“Lo que puedo garantizar es que desde Igualdad intentaremos que las riojanas puedan abortar de forma voluntaria sin tener que desplazarse a otra comunidad autónoma”, aseguró Raquel Romero, consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 de La Rioja, en ‘Prohibido abortar en La Rioja’, publicado por Pikara Magazine hace dos semanas. El lunes 1 de marzo lo afirmaba de forma oficial, aprovechando la rueda de prensa del Gobierno provincial para presentar la campaña de Igualdad con motivo del 8 de marzo. Según Romero, la nueva Ley de Igualdad riojana incluirá “el pleno ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo”, algo que en la actualidad se cumple solo parcialmente. Debido a que todo el personal de ginecología de La Rioja ha firmado la objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, las riojanas son derivadas a otras comunidades autónomas, lo cual retrasa al menos dos semanas un proceso en el que los plazos son clave. Además, el seguimiento tampoco se cumple en todos los casos como debería.

Mónica (seudónimo), por ejemplo, tiene 20 años y abortó en enero. Desde que acudió a su médico de cabecera hasta que le llamaron del servicio de ginecología del Centro de Alta Resolución San Millán (CARPA) de Logroño, “pasaron entre cuatro días y una semana”, cuando la llamada debería darse en un día para asegurar que los plazos sean lo más ajustados posibles. “El primer día que entré en la consulta de mi médico estaba de dos semanas y cuando aborté, estaba ya de un mes”, cuenta. Mónica quería abortar en Bilbao “por cercanía”, pero no le dieron esa opción a pesar de que el Gobierno riojano tiene concierto para abortos voluntarios con clínicas de esta ciudad, de Zaragoza y de Pamplona. Finalmente acudió a la Clínica Ansoáin en la capital navarra. “En Pamplona solo hacen abortos los miércoles, así que aunque pasaron los tres días de reflexión y dije que sí quería abortar un lunes, tuve que esperar dos días más”, recuerda. Después del aborto “me dijeron que me llamarían a las dos semanas desde el CARPA para hacerme la revisión y todavía no me ha llamado nadie -reconocía hace unos días-. La primera semana estuve mal, con dolores fuertes y sangrado abundante”.

La apuesta de la consejera es contundente, aunque como ella misma reconoció en declaraciones para el anterior reportaje, la ejecución de esta propuesta depende de la Consejería Salud, que deberá determinar cuáles serán las medidas para que la propuesta de Igualdad no se quede en papel mojado. Desde el Departamento de Prensa de la Consejería de Salud, sin embargo, solo especifican que “facilitarán el cumplimiento de la ley” de interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en 2010 por el Gobierno de Zapatero, pero adelantan que no pueden decir “nada más concreto por el momento”. “Pondremos los temas sobre la mesa”, han asegurado. Asimismo, afirman que “no existe ninguna evidencia documentada de queja por parte de ninguna paciente”, pero personal sanitario riojano indica que esto se debe a que muchas mujeres prefieren abortar y dejarlo pasar, debido a lo duro que es el proceso, el tabú y el estigma, entre otras cosas.

Todo el personal de ginecología actual de la sanidad pública riojana firmó la objeción de conciencia al aborto voluntario entre 2010 y 2019, unas “circunstancias” que, según Salud, se daban con “gobiernos del Partido Popular”, y que no se han repetido desde que existe un Ejecutivo “progresista” en la comunidad, ahora gobernada por el PSOE. Aun así, reconocen que no se ha contratado a nadie nuevo en ginecología en los últimos años por lo que, en la práctica, siguen sin realizarse abortos en la sanidad pública riojana. Desde Salud alegan que los profesionales están en su derecho por ley a firmar la objeción de conciencia y que “se acogieron a este derecho sin ningún tipo de coacción ni estigmatización”. También reconocen que en la actualidad hay un proceso abierto de contratación de nuevos profesionales, lo que deja abierta la puerta a que esta situación cambie en el futuro.

La parlamentaria riojana del Grupo Mixto Henar Moreno (Izquierda Unida) se ha comprometido por su parte a presentar una Proposición no de Ley al pleno de este mes de marzo donde se recoja la necesidad de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la comunidad, así como para señalar que en los servicios de urgencias riojanos no se dispensa la píldora del día después de forma gratuita.

Una reforma estatal para la ley del aborto

El Ministerio de Igualdad no ha dado una respuesta específica al problema de La Rioja, pero sí ha adelantado que, “sobre los plazos y la píldora del día después, está previsto tomar medidas en este sentido a través de la reforma prevista de la ley del aborto”. El objetivo es, entre otras cosas, “homogeneizar la prestación en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que las competencias en Sanidad son de las Comunidades Autónomas”.

El Ministerio también ha explicado que está trabajando “conjuntamente con el Ministerio de Sanidad en una propuesta” en una nueva normativa para el aborto farmacológico, aunque por el momento no pueden “avanzar más detalles”. En enero, de hecho, Sanidad lanzó una consulta de modificación del Real Decreto 831/2010 de Garantía de la Calidad Asistencial de la Prestación a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Los cambios buscaban promover el método farmacológico para realizar abortos dentro de las nueve primeras semanas de gestación, de tal forma que el acceso a esta píldora abortiva estuviera en los centros ambulatorios. El objetivo era evitar un supuesto problema de sobresaturación hospitalaria, pero contradecía los criterios del Ministerio de Igualdad, según los cuales la embarazada tiene que poder decidir qué método prefiere, farmacológico o quirúrgico, para realizar el aborto.

El problema de saturación hospitalaria puede deberse a la falta de medios públicos para este tipo de intervenciones. De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el 86 por ciento de las IVEs (interrupciones voluntarias del embarazo) realizadas en 2019 en el Estado español se hicieron en clínicas privadas. Según el análisis de Noemí López Trujillo y Alba Martín Campos, desde que se aprobó la ley actual en 2010, el 91 por ciento de los abortos se realizan en este tipo de clínicas. Laura Martínez Valero, integrante de la organización Women’s Link, asegura que llevan años denunciando esta situación: “La ley dice que excepcionalmente se derivarán los casos a la privada, pero es al revés, se derivan casi todos y excepcionalmente algunos se realizan en la pública. Esto supone obstáculos en las zonas donde no hay clínicas”.

Actualización

Después de las declaraciones de Raquel Romero y de que se publicara esta noticia, el Parlamento riojano decidió vetar la Proposición No de Ley presentada por Henar Moreno con el voto en contra de PP y Ciudadanos. La parlamentaria del Grupo Mixto por Izquierda Unida se había comprometido a solicitar en la Cámara el acceso a la Sanidad pública para todas las riojanas que quisieran practicar un aborto voluntario.