Manifestación en Bilbao bajo el lema “No hay tiempo! Justicia Climática ya!”, en noviembre de 2021. / Foto: Ecuador Etxea

La Conferencia de las Partes por el clima, COP26, que tuvo lugar a inicios de noviembre en Glasgow, Escocia, dibujó las vías por las que andará durante la próxima década el tren de la agenda climática. Tal y como confirman las conclusiones, el maquinista será el capitalismo verde apoyado en las nuevas tecnologías. Bajo el eslogan de “keep one point five alive”, es decir, limitemos el aumento de la temperatura del planeta a un máximo de 1,5ºC de aquí hasta 2050, se instalan algunas falsas soluciones por el clima, entre las que se incluyen colocarle precio a la naturaleza o compartir las riendas de las medidas climáticas con empresas y entes privados. Los negociadores de esta última COP, que tenía como objetivo cerrar el Libro de Reglas del Acuerdo de París de 2015, prometen una reducción del 45 por ciento de las emisiones de CO2 de aquí a 2030 y un supuesto equilibrio de cero emisiones netas de carbono hasta 2050, mecanismo conocido en inglés como Net-Zero.

Si bien la compensación de emisiones surgió de forma paralela a las metas oficiales de los países, conocidas como Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs), ha eclipsado las negociaciones de la COP26 hasta el punto de justificar la entrada de las empresas en la lucha para frenar el calentamiento global. “We mean business coalition”, somos la coalición empresarial era el eslogan de los entes privados que han metido de lleno la cabeza en las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas.

Un mercado financiero para compensar las emisiones de carbono

Si los intereses geopolíticos ya daban lugar a ciertas insatisfacciones en los compromisos de los 197 países negociadores, la llegada de los intereses privados muestra la crisis climática como una tarta de la que todos quieren sacar tajada. Parece obvio que para salvar el equilibrio climático es necesario limitar las emisiones de gases de efecto estufa, pero eso supone un alto coste para los países y una disminución de los lucros empresariales. Por tanto, los principales emisores buscan la forma de cumplir con sus compromisos climáticos al menor coste posible y una alternativa para ello es la compensación de sus emisiones en países menos industrializados mediante un mercado de créditos de carbono.

Este mercado y el mecanismo de compensaciones Net-Zero proponen una balanza de carbono global. A un lado los países del norte global, más desarrollados industrialmente y con mayor número de emisiones per cápita. Al otro, los del sur global, con menor capital industrial y mayor extensión de áreas verdes. De esta forma, los países que superen sus metas de emisiones de CO2 podrán compensar el excedente de dos formas: o bien invirtiendo en proyectos malamente llamados de “desarrollo sustentable” donde la naturaleza esté captando carbono, o bien comprando créditos de carbono emitidos por los países que tengan aún margen disponible de emisiones. Por ejemplo, Alemania podría mantener el ritmo de su actividad industrial y compensar el excedente de emisiones pagándole créditos de carbono a Brasil, el segundo país con mayor área florestal del mundo.

No obstante, la propuesta de compensación para alcanzar el balance de cero emisiones netas ignora que todos los gases de efecto invernadero no son equivalentes y que existen impactos sociales y ambientales derivados de cualquier actividad contaminante que no pueden ser neutralizados al otro lado del oceano. La idea de que es posible captar o compensar las emisiones procedentes de una cierta fuente, como industrias o transportes, en sumideros naturales es una equivalencia más económica que ecológica.

Privatización de las áreas naturales

Tanto el objetivo de Net-Zero como el mercado de carbono son mecanismos que se basan en las llamadas Soluciones Basadas en la Naturaleza para enfrentar la crisis climática, Nature Based Solutions (NBS) en inglés. Las movilizaciones de la sociedad civil durante la COP26 bautizaron estas propuestas como “desposesiones basadas en la naturaleza”, puesto que implican una financiarización de bienes naturales comunes y tierras públicas para que países más ricos o empresas puedan compensar sus excedentes de emisiones. Pero para poder compensar todas las emisiones de aquí a 2050 sería necesario plantar 1.600 millones de hectáreas de nuevos bosques, lo que equivale a cinco veces la extensión de la India, tal y como demostró el estudio ‘Un riesgo líquido’ (‘Thightening the Net’) publicado en agosto por Oxfam. La misma investigación calculó que si las cuatro mayores petroleras del mundo, Shell, TotalEnergies, BP y Eni, quisiesen compensar sus emisiones de los próximos 30 años necesitarían un área verde tres veces mayor que Reino Unido.

La demanda por disponibilidad de tierras con bosques se hace palpable y la posible disminución de las mismas, puesto que la deforestación en países como Brasil continúa a pasos agigantados, anuncia una especulación de su valor. Es por ello que se comienzan a erguir los pilares de un mercado de tierras dedicadas a la conservación para que puedan servir de sumideros de carbono. Esto supone un riesgo del aumento de concentración de tierras en nombre de la transición verde, así como una reproducción de relaciones neocoloniales por medio de las cuales los países del norte global podrán continuar monopolizando la industrialización y beneficiándose de recursos primarios del sur global, en este caso las fuentes naturales de captación de carbono. Las formas de vida de pueblos originarios y poblaciones rurales que podrían servir de ejemplo para pensar otra alternativa de transición climática, un modelo más respetuoso con la biodiversidad y con el clima, pasa a un segundo plano. Las escasas voces de portavoces de la sociedad civil, menos presentes que otros años en esta COP26 por las limitaciones derivadas de la pandemia de la Covid-19, criticaban las NBS como una injusticia climática, una amenaza socioambiental y una pérdida de su soberanía territorial.

Asimismo, las políticas públicas pierden el protagonismo central de lucha contra la crisis climática para abrir paso a mecanismos gestionados por intereses privados y con, cada vez, menor control estatal. Grandes multinacionales ya están invirtiendo en reservas naturales de países como Brasil. Mediante el programa Floresta+, recientemente aprobado por el presidente brasileño Jair Bolsonaro: empresas como Coca-Cola, Carrefour y Heineken han conseguido concesiones a largo plazo de ciertas áreas naturales protegidas brasileñas. A cambio de proyectos de “desarrollo sostenible” o de “preservación”, pueden compensar una parte de sus emisiones en detrimento de la autonomía de uso de los recursos de algunas poblaciones que viven en estas tierras antes de que estas empresas tomasen el control de la gestión ambiental.

La transición verde por el clima como negocio

El mercado de carbono implica la transformación de una molécula en activos financieros que pueden ser precificados y comercializados, todo gracias a la nueva era de la digitalización. Instituciones financieras, fondos de inversión, bancos o, incluso, filántropos privados muestran su apoyo a la nueva era de las finanzas verdes, salivando por poder invertir en la regeneración de ecosistemas para la adaptación o mitigación del cambio climático. Según las conclusiones de la COP26, invertir en áreas naturales dará lucro y crecerá la demanda por tecnologías para trazar la prometida transición verde, dos prometedores nichos de mercado.

La década que se presenta desde ahora hasta 2030 será la época crítica para definir el futuro climático del planeta. El uso de combustibles fósiles pretende ser sustituido por una electrificación generalizada, que se servirá de la digitalización y de las telecomunicaciones 5G para ponerse en marcha. Sin embargo, ciertos países continuan mostrando reticencias bajo el argumento de su derecho al desarrollo y de una posible mayor dificultad económica para dar el salto a la electrificación. India, con apoyo de China, Irán y Venezuela, consiguieron modificar el texto final de conclusiones de la COP26 para sustituir la propuesta de “eliminación” paulatina del uso del carbón y de los subsidios a los combustibles fósiles por un compromiso más laxo que solo habla de “reducción” de estos recursos.

No obstante, esto no impide que la promesa de transformación de la matriz energética mundial suponga una oportunidad de crecimiento para que algunas empresas vendan tecnologías verdes en nombre del clima. Estados Unidos ya ha desarrollado con apoyo militar unos satélites que miden las emisiones de metano en la atmósfera y que serán lanzados el año que viene, una tecnología puntera que ningún otro país ha desarrollado hasta el momento. Esto dibuja un contexto climático donde unos países venderán tecnología mientras otros comercializarán sus recursos naturales y su capacidad de captar carbono, pero el beneficio es claramente desigual.

Sigue leyendo: