Por Mònica Gil Junquero, Universidad de Valencia, y Yolanda Jubeto Ruiz, UPV/EHU

Llevamos tiempo preguntándonos qué papel pueden jugar las administraciones locales a la hora de hacer realidad las demandas feministas de transformación social en nuestra cotidianeidad, dada su cercanía a la ciudadanía, y cuáles son las condiciones que posibilitan esta interacción fructífera. Existe un amplio abanico de posibilidades que hemos podido observar en municipios con voluntad de cambio. Al mismo tiempo, vemos muchas resistencias fruto de las dinámicas asentadas en algunas municipalidades que dificultan la transformación y flexibilización de sus estructuras, de los procesos de toma de decisiones y de la evaluación de las iniciativas finalmente adoptadas. Para superarlas resultan claves las experiencias que han impulsado procesos participativos amplios, capaces de contar con las aportaciones de la diversidad de las mujeres de una comunidad, ya que permiten avanzar en la construcción de unos espacios más habitables y cooperativos que partan de sus propias necesidades.

Las políticas públicas influyen en una gran diversidad de ámbitos, con efectos directos sobre nuestra calidad de vida. Bajo este prisma, en las últimas décadas, en el análisis de las políticas públicas se ha intentado incorporar la mirada feminista a uno de sus instrumentos transversales más relevantes, el proceso presupuestario. El presupuesto de una administración refleja los ámbitos de actuación de su competencia y dentro de estos, las áreas y actividades a las que concede mayor relevancia. Por ello, seguir la pista al dinero y poder evaluar en qué medida los objetivos de igualdad están insertos en las políticas públicas han sido objetivos claves de estas estrategias de presupuestación con perspectiva de género (PPG).

En todas las experiencias que conocemos se ha constatado que la política pública no es neutra respecto a las relaciones de dominación que ejerce el patriarcado en nuestras sociedades. Cuando tras estas iniciativas hay una intencionalidad transformadora, se basa en las aportaciones de la economía feminista, destacando la necesidad de situar la sostenibilidad de la vida en el centro de la política pública. En este proceso se visualiza, entre otros elementos claves, el lugar que ocupa la corresponsabilidad de los cuidados en las mismas, así como los sesgos de género estructurales que existen en la práctica política.

En los orígenes de estas iniciativas jugó un papel relevante la revisión de las políticas de cooperación internacional de los años 80, denominada la década perdida por muchos países latinoamericanos y africanos, principalmente. En esa época se constataba que las recetas que abogaban por una reducción del papel de las administraciones públicas y, por lo tanto, de las políticas públicas, tenían una incidencia especialmente negativa para muchos colectivos de mujeres. Al disminuir los servicios públicos, las mujeres observaban cómo se reducían sus posibilidades de empleo y por lo tanto sus ingresos, así como su acceso a los servicios ofrecidos por el Estado, mientras se incrementaban sus cargas de trabajo no remunerado para intentar compensar los recortes presupuestarios. Esto impulsó el análisis de las modificaciones presupuestarias desde la mirada de la equidad de género, y se comprobó que cambios inicialmente considerados neutros al género eran, de hecho, ciegos al mismo. Así, se comenzaron a impulsar estos análisis, especialmente en las administraciones públicas y en las organizaciones que trabajaban y colaboraban con ellas.

Estas iniciativas han conocido un fuerte impulso por el respaldo dado por ONU Mujeres y otros organismos internacionales. Dichas entidades, por una parte, reconocen los PPG como herramienta para superar las desigualdades estructurales existentes en las condiciones de vida y posición sociopolítica de mujeres y hombres en todos los rincones del mundo. Por otra parte, observan que las administraciones públicas pueden favorecer la transformación social, aunque a veces se generan muchas resistencias al cambio. Estas suelen darse por la falta de conciencia sobre el diferente efecto potencial que pueden tener las acciones públicas sobre mujeres y hombres dada su desigual posición social, económica y política.

Fruto de las demandas del movimiento feminista y de las técnicas de igualdad de muchas administraciones, actualmente participan más entidades públicas de los diversos niveles administrativos en la puesta en marcha de iniciativas de presupuestos con perspectiva de género.

Los elementos fundamentales de estas experiencias suelen agruparse en dos bloques principales, uno analítico y otro propositivo. La mayoría de las iniciativas de nuestro entorno se encuentran todavía en la primera fase, es decir, en el análisis del presupuesto y de la realidad. El punto de partida suele ser un análisis exhaustivo de las actuaciones de la administración a partir de su reflejo presupuestario, ya que solamente conociendo en detalle lo que se hace se puede evaluar el nivel de relevancia e incidencia de esa actuación sobre la calidad de vida, tanto de las personas como de los colectivos existentes en la comunidad. En este sentido, es frecuente tratar de identificar lo más claramente posible los resultados de las acciones realizadas para las mujeres y las niñas respecto a los hombres y los niños, distinguiendo, siempre que es factible, los diferentes grupos y colectivos que componen la sociedad en la que se realiza el análisis. Este estudio suele incluir también una mirada retrospectiva que recoge los resultados de las medidas adoptadas en los ejercicios previos. Así se puede valorar la trayectoria de las actuaciones realizadas, lo que permite estimar más certeramente los resultados esperados en el próximo ejercicio.

Obviamente, en el caso de las nuevas medidas para implementar se incluirá solamente una estimación de los resultados obtenidos tras su aplicación. Las previsiones iniciales se deberán contrastar con los datos realmente obtenidos al finalizar el ejercicio, por lo que la creación y el seguimiento de indicadores de género es también un componente crucial de estas iniciativas.

A escala municipal, las experiencias realizadas en nuestro entorno hasta la actualidad han estado centradas en municipios grandes, con mayor capacidad y autonomía financiera a la hora de impulsar sus políticas. También con más personal para poder desarrollar una política de igualdad que responda a las necesidades de su población.

Las experiencias también muestran, cuando dan sus primeros pasos, que una parte del personal de la administración implicada presupone que las medidas vinculadas con la igualdad o equidad de género son algo situado en los márgenes de las políticas y, por lo tanto, solo van a afectar a una pequeña parte del presupuesto. Además, en algunos casos solo se presta atención a las políticas vinculadas exclusivamente con las mujeres (independientemente de su contenido y su vinculación con la perpetuación de los roles de género hegemónicos). Por lo tanto, generalmente es necesario comenzar con una formación específica al personal de la administración sobre lo que supone insertar la perspectiva de género en las políticas públicas, sobre el rol que tienen que jugar los planes de igualdad en las mismas y la importancia de los indicadores de género que abarquen la diversidad de las mujeres y los hombres. Además, es clave dedicar tiempo al análisis de la situación que viven las diversas mujeres y hombres de esa comunidad en los ámbitos concretos de competencia municipal, y las demandas sociales existentes. Así se podrán vincular con las medidas para tomar y con su evaluación y mejora desde la perspectiva de género.

En suma, las experiencias requieren tiempo para poder hacer un seguimiento efectivo del gasto/inversión directa vinculada con las políticas de igualdad, -identificando cuánto y cómo se está realizando el mismo, que continuidad se le da en el tiempo y qué efectos genera-, así como al modo en el que se está transversalizando el género en el resto de las políticas públicas. Su análisis evidencia que la supuesta “neutralidad de género” de las políticas públicas no es tal, pues se puede constatar que a veces no afectan por igual a los diversos colectivos de mujeres y hombres de la comunidad.

Este proceso permite poder diseñar cambios en las políticas e introducir mejoras que contribuyan a superar visiones estereotipadas, sesgos en la asignación de recursos, y a incrementar aquellas partidas destinadas que promueven unas condiciones de vida dignas para todas las mujeres en condiciones de equidad. Asimismo, es fundamental impulsar procesos participativos para que sus voces sean recogidas de forma directa en todos los ámbitos que les afectan, para hacer que sus vidas sean más sostenibles y que la calidad de vida individual y colectiva vaya aumentando y superando las trabas patriarcales que nos encontramos las mujeres en muchos de los pasos que queremos dar en nuestra vida.

En este camino es fundamental que sigamos avanzando en la materialización de las propuestas que consensuamos en el taller de presupuestos con enfoque de género del VI Congreso de Economía Feminista celebrado en Valencia en 2019. Fruto de un rico debate en el que compartimos una serie de experiencias relevantes que existen en el Estado español, concluimos que era necesario seguir trabajando conjuntamente, compartiendo experiencias, retos y aprendizajes para seguir profundizando en la puesta en práctica de una serie de instrumentos complejos adaptados a la realidad territorial concreta. Esta aplicación práctica exige tiempo para su puesta en marcha y para la obtención de resultados, lo que suele chocar con las dinámicas cortoplacistas de la administración. Además, requiere, entre otros elementos, planes de igualdad adaptados al territorio, y consensos sobre los caminos que hay que seguir en cada política pública para avanzar en la superación de las discriminaciones y conseguir que la equidad de género, de forma interseccional, vaya colocándose en el centro de las iniciativas públicas, reservando el tiempo necesario para la evaluación de las mismas.

Los problemas son estructurales por lo que los cambios también requieren tiempo, voluntad, conocimiento y el impulso de la participación social feminista en los procesos de transformación social política y económica.