Concentración en Bilbao, el 17 de mayo, contra la violencia vicaria. / Foto: M.A.F.

En las últimas semanas estamos siendo testigos de una situación histórica en lo que a la violencia vicaria se refiere y, gracias a la valentía de Rocío Carrasco y el apoyo de los medios de comunicación, se está visibilizando la peor de las violencias que un hombre puede ejercer contra su expareja, maltratando de manera brutal a sus criaturas.

Esta violencia viaria, que es la que ejerce el padre de familia contra sus hijos e hijas para seguir maltratando a su expareja, cuenta con el beneplácito y el respaldo absoluto de las instituciones y del sistema judicial al completo, convirtiéndolo en un laberinto sin salida y en un maltrato institucional para las madres y para las criaturas.

Últimamente han saltado muchas noticias a los medios de comunicación:

Juana Rivas, condenada en firme a dos años y medio de prisión y seis años de retirada de la patria potestad. Sus hijos están condenados por el Estado español a vivir con su verdugo.

Sara (#MamáEstáCastigada) está castigada sin ver a sus hijas desde hace dos años y confirmada por la Audiencia su condena a cuatro años de prisión y cuatro de retirada de la patria potestad. Sus, hijas condenadas a no tener madre.

El hijo de María Sevilla está en alto riesgo por estar condenado a vivir con su verdugo. Hasta la fecha el sistema de protección no ha hecho nada, habiéndose confirmado por la Audiencia la condena para María a dos años y cuatro meses de prisión y cuatro de retirada de la patria potestad.

Pero estas no son las únicas madres que están sufriendo violencia vicaria y maltrato institucional.

Patricia González. A pesar de tener la custodia de su hija, lleva sin verla dos años. Se acaba de celebrar el juicio en el que el Ministerio Fiscal pide tres años de prisión y seis de retirada de la patria potestad. En este juicio, seis profesionales ratificaron la veracidad de los hechos narrados por su hija.

María Ugarte (#MariaNoSeVa). Su hija le ha sido arrancada hace dos años por contar que su padre abusaba de ella. María ha dejado de ver a su hija porque la jueza de Familia lleva meses sin contestar al coordinador del punto de encuentro sobre qué se hace con las visitas, puesto que tienen un tiempo máximo de 18 meses que ya se ha cumplido.

Ana María Bayo se enfrenta a dos delitos de desobediencia a pesar de que su hija fue la niña que utilizó una grabadora para escapar de los abusos, y pudo demostrar el maltrato.

Silvia Aquiles (#justiciaparasilviaysushijos) lleva más de un año sin ver a sus criaturas. Se enfrenta a cuatro delitos de desobediencia y a otro de sustracción, aunque entregó a sus hijos cuando fue notificada. La situación de riesgo de sus criaturas ya ha empezado a alertar a los profesionales.

María Isabel Martínez. Su hija ha sido arrancada hace casi tres años por denunciar que su padre abusaba de ella y la maltrataba. No ha podido recuperar la custodia de su hija; desconoce si está en riesgo porque tiene prohibido llevarla a tratamientos psicológicos y médicos.

Verónica Saldaña tiene una orden de alejamiento de tres años de su maltratador, pero el juez la ha amenazado con arrancarle a sus dos hijos mellizos si no los entrega de inmediato a las visitas con el padre, que ya le advirtió que a sus hijos les haría cómo “Bretón”.

Daria Sidorkevic. Aunque su hija tiene orden de alejamiento de su padre, actualmente bajo investigación penal en dos procesos distintos, los servicios sociales han solicitado que la hija de Daria pase a ser custodiada en casa de acogida, porque su madre se atrevió a denunciar abuso sexual infantil y violencia de género.

Bárbara. Asesinaron a sus hijas. No las protegieron.

Estas madres son solo la punta de un iceberg devastador.

Recordemos: según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, solo el 0,8 por ciento de los niños tienen la protección y sus padres retirada la patria potestad.

Por su parte, la macroencuesta publicada en septiembre del año 2020 por la delegación de Gobierno destaca que, 840.000 niños no tienen medidas de protección.

Reclamamos:

Una reparación del daño inmediata para que las criaturas que han sido arrancadas sean devueltas a su único vínculo de seguridad, que son sus madres protectoras.

Que la violencia vicaria y el maltrato institucional aparezcan reflejados en la ley de violencia de género y la ley de infancia.

Que la patria potestad sea retirada a los padres que ejercen la violencia vicaria, tal y como dice el artículo 3 del Convenio de Estambul y la medida 139 del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Urgimos al movimiento feminista y a la sociedad en general a que nos apoyen firmemente.

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