Sáhara Occidental. / Foto: cedida

Decía Felipe González que”[España] no sólo hizo una mala colonización, sino una peor descolonización” al describir la actuación del Estado en relación a lo que fue su provincia 53, Sáhara Occidental. Él mismo olvidaría más tarde sus palabras, comprado por el colono marroquí al que poco antes calificaba como “gobierno reaccionario”.

Medio siglo después, el Estado colonizador sigue traicionando al pueblo saharaui. Y es que la justicia española parece que tampoco va a reparar las irresponsabilidades incurridas por España en este conflicto. Hace pocos días, conocíamos la Sentencia del Tribunal Supremo por la cual dictaminaba que el hecho de nacer en el Sáhara Occidental antes de 1975 no da derecho a la nacionalidad española por origen, en aplicación del artículo 17.1. c) del Código Civil.

La Sala basa su fundamento de derecho en Legislación aprobada por las Cortes franquistas y el Gobierno de Arias Navarro para la venta del Sáhara a Marruecos y Mauritania: la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sáhara y el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sáhara. Esta legislación, además de preconstitucional y de efecto nulo a ojos del Derecho Internacional, es un vivo reflejo del modus operandi de la España del final de franquismo y la transición. Y es que el Sáhara, como otras –véase las torturas del franquismo-, es una gran mancha negra en la tan aclamada y blanqueada transición española.

Por un lado, en términos jurídicos, la Ley de 1975 que establece las condiciones de descolonización, derogó la anterior Ley 8/1961, de 19 de abril que convertía al Sáhara en una provincia española. La poca motivación jurídica de la misma y su efímero cuerpo legal demuestran que aquella España solo quería vender el Sáhara a cambio de un reconocimiento a su nuevo régimen: la monarquía. Cables de Estados Unidos han revelado que este país apoyó al entonces príncipe, hoy rey emérito investigado, para ser el Jefe del Estado a cambio de la cesión del Sáhara.

La citada legislación para la descolonización, como recoge el Tribunal Supremo, afirma que el Sáhara “nunca ha formado parte del territorio nacional”. Esta apreciación se queda en su preámbulo, desarrollándose únicamente en su articulado una “barra libre” para que el Gobierno franquista sirva al pueblo saharaui al mejor postor, ya que dice en su artículo primero: “Se autoriza al Gobierno para que realice los actos y adopte las medidas que sean precisas para llevar a cabo la descolonización del territorio no autónomo del Sáhara, salvaguardando los intereses españoles”.

La otra normativa en la que la Sala se basa es el Decreto de 1976, aprobado por el Gobierno, haciendo uso de sus facultades según la citada Ley, para naturalizar a las personas saharauis que lo solicitaran presentando cualquier “documentación general española” en el plazo de un año. El tribunal, sin embargo, obvia que este se aprobó con nocturnidad y alevosía mientras la población saharaui estaba inmersa en el exilio y la guerra, a miles de kilómetros de cualquier puesto de la administración española.

Por un lado, siendo de gran relevancia, la sala no analiza la dudosa aplicación de dicho Decreto, contrario a lo que establece el artículo 11.2 de la Constitución, que persigue anular de forma flagrante a la población saharaui de su derecho a la nacionalidad española. Por otro lado, y no menos importante, el mismo Tribunal entraría en contradicción pues ha venido facilitando la nacionalidad española por residencia con periodo reducido para la población nacida en territorio del Sáhara Español.

De este modo, el Tribunal, para la cuestión de fondo, analiza si las personas nacidas en el Sáhara Español eran o no “nacidas en España”, como exige el artículo 17.1 c) del código civil. A este respecto, la misma sentencia afirma que existen “argumentos y jurisprudencia a favor de una y otra tesis, lo mismo que respetables opiniones doctrinales en una u otra tesis”. Sin embargo, el Alto Tribunal, prefiere “ser cauto” y aceptar que estas personas no nacieron en España sino en territorio bajo dominio español.

Pero como bien recoge la Magistrada Dª Mª Ángeles Parra Lucán en el voto particular, al cual se adhieren dos magistrados, la diferenciación entre España y territorio español que hace el Tribunal dista de la realidad del Código Civil, donde se usan ambos términos indistintamente. En definitiva, el Tribunal ha preferido hacer una interpretación “ex post y de modo parcial” como dice la Magistrada, para excluir así a la población saharaui de un artículo que debería de ser un garante a la no privación de la nacionalidad y como mecanismo para evitar la apatridia, compromiso internacional de España y de cualquier Estado de Derecho.

En definitiva, con el objetivo de acabar con esta exclusión, quien legisla debería crear garantías jurídicas para proteger los derechos de la población saharaui frente a interpretaciones restrictivas y parciales basadas en normativas preconstitucionales y de dudoso encaje en un estado de derecho.

Para España, el Sáhara debe dejar de ser únicamente una prioridad en materia de cooperación internacional y priorizarlo en lo que realmente es su deber: acabar el proceso de descolonización del cual aún es responsable y permitir así la celebración de un referéndum de autodeterminación.

En conclusión, la población saharaui no sólo sufre el exilio, la brutalidad de una monarquía feudal y la imposibilidad de disfrutar de su territorio, sino que también debe aguantar las sistemáticas políticas migratorias del colonizador español que pretenden negarles unos derechos inalienables.

González, antes de venderse, acababa su discurso diciéndole al pueblo saharaui: “No prometeros algo sino comprometerme con la historia”. Y así será: la historia siempre dará la razón a un pueblo castigado por la colonización.

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