Isabel Brito, Red EQUO Mujeres

Luisa María Aguilar, Colectiva de Historiadoras Feministas

Red de Trabajadoras Domésticas Remuneradas Honduras, RTD

Trabajadoras del hogar marchan en Bilbao para exigir que “El 24 ceno en mi casa”. 23/12/2018

“Trabajo en casa con dormida adentro… pues la verdad no me va muy bien porque trabajo de lunes a domingo y hace como 9 meses que no veo a mi familia por la pandemia y ahora por este huracán… viera que estrés que manejo… Mi empleadora se podría decir que me trata bien, porque tengo unas compañeras que me cuentan que sufren peor que yo y, con mi empleador, pues él es un señor muy enojado y casi no nos llevamos bien porque no me dejo”, cuenta una trabajadora doméstica hondureña de 21 años. Lleva trabajando para la misma familia dos años, la cual no le paga desde hace tres meses y no le reconoce ningún derecho laboral. Cuando cobra, su salario es de 3,000 (102,6 euros). Antes de la pandemia le permitían visitar una vez al mes a su familia, que es de un municipio del departamento de El Paraíso. Esto implicaba salir un sábado después del mediodía y regresar un domingo por la tarde, con lo cual no podía ni compartir 24 horas con sus familiares.

La pandemia ha puesto en evidencia lo que la feminista y académica argentina Rita Segato nombra como la “estructura elemental de la violencia”. Esta circula en la capacidad de controlar el territorio-cuerpo de las mujeres por sus agresores que ha generado el recrudecimiento de la violencia de género en el mundo global. Los países mantienen estructuras de poder altamente racistas, clasistas, sexistas y machistas, profundizando las desigualdades y fortaleciendo esas nuevas formas de guerra contra las mujeres. Estas son, según Segato, las planteadas desde la organización del poder político, de orden paraestatal y criminal, que se materializa en la violencia expresiva contra nosotras, las mujeres.

Estas realidades tienen su expresión más cruenta en los feminicidios. Honduras ocupa el quinto lugar a nivel mundial en el índice de criminalidad, con un 76.65 por ciento, y el primero a nivel centroamericano; mientras que España, con una gran diferencia, ocupa el número 97 con un porcentaje de 32.33 por ciento. Según datos de la ONU, durante 2019 llegaron a España 57.764 personas de Honduras, la mayoría mujeres. En el país andino, del total de emigrantes, el 58,94% son mujeres frente al 41,05% de hombres, y su segundo país de destino es España, solo por detrás de Estados Unidos. Las razones de la migración son múltiples, destacando la violencia y la pobreza como causas principales. Los trabajos a los que acceden estas mujeres son fundamentalmente los cuidados, el empleo del hogar y los servicios de limpieza, hostelería, etcétera.

La mayoría de estas mujeres no cuentan con un salario justo ni con condiciones dignas. El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo de 2011, que es el órgano legal llamado a velar por las trabajadoras de los cuidados, aún no se ha ratificado ni en España ni en Honduras tras casi 10 años y, por tanto, los derechos de las trabajadoras domésticas o empleadas de hogar no están garantizados. No tienen derecho a paro, a permisos retribuidos, las cotizaciones por tramos no favorecen condiciones dignas y muchas ni siquiera tienen contratos por escrito. En el caso de Honduras, además, aún existe el trabajo infantil, por lo que son muchas las niñas que sufren los abusos derivados de las malas condiciones laborales del sector y la infravaloración del empleo de hogar y de cuidados. El empleo de hogar y de cuidados, considerado esencial, no está valorado, reconocido y respaldado por el sistema público y sigue sometiendo e invisibilizando a su pieza clave, las mujeres que mayoritariamente siguen desarrollándolo.

Según los datos estadísticos facilitados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, desde el 1 de enero de 2003 se han contabilizado en el Estado español 1,074 mujeres asesinadas por violencia de género. Se registraron 41 mujeres asesinadas solo en el día 10 de noviembre de 2020. Durante el estado de alarma se registró un incremento de llamadas al teléfono de emergencia 016: fueron un total de 20.732 llamadas hasta el día 1 de mayo, un 41,4 por ciento más si se compara con el mismo periodo de 2019. También aumentaron las consultas on line al servicio 016, que fue declarado esencial, registrándose un total de 589, frente a las 107 de 2019, cinco veces más.

En Honduras, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) informó de que durante los primeros cinco meses del año se registró un caso de agresión por hora. El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres (CDM) registró hasta el 16 de noviembre 240 muertes violentas de mujeres, registrándose el mayor número de feminicidios en las ciudades de Cortés, Francisco Morazán y Olancho. De estos feminicidios, 171 fueron registrados desde el 15 de marzo. Además, la unidad responsable del Sistema Nacional de Emergencia 911, registró un aumento del 20 por ciento en denuncias por violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, esto solo en los dos primeros meses del aislamiento donde se decretó la suspensión de garantías constitucionales a nivel nacional ante la emergencia sanitaria por Covid-19.

La pandemia, por lo tanto, no solo ha evidenciado cuáles son los servicios esenciales para sostener la vida, como el trabajo de cuidados, también ha precarizado y vulnerabilizado aún más las condiciones de estos trabajos y, por tanto, de la vida.

En el año 2009 con el golpe de Estado en Honduras, muchas de las trabajadoras domésticas perdieron la permanencia, sobre todo en la modalidad de externas, debido a que el contexto nacional se volvió más violento a causa de la inestabilidad política y económica. Estas condiciones se agudizaron aún más el en 2014, cuando el Poder Legislativo aprobó la Ley del Empleo por Hora o Empleo Temporal, ley que redujo la jornada laboral, obligando a las trabajadoras domésticas a realizar la misma tarea en menos horas. En el 2018 el impacto fue aún mayor en las condiciones laborales precarias en las que se realizaba el trabajo doméstico, cuando se extendió la escasez y el racionamiento de agua en la capital de Honduras, donde se comenzó a suministrar agua a las colonias cada dos veces, tres veces o una vez por semana, dependiendo de su zona geográfica en la ciudad.

Legislaciones basadas en la explotación

En 2018 había en Honduras 196,763 trabajadoras domésticas remuneradas, según el INE (Instituto Nacional de Estadística), incluyendo a menores de edad. La ausencia de políticas públicas en el país las expone la discriminación, el estigma social por su clase y raza, acoso y agresiones sexuales por los hombres de las familias para las que trabajan, a agresiones físicas y verbales, explotación laboral, despidos injustificados sin reconocerles ningún derecho laboral. Ahora sus vidas corren riesgo porque no cuentan con seguros sociales que les permitan acudir a la atención médica ante posible contagio. La pandemia impactó en la vida y condiciones laborales de las trabajadoras domésticas remuneradas en Honduras, elevando las tasas de desempleo laboral, violaciones a sus derechos laborales, mayor carga laboral por el mismo pago o la mitad de paga, falta de acceso a atención médica, inseguridad y exposición a mayores formas de violencia laboral y sexual desde sus empleadores, como del órgano de seguridad ante la militarización del país, situando un escenario de mayor vulnerabilidad, precarización e inestabilidad económica y emocional.

En el Estado español, según la última encuesta de población activa (EPA), de los 637.700 trabajadores del hogar, el 88% son mujeres, de las cuales solo están dadas de alta en la seguridad social 420.288, por lo que una de cada tres empleadas de hogar carece de protección social en España. El Gobierno de España aprobó en mayo un subsidio extraordinario para las empleadas de hogar al que solo han tenido acceso las mujeres con documentación en regla y con contrato, es decir, el 40 por ciento de empleadas que carecen de contrato han quedado excluidas. A esto hay que sumarle que tras cuatro meses desde su aprobación aún estaban sin resolver la mitad de los expedientes y no se habían recibido los cobros.

A pesar de la legislación que regula el trabajo en el hogar en el Estado español, la realidad, según el Informe del ex-relator de Pobreza Extrema de la ONU, Philip Alston, es que la mayoría, que no tienen contrato escrito y llegan a trabajar hasta el doble de las 8 horas diarias. Según datos de la Asociación Trabajadoras del Hogar de Vizcaya (ATH/ELE), el 72 por ciento de las empleadas de hogar internas tienen jornadas de trabajo superiores a 60 horas semanales y ninguna protección legal. El 50 por ciento de las mujeres que cotizan son migrantes y una de cada tres trabajadoras viven en hogares bajo el umbral de la pobreza.

La diversidad y el empoderamiento colectivo de las mujeres ha fortalecido las resistencias y ha impulsado los logros obtenidos. Pero estos logros son aún pequeños pasos en un mundo que, como hemos descrito, sigue asesinando y maltratando mujeres de múltiples formas. La pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto que el empleo del hogar y los cuidados son fundamentales para el sostenimiento de la vida. La sociedad debe reconocer y valorar los cuidados como el trabajo que es. Por todo ello, no podemos bajar la guardia y hay que seguir cooperando y tejiendo redes y espacios de encuentro para co-construir el futuro con una mirada feminista descolonial. Solo así progresaremos en armonía en un espacio justo y seguro para todas. Un mundo en el que la vida y las personas sean el centro de toda acción.

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