Prostitutas del Alto de la Villa (Albacete) en 1928. /Foto: Luis Escobar

Los pretextos utilizados para cerrar prostíbulos como medida preventiva para frenar los contagios y transmisiones de la Covid-19 recuerdan a otro tiempo. Un tiempo en el que las prostitutas eran consideradas foco de contagio y transmisión de enfermedades. Varios medios se hicieron eco el mes pasado de la petición de la ministra de Igualdad, Irene Montero, del cierre de los prostíbulos para evitar que el virus se propagase. Patricia Gómez, secretaria general del PSOE en el Congreso, también exigió su clausura por “motivos de salud e higiene”. En el País Vasco, el lehendakari, Iñigo Urkullu, aseguró haber obligado al cierre de estos locales ante el riesgo de “un aumento potencial de positivos de difícil rastreo”.

En medio de una pandemia mundial es razonable el impulso de normas para intentar frenar los contagios. Sin embargo, algunas declaraciones de figuras de la política recuerdan a ciertos pretextos higienistas del siglo pasado, cuando las prostitutas eran sometidas a todo tipo de controles y vigilancia por parte de la policía e instituciones médicas. Las medidas que se proponen hoy recuerdan a los reglamentos de finales del XIX y principios del XX. Entonces ya las mismas prostitutas denunciaban las discriminaciones y la estigmatización que sufrían. La cartilla sanitaria o la inscripción en el ‘padrón general de las mujeres públicas’ eran algunas de las condiciones para poder ejercer esta actividad.

Higienismo y reglamentación

Durante el siglo XIX, el principal debate sobre prostitución se produjo entre quienes defendían la visión tradicional de este fenómeno –la derecha y la Iglesia– y el personal médico higienista que, a menudo, mantuvo opiniones contrarias respecto a esta cuestión. Así, quienes pretendían un férreo control social a través de la reglamentación de la prostitución plantearon, por ejemplo, el uso de cartillas de control de enfermedades. Por otro lado, el sector menos conservador abogó por la desaparición del que consideraban un infame oficio y un foco de contagio de enfermedades. Ambas posiciones, por lo tanto, coincidieron en el rechazo moral y social de las prostitutas, pero adoptaron una actitud distinta ante ellas.

Dos figuras que destacaron en este debate fueron P. Felipe Monlau y Juan Magaz de Jaime. Monlau pertenecía al cuerpo de salud militar y fue uno de los higienistas más célebres del siglo XIX. Él se oponía firmemente a cualquier tipo de reglamentación de la prostitución. Juan Magaz de Jaime era defensor de las casas de mancebía y de la reglamentación de la prostitución. Creía que suponer que las mancebías o prostíbulos eran inmorales implicaba “desconocer el estado de nuestra organización social” porque “no crean la prostitución, la corrigen; no la fomentan, la toleran; no la ponen en evidencia, la ocultan a las miradas del que no la quiera ver”. Por el contrario, Monlau defendía que la prostitución no era solo hija de la miseria sino “de la falta de educación, la falta de vigilancia de los padres, la vanidad, la coquetería, el mal ejemplo y la ignorancia”. Magaz defendía la necesidad de registro de las prostitutas y Monlau se posicionó en contra de la inscripción de las prostitutas en registros.

El debate entre médicos por la reglamentación no cesó en 1847, según Jean Louis Guereña, historiador e hispanista francés, y proseguirá en los años siguientes, pero en un marco distinto, marcado en particular por la aparición de varias reglamentaciones locales de casas de prostitución. La mayoría de los higienistas proponían el reglamentarismo para hacer frente a las enfermedades venéreas. La prostitución se identificaba como una enfermedad que, al no poder erradicarse, se proponía regular y controlar. De esta manera, como explica Ramón Castejón Bolea, miembro del Grupo de Estudios Avanzados en Historia de la Salud y la Medicina en la Universidad Miguel Hernández, la prostituta se convertía en objeto de vigilancia e intervención por parte de policías y médicos. La defensa de la salubridad pública venía claramente asociada con la defensa del orden público porque las prostitutas aparecían ante los ojos de las autoridades municipales policiales como un factor de desorden permanente, asociadas a población marginal.

Estas eran las dos posturas principales a mediados del XIX y no será hasta más adelante cuando surjan voces de feministas críticas con las condiciones a las que eran sometidas estas mujeres y con el fenómeno de la prostitución en sí. A finales del siglo XIX, comenzaron a surgir reglamentos de las casas de mancebía en distintas ciudades y el Reglamento para la represión de los excesos de la prostitución de 1847 será considerado el primero y el más completo en esta materia.

A principios del siglo XX, las visiones más tradicionales definían la prostitución como un mal necesario cuya existencia precisaba estar regulada. A pesar del rechazo moral que producía esta práctica, se daba una dicotomía entre buenas y malas mujeres. Las segundas serían las que mantendrían la pulcritud de las primeras: esposas y novias. El feminismo participó en este debate y fueron muchas las voces en contra de la reglamentación de la prostitución. Una de las protagonistas en la lucha por la abolición de esta actividad fue la inglesa Josephine Butler (1828-1906). Su postura encontró aliados en los partidos liberales progresistas y republicanos, así como en el movimiento obrero, y fueron los partidarios de sus ideas quienes extendieron su discurso a lo largo del continente europeo. Por este motivo, Butler fue la figura emblemática del movimiento abolicionista en Europa. Ella impulsó, con algunas otras figuras del feminismo, la Federación Abolicionista Internacional, con la intención de aunar las corrientes abolicionistas de diferentes países. En el Estado español, dicho movimiento tendrá que apoyarse, al principio, en los republicanos, los masones y protestantes, debido a la no existencia de grupos feministas fuertes. Algunas de las feministas que alzaron su voz en contra de la prostitución en el Estado español fueron, desde supuestos católicos, Concepción Gimeno de Flaquer, Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal. La revista de ésta última, La Voz de la Caridad, recogió los primeros artículos favorables con el abolicionismo.

La creación del Patronato de Represión de la Trata de Blancas en 1902, al estilo de los que existían en otros países y dedicado a mejorar la situación política y social de las mujeres, respondió a intereses y presiones internacionales y no a un movimiento feminista abolicionista autóctono. Sus funciones, en las primeras décadas de su existencia, fueron criticadas por el entonces movimiento feminista, sectores progresistas y, en concreto, lo fue por la escritora y política Margarita Nelken, que lo definió como “benéfica asociación a la que se debe gran parte de los males de la prostitución española. Y es que su organización no puede ser más defectuosa ni su modo de funcionar más arbitrario”. Por este motivo, desde una posición a menudo opuesta al Patronato, el feminismo estableció lazos con determinadas corrientes políticas y con el higienismo en el rechazo de la prostitución.

La primera ola del movimiento feminista se inclinó hacia ideas abolicionistas y se opuso a la prostitución reglamentada. Todo ello como consecuencia de unas políticas de control y regulación de profundo carácter estigmatizador y represivo hacia las prostitutas. Así, la lucha abolicionista fue ganando impulso tras la Primera Guerra Mundial. Esta posición alcanzó también al mundo de la medicina, que a su vez ejerció una gran influencia sobre el feminismo de la época. En 1926 surgió la Liga Española de Higiene Mental y en 1928, en su segundo congreso, abordó la lucha contra la prostitución con un mensaje claro: acabar con la prostitución reglamentada. Con la creación de esta Liga, además, la lucha venérea quedaba abordada independientemente de los servicios de higiene de la prostitución, medida que supuso un paso en la desestigmatización para las mujeres que se dedicaban a ella. La Iglesia Católica y la policía fueron perdiendo provisionalmente el protagonismo y en el nuevo contexto solo los médicos estarían capacitados para tratar a las prostitutas y someterlas a los controles considerados necesarios.

Felices años 30

Los años 30 y el contexto de la Segunda República trajeron cambios significativos en el tratamiento discursivo y político sobre el tema de la prostitución, materializándose parte de las demandas abolicionistas. A partir de los años 30, aparecieron paulatinamente los preparativos del Decreto Abolicionista de 1935 y en 1931 se suprimió el Patronato para la Trata de Blancas. Pasó a llamarse Patronato de Protección de la Mujer y esta vez sí prometía cambios respecto a la situación de las mujeres víctimas de trata . Antes respondió a otros intereses internacionales más que a la protección de las mujeres. Todas las fuerzas políticas progresistas de la época se posicionaron a favor del abolicionismo con el pretexto de acercarse a la modernización europea. A su vez, la derecha siguió planteando el abolicionismo como una forma distinta de reglamentación y no como un objetivo en sí mismo. Es decir, continuaron defendiendo la prostitución reglamentada a través de normativas renovadas. Pese a todas las medidas de reforma que se llevaron a cabo, las prostitutas continuaron estando discriminadas y sometidas a controles sanitarios.

A pesar de que el contexto político y social actual poco se parece al de hace cien años, el brote de coronavirus que se produjo el mes pasado en el burdel de Alcázar de San Juan en Ciudad Real ha puesto de relieve el uso de prostíbulos y su regulación. Una vez más, las principales perjudicadas son las mujeres que ejercen prostitución. No solo por el estigma de ser transmisoras del virus sino, además, por quedar desprotegidas. Según las palabras de la ministra Montero, tras este cierre, se deben ofrecer “alternativas dignas que se hagan cargo de su situación”, algo parecido a la consigna del Patronato y a su misión dignificadora de las mujeres.