Imagen anónima de las calles de Barcelona. Fuente: Grup de Suport a Presxs de Lleida

“A veces pues vivo encerrada en pasillos delirantes con enormes salas de estar donde me siento a leer sueños, hasta que cantan mi número por un altavoz”

Patricia Heras, del poema Despistes III

Las cárceles son un polvorín. De hecho, ya lo son hace tiempo o mejor desde siempre; ninguna sorpresa pues, que ahora lo sean más todavía. Las de mujeres, como vamos denunciando y explicando una y otra vez, están en condiciones incluso más precarias, más injustas, más discriminadas que las de los hombres. Las instituciones cerradas y totales, como denominamos las sociólogas, y las personas que están recluidas (en residencias de ancianos, centros de menores, internados y cárceles) son, hoy por hoy, los grupos más vulnerables ante todo lo que está pasando. Lejos de los contactos con familiares, de las amistades, de su entorno habitual. Ahora, además, cumpliendo más normas que nunca, viviendo un doble confinamiento con restricciones de todo tipo y aisladas cuando no se siguen las normas.

Ha sido una mujer presa, Denis, de 78 años, en la prisión de Madrid VII-Estremera, la primera víctima mortal del Covid-19 entre la población reclusa de las cárceles del Estado.  De unas 60.000 personas privadas de libertad, aproximadamente, en todo el reino de España, un 7%, son mujeres. Específicamente, 4.322 mujeres, según Tres días en Wad Ras, el programa de Évole, emitido en La Sexta el 8 de marzo. Día de marcha y lucha feminista donde se suele gritar: “No estamos todas, faltan las presas”, aunque a veces parece sólo una proclama porque su apoyo no acaba de estar del todo en la agenda feminista. Aunque, todo hay que decirlo, es la única que de vez en cuando la tiene presente. Son grupos feministas radicales y/o anarquistas los que suelen organizar marchas a las cárceles de mujeres para visibilizar su situación, como las que se hizo antes del 8 de marzo a la cárcel de Wad Ras, en Castellón. Fue justo antes del estallido de la pandemia en Catalunya cuando las presas de Wad Ras hablaron por televisión. Unos días después, en la misma prisión, estalló también la “revuelta”. Y tenía que ser una mujer presa, también, la primera persona muerta en las prisiones. Quizá es casualidad, puede que no. ¿Y tenía que ser en los módulos de mujeres de Wad Ras, visibilizados en la televisión una semana antes, donde se iniciara una huelga de hambre? Coincidencias.

Las informaciones sobre qué está pasando en el interior de las prisiones, tanto en Països Catalans como en todo el mundo, están llegando a través de las redes sociales y de algunos diarios alternativos que empiezan a hacerse eco: cómo se organizan las personas encarceladas para reclamar derechos; todas las dificultades que se tienen en este periodo de pandemia; los motines, los disturbios, las protestas, las huelgas de hambre, las fugas, las muertes; los manifiestos de apoyo o concentraciones fuera de los centros para apoyar cambios de las políticas penitenciarias y penales y también la autogestión de las propias presas y presos que se están coordinando para poderse proteger activamente entre ellas y entre ellos. Algunas fomentando radios para comunicar sus demandas o haciendo brigadas de limpieza y de comidas para disminuir los contactos con el funcionariado. Resistencias en prisión, demasiado a menudo olvidadas.

A raíz de la pandemia, ha muerto una mujer presa, pero también un funcionario de la prisión de Alicante I, en Fontcalent. 111 funcionarios/as y 7 internos/as han dado positivo en coronavirus en el sistema penitenciario español. 245 presas/os y 870 funcionarios/as están en cuarentena; en Catalunya, 48 internas/os y 43 funcionarias/os han dado positivo. Estos datos, un baile de cifras, son las oficiales, los que salen en los medios, pero se comenta que las reales son muchas más, como suele ser habitual. Ante ello, en Catalunya: huelga de hambre en Wad Ras, huelga de hambre y motín en Brians I; y en el resto del Estado protestas y motines en la prisión de Fontcalent, Soto del Real, Ocaña, Picassent y seguirán.

¿Qué quieren “ahora” las presas en este momento tan difícil para toda la población? ¿Qué reclaman? La huelga de hambre de algunas mujeres presas en Wad Ras, que comenzó a mediados de marzo, busca denunciar la prohibición de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de todas las visitas familiares a los centros penitenciarios del Principado, tanto de los vis a vis, como las visitas a través de los cristales (los locutorios). Pero no solo: cuando comenzaba la huelga de hambre, una de las mujeres presas en Wad Ras ya tenía el virus del Covid-19 y no había sido aislada, otras tenían síntomas y no les hacían, y siguen sin hacerles, las pruebas pertinentes. El funcionariado no tenía mascarillas y guantes. Regía la suspensión de las visitas familiares, con todo lo que ello implica, pero además no había ordenadores en las cárceles, ni teléfonos celulares, ni mecanismos que permitieran ingresos desde el exterior para hacer llamadas y otros gastos.

En Wad Ras, y seguramente en otras cárceles, sigue faltando material de protección; no hay suficientes comunicaciones con los familiares; las cartas tardan más que nunca en llegar; los talleres productivos han cerrado; las actividades lúdicas se han reducido; no hay suficientes espacios para poder aislar los casos de personas positivas de la coronavirus. Para hacer la cuarentena, como en todos los casos extramuros en que es necesaria, el aislamiento debe hacerse en instalaciones médicas y no en una celda. Además, se han suspendido las salidas programadas y la entrada de voluntariado; se están aplazando las juntas de tratamiento que deciden si se puede acceder a beneficios penitenciarios, a permisos o progresiones de grado. Es decir, se aplaza el cumplimiento de derechos esenciales de personas privadas de libertad, a través de simples decisiones administrativas, muchas veces ni siquiera escritas. También se están posponiendo juicios, con lo cual muchas mujeres ven peligrar su libertad y otras que están en situación de preventivas. En Wad Ras, la mayoría está a la espera de un juicio. No saben cuándo se celebrará.

Las mujeres presas de Wad Ras, en huelga, pedían no tener contacto con la mayoría de los tutores, tutoras y funcionarias. Esta era la reclamación central. Además se pedía que se les obligara a ponerse mascarillas y guante a las trabajadoras, las personas que más pueden contagiar y transmitir el virus dentro de las cárceles porque entran y salen cada de la prisión.

El contacto con el exterior, con la familia, con las amistades, con el “afuera” es una “medicina” cuando una está presa y encerrada. Hace más de un siglo que esto se sabe desde la investigación científica en el ámbito de la criminología crítica y la psicología clínica y forense, pero con un golpe de pluma, por la cara, se lo han cargado. Con protección y seguridad, ¿porque no pueden las familias visitar de alguna manera a sus presos y presas?,¿O no se va a la farmacia y, a través de un vidrio, nos pasan la medicación, si es necesario? ¿Por qué no se habilita la tecnología, aunque sea, para poder virtualmente visitarse? ¿No hay ordenadores en las cárceles? Me dicen que gracias a las reclamaciones de las entidades de Derechos Humanos, algunas cárceles ya lo hacen. ¿Cuáles son? ¿Porque no lo hacen todas?. En otros países, se están repartido celulares a las personas encarceladas de algunos centros para que puedan estar en contacto con sus familiares mientras dure la emergencia sanitaria. Dicen que en Catalunya se han repartido unos 230 aparatos y en el reino de España, unos 250; pero claro, no es suficiente. Los números cantan. La población reclusa asciende a 8.274 personas en Catalunya y ya hemos dicho que hay más de 60.000 personas en las cárceles españolas ¿Por qué no han llegado a las cárceles de mujeres? Las mujeres de Wad Ras reclaman que se habiliten vídeoconferencias de 15 a 20 minutos con el compromiso de gestionarlas ellas; más alternativas para pasar mejor el tiempo en el interior de los centros teniendo en cuenta todas las limitaciones que está comportando la coronavirus; posibilidades de clases de escuela online, mayor utilización del gimnasio, más tiempo libre en el patio y que, ya que se les han facilitado más llamadas telefónicas, dinero para poder hacerlas.

La huelga de hambre de Wad Ras también ha conseguido que el funcionariado se pusiera, al cabo de unos días, mascarillas y guantes y que se facilitase un número de cuenta para hacer ingresos desde el exterior. Ya han aislado algunas mujeres con coronavirus o por tener síntomas, pero falta información sobre la situación que viven todas ellas. Las mujeres sufren por saber cómo están sus compañeras.

Las mujeres de Wad Ras reclaman que las que están a espera de juicio puedan tener medidas alternativas fuera de la prisión; que las extranjeras tengan la opción de retornar a sus países; que las mujeres clasificadas en segundo grado con permisos aprobados tengan la posibilidad de volver a sus domicilios con medidas telemáticas; que a las que tienen más de la mitad de la condena cumplida o las que tienen enfermedades con patologías graves se les den indultos; medidas telemáticas o libertades condicionales; y que parte del funcionariado del centro (una tercera parte de la plantilla ya está de baja) continúe trabajando para no retrasar las fechas de revisiones de grado y los permisos de salida.  Especialmente en el caso de las madres para que puedan estar más tiempo con sus hijas e hijos.

Debería también decretarse la libertad y/o el confinamiento domiciliario a las personas clasificadas en tercer grado o a las que lo están en segundo grado y salen a trabajar o a hacer voluntariado, como es el caso de las presas políticas Carme Forcadell y Dolors Bassa. Según recomendaciones de la OMS, deberían progresar directamente a tercer grado con el fin de aplicarles la medida de semilibertad.  Esta progresión de grado, con el correspondiente confinamiento domiciliario, ya se ha hecho en algunos casos por parte de algunas juntas de tratamiento de prisiones de Catalunya, y en algunas otras del Estado. Pero, desgraciadamente, no a las de Mas d’Enric, Puig de les Basses y Lledoners, porque allí están, respectivamente, “ellas y ellos”, presas y presos políticos por la lucha en defensa de los derechos del pueblo catalán. Recientemente, algunos presos políticos sí han podido salir para trabajar en tareas remuneradas. Las mujeres presas hacen trabajos como voluntarias y en tareas de cuidado.

Además, según el Tribunal Supremo, si el funcionariado quisiera autorizarlo en todos estos casos podría incurrir en un delito de “prevaricación”. Por tanto, entre las amenazas de represalias y para no sentar ningún precedente, la “solución” de las juntas de estos centros ha sido solo aceptar algunos casos. Claramente y sin embudos, sin transparentar una argumentación coherente. No puedo más que inquirir que se trata de penalizar todavía más a todas ellas y, además, a su entorno cotidiano más cercano en el interior de la prisión. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué otro sentido más allá del castigo, la venganza y la retribución como función de la pena de prisión por los presos y presas políticas catalanas? Estamos, otra vez, volviendo cien años atrás.

Ninguna de estas medidas y propuestas puede ser considerada descabellada. Menos aún, si recordamos que la gran mayoría de mujeres están condenadas por delitos menores contra la propiedad, relacionados con el microtráfico de sustancias estupefacientes de consumo o uso abusivo. Uso no permitido por las mismas autoridades sanitarias que exigen evitar la concentración de personas, aunque las fuerzan, a la vez, a la convivencia masificada y concentrada con otros cientos de personas. Delitos que, en general, no implican ni el uso de la violencia, ni crean alarma o riesgo social. Como bien se afirma en el manifiesto de las compañeras feministas y de entidades de derechos humanos de Ecuador que piden la excarcelación de las mujeres presas (“Es justo liberarlas”), se trata de delitos fruto de la pobreza, propios de infractoras descartables para las mafias y redes de narcotráfico. Muchas de ellas no delinquirían si existieran verdaderas alternativas laborales. Viven masificadas en las cárceles y la mayoría han sido separadas de sus criaturas que acaban viviendo en la precariedad, arrimadas en sus propios grupos familiares o institucionalizadas en centros y, por tanto, todas ellas debilitadas por la privación del vínculo materno que constituye el modelo dominante del cuidado en nuestra sociedad. Por eso mismo, también la OMS insta a priorizar las medidas alternativas a la pena privativa de libertad para las mujeres con hijas e hijos dependientes.

Lejos de construcciones teóricas o mera retórica, las medidas propuestas son del todo viables en la práctica, como demuestra el hecho de que están siendo aplicadas por varios países del mundo. Francia, Italia, Alemania, Turquía y Argentina, entre otros, están excarcelando cada día más personas por motivos de la crisis sanitaria. De igual forma, todas las medidas se podrían aplicar de una u otra manera en las cárceles catalanas o españolas, tal y como han reclamado muchas entidades de derechos humanos, como Acope, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el Colectivo Cassandra, grupo de apoyo de presos/as de Lleida, el Colectivo de apoyo a Mujeres Presas en Aragón, Salhaketa, el OSPDH, Irídia, la Coordinadora de Barrios o Familiares de presos en Cataluña, entre muchas otras. Han hecho comunicados para reclamarlas y denunciar que ni en España, ni en Catalunya, se está actuando conforme a los criterios recomendados por la OMS o el Consejo de Europa para afrontar la crisis de la concentración de personas en las cárceles a raíz de la pandemia. También, desde otras perspectivas, como la de los sindicatos de funcionarios de prisiones en Catalunya y en España, se está denunciando la mala gestión de la pandemia en las cárceles y su poca participación en las decisiones que se han ido tomando: piden más personal, más equipos de protección y más tests de detección del virus para controlar la enfermedad.

Pero, ¿cuál fue la primera reacción de nuestra administración penitenciaria con la huelga que nos planteaba todo esto? Aislar sus “lideresas” y cambiarlas de prisión. Las presas querían lo mismo que todas: protección, seguridad y, sobre todo, una dosis mínima de humanidad que las haga sentir que también son personas y que las tenemos que cuidar; facilidades para que no se pueda transmitir el virus por parte del funcionariado; distanciamiento social, pero no aislamiento vincular. Es necesario actuar decididamente contra esta ceguera, no sólo para dar cumplimiento a los derechos de las personas privadas de libertad, sino también para el bienestar del conjunto de la sociedad. Pensar y repensar, en cada contexto y realidad y desde un posicionamiento crítico y feminista, que es lo que se puede hacer. Pedir mecanismos de inserción residencial extramuros inmediato de  muchos de los colectivos encarcelados. Esto no sólo contribuirá a proteger la vida de muchas personas presas, sino que también disminuirá la masificación en las cárceles y creará una situación mucho más adecuada y segura para la población encarcelada y para el propio funcionariado. A la vez, se debe aplicar un plan serio de protección sanitaria y hacerlo público y transparente para que la ciudadanía tenga constancia.

El sistema penitenciario no cuenta, hoy por hoy, ni con los recursos ni con el personal sanitario suficiente para hacer frente al desafío que supone esta pandemia en las cárceles. Sin embargo, el Estado está obligado a proteger las vidas de las personas privadas de libertad y si no actúa de manera urgente para reducir la población, y mejorar las condiciones sanitarias de las cárceles para la pequeña parte de personas que tengan que estar recluidas, podemos estar condenando a muchas otras a la enfermedad e incluso a la muerte. Como se está haciendo por parte de muchos gobiernos del mundo, Catalunya, su sociedad y su gobierno –que tiene competencia exclusiva en políticas de ejecución penal– tenemos el deber de ingresar y contener comunitariamente en lugares sin masividad convivencial –como los hogares familiares–, a la mayor parte de personas presas, para reducir la concentración de personas en un mismo espacio físico cerrado y contener así la principal causa de la expansión del Covid-19 en el territorio.

Es necesaria la solidaridad social con todas las personas encarceladas en los centros penitenciarios de Catalunya y de todo el Estado español, escuchando sus demandas, exigiendo a la administración competente que así lo haga, habilitando los mecanismos de mediación para canalizar sus reclamaciones de manera transparente y clara, incluyendo el conocimiento de lo que está pasando en todos los centros penitenciarios, sin olvidar los de mujeres, el reconocimiento de sus especificidades y de los vínculos que las atraviesan.

No todas las cuarentenas de distanciamiento social son iguales. Reducimos la desigualdad de la coronavirus y hagámoslo ya.

Nota: Este artículo es una nueva y reducida versión traducida al castellano del texto en catalán de la web de Ca la Dona (15 abril 2020)

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