La violencia obstétrica es la ejercida por parte del personal sanitario sobre los cuerpos de las mujeres y su vida reproductiva, mediante un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y una patologización de los procesos fisiológicos, por lo que puede ser tanto física (prácticas invasivas y medicalización injustificadas) como psicológica (humillaciones, omisión de información, infantilización). 

Eva Margarita García

La Organización Mundial de la Salud. La relatora especial sobre la violencia contra las mujeres de Naciones Unidas. El Comité para la igualdad y no discriminación del Consejo de Europa. En la última década, ha habido un goteo incesante de declaraciones de organismos institucionales reconociendo la violencia obstétrica como un problema generalizado de salud pública y como una violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Cada uno de estos organismos ha insistido en que ignorar las decisiones de las mujeres* durante el embarazo y el parto amparándose en la necesidad médica es una forma de maltrato basado en estereotipos sexistas. Cada uno de ellos ha emplazado a los Estados miembro a desarrollar acciones que incluyan investigación, formación y medidas reparativas para atajar esta violencia de género normalizada. El Gobierno español no ha atendido a esos dictámenes ni cuando la ONU lo ha condenado a indemnizar a una mujer denunciante de violencia obstétrica.

El próximo 28 de febrero se cumple un año desde que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) adoptó esta decisión, en la que se insta al Estado español a proporcionar una reparación apropiada a S.F.M. por los daños físicos y psicológicos que le provocó el rosario de intervenciones médicas innecesarias y sin consentimiento que le impusieron durante su parto. La CEDAW también emplaza al Gobierno a asegurar el acceso de todas las mujeres a una atención obstétrica basada en su consentimiento libre, previo e informado, a realizar estudios que orienten políticas públicas, a capacitar al personal sanitario y también al personal judicial.

Histéricas y exageradas

Ocurrió en Lugo en 2009. Cuando las contracciones todavía eran suaves, S.F.M. fue a su hospital público de referencia para recibir orientación médica. La ingresaron, a pesar de que todavía no estaba en fase activa de parto. Le hicieron hasta diez tactos vaginales; le administraron oxitocina sintética intravenosa para acelerar la dilatación; la obligaron a permanecer recostada; le cortaron la vagina (intervención quirúrgica que en obstetricia se llama episiotomía) y sacaron al bebé con ventosa; forzaron manualmente el alumbramiento de la placenta. La niña presentó fiebre causada por la bacteria E. coli, que la evidencia científica atribuye al exceso de tactos vaginales. La separaron abruptamente de su madre y la ingresaron en neonatología durante siete días. S.F.M. sufrió un síndrome de estrés postraumático y, además de terapia psicológica, tuvo que hacer terapia de fisioterapia de suelo pélvico para recuperarse de los efectos devastadores de una episiotomía que afectó a su control de esfínteres y a sus relaciones sexuales coitales.

El dictamen de la CEDAW reprueba la actuación de los poderes sanitarios y judiciales que han desestimado una y otra vez las denuncias de esta mujer. Ni el Hospital Xeral-Calde, ni el Servizo Galego de Saúde ni la Consejería de Sanidad de la Xunta respondieron a sus reclamaciones. Entonces, recurrió a la justicia, pero tanto el tribunal de lo contencioso-administrativo de Lugo como, después, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimaron sus demandas. El primero sostuvo que la actuación médica era adecuada “al margen de que el resultado para la parturienta no le fuera enteramente satisfactorio”. El segundo argumentó que en un parto es “inverosímil” que la mujer pueda prestar consentimiento. También fue inadmitido el recurso de amparo que presentó ante el Tribunal Constitucional en 2018.

La decisión de la CEDAW reprueba que “el personal sanitario y luego los jueces asumieron que la mujer debe comportarse siguiendo las indicaciones de los médicos por ser incapaz de tomar sus propias decisiones”. Cuando el juez pone en duda el relato de los hechos de la autora y reduce las lesiones y consecuencias que describe a una mera cuestión de percepciones, revela “un estereotipo de género que retrata a las mujeres como histéricas, locas, exageradas y quejosas”.

Esas sentencias demuestran lo que la antropóloga Eva Margarita García argumenta en su tesis, que la violencia obstétrica es una forma de control social patriarcal que legitima a profesionales de la salud a “doblegar la voluntad de las parturientas, de manera simbólica, psicológica y física”, ya que “el empoderamiento incomoda profundamente a los protocolos establecidos y hace tambalear los cimientos mismos del poder biomédico”.

Sentirse cómplice

Se trata de un caso especialmente sangrante, pero no excepcional. La abogada de este caso y socia fundadora de El Parto es Nuestro, Francisca Fernández Guillén, destaca que la media de partos en el sistema público de salud en los que se realizan episiotomías (un 42 por ciento) es “calamitosa” y recuerda que, según la propia relatora de la ONU, estas intervenciones pueden constituir tratamiento inhumano y degradante, es decir, una forma de tortura. “Es la forma occidental de la mutilación genital femenina”, expresa Fernandez Guillén. La abogada recuerda otro de los casos que llevó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el de una mujer que se querelló contra una matrona del Hospital de Cruces que le cortó la vagina pese a que ella se intentó proteger con las manos y gritaba: “¡No me cortes!”. El abuso de poder de la matrona fue tal que intentó separar a la niña de la madre con una frase que muestra la infantilización de las mujeres en la cultura obstétrica patriarcal: “No le deis a la niña, que se ha portado mal”. Esta denuncia también fue archivada en los juzgados.

La matrona Lola Ruiz Berdún y la psiquiatra perinatal Ibone Olza realizaron en 2014 un estudio preliminar para investigar el conocimiento del concepto de violencia obstétrica por parte de profesionales de la atención al parto. Recabaron mediante un cuestionario en línea 74 respuestas anónimas. A la pregunta “¿Has sido testigo de V.O. en tu formación?”, un 94 por ciento respondió que sí. Un 80 por ciento reconoció sentir que le habían enseñado a ejercer o ser cómplice de la violencia obstétrica y el 79 por ciento había sentido presión para ejercer prácticas violentas en el paritorio. Entre los ejemplos que aportaron, mencionaron prácticas como sedar a las mujeres para que no molesten, hacer tactos consecutivos sin preocuparse por su estado emocional, usar fórceps o recurrir a cesáreas por querer terminar antes de una hora determinada, gritar a una mujer que no sabe empujar o taparle la boca para que no chille. Algunas de esas profesionales contaron que habían salido más de una vez llorando del paritorio, que habían tenido pesadillas, síntomas de depresión y una profunda culpa por sentirse cómplices de esa violencia. Hubo quien abandonó la profesión o decidió dedicarse al parto en casa. “Tengo miedo al parto, por eso no he sido madre aún”, contaba una.

El Ministerio de Sanidad impulsó en 2007 una Estrategia de Atención al Parto Normal con el objetivo de reducir las intervenciones innecesarias. Francisca Fernández Guillén afirma que los ginecólogos y obstetras lo ignoran deliberadamente y que el Ministerio no ha establecido un sistema de control para ejecutarla, que sirva entre otras cosas para identificar a profesionales que presenten tasas altas de inducciones, de episiotomías o de cesáreas. “Hay que reconocer el problema con nombres y apellidos, no taparlo”, exclama.

Desde la asociación El Parto es Nuestro, insisten en que esta estrategia solo tendrá un impacto real en los paritorios si sus criterios se incluyen en los protocolos de los hospitales, públicos y privados, y en los planes de salud de las Comunidades Autónomas. La asociación también reclama leyes que garanticen la aplicación efectiva del requisito de obtención del consentimiento informado de las mujeres durante el embarazo, parto, puerperio y lactancia.

En su informe, la relatora Dubravka Šimonović explica que algunas de las causas subyacentes de la violencia obstétrica son las condiciones de trabajo, las limitaciones de recursos, así como la dinámica del poder en la relación con las pacientes. En su libro Parir, Ibone Olza también alude a que el agotamiento emocional que arrastra el personal sanitario afecta a su capacidad de humanizar los partos: “No basta con dar toneladas de información científica basada en la evidencia, es preciso un cambio de conciencia, que necesariamente tiene que pasar por cuidar a los profesionales y muy especialmente su salud emocional y psíquica”.

¿Hace falta una ley?

La condena de la ONU interpela directamente al Gobierno de Pedro Sánchez como máximo responsable, pero dentro del ejecutivo solo el Ministerio de Igualdad ha anunciado una batería de medidas, y lo ha hecho este mismo mes, en respuesta a la presión mediática (también ha sido el único que ha respondido a Pikara Magazine para este reportaje; ni Presidencia ni Sanidad lo han hecho). En concreto, promete encargar un estudio sobre la violencia obstétrica en el Estado español e incluir medidas específicas de prevención y atención integral en una próxima Estrategia Nacional para la Erradicación de las Violencias Machistas. Igualdad también hace referencia a la inclusión de este tema en la modificación de la ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados con el voto a favor del grupo socialista, que expresó sin embargo su postura contraria a incluir en esa normativa más temas que el aborto.

La abogada Francisca Fernández Guillén considera insuficiente esa respuesta, que ni habla de la indemnización pendiente ni se refiere a la necesidad de vías específicas de denuncia de la violencia obstétrica. Pero insiste también en que es el Ministerio de Presidencia el que tenía que haber respondido y el que tiene que sentarse con el Servizo Galego de Saúde para acordar la indemnización. Tampoco ha recibido contestación de su requerimiento por parte del Ministerio Asuntos Exteriores, responsable de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales.

Países como México, Venezuela o Argentina han tipificado la violencia obstétrica como delito dentro de sus leyes contra la violencia de género. Sin embargo, Fernández Guillén señala el “contraste terrible” entre esas leyes pioneras y la realidad poco respetuosa con las mujeres que sigue imperando en los hospitales. “Es muy típico de países con movimientos emancipatorios fuertes acallarlos aprobando leyes que no se van a cumplir”. Por eso insiste en que el Gobierno puede ejecutar las directrices de la relatora y de la CEDAW sin esperar a que se aprueben cambios legislativos. Subraya también que la justicia ya dispone de un marco jurídico para penalizar las intervenciones obstétricas innecesarias e impuestas, como las normas sobre la autonomía del paciente o el tipo penal de lesiones imprudentes en el caso de las episiotomías.

María Naredo, jurista de referencia en violencias machistas y asesora del Ministerio de Igualdad, considera importante establecer una legislación específica para impulsar la prevención, la detección, la sanción y reparación de lo que no duda en calificar como violencia machista. Pero cree que la solución no es el derecho penal, sino una legislación “mucho más compleja” que empiece por visibilizar y desnaturalizar una violencia que se caracteriza por ser institucional y por estar normalizada. Eso implica el desafío de cambiar no solo conciencias y actuaciones individuales, sino la cultura médica, “pasar de la llamada medicina defensiva, que antepone cubrirse las espaldas, a la escucha y el respeto a la autonomía de las mujeres”. Reconoce también como obstáculo que el sector sanitario es muy respetado, que “no encaja en el rol de perpetrador de violencia”. Con todo, aboga por desarrollar políticas públicas de prevención y formación profesional, así como por definir una normativa muy clara sobre el consentimiento informado y “un sistema de rendición de cuentas disciplinario que se asiente de abajo a arriba en toda la institución sanitaria”.

Un referente cercano en el plano legislativo es Cataluña. La ley 17/2020 que modifica la legislación autonómica para erradicar la violencia machista, incluye en su artículo cuarto sobre las formas de violencia machista “las prácticas ginecológicas y obstétricas que no respeten las decisiones, el cuerpo, la salud y los procesos emocionales de la mujer”. Montse Pineda, coordinadora de incidencia política de la oenegé feminista Creación Positiva, valora ese logro como fruto de la interlocución entre activistas y diputadas sobre derechos sexuales y reproductivos en el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, del que es vicepresidenta segunda. Además, destaca que la nueva ley nombra entre los ámbitos en los que se manifiestan las violencias machistas el de los derechos sexuales y reproductivos y el ámbito institucional, en el que enmarca las acciones y omisiones de las autoridades y el personal público. Ese paradigma allana el camino para que las instituciones desarrollen políticas activas de prevención, que tienen que incluir, en su opinión, un aumento de la inversión en parto respetado.

Sin embargo, Pineda sabe que habrá que enfrentar resistencias no solo en las Administraciones sino también dentro del estamento médico, en el que imperan “lógicas de poder” que entorpecen estos procesos. El escollo no está en las matronas, que están organizadas e influyendo de forma positiva dentro del Departamento de Sanidad, sino en la medicina de “altos vuelos” y en sociedades científicas “reaccionarias y paternalistas”. También señala el reto de influir en la sanidad privada, donde prima un “fundamentalismo económico” por el que están normalizadas prácticas como los partos programados. El índice de cesáreas en el sector privado es del 36,5 por ciento, frente al 21,8 por ciento en la sanidad pública.

Silencios feministas

Marta Busquets Gallego, abogada y activista de la asociación catalana por el parto respetado Dona Llum, atribuye tanto el hito de incluir la violencia obstétrica en la ley catalana como la sucesión de resoluciones internacionales al trabajo de las activistas que la han caracterizado como una manifestación de la cultura obstétrica machista y misógina. Ese proceso de politización feminista se ha dado en la última década en las propias asociaciones por el parto respetado, que inicialmente centraban su análisis en las malas praxis médicas y en su preocupación por el bienestar de los bebés. Ahora falta por consolidar la otra cara de la moneda: que el movimiento feminista apueste también por incluir el parto respetado en su agenda.

En abril de 2019, una mujer que había planificado un parto en casa fue detenida por la policía y obligada a parir en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Fue el propio personal del hospital quien denunció ante el juzgado que la mujer no había accedido a la inducción que se recomienda en la semana 42 de gestación. En el momento de la detención, la mujer estaba ya con contracciones, pero la actuación policial interrumpió el parto, por lo que finalmente el bebé nació por cesárea. Francisca Fernández Guillén, también abogada en este caso, reprueba que una jueza mandase detener a la mujer por algo que no está tipificado como delito, sin darle oportunidad de declarar. “No preocupaba tanto la salud de ese niño y de su madre sino ejercer poder contra una mujer que había planificado un parto en casa. No se escucha a las mujeres, somos un contenedor”, exclama. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este caso.

Busquets lamentó entonces el “silencio feminista abrumador” ante esta noticia y se preguntaba qué ocurre con consignas como “solo sí es sí” o “mi cuerpo mi decisión” cuando se trata de violencia obstétrica. Cree que, ante la noticia de la mujer obligada a parir, sobrevoló la sospecha sobre ella. En su discurso son constantes los paralelismos con la violencia sexual. “En ningún otro contexto es aceptable que alguien te introduzca manos u objetos en los genitales sin consentimiento o que te los corten”, expresa Busquets. También reprueba que en el sistema médico patriarcal el consentimiento de las mujeres “es una anomalía y algo que molesta” y propone empezar a hablar, también en el control sobre el embarazo y el parto, en términos de deseo. Además, denuncia que la pandemia ha tirado por tierra muchos de los avances en materia de parto respetado, como el derecho de las gestantes a estar acompañadas por la persona que elijan.

Con todo, esta abogada cree que se ha avanzado mucho en la concienciación dentro del movimiento feminista desde que en 2015 se organizase una mesa redonda sobre violencia obstétrica dentro de las Jornades Radicalment Feministes. En Barcelona y también en Madrid, los comunicados del 8 de marzo han incluido menciones expresas a la violencia obstétrica. Cree que las resistencias dentro del movimiento tienen un fuerte componente generacional, ya que las feministas mayores tienden a identificar el parto hospitalario medicalizado como un avance y a cuestionar que se amplíe la violencia de género a otros ámbitos más allá de la pareja.

Ianire de la Calva, madre lesbiana e integrante del colectivo vasco FeministAlde, cree que no hay suficiente concienciación dentro de un movimiento que ha centrado su agenda sobre derechos reproductivos en la defensa del derecho al aborto. De la Calva espera que el movimiento vaya incorporando en su discurso la crítica a una cultura obstétrica patriarcal que “impone procesos tutelados, patologizados, hipermedicalizados en los que nuestros derechos son sistemáticamente vulnerados con intervenciones no consentidas (a veces innecesarias), infantilización, abusos y maltrato”. También le parece importante que en el feminismo se conozca que el propio nacimiento de la obstetricia en el siglo XVII se fundó sobre la experimentación y la violencia sobre el cuerpo de las mujeres, especialmente sobre las esclavas negras. Desde su punto de vista, plataformas como PETRA Maternidades Feministas o El Parto es Nuestro pueden servir de puente para activar respuestas colectivas feministas ante casos como el de Lugo o el de Oviedo.

Francisca Fernández Guillén valora que el “activismo potente y las redes de apoyo” que se han tejido en la última década están ayudando a las mujeres denunciantes a avanzar empoderadas en el camino tortuoso de reclamar verdad, justicia y reparación. “Veíamos claro que los jueces no tendrían la última palabra. Sabíamos que nos enfrentamos a un sistema judicial patriarcal y fuimos con el casco puesto”. Tienen todo a su favor: la evidencia científica, el conocimiento acumulado sobre el sesgo de género en los enfoques médicos, datos y testimonios, y el respaldo de los organismos internacionales de derechos humanos: “Esta lucha es imparable”.

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*Nota de la autora: en el reportaje hablo de “mujeres”, pero no olvido que hay personas gestantes con otras identidades de género.