Nicaragua ya no es libre
Los embates del Gobierno de Nicaragua contra la población civil no han cesado y la situación empieza a ser asfixiante para muchas personas. ¿Se puede encarcelar a un país entero? Daniel Ortega y Rosario Murillo están, desde luego, intentándolo y aparentemente consiguiéndolo.
“Tenemos miedo de que nos detengan al intentar cruzar la frontera”.
“A lo mejor no nos dejan salir del país”.
“¿Supiste que están parando a la gente en el aeropuerto?”.
“No sabemos si no me van a denunciar los vecinos si hablamos mal del gobierno. Calláte, mejor hablemos bajito, no sabemos quién nos puede estar oyendo”.
“Muchachas, ayúdennos. Se está organizando una recogida dinero para ayudar a sacar a (nombre omitido por seguridad) del país”.
“Mejor no comentamos nada por teléfono ni por mensajes porque si te agarran el teléfono ya sabes lo que puede pasar”.
“Cuando salgas a la calle, guarda el teléfono porque si te lo ve la policía te lo revisan y te pueden acusar”.
Estos mensajes son conversaciones reales que hemos leído y visto en los últimos días por grupos de mensajería online en los que ya empieza a sembrarse también la desconfianza. La libertad que conquistó Nicaragua en el 79 ya no existe, y hace mucho que ya no es libre. Los embates del Gobierno contra la población civil no han cesado y la situación empieza a ser asfixiante para muchas personas. ¿Se puede encarcelar a un país entero? Daniel Ortega y Rosario Murillo están, desde luego, intentándolo y aparentemente consiguiéndolo.
La reciente aprobación de varias leyes enmarcan y encapsulan ese nuevo ataque contra la tan preciada libertad en el país. La Ley de Regulación de agentes extranjeros, anunciada el 22 de septiembre por legisladores orteguistas, quiere estigmatizar a quienes califica como “agentes extranjeros” y justificar mediante argucias legales el encarcelamiento de quien se oponga pacíficamente al régimen dictatorial. El contenido de esta ley define básicamente dos cosas. Primero, que toda persona, natural o jurídica, que recibe fondos provenientes de agencias oficiales o no, del extranjero, está obligada a registrarse en el Ministerio de Gobernación. El colofón, la Ley de Ciberdelitos, penaliza el activismo social y político opositor en las redes sociales y amenaza con cárcel a los que la ejerzan.
Organizaciones empresariales, de derechos humanos y políticas han denunciado la naturaleza autoritaria de estas leyes. Las mismas en un contexto pre electoral y ante la demanda de elecciones libres y transparentes, solo persiguen crear nuevos instrumentos represivos orientados a intimidar a la oposición, objetivo de antemano condenado al fracaso.
Nicaragua, en titulares
¿Cómo contamos Nicaragua a quien nos lee? Lo que ocurre lo hemos visto en películas o leído en las noticias en otros contextos: opositor detenido, líder encarcelado, personas desaparecidas, lideresas políticas perseguidas con especial saña por el hecho de ser mujeres. Nunca nos imaginamos que esto podría ocurrir con nuestro país. Contarlo resulta sumamente difícil porque, viviendo en países donde -con sus defectos- existe una democracia, no sabes si con quien hablas te entiende o comprende el alcance de lo que está ocurriendo.
La historia más reciente de Nicaragua ha estado bastante presente y no precisamente por el mismo motivo ilusionante que llevó a tantas personas a unirse a una lucha revolucionaria en los años 70, sino por lo contrario. Seguramente, quien lea estas líneas sabrá de lo que hablamos cuando decimos que no hay paz social en el país. Desde mucho antes de abril de 2018 se cometen tropelías contra la ciudadanía nicaragüense. Las organizaciones de mujeres y feministas, los pueblos originarios o campesinos, el movimiento anticanalero [en contra de un proyecto de canal interoceánico similar al de Panamá] y ambientalista fueron primeros en ser testigos de toda esta sinrazón.
Un partido gobierno, en cuyas manos se encuentran todos los poderes del estado y la mayor parte de los medios de comunicación, se ha encargado de perseguir y acosar al pueblo. Ese pueblo al que tan orgullosamente dicen representar.
El éxodo nicaragüense que se desencadenó a raíz de la crisis de 2018 no ha parado. El goteo constante se verá ahora incrementado además con el recrudecimiento de la persecución política. Todo ello muy asincrónico, propio de una época distinta y de malos personajes de una película con un guion deficientemente escrito.
Más de 100.000 personas estiman los organismos internacionales que se han visto forzadas al exilio. De ellas, casi 10.o0o han llegado a España y sus expedientes siguen sin resolución.
Siempre hemos sido defensoras del derecho a la movilidad y de que las personas elijan, de acuerdo con la declaración universal de los derechos humanos, el lugar de su residencia con libertad. Pero también defendemos que quien quiera quedarse pueda hacerlo sin miedo a la persecución o a que vayan a atentar contra su integridad física o moral.
No es el caso de Nicaragua. Muchas personas que quieren quedarse y vivir en su país están siendo obligadas a salir sin despedirse de sus seres queridos y muchas veces no tienen la certeza de poder retornar. El miedo es una cosa tan poderosa y da tanto poder a los opresores que casi podemos constatar que han conseguido su objetivo.
La nueva embestida contra todo lo que sea oposición al régimen de Ortega se da de la mano de varias leyes hechas a su medida y con la policía bajo su control. Las últimas semanas se ha arrestado a líderes políticos, precandidatos presidenciales, activistas políticas, personas de la empresa privada e incluso exguerrilleros y guerrilleras sandinistas como Dora María Téllez y el general en retiro Hugo Torres. Ya hay más de 100 personas presas políticas. Para los últimos arrestos, han recurrido principalmente a la Ley 1055, que define quién es “traidor de la patria”, e inhabilita para cargos de elección popular a quienes el régimen considere, entre otras cosas, que incita la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares y se organicen con financiamiento de potencias extranjeras.
Otra ley punitiva que amenaza la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en Nicaragua es la Ley Especial de Ciberdelitos (1042), conocida como ‘ley mordaza’, que contempla entre uno y diez años de prisión para quien el oficialismo considere la publicación de noticias falsas. La ley mordaza pretende silenciar a los periodistas de medios independientes y a cualquier ciudadano que publique en sus redes sociales información crítica al régimen orteguista.
El 6 de julio nos despertamos con la noticia de que se llevaron también presos a Medardo Mairena, Lesther Alemán, Max Jerez, Freddy Navas, Pedro Mena y Pablo Morales. Todos ellos miembros de grupos estudiantiles o del movimiento campesino y a quienes se les acusa de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerdciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”. Tres de ellos ya habían estado detenidos de forma arbitraria con anterioridad y habían sido condenados sin ninguna garantía judicial. Posteriormente fueron puestos en libertad gracias a la Ley de Amnistía, aprobada en junio del 2019. La disposición de la policía es revivir “delitos” que la ley de amnistía ya había eliminado. Delitos que, por un lado, no tenían cabida legal ni garantías procesales, y que, por otro, no tienen cabida legal de acuerdo con especialistas legales.
La prensa independiente, asediada
La política de acoso y derribo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el periodismo independiente en Nicaragua ha sido y sigue siendo una de las principales líneas estratégicas en la represión, especialmente desde abril de 2018. Desde entonces se han producido asesinatos, secuestros y ataques directos a periodistas, así como registros y allanamientos de medios de comunicación.
Desde el comienzo de las protestas de abril de 2018 el periodismo independiente se ha convertido en un blanco del régimen, algo que quedó claro con el asesinato del periodista Ángel Gahona, en Bluefields, mientras realizaba una transmisión en vivo; el asalto por parte de paramilitares de las instalaciones de Radio Darío, en la ciudad de León, o el encarcelamiento, tras proceder a la usurpación de las instalaciones del canal 100% Noticias, de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, a finales de 2018.
A estos casos concretos hay que añadir multitud de situaciones casi diarias que hacen que el ejercicio del periodismo independiente en Nicaragua sea cada día más peligroso, en medio de situaciones que van desde agresiones físicas, el robo de equipos, amenazas a los propios periodistas o sus familiares y la intimidación continua mientras realizan coberturas sobre la labor de fuerzas paramilitares y policías. Del mismo modo, se han promovido juicios y condenas por presuntos delitos de injurias y calumnias contra periodistas como Kalúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima; David Quintana, del medio digital Boletín Ecológico; y William Aragó, corresponsal del diario La Prensa en el norte del país.
El régimen también ha atacado las instalaciones de Confidencial en dos ocasiones, primero en diciembre de 2018 y más recientemente este mismo año. Tras las confiscaciones, estos espacios han sido reconvertidos, por el régimen de Ortega, en dependencias del Ministerio de Salud.
El régimen de Ortega y Murillo ha practicado de facto una política de exclusión sistemática de la prensa independiente en el acceso a la información pública. Otra de las estrategias contra el gremio, especialmente contra el periódico La Prensa, es el bloqueo aduanero con el que les impide acceder a papel y otros insumos básicos para ejercer su labor de informar a la población.
Los ataques directos contra la prensa independiente han provocado además el exilio de más de medio centenar de periodistas independientes, según estimó antes de su disolución, provocada precisamente por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Oficiales de la policía (incluso de alto rango) y civiles son los protagonistas de estas agresiones. Las y los periodistas son agredidos verbal y físicamente por los uniformados mientras cubren conferencias de prensa de diversas organizaciones opositoras al régimen y cuando cubren los allanamientos policiales a las casas de líderes opositores. Los agentes policiales requisan vehículos que usan los periodistas, se les manosea, se les quitan equipos y se revisan sus teléfonos celulares, acciones que violentan la integridad personal y la libertad de expresión y prensa. Las periodistas nicaragüenses no oficialistas y sus familias sufren difamaciones, ataques digitales y físicos, ciberacoso, hostigamiento, sustracciones de equipos de trabajo, amenazas y violación de privacidad por parte de personas identificadas como afines al partido de gobierno, FSLN.
Los mensajes de agresión circulan principalmente en redes sociales e incluyen insultos, descalificaciones, ataques a su labor periodística, desvalorizaciones personales y profesionales y fotografías privadas compartidas sin consentimiento. En el ‘Reporte de Violencia hacia Periodistas Independientes de octubre a diciembre 2019’, elaborado por Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), aparecen los casos de agresiones sufridas por Kastalia Zapata, Jennifer Ortiz, Michelle Polanco, Tania Narváez, Cinthya Torrez, Aurora Leytón, Tania López, Lidia López, Joselyn Rojas, María Gómez, Gema Serrano, Fabiola Tercero y otras comunicadoras de Radio Vos y del Colectivo de Mujeres de Matagalpa.
En cuatro de estos 13 casos de agresiones documentadas a mujeres periodistas, se cometieron agresiones identificadas como violencia sexual, que se expresan en acciones de chantajes, manoseos, amenazas de violación, acoso, hostigamiento, ciberacoso y ciberacecho. Estos delitos fueron ejercidos por paramilitares, funcionarios públicos, parapolicías, fanáticos partidarios del partido de gobierno y oficiales de la policía nacional, y se produjeron mientras ellas ejercían la labor periodística. Esta es una realidad que opera de manera sigilosa y constituye un mecanismo de tortura y abuso de poder.
Persiste la decisión gubernamental de intentar callar al periodismo independiente para dejar de documentar lo que ocurre; sin embargo, el gremio ha demostrado ser uno de los más sólidos al que no han podido poner de rodillas. La narrativa del régimen busca promover “odio al periodismo” entre las bases que le respaldan en este año electoral.
Además, una investigación por presunto lavado de dinero que el Ministerio Público emprendió contra la Fundación Violeta Barrios, que persigue en el fondo sacar de la contienda electoral a la precandidata presidencial opositora Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación y quien se encuentra bajo arresto domiciliario. Dos extrabajadores de la Fundación Violeta Chamorro, Walter Gómez, el administrador financiero, y Marcos Fletes, contable de la misma, fueron detenidos el 28 de mayo como parte de la causa abierta contra la organización.
La Fiscalía en su afán de persecución pretende amedrentar a periodistas y medios de comunicación. En las últimas semanas más de 20 reporteros, directores de medios digitales y escritores como el premio Cervantes Sergio Ramírez Mercado han sido llamados a declarar en calidad de “entrevistados”, cuyo objetivo es intimidar y criminalizar el ejercicio de la profesión. También ha sido citada la corresponsal en Nicaragua de la cadena hispana Univision Noticias, María Lilly Delgado, a quien se ha puesto una retención migratoria. La Sociedad Interamericana de Prensa instó, a inicios de junio, a Ortega a “terminar con el acoso y acorralamiento de las voces críticas”. Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, adelantaron que la institución se mantiene en estado de alerta ante la “violencia gubernamental y la ausencia de debido proceso judicial, armas que el régimen utiliza para seguir erosionando la democracia, coartando la libertad de expresión y silenciando al periodismo y las voces independientes”.
¿Quién prenderá de nuevo la mecha en Nicaragua?
“Andará Nicaragua su camino en la gloria, porque fue sangre sabia la que hizo su historia”, decía la canción que tanto encandiló a muchas personas en los años 80. El camino que anda Nicaragua, visto desde los ojos de dos migradas nicas en otras latitudes, es de una espiral hacia abajo. Una huida hacia adelante que como única escapatoria plantea la escalada de la violencia hacia la oposición.
Empezamos a escribir no sabiendo si queríamos denunciar, lanzar un SOS o simplemente recordar que Nicaragua existe y que también existen las violaciones a los derechos humanos en el país. Quizás es una mezcla de todo lo anterior. Pero sobre todo un llamado a que no olvidemos la solidaridad internacional feminista. Donde si tocan a una, nos tocan a todas.
Es un llamado desesperado a que no se olviden de que un pueblo entero que enardeció a más de la mitad del mundo con su insurrección, sigue clamando por la democracia, la justicia, la paz y la libertad. ¿Qué más podemos pedir a la comunidad internacional? ¿Qué más necesita ocurrir en Nicaragua?
realizado con el apoyo de Calala Fondo de Mujeres y financiado por el Ayuntamiento de Barcelona.
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