“En la gran mayoría de los casos analizados durante la última década, la violencia vicaria sobre los hijos con resultado de muerte fue el final de una violencia previa sobre la madre, episodios que arrastraban una larga historia previa de maltrato”, relata la psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro, que acuñó la definición de violencia vicaria.

Los asesinatos en Tenerife de Anna y Olivia o el de un niño de dos años en Barcelona son solo son la punta del iceberg. Los casos más extremos de una violencia machista que se ejerce de múltiples formas cotidianas después de un divorcio durante los permisos y de forma muy sutil. Muchas de estas agresiones (como la desacreditación constante, no atender patologías de los y las hijas o ponerlos en riesgo innecesario y hacérselo saber a la madre) son difíciles de denunciar y cuesta mucho demostrar que el objetivo final es hacer daño a la madre.

Muchas voces claman para que haya un abordaje específico de la violencia vicaria. Hasta que se ha aprobado la ley protección integral a la infancia no estaba incluida en la legislación. La utilización de las y los hijos para continuar con la dominación y hacer daño a la madre es un riesgo que hay que tener en cuenta en todos los procesos de divorcio y, aún más, cuando ha habido denuncias previas. Respecto a la concesión de medidas de protección, en el Estado español se sigue primando el interés superior del padre por encima del interés y protección de los y las menores. Según los datos de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, de todos los casos de violencia machista con orden de alejamiento hacia la mujer y con hijos e hijas de por medio, solo en un 3,3 por ciento de las ocasiones se ha retirado el régimen de visitas y en solo el 0,72 por ciento la suspensión de la patria potestad. Y no es porque no haya legislación que permita hacerlo, sino porque estas medidas de protección no se aplican. Además, algunos de los recursos de detección para valorar el riesgo después de una denuncia por violencia machista disponibles en juzgados están infrautilizados: los informes forenses de urgencia o las valoraciones integrales multidisciplinares, por ejemplo. El número de denuncias por violencia machista decrece ante la desconfianza en el sistema judicial.

Para poder abordar la violencia vicaria e implementar un plan de mejora contra la violencia de género, el Gobierno español aprobó a finales de julio una serie de medidas urgentes. Entre ellas, un paquete de mejoras en la detección de la violencia de género en los servicios de atención primaria de salud, la formación específica en la detección precoz y valoración del riesgo de los equipos profesionales involucrados en la atención integral o la elaboración de un plan de actuación y desarrollo de los derechos de los niños y niñas como víctimas directas de la violencia de género, entre otras. Unas medidas importantes para la detección anticipada de las situaciones de violencia que se espera que sean eficaces y utilizadas desde la Administración judicial. Habrá que esperar un tiempo para valorar si estas acciones podrán sobrepasar los límites con los que se encuentran muchas mujeres ante una justicia conservadora y patriarcal.

SAP y violencia vicaria

El constructo ideológico del Síndrome de Alienación Parental (SAP) o sus sinónimos recientes (interferencias parentales, gatekeeping parental) tiene mucho peso a la hora de dar credibilidad a los indicadores que apuntan la existencia de violencia vicaria. Verónica Saldaña denunció a su expareja por violencia machista lo que le conllevó una orden de alejamiento. A pesar de haber habido maltrato y amenazas de muerte hacia ella y sus criaturas, tiene que obedecer con las visitas y los permisos dictadas por un juez y entregar a los niños a su expareja a solas, sin supervisión.

Este caso parece estar cargado de una ideología que no da credibilidad a la denuncia de la afectada ni a las pruebas periciales independientes. A pesar de los informes policiales (como el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género, VioGen) que constatan el riesgo alto de que el agresor ejerza violencia y que las criaturas estén en situación de especial vulnerabilidad, el juez Juan Ignacio Gonzalo Pascual, del Juzgado 3 de Pozuelo de Alarcón, no dictaminó ninguna orden de protección para los menores. No hizo caso, tampoco, a la petición fiscal sobre la supervisión de las visitas y los permisos paternos sin pernocta. Además, Saldaña también denunció a su expareja y al abuelo paterno por posibles abusos sexuales, algo que acabó sin poderse comprobar. La psicóloga forense del peritaje fue María Paz Ruiz Tejedor, a la que la defensa de Saldeña la impugnó por su tendencia al falso SAP. Esta psicóloga participó en el III Congreso Internacional sobre SAP de 2011 con la ponencia ‘Interferencias parentales en el ámbito penal: instrumentalización de las denuncias de abuso’, y, recientemente, ha colaborado en el libro Manual del Síndrome de Alienación Parental.

Paloma Delgado ha iniciado una campaña de firmas en Change.org para proteger a sus criaturas. Su expareja, Luis Irzo, exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huesca, podría volver a tener visitas con sus tres hijos a los que maltrató durante los doce años que estuvo con Delgado. A pesar de la sentencia condenatoria de siete años por violencia machista y familiar, Luis Irzo aún no ha reparado ningún daño y sigue negando los hechos, según afirma y se desprende de las declaraciones de su abogado en El País. Durante todo el duro proceso de denuncia, Paloma Delgado tuvo que soportar la sospecha sobre su credibilidad y su “alienación parental” respecto al rechazo que mostraban las criaturas frente las visitas con el que fue su maltratador porque, a pesar de haber una orden de alejamiento, se permitieron las comunicaciones. Así pues, Delgado tuvo que mandar a sus hijos y a su hija a un Punto de Encuentro Familiar (PEF) por obligación, a pesar de los ataques de pánico de los niños y la niña o su resistencia a entrar. Estas reacciones se consideraron desde el PEF como gestos “poco colaborativos” por parte de la madre. Las visitas se suspendieron en abril de 2019. Ahora, la Audiencia Provincial de Huesca permitirá que el condenado pueda volver a tener contacto con las criaturas, pese que la Fiscalía ha solicitado que Irzo no pueda acercarse ni visitar a sus hijos e hija hasta el año 2034, cuando ya sean mayores de edad.

Violencia vicaria y divorcio

La falta de indagaciones e investigaciones de calidad que se pueden hacer en las situaciones de divorcios es otro punto caliente. Sabemos que una de las salidas menos amenazantes que encuentran las afectadas para salir de la violencia machista es el divorcio y no la denuncia judicial. Según la Macroencuesta de Violencia de Género del año 2019, el 77,4 por ciento de las mujeres que ha sufrido violencia y que no la denunció acabó rompiendo con su pareja. Es en estos procesos de divorcio conflictivos, con hijas e hijos, donde además pueden existir también otro tipo de denuncias por indicios de maltrato o abuso intrafamiliares (a pesar de que la mayoría son archivadas, según datos de Save The Children), en los que la administración judicial tiene que inspeccionar y revisar bien todos los indicadores para poder valorar las visitas, los permisos y el régimen de custodia.

Muchos casos de violencia vicaria podrían haberse detectado si se hubieran analizado bien los indicadores: la conducta de los hombres después de la separación, la actitud de los y las hijas frente el padre, informes de los centros de salud, existencia de amenazas, testimonio de las criaturas o del entorno. Una serie de indicadores que muchas veces son tergiversados mediante la ideología SAP y su relato de falsas denuncias por “alineación parental” desde instituciones judiciales o planes de coordinación parental impuestos en muchos divorcios contenciosos.

En este sentido, se espera que las nuevas legislaciones, como la ley de protección integral de la infancia, puedan revertir esta situación con medidas como la prohibición del uso del SAP, la obligatoriedad del juez a recabar y valorar toda la información que pueda señalar posible riesgo a la hora de asignar régimen de guarda y custodia en procesos civiles o la suspensión de las visitas y comunicaciones con hijos e hijas cuando haya medidas de protección sobre la madre por violencia machista, entre otras.

El nuevo paquete de medidas para el plan de mejora y contra la violencia de género también señala algunas acciones de detección y prevención como la activación del Servicio ATENPRO sin denuncia previa o la creación del Protocolo Cero, herramienta dirigida a recoger y valorar los testimonios de familiares y entorno social, no condicionados a la interposición de denuncia previa.

Sistema VioGen

Desde 2019, según datos del Ministerio de Interior, se han dado cerca de 2000 casos con criaturas en situación de riesgo por violencia de género. Solo en junio de 2021, el Sistema VioGen ha contabilizado 500 casos de menores en situación de riesgo, 3453 en situación de vulnerabilidad y 4542 casos con menores de especial relevancia. El Sistema VioGen se aplica en instancia policial cuando hay una diligencia abierta por violencia de género y es un protocolo de valoración del riesgo para la víctima y para las niñas y los niños que están a su cargo. Por esta razón, en estos datos no están incluidos los casos de violencia machista donde no hay denuncias previas. En este sentido, una de las medidas urgentes ha sido la integración del Sistema VioGen en los servicios sociales de base y de los servicios de atención especializada.

Ahora falta que se tenga en cuenta a este sistema y se le dé credibilidad en los procesos judiciales civiles para decretar medidas de protección para la resolución de visitas, comunicaciones o custodias y no se repita casos como el de Verónica Saldaña.

Un abordaje desde una perspectiva transformativa y feminista

El abordaje de la violencia vicaria, más allá de las medidas de protección que se podrían decretar en sede judicial, parte de un cambio más profundo, igual que todas las violencias machistas. Desde repensar esos roles de género marcados pasando por deconstruir los sistemas de dominación o cómo gestionamos los conflictos. Pero este es un trabajo de fondo que tendría que hacerse desde edades tempranas y en ámbitos diversos (escuela, familia, ocio, etc.) y, cuando hablamos de violencia vicaria, se requiere de una actuación urgente. ¿Cuál sería su abordaje, más allá de decretar medidas de protección hacia las hijas e hijos y hacia la madre? Según Elena Terreros, doctora en Psicología, subdirectora del Programa Contexto y responsable del servicio Repara del Ayuntamiento de Valencia, es necesario generar un servicio específico de atención a menores víctimas de violencia de género para valorar y atender el impacto de esa violencia y las secuelas generadas. Terreros apunta que también hacen falta más estrategias que vayan enfocadas a trabajar con los agresores, una medida prevista en el protocolo de medidas urgentes del Gobierno español. “Como sociedad tenemos la obligación de dar respuesta para poder parar este ciclo de reproducción de violencias y como feministas queríamos abordar la violencia de género responsabilizando al agresor de su cambio, pero se necesitan servicios especializados”, explica Terreros desde su experiencia en intervención.

En la misma línea se pronuncia Oriol Ginés, presidente de la asociación Conexus, que también trabaja en programas de intervención en hombres agresores. Su respuesta pasa por aplicar políticas públicas con perspectiva de género dirigidas a hombres en general y a agresores en concreto, más allá del ámbito judicial. “Necesitamos una política pública de sensibilización en ámbitos como la abogacía, las instituciones judiciales y los equipos psicosociales para intervenir en hombres que se encuentran en esta situación”, explica. Además, critica que en la actualidad no se ponen condicionantes a esos hombres que han ejercido la violencia. Por ejemplo, los programas de violencia de género para hombres violentos solo son obligatorios y, solo en determinados casos, para penados de menos de dos años y sin antecedentes. En datos de 2018, solo el 30 por ciento de condenas por violencia machista tenían la obligación de hacer programas de intervención (PRIA-MA). De los penados con privación de libertad, según datos del Observatorio de Violencia de Género, solo el 12,7 por ciento participaron voluntariamente de programas específicos. Así pues, la mayoría de hombres agresores no han hecho ningún trabajo de responsabilización de la violencia ni de reparación del daño, condiciones que, según Ginés, “tendrían que ser básicas para poder restablecer las relaciones paterno-filiales después de situaciones de violencia”.

Uno de los pocos ejemplos donde se trabaja para que haya una responsabilización es en el Servicio de Atención a Hombres, y en específico en el Programa Padres (SAH-Pares), del Ayuntamiento de Barcelona. Desde 2005 ofrecen programas de prevención de la violencia machista y también de atención voluntaria a hombres que han ejercido violencia. Elena Gómez Enguix, psicóloga y responsable del programa SAH-Pares, explica que hay que “trabajar unos condicionantes” necesarios para que un padre que ha ejercido violencia pueda tener unas relaciones paternofiliales positivas. Además, “este trabajo no se da en un corto plazo” y su temporalidad dependerá de cada caso, situándose entre uno y dos años. El SAH-Pares se trabaja en torno a tres ejes: gestión emocional y revisión de su masculinidad; responsabilización del daño y empatía con las situaciones vividas por sus hijos e hijas; y trabajo de las habilidades parentales en cuanto a centrar la atención en el bienestar de los hijos e hijas y mostrar respeto hacia la figura de la madre.

Más especialización y recursos

La necesidad de que haya servicios de atención e intervención especializados es una demanda recurrente. “Podemos encontrar servicios de atención a víctimas de violencia de género sin personal especializado en perspectiva de género y menos en violencias de género. No hay este requisito”, asegura Yolanda Bernárdez, psicóloga y presidenta de la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista (APPF). También pasa con los divorcios conflictivos, donde pueden entrar muchos casos de violencia machista sin denuncias previas. “Si no hay profesionales especializadas, no se estarán atendiendo de forma adecuada esos casos ni se van a leer bien los indicadores para detectar la violencia”, afirma Elena Terreros. En este mismo sentido se pronuncia Mariela Rodríguez, psicóloga jurídica y vocal de APPF, que reclama formación en en la intervención con menores en riesgo porque se requiere de una especialización en violencia de género y en psicología infanto-juvenil para tener una escucha cualificada que tenga en cuenta “su edad, la etapa evolutiva en la que se encuentran, sus capacidades expresivas o la relación que tienen con ambos progenitores”, entre otros.

Los Puntos de Encuentro Familiares, a pesar de su disparidad en modelos de gestión en el conjunto del Estado, serían el ejemplo perfecto de esta carencia. En muchos casos para trabajar en ellos no hay requisito en formación en perspectiva de género, ni en psicología infanto-juvenil ni tan siquiera en violencia de género, a pesar de que la mayoría de casos que atienden los PEF son derivados judicialmente por violencia machista y en ellos se emiten informes tanto de progenitores como de menores. “Una intervención sin perspectiva de género en contextos de violencia machista es una intervención iatrogénica. Es decir, una intervención dañina para el usuario o usuaria”, alerta Yolanda Bernárdez.

La falta de recursos es otro hándicap que ralentiza muchas intervenciones y políticas preventivas. Bernárdez cuenta que aún “hay mujeres violentadas que no tienen un tratamiento garantizado”. Además, en el ámbito de la intervención con agresores, hoy, hay muy pocos recursos que presten ese servicio con perspectiva de género, a pesar de haber planes de desarrollo específicos. Por muy buenas intenciones que tengan las propuestas legislativas y las medidas urgentes, si no se les dota de recursos, no se podrán realizar. Y eso también es una forma de hacer política.