Pinta masiva de la Wiphala en la OEA. / Foto: Inés Giménez Delgado

A principios de octubre fueron las protestas sociales de Ecuador, a raíz del aumento del precio de la gasolina, articuladas en torno a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAI). Dos semanas después se dieron las movilizaciones de estudiantes en Chile, detonadas por la subida de hasta de 30 céntimos (alrededor de un euro) del precio del billete de metro en Santiago. Fueron rápidamente secundadas por una mayoría social golpeada por la desigualdad y la mercantilización de la vida y que fueron violentamente reprimidas por el Ejército, en medio de un toque de queda de hondas resonancias dictatoriales. A finales de octubre, fueron las manifestaciones por el resultado, y supuestas irregularidades, en el proceso electoral en Bolivia y la sublevación policiaco-militar contra Evo Morales, que acarreó su asilo político en México. El 21 de noviembre fueron las protestas masivas en Colombia contra el Gobierno de Iván Duque, cuyo conteo ya no se realiza por número de adhesiones, sino por número de heridos y muertos.

Todo esto se da en un contexto regional, en el que, de los gobiernos que formaron parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, (Ecuador, Argentina, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y la siempre resistente Cuba) tan sólo queda Venezuela, asediada por una crisis humanitaria que se refleja, según cifras del ACNUR, en más de cuatro millones de personas refugiadas a mediados de 2019. Primero hubo un viraje a la derecha por la vía electoral: Macri en Argentina (2015); Sebastián Piñeira, en Chile (2017); Iván Duque, en Colombia (2018); Jair Bolsonaro, en Brasil (2018), pero, como muestra el regreso peronista en Argentina del pasado 21 de octubre, este viraje no pareció sostenerse electoralmente largo tiempo.

Los poderes geo-económicos y las oligarquías locales, que además de utilizar la fuerza, el terror y la violencia en el control social, están logrando concitar bases sociales desclasadas bajo un proyecto individualista, clasista, racista, misógino y religioso. Y lo están haciendo enmascarando, bajo el miedo, el hecho de que los recortes neoliberales y las políticas de mano dura resultan contraproducentes para frenar la violencia y la precariedad.

Los gobiernos “de izquierdas”/ los gobiernos “de derechas” en América Latina

Los esquemas políticos pos-ilustrados de los siglos XIX y XX no nos sirven para explicarlo todo pero sí explican algo. Entroncando con la historia, cabe decir que el proyecto histórico de las izquierdas en América Latina se vincula a la defensa de la soberanía frente al imperialismo estadounidense, a un Estado laico, a la reivindicación de la memoria de los pueblos, a la primacía de los poderes civiles frente a los poderes militares. Mientras tanto, el proyecto histórico las derechas se vinculó al ejercicio oligárquico y clientelar, basado en la superexplotación de la fuerza del trabajo, el extractivismo y la colusión de lumpen-burguesías con poderes económicos transnacionales imperialistas (primero de Europa, después de Estados Unidos) y a la fusión de poderes religiosos con el Estado. Particularmente durante las dictaduras militares, aunque no solo, hizo de la desaparición forzada, la tortura, el encarcelamiento, la muerte y el exilio de los considerados, desde parámetros de seguridad nacional, como “enemigos internos”, una estrategia de aniquilamiento y control.

En el ultimo cuarto del siglo XX, irrumpieron en los proyectos de izquierda latinoamericana la visión, la voz y el ejercicio político asambleario de los pueblos indígenas y la necesidad de transformar un ejercicio patriarcal del poder, porque lo cotidiano es político. En los proyectos de derecha se incrementaron las dinámicas de acumulación y el ritmo predatorio de la naturaleza gracias a la aceleración tecnológica. El progreso, el mercado, el beneficio utilitarista, la libre competencia y el individualismo se fueron incrustando como valores de clase transnacional, y se fue actualizando la mirada racial de la blanquitud. Este ya no se expresa solo en patrones “genéticos” (¡aunque lo genético está de vuelta!) sino en una forma de discriminar formas y sentires. Esto permite generar regímenes de ciudadanía diferenciados, que justifiquen la violencia y la expulsión de aquellas poblaciones que “sobran” y “son exterminables” porque lo que desean las empresas son los recursos sobre los que se encuentran paradas (tierra, agua, bosques, minerales, gas, hidrocarburos…) y ya no tanto la fuerza de trabajo local (que cada vez tiene menos sentido sobre-explotar pues los robbots pueden absorver las tareas más mecánicas).

Bolivia y su entorno

Bolivia fue, con la Asamblea Constituyente de 2006, uno de los epicentros del tsunami político latinoamericano. Tras décadas de gobiernos autoritarios y tecnocrático-neoliberales elaboraba una Constitución que no sólo reconocía un Estado plurinacional, sino también abría espacio a otros derechos, como el derecho de la naturaleza. Además, cuestionaba los sistemas geopolíticos para el control de las naciones del sur: en particular el regimen internacional de control de drogas que sancionaba la hoja de coca como una droga, cuando era medicina, alimento y práctica ancestral de los pueblos. Bolivia hizo estos cambios a ritmo de Pachakuti y con el entusiasmo de décadas (o siglos) de lucha, a veces en lo profundo del Ayllú, otras en las calles de Cochabamba y de La Paz, donde se libraron las llamadas guerras del agua (2003) y del gas (2005) contra los intereses de corporaciones internacionales.

En su momento, este nuevo orden tuvo que enfrentar los intereses de los departamentos de la Media Luna (Santa Cruz, Beni y Pando), los más enriquecidos del país y donde se agrupaban los intereses de una burguesía que veía limitado su poder y que trató, por la vía de referéndums, de validar su autonomía. Ya en ese tiempo, el Comité Cívico de Santa Cruz (donde actualmente milita el ultra derechista Luis Fernando Camacho) fue muy activo. Ante la injerencia en sus asuntos internos, Bolivia expulsó a algunas de las agencias estadounidenses del país, en particular a la Administración para el Control de Drogas (DEA) y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), mientras fortalecía mecanismos regionales latinoamericanos, como el ALBA, la UNASUR o la Comunidad Andina (CAN).

Pinta masiva de la Wiphala en la OEA. / Foto: Inés Giménez Delgado

Estados Unidos, en alianza con oligarquías locales, no estaba dispuesto a perder su ascendencia en la región. En países históricamente aliados, como Honduras, contribuyó directamente al golpe de estado militar de 2009, cuando un presidente de la elite bipartidista, se les salió del cordel y quiso aplicar políticas sociales dentro del bloque ALBA. Este golpe de Estado después sería fácticamente avalado por Organización de Estados Latinoamericanos (OEA), quien propició el “diálogo” y unas elecciones mientras continuaba el terror, la vigilancia, la persecución, desaparición forzada y asesinato de líderes sociales. En países clave por sus recursos energéticos, como Venezuela, Estados Unidos no sólo estuvo detrás (a través de financiamiento y labores de think-tank) del intento de golpe de estado de 2002, sino también de la desestabilización económica, de bloqueos de calles y barricadas y de la creación de narrativas mediáticas para poner en jaque al proyecto bolivariano. Aunque pueda sorprender a nuestras mentes domesticadas por netflix&cia, estas operaciones tienen nombre y algunas de ellas son públicas, Operación Freedom1 y Operación Freedom 2.

Mientras tanto, la estrategia gubernamental en Bolivia pasó por impulsar el crecimiento del PIB. Esto le sirvió al Gobierno de Evo Morales para mostrar ante agencias financieras internacionales que el MAS [Movimiento Al Socioalismo, el partido de Morales] sabía hacer las cosas a la “manera occidental”, cumpliendo con el desempeño capitalista, pero distribuyendo entre la población ingresos del desarrollo. En otros países como Chile, esta distribución, solo se planteaba a través del supuesto efecto “chorreo” neoliberal (trickle down economics), traducido en especulación y deudocracia: hasta las cuentas de la compra semanal de 20 dólares se pagaban a plazos.

El desarrollismo del Gobierno del MAS, basado en una política extractivista, le supuso a Evo Morales su relación con muchos movimientos indígenas de base que habían contribuido a colocarlo donde estaba. Las tensiones y rupturas entre lo comunitario-indígena y lo campesino-estatal fueron evidentes en la construcción de la carretera en Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), o la expansión de la frontera agraria a través de la colonización y parcelación privada de tierras, para la producción parcelaria y a gran escala de monocultivos como la quinua o la soya. Esto quebró el pacto de unidad entre sindicatos campesinos y confederaciones indígenas en el año 2011, y fue alejando representaciones indígenas comunitarias del Gobierno del MAS.

Lo demás sale en titulares en estos últimos días: cuando Evo Morales se presentó a referéndum en el año 2016 para validar su cuarta elección, el resultado fue negativo. Tras el aval del Tribunal Electoral, sí pudo presentarse legalmente a elecciones en 2019 pero con una legitimidad mermada al interior de sus anteriores bases indígenas y campesinas. Poco después, movimientos de ultraderecha, como el Comité Cívico de Santa Cruz, cuestionaron las elecciones en su conjunto. Una auditoria de la OEA señaló ciertas irregularidades en el proceso y fue amplificada por la oposición y sus medios. En medio de protestas, la policía y el Ejército le dieron la espalda al MAS, y el que fuera presidente de Bolivia salió del país, junto con el ex vicepresidente, Álvaro García Linera, en un periplo narrado por el canciller de relaciones exteriores de México.

Las estrategias de derecha y los poderes fácticos

Y es aquí donde los gobiernos de izquierda latinoamericanos quizá debieran aprender que el alejamiento entre la presidencia y los movimientos populares desproveen a las políticas estatales de fuerza y capacidad de resistencia ante el avance e intereses de las fuerzas vivas de la derecha. Esto también pasó en otros países: en Ecuador, con Rafael Correa; en Argentina con Cristina Kirchner o en Brasil, con Lula da Silva; donde el desarrollismo extractivista, en detrimento de desarrollo territorial, también fue uno de estos puntos de quiebre. Además, en la región creció una subjetividad consumista, identificado por algunos analistas y políticos como Frei Betto o René Ramírez Gallegos (quien fuera parte del Gobierno de Rafael Correa en Ecuador) así: el bienestar objetivo creciente de clases-medias bajas impulsado por gobiernos de izquierdas fue generando la sensación de que la mejora en las condiciones de vida era gracias a logros personales (no a políticas sociales) que podrían fructificar y satisfacer sus deseos de consumo en los proyectos históricos neoliberales.

Quienes encarnan proyectos históricos de derechas en la región fueron elaborando una serie de estrategias para ir ganando el espacio social, no sólo a través de la fuerza y el terror, sino también a través de la erosión de la legitimidad de sus opositores y de la construcción de nuevos espacios de adherencia. Se fue propagando un discurso crecientemente xenófobo, misógino, amnésico, individualista y neoliberal. Esto lo hicieron incorporando a muchos poderes fácticos a su estrategia de rearticulación: Ejército, medios de comunicación, el poder judicial, las iglesias y los sectores empresariales, que han servido para impulsar lo que ya se conoce en la literatura política como “golpes de estado blandos”, que bajo el golpe de los fierros o las consecuencias para la vida, no suelen tener nada de blandos.

Ejército

Las fuerzas armadas en América Latina, en la década de 1960-1970 fueron educadas en la Escuela de las Américas, Fort Benning, Georgia. Aunque algunas de ellas implementaron algunos cambios, no hubo una transformación profunda de las mismas. Profundizaron su dependencia de la éjida estadounidense, a través de la “asistencia” en materia anti-narcóticos, pero también a través de la compra de armamento y consiguiente entrenamiento. Es lo que algunas, como María José Rodríguez Rejas, han llamado “la norteamericanización de la seguridad”.

Poder judicial – o Lawfare

Bajo gramáticas de anti-corrupción y transparencia, los sistemas judiciales latinoamericanos se reformaron para emular el sistema jurídico estadounidense y miembros del poder judicial de muchos países latinoamericanos se fueron educando en escuelas de derecho en Estados Unidos. Esto le ha servido a la derecha para impulsar lo que se conoce como Lawfare o “Guerra judicial”: “El uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, el uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial” y que ha servido para armar casos discrecionales y sólo contra adversarios políticos. Fue aplicado, por ejemplo, en Brasil, primero para armar el impeachment a Dilma Rousseff  y después para impedir que Lula da Silva se presentara a elecciones bajo acusaciones de corrupción en el caso Petrobras, cuyos accionistas ahora tejen ahora nuevos negocios. En estos casos, los medios de comunicación más influyentes se hicieron eco de los procesos judiciales, reproduciendo verdades a medias y acusaciones que no habían sido probadas.

Medios de comunicación

La esfera mediática ha sido un campo de disputas histórico. La diferencia entre las estrategias mediáticas del pasado y las del presente no es sólo la velocidad sino también la atomización y la fractura de la información: cada sector social podemos instalarnos cómodamente en nuestras creencias, informándonos de opiniones que las refuerzan y que no necesitan ser comprobadas asumirse acríticamente. La estrategia de la derecha en estos ámbitos, la llamada “posverdad”, tiene como objetivo sembrar la duda y el odio, sin importar que lo dicho mil veces de forma orweliana sea cierto o no. Su fin, erosionar la imagen de proyectos de oposición, para edificar la imagen de un supuesto salvador sobre sus ruinas. En las redes sociales los movimientos sociales de derecha también propagan un discurso de indignación; y se apropian de conceptos como “resistencia”, “rebelión popular” o “revolución”, históricamente construidos desde la izquierda y hoy utilizados también en aras de un proyecto de mercado neoliberal. Este es el caso, por ejemplo, de una ultraderecha youtuber en Brasil, uno de cuyos máximos influencers, negro y de las favelas, trae un proyecto que carga con bilis contra las cuotas raciales para becas escolares, la interrupción del embarazo o las personas LGTBTI.

Corporaciones empresariales y derechos humanos

La extrema derecha latinoamericana no duda en proclamar un orden social conservador, desdeñando los derechos humanos como “una práctica para la defensa de criminales”, el feminismo como una “ideología de género” o el estado laico como una imposición de la modernidad. Mientras tanto, las corporaciones internacionales van incluyendo discursos de derechos humanos, transparencia y sostenibilidad en su imagen pública: bajo discursos de “responsabilidad social corporativa” y certificación climática enmascaran la contaminación de mantos acuíferos y cuencas, la devastación de la biosfera o la destrucción social.

En la Organización de Estados Americanos (OEA), la palabra “democracia” se instaura como un significante vacío y el “fraude” como un dispositivo que legitimó el golpe de estado en Bolivia. Poco antes, la OEA había vinculado las movilizaciones sociales espontáneas en Ecuador con las dictaduras bolivariana y cubana, todo un viaje en el tiempo a lo más oscuro de los 70.

Iglesias evangelistas

Ante la violencia, la miseria y la falta de horizontes, se implanta el canto para redificar el sufrimiento. Esto lo supieron muy bien aquellos que propugnan, a través de iglesias evangélicas nacidas de sectas norteamericanas, un nuevo orden corporativo basado en la fe, la moral, la familia, el dinero y el individuo que se supera a sí mismo. “Me abandonaron, me golpearon, me violaron, pero hoy me encomiendo al señor. Amen”. En algunos casos, como en Brasil, este orden entronca directamente con expresiones militaristas; en otros casos, como en Chiapas, tuvieron profundas conexiones con el paramilitarismo. En el golpe de estado de Bolivia se está cumpliendo un papel justificatorio y de usurpación simbólica: en donde estaba la pachamama se instaura la cruz.

De ahí que debamos calibrar las miradas. Ante el escalofriante proyecto estadístico-extractivista y clasificador de nuestros tiempos (por raza, género, expectativas o ideología) que sirve para justificar un orden de ciudadanos de primera y de segunda, y la agudización de las diferencias sociales y económicas, necesitamos con urgencia otros guiones, imaginación política para anticipar el terror e historias que son necesarias, como diría Dona Haraway, para nutrir el arte de habitar un planeta dañado. Luchar, como dijo Jacinta Francisco Marcial, en una frase hoy retomada por las feministas chilenas, “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

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