“Porq se discrimina a #FamiliasLGTBI según cómo se forman. Porq se sigue obligando a adoptar al propio hije”. Es el tuit con el que un integrante de Son nuestros hijos, la asociación de familias a favor de la legalización de la gestación subrogada, respondió el pasado 28 de junio al llamado de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) a expresar motivos para seguir celebrando el Orgullo. Rebelión Feminista, un colectivo feminista inclusivo, abolicionista, anticapitalista y antifascista, denunció que ese retuit constituía una forma apoyo por parte de la federación a “la vulneración de derechos humanos en que consiste la trata reproductiva” y respondió con el comunicado #FELGTBNoenMiNombre, al que se han adherido 19 colectivos LGTBI y más de 500 personas a título individual. 

La iniciativa ha empujado a abrir un melón incómodo para el movimiento, en el que conviven diferentes posiciones, polarizadas por efecto de la beligerancia de los grupos de presión tanto regulacionistas como abolicionistas. La legalización de la gestación subrogada entró en la agenda política de la mano de Ciudadanos, partido neoliberal que ha promovido proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados presentándolas como parte de su compromiso con los derechos LGTBI. En 2017, el entonces líder de ese partido, Albert Rivera, desfiló en el Orgullo oficial de Madrid montado en la carroza de Son nuestros hijos y ha invitado a charlas sobre el tema al empresario hotelero gay Kike Sarasola, padre por gestación subrogada. 

La de Rebelión Feminista no es la primera iniciativa feminista que busca posicionar a los colectivos LGTBI contra la legalización de la gestación subrogada. En junio del año pasado, Stop Vientres de Alquiler, la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres y No Somos Vasijas recabaron 920 apoyos individuales y la adhesión de 92 colectivos a su manifiesto “Por un Orgullo sin opresión. #NoEnNuestoNombre”, pero fue respaldada sobre todo por asociaciones feministas; solo tres de las firmantes eran entidades LGTBI. 

Otra novedad es que la campaña #FELGTBNoEnMiNombre —impulsada por Artizar y Teresa Bambú, dos mujeres bisexuales, la primera de ellas trans— llega en un contexto de creciente visibilidad de los discursos feministas transexcluyentes (conocidas por las siglas en inglés TERF) que señalan al activismo queer como amenaza para los derechos de las mujeres y en cuyo argumentario señalan a la existencia de lobbies gays y trans pro vientres de alquiler como argumento para enfrentar la lucha feminista y la LGTBI. Teresa Bambú cuenta que “las feministas tránsfobas intentaron, sin éxito, apropiarse de la campaña”, lo que las llevó a eliminar de la lista de adhesiones los nombres que identificaron con la ofensiva transexcluyente.

¿El movimiento LGTBI tiene que posicionarse?

La FELGTB ha evitado hasta ahora posicionarse sobre el debate de la gestación subrogada, con el argumento de que la mayoría de demandantes de la gestación subrogada son parejas heterosexuales formadas por personas cisgénero y que, por ello, esta cuestión no forma parte de la agenda LGTBI. Su dirección no ha querido participar en este reportaje, más que para repetir que hoy sus entidades miembro no han consensuado una posición. 

Sisi Cáceres, presidenta de la asociación de lesbianas Extremadura Entiende adherida a la FELGTB, defiende ese criterio: “No sabemos por qué se nos pone en el punto de mira si la mayoría de las parejas usuarias son heterosexuales, es un problema global. Sinceramente, creemos que el ataque ha sido brutal e injusto”, lamenta. Añade que para que la dirección de la FELGTB pueda responder a una polémica como esta, tiene que contar con un consenso en esa materia o bien a través de la aprobación de una resolución por parte de la mayoría de representantes en su consejo federal o mediante acuerdo en el congreso que celebran cada tres años, donde nombran al nuevo equipo de dirección y establecen la estrategia a la que este se deberá ceñir. De hecho, señala que Extremadura Entiende aún no tiene una postura definida y que esperan hacerlo este verano en un encuentro interno para definir su plan estratégico. “Podemos adelantar que prácticamente todas estamos en contra de dicha práctica. Pero no se ha recogido en un documento porque en las asambleas nadie lo ha incluido”, abunda. 

A falta de declaraciones oficiales de la federación, cabe destacar dos reacciones ante la campaña #FELGTBNoEnMiNombre. Por un lado, el polémico retuit fue eliminado de la cuenta @FELGTB en Twitter. Por otro lado, la presidenta de la FELGTB, Uge San Gil, concedió una entrevista al diario Público, difundida el pasado 4 de julio, en la que dio su visión a título personal, pero de forma contundente: “Soy feminista. Estoy en contra de los vientres al igual que lo estoy de la trata de personas. Es una forma de esclavitud”. Teresa Bambú cree que la presión en redes ha precipitado su posicionamiento público. “Sin embargo, no estaremos tranquiles hasta que la FELGTB se pronuncie en conjunto. Daría oficialidad a esta postura que entendemos que es de consenso en el activismo LGTB de calle”, añade.

En su comunicado, Rebelión Feminista reprocha a la federación que haya aceptado “cargos y entidades en su seno que habían hecho uso de la trata reproductiva o que la reclamaban como si fuera un derecho” y que no condenase la creación de la Plataforma Estatal LGTBI+ por la Regulación de la Gestación Subrogada presentada ante los medios en 2016, formada por varias de sus organizaciones miembro. Es el caso de su principal impulsora, COGAM, cuyos representantes se refirieron a la gestación subrogada como una técnica de reproducción asistida, criticaron la “hipocresía legal” de que las familias de intención tengan que ir a otros países y abogaron por un modelo controlado por el Estado, “sin ánimo de lucro y garantista, que proteja a todas las partes implicadas”. 

La Asociación de Transexuales de Andalucía, ATA Sylvia Rivera, fue una de las 25 entidades que se sumaron a esa plataforma, pero hace dos años decidió salirse y ahora se ha adherido al comunicado #FELFGTBnoenminombre. Su presidenta, Mar Cambrollé, no tiene problemas en explicar ese cambio: “Nos vendieron una visión edulcorada, hablándonos de altruismo, pero hemos entendido que es una medida clasista, neoliberal, que viene a satisfacer los deseos de la clase pudiente a costa de maltratar a mujeres”. Cuenta que en 2016 su asociación sufrió “una persecución brutal con un matiz tránsfobo” por parte de colectivos abolicionistas, pero que esa presión hizo que se sentasen a reflexionar y rectificasen su postura.  

Toño Abad, presidente de Diversitat, entidad alicantina miembro de la FELGTB, es una de las voces gais que recama al movimiento “valentía” y “una posición ética firme” contra los vientres de alquiler. El año pasado respaldó la campaña “Por un Orgullo sin opresión. #NoEnNuestoNombre”; cuenta que se sintió bastante solo y que sufrió ataques e insultos. Este activista, seguidor del feminismo radical, también se significa como abolicionista de la prostitución y del género como sistema de opresión. Cree que en el “veto” a debatir sobre gestación subrogada subyace “el miedo a que se rompa el movimiento; que los hombres gais partidarios vayan por un lado y las mujeres lesbianas por otro”. Sin embargo, celebra que en el último año Diversitat, Lambda en Valencia y Somos en Aragón, también miembros de la FELGTB, hayan emitido resoluciones contra los vientres de alquiler. Abad considera que el posicionamiento personal de la presidenta de la FELGTB en la prensa es un paso positivo, pero insiste en que la federación “no puede mantener una posición ambigua ante una práctica que, aparte de ser ilegal en España, vulnera los derechos de las mujeres”. 

Contra el capital rosa

Los grupos que se han adherido al comunicado #FELGTBNoEnMiNombre no están federados sino que están vinculadas a las corrientes críticas y se definen como feministas y anticapitalistas. Es el caso de Bisexuales y Combativas (que participa en el Orgullo Crítico de Madrid), del colectivo gallego Avante y de Granada Visible. Esta última contesta por email a Pikara Magazine relacionando la defensa de la gestación subrogada dentro del movimiento LGTBI con “la invasión de valores neoliberales, sobre todo en las organizaciones institucionalizadas y asimilacionistas, dirigidas por una élite burguesa que acepta y reproduce los ejes de discriminación social del sistema imperante”. Responsabiliza también a la FELGTB de mercantilizar el Orgullo sustituyendo su origen reivindicativo y radical por un planteamiento “festivo, y por ello consumible para el capitalismo”. El año pasado Granada Visible ya firmó el comunicado promovido por las redes abolicionistas de los vientres de alquiler, el cual sostenía que “las parejas gais están siendo utilizadas por la industria tecno reproductiva como reclamo comercial, mostrando una práctica elitista, clasista y que vulnera derechos humanos de las mujeres como algo aspiracional para todo el colectivo”. 

Orgullo Crítico Murcia nació en mayo de 2019 como plataforma alternativa a la sección murciana de la FELGTB. En su comunicado del 28-J de ese año ya hicieron pública su posición: “Nos oponemos a la legalización de los vientres de alquiler por cosificar el cuerpo de las mujeres pobres y traficar con bebés, y priorizar los vínculos genéticos sobre los sociales. Esta práctica no es una reivindicación del colectivo LGBTI, sino del patriarcado neoliberal, aliado con gays de clase alta”. Ese mes de julio organizaron una concentración ante la sede de Ciudadanos para protestar por su presentación de una nueva proposición de ley en el Congreso de los Diputados.

Tanto Orgullo Crítico Murcia como Granada Visible sostienen que la mayoría de los colectivos LGTBI críticos se oponen con argumentos anticapitalistas a los vientres de alquiler. Rosa María García, portavoz de Orgullo Crítico Murcia, señala que son los sectores de clase media-alta, con el respaldo de Ciudadanos, quienes hacen campaña a favor de su legalización. “Los colectivos LGTB tienen que hacer autocrítica, porque la clase social no ha sido parte de sus análisis al plantear cuáles son los derechos LGTBI. Eso es un problema enorme sobre el que los orgullos críticos estamos llamando la atención”, añade.

El presidente de Diversitat también llama a la autocrítica: “No hemos sabido posicionarnos en temas clave para el feminismo, y esa distancia ha provocado una brecha entre dos luchas que, si no son la misma, son paralelas, contra un sistema patriarcal. Me preocupa que una parte del feminismo nos vea como explotadores. De eso somos víctimas y culpables a la vez”, afirma. 

Sin embargo, hay colectivos transmarikabollo que son parte de los movimientos feminista autónomos. Era el caso del colectivo transfeminista guipuzcoano Medeak, que acaba de anunciar su despedida después de veinte años de activismo. Josebe Iturrioz, filósofx transfeminista e integrante de Medeak, se ha posicionado radicalmente en contra de la gestación subrogada en varias mesas redondas feministas, en las que ha situando ese negocio dentro del conflicto capital-vida y señalado las lógicas de clase, de género y coloniales que refuerza. Iturrioz relaciona la falta de posicionamiento de la FELGTB con una apuesta por un activismo “formalista, nada revolucionario o transformador” y desvinculado del discurso feminista, “cosa que no ha ocurrido con las plataformas por la despatologización trans o los bloques críticos”, contextualiza. “Los grupos radicales que entienden los gaylésbico como disidencia y no como esencia, que tienen en cuenta la cuestión de clase y la racial, entienden que la gestación subrogada es capitalismo 2.0”, considera. 

Sin embargo, en algunos bloques alternativos el debate sigue abierto, como es el caso del Orgullo Crítico de Madrid, tal y como reconocían sus integrantes en una mesa sobre gestación subrogada que organizó en 2017 su eje de Capitalismo Rosa. En ella participaron activistas con distintas posturas y también una madre por gestación subrogada. Mientras que unas defendían la libertad de las mujeres para ceder su capacidad de gestar como herramienta de supervivencia, otras alertaban de los peligros de hablar de libre elección en un contexto neoliberal que busca abrir nuevos mercados que atentan contra los derechos humanos. 

En esa mesa redonda participó Pau Pérez Navarro, integrante de la Asamblea Transmarikabollo Sol, en calidad de investigador social que ha entrevistado a familias por gestación subrogada. Pérez Navarro llamó a desmontar “el imaginario estereotipado” que según él difunde el feminismo abolicionista de la prostitución y de los vientres de alquiler. La Asamblea Transmarikabollo confirma a Pikara Magazine por escrito su posición colectiva favorable a la legalización de la gestación subrogada y también del trabajo sexual, apelando en los dos casos al concepto de “soberanía corporal” que extienden a la donación de gametos, a los procesos de transición de género y al uso de drogas. 

“La gestación subrogada es ya desde hace muchos años una realidad en todo el mundo, por mucho que algunas se nieguen a aceptar su existencia. El feminismo no puede, simplemente, dar la espalda a esta realidad y acusar a las gestantes de alienadas y a lxs padres/madres de intención de ladrones de bebés. Como en el caso de la prostitución, si se producen situaciones de abuso o de trata habrá que denunciarlas y, por supuesto, proteger los derechos de las gestantes y padres/madres de intención frente a las empresas intermediarias, antes que copiar el modelo de la salvación que se aplica para el trabajo sexual. Defendemos el derecho a gestar para tercerxs como parte de nuestro derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana ya sea de forma ‘altruista’ o no”, abundan.

Contra los bulos transmisóginos

“Tenemos muchas, muchísimas cosas en común por las que luchar”. Sisi Cáceres es consciente de las críticas a las entidades miembro de la FELGTB, pero cree que es urgente aparcar esas diferencias para hacer frente en común a la ofensiva del feminismo radical transexcluyente: “Esa es nuestra lucha. La que nadie va a hacer por nosotras, así que, vamos a poner nuestras energías en ello”. Y recuerda que relacionar asociar a las personas LGTBI con la defensa de la gestación subrogada es “otra de las argucias de feministas tránsfobas que tienen miedo de moverse de sus posiciones de privilegios y están aterradas ante el cambio que supone la autodeterminación del género”.

Rebelión Feminista también aborda esa cuestión en su comunicado: “Desde muchos frentes ha interesado que se perciba a las mujeres trans como las interesadas en este sistema de gestación, que no deja de ser la mercantilización del cuerpo humano femenino; todo esto, a pesar de que los intereses inmediatos del colectivo se sitúan en tener condiciones de vida dignas y quedando el comprar seres humanos completamente fuera de sus aspiraciones”. 

Todos los colectivos entrevistados coinciden en negar la existencia de un lobby queer o trans a favor de los vientres de alquiler. “Quienes defienden la trata reproductiva son en su gran mayoría parejas cishetero con un alto nivel adquisitivo, debido, entre otros motivos, a los costes económicos de llevarla a cabo”, sostienen desde Granada Visible. Mar Cambrollé denuncia que las personas trans están siendo “objeto de una serie de bulos e intoxicación de manual de la ultraderecha” que ahora utilizan también las feministas tránsfobas. “También nos llaman proxenetas, cuando nosotras hemos sido históricamente víctimas de trata. Son delitos de odio”, añade.

El presidente de Diversitat denuncia que a la instrumentalización por parte de Ciudadanos de la lucha LGTBI se suma que algunos sectores de la izquierda señalen al colectivo, “por pura homofobia”,  como responsable de alimentar ese negocio: “¿Qué relación hay entre personas trans y vientres de alquiler? Yo todavía no lo identifico. Es pura homofobia”. 

Por ello, la portavoz de Orgullo Crítico Murcia valora que la campaña #FELGTBnoenminombre haya sido impulsada fundamentalmente por mujeres trans y por feministas transinclusivas. 

Diversidad familiar 

Mientras que la regularización de la gestación subrogada no está presente en la agenda de los colectivos trans, sí que ocupa un lugar destacado en la de las asociaciones de familias LGBTI como Galehi o la andaluza Crezco, nacida en diciembre de 2019. La primera afirma en un artículo en su web que “la Gestación Subrogada o Gestación por Sustitución es uno más de los caminos que posibilitan la diversidad familiar y que debe ser regulado en España” y sitúa en el marco de los derechos sexuales y reproductivos “el derecho a fundar una familia” en igualdad. En el caso de Crezco, entre sus objetivos incluyen el compromiso de “trabajar por una regulación de la gestación subrogada que sea justa, garantista y que defienda los derechos humanos de todas las personas que intervengan en este proceso”. 

El comunicado “Por un Orgullo sin opresión” denunciaba que “las agencias de alquiler de vientres se presentan como empresas gay friendly que permiten a estas nuevas familias cumplir su sueño de tener un hijo o una hija con sus mismos genes”, lo que “refuerza los valores patriarcales sobre los que se sustenta la familia natural heterosexual tradicional”. El transfeminismo también aboga por discurso de que formar una familia con lazos biológicos es un derecho. Iturrioz recuerda que a principios de los años 2000 la prioridad de la FELGTB fue lograr la aprobación del matrimonio igualitario: “Les preocupaba casarse y el siguiente paso era tener hijos siguiendo con el modelo heteropatriarcal”. En ese sentido, le parece “un discurso fariseo” sostener que la gestación subrogada no atañe especialmente al movimiento LGTBI:  “Se trata de debatir cómo queremos producir vida humana y relacionarnos con un capitalismo voraz que sirve óvulos, esperma y niños a la carta”.

Rosa María García lamenta que los colectivos LGTBI que defienden la gestación subrogada planteen un modelo comercial (enmascarado en la modalidad altruista con compensación económica) en vez de explorar “modelos alternativos que no implican la explotación de mujeres pobres”. Lucas Platero y Fefa Vila repasaron en un artículo en Pikara Magazine la jurisprudencia en países como Canadá, Argentina o Brasil que ha reconocido modelos de familias con tres o más personas progenitoras, una vía que da garantías jurídicas a modelos familiares diversos que rompen con el modelo nuclear, monógamo y cishetero. También podría indicar un camino para una gestación subrogada altruista entre personas conocidas, en la que la gestante sea parte del proyecto de crianza. 

“Explotar mujeres y comprar bebés no son derechos reproductivos”, responde Rebelión Feminista en su comunicado, en el que lista una serie de reivindicaciones que sí que sitúan en la agenda LGTBI, como garantizar una atención sin discriminación en el sistema público de reproducción asistida a mujeres cis lesbianas y bisexuales, a mujeres y hombres trans y a personas no binarias, cuestionar las operaciones quirúrgicas y tratamientos médicos a las niñas y niños intersexuales y eliminar las trabas y discriminaciones lgtbifóbicas en los procesos de adopción.

Granada Visible y Diversitat también sostienen una posición a favor de la adopción y la acogida como alternativas éticas. Toño Abad es padre adoptivo y aboga por reclamar mejoras en el sistema de adopción y de acogimiento, poniendo en el centro no el derecho de las personas a tener descendencia sino el derecho de las niñas y niños en situación de desamparo a tener una familia. Mientras tanto, los colectivos de feministas racializadas están señalando las lógicas neocoloniales y del racismo institucional que atraviesan también los procesos de adopción y de acogimiento familiar. Pero ese melón lo dejamos para otro reportaje.