Joaquina Romero frente al Archivo Municipal de Málaga. / Foto: Ruth de Frutos

“Me llamo Joaquina, soy de Antequera y llevo 49 años buscando a mi hijo”. Así comienza Joaquina Romero (Antequera, 1954) todas sus intervenciones en público para denunciar la sustracción de la criatura a la que dio a luz el 9 de septiembre de 1972.

Con 17 años y un niño de 15 meses que cuidar las 24 horas del día, ya que su marido estaba en el servicio militar, Romero decidió desplazarse a El Palo, un barrio del Distrito Este de la capital malagueña. “Vengo mala, tita”, le dijo a su tía tras un viaje de casi 60 kilómetros que, en esa época, serpenteaba mucho más que en la actualidad. Aunque la hermana de su padre le aconsejó que esperara, empezó a sangrar y decidieron ir a la Cruz Roja paleña y, posteriormente, al Hospital Regional Universitario de Málaga.

El infierno de la nada

“Esta niña está de parto, se tiene que quedar”, le dijo uno de los sanitarios que recibieron a las dos mujeres. Después, el infierno de la nada. “Solo recuerdo que me metieron en una habitación con un biombo a un lado y otro al otro. Yo nunca entré en una sala de parto”, explica. La antequerana recuerda todos y cada uno de los detalles de la habitación, hasta que la sedaron. Lo que pasó durante su falta de consciencia condicionó su lucha individual y colectiva por la verdad, justicia, reparación y no repetición del crimen de lesa a la humanidad de lo que se conoce popularmente por bebés robados.

Según la Asociación de Bebes Robados de Andalucía (ABEROA), en la Comunidad Autónoma fueron sustraídos cerca de 500 menores, cifra que solo en Málaga ascendería a 200. “No sé si tuve niña o niño”, afirma Joaquina, quien argumenta que su situación socioeconómica facilitó la sustracción. “Yo era una niña de pueblo, tenía solo 17 años y estaba sola cuando el médico me dijo que había tenido un niño y estaba en la incubadora y, al día siguiente, cuando desperté, que el bebé estaba muerto”, afirma.
“Quise verlo y me dijeron que no”, lamenta la antequerana que reside en un barrio obrero de Málaga. “Yo tenía mi seguro de decesos y mi marido estaba en el Campamento Benítez. Cuando llegó, nos dijeron que el niño ya no estaba allí”, continúa haciendo alusión una y otra vez a la antigua denominación del hospital.

Por aquella época, el centro hospitalario aún se llamaba Carlos de Haya, por el aviador Carlos de Haya y González de Ubieta, quien, según diversas investigaciones, participó en las comunicaciones aéreas que dieron lugar al asesinato de decenas de miles de civiles en la Carretera Málaga-Almería durante su huida en febrero de 1937. Este crimen de lesa humanidad retumba en la memoria bajo el nombre de la Desbandá.

La subida de teta, como se conoce comúnmente al aumento de producción de leche, causó fiebre alta a la recién parida, aunque meses después comprendió que el incremento de su temperatura corporal tenía otra razón: “Me habían dejado un trozo de placenta dentro”, declara indignada. Desde que el 9 septiembre de 1972 diera a luz hasta el 2 de noviembre de ese mismo año, Joaquina sentía que olía mal. “Yo soy muy limpia y no hacía más que lavarme, pero el olor no se iba”, argumenta haciendo gestos con las manos.

¿Tú has visto la televisión?

Viuda con 27 años, Joaquina Romero no estaba tranquila. Tenía demasiadas preguntas sin resolver. ¿Por qué la sedaron? ¿Por qué nunca entró en un paritorio? ¿Por qué enterraron a la criatura si ella tenía seguro de decesos? ¿Por qué no esperaron a que algún familiar pudiera ver al niño?

-¿Tú has visto en la televisión los casos de bebés robados?, le dijo su hijo mayor un día.
-¿Estás pensando lo mismo que yo?, respondió Romero, consciente del peso de aquella pregunta. Ese día fue el primero que se rompió, según explica.
Esa conversación llevó a la antequerana a buscar ayuda. “Yo no sabía ni por dónde empezar”, confiesa Joaquina, quien fue en primera instancia al cementerio y le dijeron que debía consultar en el Archivo Municipal de Málaga, que se encuentra en céntrica avenida de la Alameda Principal.

“Tenía que buscar `el feto de Joaquina Romero Duque` en el año 1972, pero mi nombre no aparecía en los libros”, recuerda. Frente a su desconcierto, una técnica municipal realizó una investigación en la documentación desde 1965 a 1975. No había rastro ni de ella, ni de su bebé.

Al salir del edificio público, Joaquina encadenó una serie de coincidencias que le permitieron llegar a Isabel Agüera, la presidenta de la ABEROA. Le aconsejó pedir una copia de su historial médico en el Hospital Provincial de Málaga, a la que no tuvo acceso hasta que interpeló a la policía, ya que se escudaban en unas inundaciones que habrían afectado al archivo del recinto hospitalario para negarse a facilitarle dicha documentación. En algún momento de ese trámite, Joaquina solicitó hablar con el jefe del Archivo del Materno en aquella época.

-“¿Usted para qué quiere hablar con él?”, le dijo una de las personas que la atendió. “Si su hijo está vivo, tal vez tenga una familia y puede que no quiera saber nada de usted”, le recriminó.
-“Me parece que usted sabe muchas cosas”, respondió Joaquina. “Quiero que se sepa mi verdad, porque yo no lo he vendido, ni le he dado en adopción. A mi hijo se lo han llevado”, respondió la antequerana.
-“Yo que usted me olvidaba de esto”, fue la última frase que escuchó Joaquina antes de salir del recinto por primera vez. Pero no cejó en su empeño. Interpuso una denuncia y, meses después, se sorprendió al ser reconocida cuando volvió a demandar el certificado de defunción de su criatura en el Archivo Municipal de Málaga.

En el salón de su casa, Joaquina Romero muestra las pancartas que le hace su nieta. / Foto: Ruth de Frutos

“Y así es como tengo dos certificados: uno en el que aparece mi bebé y otro en el que no”, afirma Romero, quien continuó con el proceso judicial asesorada por el abogado de ABEROA, Salvador Merino, hasta que su caso fue archivado dos años después. No es el único. Desde su denuncia en 2010, no ha habido ningún reconocimiento de este delito en la ciudad, lo que le extraña.

De las 2.138 diligencias de investigación de esta práctica ilícita entre 2011 y marzo de 2021 en España, de las cuales el 25 por ciento son en Andalucía (550), solo 526 han sido judicializadas, según los datos de la Fiscalía General del Estado. La propia Audiencia Nacional reconoce que entre 1927 y 1950 se habría propiciado una desaparición “legalizada” de un número indeterminado de menores de edad en nuestro país.

No es un caso aislado

La falta de información, el trato del personal médico y la ausencia de investigación por la desaparición de recién nacidos en el Estado español desde 1939 hasta, al menos, 1993, se repiten en las entrevistas realizadas por Amnistía Internacional (AI) para la realización del informe ‘Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados’.

“Las dificultades que encuentran las personas y familias que denuncian la sustracción de menores y los procesos de búsqueda de identidad nos hacen concluir que existe un patrón de respuesta no adecuada por parte del Estado”, denuncia el investigador de Amnistía Internacional Daniel Canales. Afirma también que no todas las sustracciones de menores fueron iguales, por lo que es importante contextualizarlas en tres fases principales.

En un primer momento, desde la Guerra Civil hasta finales de la posguerra en los años 50, el robo de bebés se perpetró contra mujeres republicanas o de aquellas criaturas que salieron del país apoyadas por la República. Desde los años 50 hasta 1975, la sustracción ilegal se produjo principalmente, como en el caso de Joaquina, en centros hospitalarios, clínicas o maternidades. “Existía una política de Estado ausente, porque no se producía la entrega a las familias tras el parto”, resume Canales, que incide en “la alta discrecionalidad de las instituciones” sobre el futuro de la criatura y la información dada a las madres y a las familias.

Por último, Amnistía Internacional denuncia que, durante la democracia y, al menos, hasta 1993, se ha continuado con esta práctica ilícita, derivada de la falta de lucha contra la impunidad y por la ausencia de un marco normativo que amparase a las criaturas recién nacidas y a sus familiares.

La pancarta de la abuela

“Siempre le digo a mi nieta: ´Nena, si yo me voy antes de averiguar del tío, tú sigue buscando”, explica orgullosa Joaquina, quien habla de la primogénita de su hijo con devoción. La joven de 27 años escribe desde hace años las pancartas que su abuela utiliza en las manifestaciones y después las guarda, mostrándolas estoica a quien las quiera ver.

La paralización desde hace meses de la Proposición de Ley de Bebés Robados, tomada en consideración en julio de 2020 por el Congreso de los Diputados y estancada en la fase de enmiendas, preocupa a Joaquina. Mientras recoge las pancartas, no deja de recordar la importancia del paso del tiempo y de las promesas incumplidas por distintas administraciones.

Joaquina Romero era una adolescente cuando dio a luz a su segundo hijo en Málaga. Como muchas otras víctimas y como la propia Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua), sigue luchando junto con su familia para conocer el paradero de su hijo y para que el Estado asuma su rol en la búsqueda activa de los menores sustraídos, que buscan su identidad robada.

Sigue leyendo: