Refugiados nicaraguenses recién llegados a Costa Rica, huyendo de la represión del gobierno de Ortega, son consolados y ayudados a buscar un techo para dormir por nicaraguenses residentes en San José. Agosto 2018. / Foto © Javier Bauluz

Noel Vidaurre es el séptimo aspirante que está preso. Pretendía competir en las elecciones presidenciales nicaragüenses, que se deben celebrar el próximo 7 de noviembre, con el partido de derechas Ciudadanos por la Libertad, pero le aplicaron la Ley de Soberanía. Al mismo tiempo también fue detenido el comentarista político Jaime Arellano. Los casos similares no cesan.

María Asunción Moreno, una abogada de renombre en Nicaragua y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia, dio a conocer sus aspiraciones electorales y un día después fue citada por la Fiscalía para ser investigada por motivos no expuestos en la cita. Ella decidió no presentarse y ahora se mantiene en clandestinidad. “Está más que claro que dentro de este contexto preelectoral se ha criminalizado el ejercicio del derecho a optar a un cargo de elección popular, la dictadura ha recrudecido la represión para impedir unas elecciones justas, libres, competitivas y con observación internacional”, ha tuiteado Moreno tras dar una entrevista a La Prensa.

La presión del régimen de Daniel Ortega hacia Moreno ha aumentado. La vivienda de la jurista fue allanada por unos 30 policías que golpearon a las personas que se encontraban en el sitio, además de destruir la infraestructura de la casa y llevarse el vehículo de la abogada. “Responsabilizo a Daniel Ortega y Rosario Murillo [vicepresidenta y esposa de Ortega] si algo me llega a suceder o a mí familia”, denunció también Moreno en redes sociales. En la entrevista con La Prensa admitió que ha sufrido ataques de ansiedad, que constantemente se ha cambiado de casa por seguridad y por temor a ser detenida; además estará 90 días bajo investigación, como han hecho con los otros 28 opositores cuyo operativo de encarcelamientos empezó en junio y que continúa en ejecución.

Antes, ya había 120 personas presas políticas, entres las que figuran siete precandidatos presidenciales, políticos y políticas, empresarios, campesinos y campesinas, estudiantes, feministas, periodistas, comentaristas políticos y exguerrilleros que aportaron directamente a la salida de la dictadura de Anastasio Somoza. Se han cumplido 42 años de esta gesta histórica y en la celebración, el presidente del país, Daniel Ortega, no mencionó al cuadro de compañeros y compañeras de lucha que mantiene encarcelados. En su discurso sostuvo su postura clara de mantenerse en el poder al declarar que “el pueblo armado jamás será aplastado”.

“Parece que confundió al pueblo con su ejército, policía y paramilitares”, tuiteo María Teresa Blandón, feminista, socióloga y exguerrillera. Mientras, la escritora Gioconda Belli acusó al régimen de falsear el ideal, la ética y los principios de la revolución sandinista, de estar “atornillados” al poder y de ser “incapaces de aceptar que ya su pueblo no los quiere”. “Hay tanta gente presa en este momento que se atrevió a pedir un cambio, que se atrevió a plantear que no se podía seguir siempre de la misma manera”, resaltó Belli, durante su intervención motivada por el 42 aniversario de la revolución sandinista de la que ella fue parte.

A pesar que varios de esos presos políticos tienen medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus familiares no tienen acceso ni a información de dónde están detenidos ni de su estado de salud. Estas acciones no corresponden a un Estado de derecho, sostiene la abogada e investigadora del Observatorio ProTransparencia y Anticorrupción Martha Patricia Molina: “Se les está negando el derecho a la defensa, no se les ha abierto un proceso legal y el principio de inocencia no se mantiene, de entrada, les están señalando de delincuentes”, explicó en la entrevista en La Directa.

El paquete legislativo aplicado a las nuevas presas y presos políticos, a través de la Fiscalía, ha hecho desfilar a más de 44 periodistas, a los que pretende involucrar en caso de lavado de dinero por recibir apoyo financiero y de capacitación por la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dirigida por Cristiana Chamorro, precandidata que destacaba en las encuestas para derrotar a Ortega.

Otra prueba de que Nicaragua ya no es una república democrática es que Ortega rechaza el ingreso de personas nacionales opositoras. A Lester Javier Alemán Navarrete le negaron la entrada cuando intentó entrar a Nicaragua para llevar de cerca el encarcelamiento de su hijo, Lester Alemán, uno de los estudiantes encarcelado y quien plantó cara a Ortega exigiendo que dejara el poder en el intento de Diálogo Nacional de mayo de 2018.

El hostigamiento por parte de la Policía y las fuerzas de choque a los opositores no cesa: al tiktoker Kevin Monzón le amenazaron con dispararle si intentaba huir, la expresa política Ivannia Álvarez fue obligada a exiliarse, al igual que Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del “mártir de las libertades públicas”, por decreto legislativo, Pedro Joaquín Chamorro. Las oficinas de su medio, Confidencial, han sido allanadas varias veces, al igual que su vivienda, donde lo buscaban para arrestarlo.

Ante estos acontecimientos Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han emitido resoluciones y pronunciamientos solicitando “el cese de la violación de derechos humanos”, además de ejecutar sanciones a funcionarios del Gobierno. México y Argentina, por otro lado, se han puesto a la orden de Ortega en un proceso de mediación, sin resultado alguno. La Ley Renacer es una de las iniciativas aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. En caso de ser aprobada en el pleno del Senado, donde está para su consideración, Nicaragua será sometida a más sanciones contra operadores y funcionarios del régimen, requerirá informes sobre las actividades de Rusia en el país, se ampliarán los mecanismos de supervisión a los préstamos de las instituciones financieras internacionales y revisarían de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esta amenaza pone en la cuerda floja a los negocios que Nicaragua realiza con su principal socio comercial, Estados Unidos, lo cual impactaría de forma directa a más de 100.000 empleos de la zona franca, donde trabajan sobre todo mujeres.

Este panorama catastrófico y la clara respuesta de Ortega de mantenerse en el poder ha obligado a familias enteras a buscar otros rumbos, aunque eso signifique exponer sus vidas.

Julio Ampié Machado fue capturado el 30 de mayo de 2018 por las autoridades policiales junto a tres defensores que formaban parte del equipo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Un juez lo condenó a 10 años de cárcel; sin embargo, en junio de 2019 fue absuelto bajo la Ley de Amnistía que aprobó la Asamblea Nacional para todas las personas que habían sido señaladas de haber cometido delitos durante la crisis iniciada en abril de 2018. Ampié se refugió en España en 2019. En un pueblo de Sevilla trabajó en una granja de cerdos mientras esperaba la resolución de la solicitud de asilo que aplicó; al no recibir respuesta, reunió dinero y regresó a Nicaragua. A su llegada al aeropuerto de Managua, a inicios de este año, estuvo retenido durante 12 horas por las autoridades, y bajo amenazas lo dejaron ir. Sin embargo, en julio emprendió una nueva ruta con su esposa y sus hijos de 16 y cuatro años: un sueño americano que se ha detenido en México, donde están secuestrados por un cártel que pide 22.000 dólares a su familia para que sean liberados. Hasta la fecha han recaudado 14.000 dólares por aportes de la población y venta de bienes de la familia. Aún permanece bajo secuestro.

“Sinceramente no vemos una salida ahorita, lo que podemos hacer es buscar la comida fuera, los políticos se arreglan, pero uno si no trabaja no come”, dice un joven nicaragüense que en agosto sale rumbo a Estados Unidos de forma irregular.

Los registros de patrulla fronteriza de Estados Unidos señalan que en junio ha incrementado considerablemente la llegada de nicas a este país; en el caso de Costa Rica las solicitudes de asilo en ese mismo mes se han triplicado. “Estamos recibiendo diariamente 500 nicaragüenses que ingresan a nuestro país”, dice Claudia Vargas, de la Fundación Arias para la Paz, que funciona en Costa Rica.

Migraciones sin precedentes

Rosario Murillo y Daniel Ortega no abordan la migración como un efecto negativo de su represora línea de gobierno. Pero sí celebran el aporte que representan las remesas en la economía del país, que han salvado que muchas familias caigan a pobreza extrema.

¿Qué están haciendo para que los sueños y aportes que pueden dar la juventud pensante se quede en Nicaragua? Quienes sacrifican sus vidas, sueños y fuerzas son jóvenes, mujeres y hombres que salen a trabajar fuera para mantener ese crecimiento sostenido que experimentan las remesas, a pesar de la pandemia. Y que representan el 14,6 por ciento del Producto Interno Bruto del país, según el Banco Central de Nicaragua. España pasó a ser el segundo emisor de remesas más importante para Nicaragua, superado por Estados Unidos y desplazando a Costa Rica, que siempre había mantenido ese segundo lugar. En la península ibérica es donde la migración nica tiene rostro de mujer y casi en su totalidad pasan de forma irregular sus primeros tres años de residencia trabajando en condiciones precarias, así lo definen distintos estudios de migraciones y experiencias de las mismas mujeres. De esa forma es posible ese crecimiento del 21 por ciento que representan las remesas en mayo de este año, y que parece que va a seguir aumentando, no porque los y las nicas en el exterior vayan a ganar más dinero, sino porque migrar es la primera opción de subsistencia.

María Matthews, abogada nicaragüense y especializada en migración con estudios en Estados Unidos, asegura que muchos de los y las nicaragüenses están vendiendo sus viviendas para poder viajar en busca de mejores oportunidades. En los diarios internacionales se leen con más frecuencia tragedias que involucran a migrantes nicas. Javier Alexander Rodríguez Silva, de 36 años, murió asfixiado en un tráiler cuando viajaba junto a otros migrantes en territorio mexicano. Ahora su familia busca dinero para repatriarlo.

La migración en Nicaragua marcó un giro transcendental en 2018, su masividad fue histórica. Esa misma tendencia prevén que ocurra en noviembre de este año, como un efecto directo de la incertidumbre que existe por las elecciones presidenciales. Lo cual evidencia la necesidad de trabajo, seguridad y democracia en un país donde la ideología del partido de Gobierno es prescindible para conseguir un puesto de trabajo, acceso a los servicios públicos e incluso para la convivencia social.

La pregunta que queda abierta es: ¿tendrán compasión Ortega y Murillo por Nicaragua?, ¿serán capaces de cumplir con la ruta del proceso electoral transparente y democrático? Los próximos días serán momentos decisivos en el país de lagos y volcanes. Mientras tanto, en las redes sociales, el único espacio que queda para expresarse, se mantiene el grito de libertad para los presos políticos.