Foto: Miguel Virizuela – Hordago

En la calle y desde los balcones, seguimos recogiendo muchos testimonios de maltrato policial que están llegando a un nivel muy preocupante. Por si esto fuera poco, las policías han emprendido una auténtica persecución contra vecinos y vecinas que vienen denunciando estos hechos o que salen a los balcones a recriminar actuaciones violentas contra ciudadanos y ciudadanas indefensas.

De esta forma, estas dos semanas hemos recibido el testimonio de decenas de personas que han visto cómo las policías han acudido a sus viviendas, las han identificado y han tomado actas de denuncias y posibles multas alegando obstrucción a la actuación policial, insultos, injurias con publicidad, difusión de imágenes… casi siempre de forma amenazante, con falsas acusaciones y siempre avisando de que tengan cuidado porque, como pueden comprobar, les tienen controlados… Se han dado casos de la entrada de policías en un domicilio cerrando la puerta y amedrentando a sus habitantes. E, incluso, se ha abierto alguna actuación de carácter penal.
Todo ello por salir a los balcones y defender los derechos humanos de todas las personas. Por ejercer su responsabilidad ciudadana alertando de actuaciones injustas y violentas, por mostrar la solidaridad hacia otras vecinas y vecinos que son continuamente vejados y maltratados.

Se han llegado a organizar, como ha pasado esta mañana, auténticas redadas policiales con decenas de agentes y de coches, tanto de la Ertzaintza como de la Policía Municipal, sembrando mucho temor en el vecindario y generando una situación de acoso y alarma.
Creemos que estas actuaciones responden claramente a una política de amedrentamiento de la población y, especialmente, de venganza frente a las denuncias que se han hecho públicas, acosando, persiguiendo, multando e incluso iniciando procedimientos judiciales a personas que, supuestamente, han grabado imágenes de maltrato policial o han salido al balcón para defender los derechos humanos.
Esta situación era desgraciadamente previsible, tras los comunicados amenazantes que dos sindicatos de la Ertzaintza emitieron tras los hechos relatados y la apertura de una investigación interna en el cuerpo policial. Todo ello nos lleva, una vez más, a preguntarnos en manos de quién se confía la seguridad de la ciudadanía, especialmente en situaciones de alarma social como la que vivimos en esta coyuntura, en la que se aprovecha para dejar impunes actuaciones autoritarias, de control social, de maltrato hacia las personas en situación de mayor vulnerabilidad y de amenaza contra quienes expresamos nuestra solidaridad hacia ellas.

Ante esta situación, demandamos:

1. Un posicionamiento público, así como la comparecencia en su correspondiente sede institucional, de la consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, así como de la concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, Amaia Arregi, para que den cuenta de esta grave situación creada en el barrio de San Francisco y de sus iniciativas para revertirla.

2. Al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco y al Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, que ordenen el cese de toda actuación contraria a los derechos humanos, de carácter racista o amedrentadora. Que investigue dichas actuaciones, implemente medidas preventivas y sancionadoras si fuera necesario.

3. A la jefatura de la Ertzaintza, que haga público el desarrollo de la investigación interna en relación a la actuación denunciada del 29 de marzo, y que la extienda a todo el dispositivo policial en nuestro barrio y, especialmente, a aquellas actuaciones que responden claramente a un abuso de la autoridad y de amenaza hacia la ciudadanía.

4. Al Ararteko y a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que amparen al vecindario, a las personas que están sufriendo maltrato y abuso policial, así como a las personas que están alertando de estas actuaciones y están siendo amenazadas y denunciadas.

5. Hacemos un llamamiento a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y, en general, a la ciudadanía, para que denuncien estas actuaciones y se movilicen en la defensa de los derechos humanos. La situación de alarma creada por el covid19 no puede ser excusa para el abuso y maltrato policial. No lo podemos consentir.