Txefi Roco, de Trabajadoras No Domesticadas, en las V Jornadas feminisas de Euskal Herria. | Foto: Trabajadoras No Domesticadas.

No es una solución completa, pero es una victoria parcial. El Gobierno estatal publicó el 28 de enero en la página de la Seguridad Social una comunicación advirtiendo que, quienes tengan contratada una empleada de hogar a jornada completa de 40 horas a la semana y por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, deberán actualizar dicho salario y comunicarlo. El plazo dado para ello es hasta el 31 de marzo y se advierte de que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social iniciarán inspecciones para quienes no cumplan con la medida. De esta forma se busca acabar con el fraude de salarios en el sector que se viene dando desde 2019, cuando el Salario Mínimo Interprofesional subió un 22,3 por ciento y gran parte de las personas empleadoras de trabajadoras del hogar no lo actualizó.

El 11 de noviembre de ese mismo año, treinta organizaciones del sector presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo por esta situación. “Estábamos ya a punto de enviar al ministro a la Fiscalía General del Estado, porque prevaricación no es solo dictar a sabiendas una resolución injusta, también es no dictar una resolución que tienes la obligación de dictar”, explica Isabel Otxoa, profesora de Derecho del Trabajo en la UPV/EHU y activista de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH-ELE).

Como reza AHT-ELE en su comunicado, hasta ahora, la única opción que se había dado a estas trabajadoras ante esta situación irregular era la de la denuncia individual. “Tanto PNV como PSE (Partido Socialista de Euskadi) nos dijeron que esto no era posible, pero sabíamos que sí. De todas formas, en la comunicación no se especifica desde cuándo tienen que regularizar el salario, y parece que es desde este año, pero debería tener carácter retroactivo”, cuenta Otxoa. Liz Quintana, de Trabajadoras No Domesticadas, coincide en la necesida de preguntar a la Seguridad Social por los años anteriores:  “Las trabajadoras han estado cotizando por debajo de lo que correspondía. Esto se traduce en una rebaja de sus prestaciones, jubilaciones, bajas, etc., y es fruto también de la dejadez de la propia Administración”.

La medida ha tenido, aun así, buena acogida, y se espera que sea la puerta por la que acceder a otros derechos que los colectivos de trabajadoras del hogar vienen reclamando desde hace años. “Esto supone un avance en un sector invisibilizado desde el que no solo reclamamos más derechos, sino que se cumplan los que ya existen”, afirma Quintana. A pesar de ello, alerta de que la situación de estas trabajadoras es variada, desde internas, a mujeres que trabajan por horas en distintos hogares u otras con jornadas estables. De hecho, según la estadística de 2020 de la ATH-ELE, el 31% de las internas que atendían a domicilio a personas con alguna dependencia no estaban regularizadas.

La comunicación solo recoge, por tanto, a una parte de trabajadoras del hogar: “En la práctica hay mujeres haciendo jornadas completas o trabajando de internas con contratos de jornadas de solo 20 horas para rebajar la cotización a la Seguridad Social. Además, seguimos pidiendo que se regularice a todas esas trabajadoras del hogar migradas en situación irregular, algo que se sabe, pero se mira para otro lado”, explica Quintana. Tras décadas defendiendo los derechos de las trabajadoras del hogar, denuncia que muchas asociadas cuentan cómo al llevar el contrato a la Seguridad Social por un salario mayor al mínimo de 7,43 euros la hora, en ventanilla han alertado a la persona empleadora de que podía ser un salario menor. “Esto ha hecho que a veces les rebajen el salario ahí mismo. Muchas veces no ocurre a la inversa, cuando el contrato de interna no recoge que va a tener que pernoctar o no especifica las horas, información que tiene que estar, no se les advierte”, cuenta.

Otxoa explica que la medida afectará “al grueso del problema que hemos denunciado, al más fácil de comprobar. Pero hay trabajadoras externas a tiempo parcial que también están en la misma situación y si el Gobierno quisieraa podría exigirlo también”. Según Quintana, aunque entiende que es positivo que se regularicen las cuotas, reconoce que se ha tomado la medida más sencilla. Aun así, espera que sea el primer paso para reconocer otros derechos: “Hasta 2012 las trabajadoras del hogar estaban fuera del régimen general del trabajo. A partir de ese año se les integra, pero con un sistema especial. Queremos que se integre este trabajo como uno más, para que coticen lo que tienen que cotizar y no por tramos como ahora, para que mejoren sus prestaciones, para que el control del fraude sea efectivo y para que se les dé un reconocimiento histórico como es el del derecho a paro, porque ahora no lo tiene ninguna, ni las contratadas”.

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