades y genera una división en el tejido social”, lamenta la defensora salvadoreña. Esta ruptura social fue una piedra difícil en la lucha hacia la victoria. Luego llegaron las amenazas, la criminalización y los asesinatos de Ramiro, de Marcelo y de Dora, que estaba embarazada de ocho meses y venía del río, con un hijo de dos años, de lavar la ropa. Marixela Ramos también habla de Dora, recuerda que su último contacto fue con el río: “La dispararon en el vientre. Venía con el guacal en la cabeza y con su hijo en el regazo. ¡No se podía defender!”.
En este punto del relato, Vidalina Morales habla rápido, como queriendo evitar que esta parte de la historia no la rompa. “Que hubiera un Gobierno de izquierda [entre 2014 e inicios del año 2019, gobernó el país el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional] fue favorable porque no prestó su ejército para que nos reprimieran. La represión vino más por parte de la empresa. Cuando asesinan a Marcelo lo hacen con mucho profesionalismo, igual que con Ramiro. Eran asesinos a sueldo. Quien asesina a Dora no es cualquiera, porque lo hicieron a menos de 200 metros de un puesto policial; era gente muy profesional”, narra. Y habla de impunidad y de cómo solo se investigó el asesinato de Marcelo, por el que entraron en la cárcel los asesinos materiales, pero no los intelectuales. De las muertes de Dora y de Ramiro, nada. Impunidad.
“Nunca pensé en tirar la toalla o en dejar de luchar. Pero como seres humanos sentimos miedo y los momentos que más miedo me han generado es cuando asesinan a Dora, fue un momento muy difícil porque mandaron un mensaje: si hemos hecho esto a Dora, le puede pasar lo mismo a cualquier otra persona”, continúa Morales. Y recuerda también el asesinato, en 2012, del hijo de otra compañera. Aquí para y habla más despacio: “Para mí fue muy duro y ahí sí pensé un poco… Una siempre cree que le quitan la vida y que está finalizado todo, pero que te arrebaten la vida de una hija o un hijo… Yo tengo cinco varones. ¡Uf, no puede ser! Eso te hace pensar si seguir o no. Pero ese momento lo fuimos superando. Y empezamos a denunciar a la empresa”.
Litigios internacionales
Los derechos de explotación entonces habían cambiado de manos: Pacific Rim había vendido el proyecto a Oceana Gold. Antes, la primera compañía había demando a El Salvador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas Inversiones (CIDAI), parte de eso que algunos investigadores como Juan Hernández Zubizarreta tildan de “arquitectura de la impunidad”. “Entre 2008 y 2016, emprendimos una lucha intensa contra esta demanda. En 2016 fue histórico porque, por primera vez, este tribunal emite un fallo a favor del Estado y la empresa tiene que pagar ocho millones. Fue una primera victoria y ahí fue importante nuestra incidencia”, recuerda Morales, virando de nuevo la conversación hacia la alegría. Hacia la victoria.
El fin del camino estaba cerca. En 2017, la propuesta de ley dio su impulso final, gracias al apoyo de instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas o la Conferencia Episcopal.
29 de marzo de 2017. Esa podría ser una buena fecha para poner fin a la lucha de la comunidad de Santa Marta, a la lucha del departamento de Cabañas, a la lucha de ADES, a la lucha de Vidalina Morales, a la lucha de Radio Victoria. Pero no. “Hay que lograr que la ley tenga rango constitucional”, apunta Marixela Ramos, quien afirma que “los doce años de lucha han quedado en el cuerpo, donde hay dolor y duelos”.
Y no solo eso. “Ahora estamos divulgando el contenido de la ley, que es muy breve, para que las comunidades conozcan ese marco jurídico, porque la maldición más grande es tener minerales en nuestro país. Las empresas van a seguir mirando a El Salvador, queriendo incidir en los tomadores de decisiones, y se puede derogar esa ley en cualquier momento. El gran capital se mueve con mucha sutilidad y compra voluntades. Somos vulnerables ante la ambición de las grandes empresas que quieren explotar los recursos minerales que tanta demanda tienen en el gran mercado mundial para sostener estos modelos de desarrollo de estos países mal llamados ‘desarrollados’. Estamos en una lucha constante”, intenta cerrar Vidalina Morales con una sonrisa.
Pero sigue y habla del movimiento ambiental, de la importancia de que el marco jurídico corrobore que el acceso al agua es un derecho fundamental, de la lucha contra la privatización del agua, de la migración… “¿Cómo va la empresa privada a cuidar un bien público?”, se autopregunta sorprendida.
Leer más:
Artículos relacionados
Últimas publicaciones
