Verónica Ferrari / Agencia Presentes

Manifestación LGTBI frente al Congreso de Perú. / Foto: Agencia Presentes

Pedro Castillo (candidato del partido Perú Libre), conocido sindicalista cajamarquino que dirigió por varios años a las y los maestros en sus diversos pedidos para mejorar su situación, se avizora como nuevo presidente de Perú. Pasó de tener el 0.1 por ciento de intención de voto a inicios de año pasado a ocupar el primer lugar en la segunda vuelta enfrentándose con Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, en su tercer intento de hacerse de la presidencia como candidata del partido Fuerza Popular. Con un total de sufragios que sobrepasó los 18 millones, hubo más de un millón de votos anulados y la diferencia entre los candidatos es exigua.

La campaña fue muy desigual. El fujimorismo contó con unos 23 millones de dólares que usó para atacar a Castillo y sus militantes con racismo, clasismo, acusándolos de terroristas. Además del dinero, tuvo el apoyo de los políticos de derecha, de la prensa oficial, de los deportistas y de diversos programas de televisión y radio.

El movimiento feminista y el LGTBI peruano se veían en una encrucijada, pues ninguno de los dos ofrecía algún tipo de avance para la agenda de mujeres y personas de la diversidad sexual. En campaña, Castillo, cristiano y con un discurso “familiarista”, se había referido de forma negativa hacia los derechos que exigimos, no teniéndolos como prioridad o desconociéndolos. Incluso su vicepresidenta, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, fue acusada de transfobia por una denuncia de maltrato cuando trabajaba como funcionaria del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil.

Pero nosotras tenemos memoria, y recordamos todo lo que hizo el fujimorismo en los 30 años que ha estado en el poder. Alberto Fujimori, en su primer gobierno, despidió a un grupo de funcionarios y diplomáticos, acusándolos de ser homosexuales, además de iniciar una campaña de “planificación familiar”, luego conocida como el caso de las esterilizaciones forzadas, en donde cientos de mujeres andinas y empobrecidas fueron intervenidas quirúrgicamente en contra de su voluntad para que no pudieran tener hijos.

Con Fujimori preso, sus hijos tomaron su lugar y con sus bancadas impidieron que las personas LGTBI pudieran tener un mínimo de derechos, oponiéndose a los proyectos de ley de unión civil, matrimonio igualitario, identidad de género, crímenes de odio y al enfoque de género en la educación, difamando, persiguiendo y sancionando a funcionarias del Ministerio de Educación por incluir temas de Educación Sexual Integral.

Lo que inclinó el voto a favor de Castillo por parte del movimiento feminista y de las personas de la diversidad sexual es que, a pesar de no ser un aliado, tampoco es un enemigo de nuestras demandas como lo ha demostrado por tanto tiempo el fujimorismo. Además creó alianzas con partidos y políticos progresistas de izquierda, quienes sí defienden los derechos de mujeres y LGTBIQ+. Asimismo, Castillo no tiene los antecedentes criminales de Keiko Fujimori, acusada por la Fiscalía peruana de liderar una organización criminal dedicada al lavado de dinero, que ingresaba de forma ilegal a su partido político para financiar sus campañas electorales. Por esta acusación pende una condena de 30 años de cárcel.

Además, puso en jaque al Estado peruano estos cinco años promoviendo vacancias, destituciones y censuras a presidentes y ministras y ministros generando una enorme inestabilidad política, incluso promoviendo un corto golpe de Estado que dejó el saldo de dos jóvenes asesinados por la policía en su afán de reprimir las protestas.

En ese sentido, se avizoran cinco años de lucha para el movimiento LGTBI que ya ha llamado a marchar de forma presencial el sábado 26 de junio bajo la consigna “Nuestro Orgullo no está en cuarentena” para empezar a exigir al nuevo presidente que también respete y promueva nuestros derechos.

Sigue leyendo: