Vicky Mokbel, activista feminista, en su casa en Monte Líbano. / Foto: Ethel Bonet

Vicky Mokbel nos recibe en una impresionante villa histórica en el Monte Líbano, que ha pertenecido a su familia por generaciones. Ella es de esas mujeres que siempre le ha gustado nadar a contracorriente. Fue una de las primeras fotógrafas profesionales del país, desde hace ya cuatro décadas, se casó con el hombre que ella quería y no con el hombre que supuestamente la convenía y es una activista por los derechos de las mujeres. Pero su valiente decisión de romper con la tradición familiar de los matrimonios concertados o de no respetar el enlace religioso -su boda fue civil, en el extranjero y con un extranjero-, le ha traído muchos problemas legales.

Su hijo y su hija, de 23 y 21 años, no tienen la nacionalidad libanesa aunque hayan nacido, crecido y estudiado en el Líbano hasta los 18 años. La leyes de ciudadanía del país niegan a las mujeres el derecho a transmitir su nacionalidad a sus descendientes si sus padres son extranjeros, haciendo del derecho de la nacionalidad un dominio exclusivo de los hombres, y fomentando el riesgo de que sus hijos sean apátridas en el Líbano. Es por eso que los hijos de Vicky Mokbel tienen la nacionalidad franco-canadiense del padre y durante toda su vida se han sentido como extranjeros en Líbano, donde nacieron. “Rony [su hijo] era muy buen deportista en su colegio [el Liceo Francés] y nunca pudo participar en ningún campeonato nacional porque no lo consideran libanés”, lamenta. “Cada año hasta que cumplieron 18 años y se fueron a estudiar a Canadá he tenido que renovar anualmente sus permisos de estudio. Incluso ahora, cuando vienen en vacaciones entran con visado de turista. Mis hijos, que son libaneses”, exclama.

El Líbano tiene una gran influencia cultural francesa y es común entre la población de clase media enviar a sus criaturas a estudiar a universidades europeas francófonas o a Canadá. En el caso de los hijos de Vicky Mokbel no fue una elección. Por ley, un extranjero no pude trabajar en ninguna profesión u oficio colegiado. “Puedes imaginar lo que es que tus hijos estudien una carrera universitaria como Medicina, Derecho y Arquitectura y después no puedan ejercer su profesión en Líbano por las injustas leyes de ciudadanía”, expresa indignada. “Así que para darles un futuro tuve que enviarlos a estudiar fuera”, puntualiza con resignación. “Ni puedo darles la nacionalidad ni tienen derecho a heredar. Esta casa la construyeron mis abuelos y hemos vivido en ella siempre”, lamenta la mujer.

La ley libanesa prohíbe a quien no tiene la nacionalidad comprar o vender propiedades. Los hijos de Vicky podrán reclamar la herencia de bienes inmuebles, pero esta se considerará como herencia de terceros por lo que deberán pagar tres veces más de impuestos, explica a Pikara Magazine un abogado familiarizado con los derechos de sucesión. “Esto no tiene ningún sentido. Es como si las mujeres fuéramos medio hombre. En este país no se nos tiene en cuenta. Y como dice el refrán: ‘madre no hay más que una, pero padres hay muchos’”, exclama Mokbel.

Comparado con otros países árabes, las mujeres libanesas tienen el 60 por ciento menos de los derechos otorgados a los hombres, según el Banco Mundial. El origen de esta discriminación está en las leyes sectarias del Líbano que regulan los asuntos del matrimonio, la herencia, el divorcio y la custodia de los hijos e hijas, entre otras cuestiones. La ley establece que el mosaico de comunidades religiosas país tiene derecho a defender lo que se consideran sus valores religiosos, y la Constitución garantiza el respeto de la “condición personal y los intereses religiosos”. En el Líbano hay quince leyes sobre el estatuto personal según a las religiones reconocidas, pero ningún código civil que cubra temas como el divorcio, los derechos de propiedad o la custodia de los hijos. En virtud de estas leyes religiosas sobre el estatus personal, el Líbano permite los matrimonios infantiles y pone obstáculos importantes en el camino de las mujeres que buscan el divorcio, incluso en casos de esposos abusadores. En los casos en que se permite el divorcio, la custodia de los hijos se otorga casi inevitablemente a los hombres.

En el Líbano hay 100.000 hijas e hijos apátridas y 70.000 mujeres libanesas casadas con extranjeros, según datos del movimiento Mi Nacionalidad, Mi Dignidad. Su presidente, Mustafa Chaar, sabe lo que es ser extranjero en su propio país y apátrida. Todo nació cuando su abuela se casó con un sirio, así que el hijo del aquel matrimonio y padre de Chaar heredó la nacionalidad siria y no la libanesa, aunque ni haya nacido ni vivido en Siria. Y así sigue por generaciones: el portavoz de Mi Nacionalidad, Mi Dignidad ha heredado este problema. Su abuelo nació en 1920 cuando se creó el Gran Líbano como estado independiente de Siria, pero como tenía sus orígenes en Damasco le negaron la nacionalidad libanesa. Como perseguidos por “una maldición familiar” los hijos de Mustafa Chaar y sus nietos también seguirán siendo sirios. Durante toda su vida se ha sentido extranjero en su país, porque las leyes sexistas arrastran generaciones. “De adolescente soñaba con ser como mi tío materno; un general del Ejército. Tenía envidia de mis primos, por que ellos eran libaneses y podían hacer lo que quisieran o ser quien quisieran. Yo no puedo ni ejercer mi carrera universitaria, ni siquiera ser taxista”, lamenta.

Desde 2010 Chaar, a través de su organización, ha estado luchando por el derecho a que las mujeres libanesas puedan dar la nacionalidad a sus descendientes. Aunque son pocos los avances, en 2018 el movimiento Mi Nacionalidad, Mi Dignidad logró que se quitara la penalización de 300.000 libras libanesas (200 dólares al cambio oficial, algo menos de 170 euros) por el permiso de residencia a los hijos e e hijas menores de edad de padre no libanés, que se renueva cada 10 años. Sin embargo, cuando alcanzan los 18 años se renueva anualmente y si no se renovaba tenían que pagar esa cantidad cada año.

También han conseguido que las criaturas de madre libanesa y padre no libanés puedan ser escolarizadas en instituciones públicas, ya que el Ministerio de Educación quitó la cuota de admisión para quien no es de Líbano. Aún así, no tienen derecho a la Seguridad Social ni a la sanidad pública. La discriminación es mucho mayor cuando se trata de padres con nacionalidad de algún país árabe que cuando tienen nacionalidad europea o estadounidense, ya que tener un pasaporte de estos territorios es una puerta que se les abre.

Manifestación en Beirut por el derecho a dar la nacionalidad en Líbano. / Foto: Ethel Bonet

“Los hijos de padres árabes estamos condenados a ser apátridas y el Líbano se convierte para nosotros en una cárcel, ya que es más complicado solicitar un pasaporte”, explica Chaar. Para poder tramitarlo, si es hombre mayor de edad, la embajada de su país le exige haber hecho el servicio militar obligatorio, que en Siria es de dos años. Mustafa Chaar ha sido apátrida hasta que cumplió los 40 años, edad en la que ya está exento de hacer la mili en Siria. Consiguió su nacionalidad hace tres años, ahora ha cumplido los 45, y fue una verdadera odisea todo el trámite burocrático en un país que lleva 10 años en guerra. “Fue la primera vez en mi vida que fui a Damasco. Me trataron como a un extranjero al que le engañan para sacarle el dinero. Me costó 7.000 dólares [casi 6.000 euros] conseguir la nacionalidad siria, además del riesgo que supuso cruzar en taxi medio país con puestos de control de militares, de grupos rebeldes, o de yihadistas, mientras seguían los combates”, recuerda.

Ahora, su único hijo varón es mayor de edad se encuentra en la misma tesitura. “Cómo voy a mandarlo a Siria para que lo recluten y tenga que luchar por un país en el que nunca ha estado”, se pregunta Mustafa Chaar. “Si lo único que conocemos de Siria es la embajada en Beirut”, agrega con sorna. La ley de ciudadanía libanesa se estableció a mediados del siglo pasado por la llegada de cientos de miles de personas palestinas, que huyeron entre 1948 y 1967 de los territorios ocupados por Israel.

“Es curioso que esta ley se puso para controlar el censo de la población palestina por el tema del equilibrio de las sectas en Líbano”, dice Chaar, que cuenta solo entre el cinco o seis por ciento de los y las palestinas son de madre libanesa. Sin embargo, hay muchos libaneses casados con palestinas y por lo tanto sus hijos e hijas son de Líbano. Este sería el caso de un tío paterno de Myra Saad que se casó con una mujer palestina. Pero ella, en cambio, se casó con un hombre alemán y su bebé no puede ser libanés. “Los primos de mi hija son libaneses pero su madre palestina. Yo soy libanesa pero mi hija no puede ser libanesa”, lamenta.

Todo ha sido complicado para esta pareja mixta desde el principio. Su marido es profesor de la Universidad Americana de Beirut y se conocieron cuando ella estudiaba allí Psicoterapia. Para casarse por lo civil tuvieron que hacerlo fuera del país, sin poder invitar a toda la familia, porque no existe el matrimonio civil en Líbano, y después tardaron meses en convalidarlo para poder hacer el registro del nacimiento de su hija. “A veces los propios libaneses no entienden lo que es no poder dar la nacionalidad a tus hijos. Te dicen que qué suerte tiene tu hija porque tiene un pasaporte europeo. Pero yo quiero que ella elija, que ame a su país, que se sienta libanesa, porque lo es”, exclama Myra Saad.

“Es muy importante poder concienciar a la gente. Nuestros hijos son libaneses, tienen el derecho a serlo, pero nuestro Gobierno se lo niega. Con esta política lo único que consiguen es que más y más gente se marche del Líbano”, sentencia Saad. Ella y su marido, aunque él tiene plaza en la Universidad Americana de Beirut, se están planteado marcharse a Alemania cuando la niña crezca un poco. Como reconoce Myra Saad: “No quiero que mi hija crezca en un país en donde te discriminan por el hecho de nacer mujer y no puedas dar tu nacionalidad a tus hijos”.

Durante décadas, las activistas feministas han exigido cambios en la controvertida ley de la nacionalidad. Precisamente, en septiembre de 2019 se iban a retomar una serie de proyectos de ley para promover los derechos de las mujeres que habían estado languideciendo en los cajones de las comisiones parlamentarias durante años. La lista incluía la aprobación de una ley contra el acoso sexual, el fortalecimiento de la ley de violencia doméstica vigente en el país, la prohibición del matrimonio infantil, la concesión a las mujeres del mismo derecho que los hombres de transmitir su nacionalidad a sus hijos e hijas, y la introducción de cuotas para la representación de las mujeres en cargos políticos tanto a escala local como nacional. Pero la sesión legislativa programada en un principio para el marzo de 2020, nunca se llevó a cabo.

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