Miriam Tormo Aguilar. / Foto cedidda

Ser madre soltera ya no va acompañado del estigma de antaño, pero las familias monoparentales (encabezadas por mujeres en un 82 por ciento de los casos) siguen teniendo que defender su modelo frente a prejuicios y discursos patriarcales. A Miriam Tormo Aguilar, presidenta de la asociación española Madres Solteras por Elección (MSPE), le indigna tener que interponer quejas en pleno siglo XXI ante artículos sin base científica que hablan de las “nefastas” consecuencias para la infancia de la falta de una figura paterna.

Además de transformar imaginarios sociales, la asociación está volcada en reclamar un marco legislativo sólido que garantice los derechos de las familias monoparentales. Aunque ha hecho aportaciones a la ley de diversidad familiar en la que trabaja el Ministerio de Derechos Sociales, la MSPE reclama una legislación específica que profundice en las necesidades de su colectivo en todo el Estado español.

Ser madre sin pareja ya no supone un estigma, pero sigue sin verse como una opción deseable. ¿Cómo cambiamos ese imaginario?
Somos conscientes de que la corresponsabilidad social no existe y, por ello, sabemos que la decisión de ser madre en solitario va a llevar aparejada otra decisión impuesta: renunciar en cierta medida a tu vida profesional. Por lo general, las madres solteras por elección tomamos la decisión cerca de los 40 años, cuando ya hemos superado esa carga social de que es mejor criar en pareja. Queremos practicar una maternidad consciente, queremos estar cerca de nuestros niños y niñas, les ofrecemos una vida completa. A las mujeres que se acercan a la asociación les transmitimos que no lo vivan como la última opción, sino como un proyecto vital irrenunciable. Cada vez tenemos socias más jóvenes, que lo tienen muy claro, que separan la pareja de la maternidad. Otro caso que empieza a llamar nuestra atención es el de mujeres separadas que tienen un segundo hijo en solitario. Cuando dices que vas a tener un segundo hijo, se entiende menos; ha habido incluso casos de rechazo familiar. En un debate de radio, un tertuliano dijo que teníamos que ser consecuentes con la decisión que hemos tomado. Pero haber elegido este modelo de familia no limita nuestro derecho a la conciliación o a la igualdad de género, y menos aún los derechos de nuestros niños y niñas. Estamos aportando a la natalidad y a la sociedad; la normativa tendrá que adaptarse y hacer un traje a nuestra medida. Reivindicamos una ley estatal de familias monoparentales que sirva de base para implementar políticas en todo el territorio y unificar criterios.

Una de las dificultades es la económica. ¿Hay un sesgo de clase entre las madres solteras por elección?
Tomas la decisión si te ves capaz de afrontar todo el proceso. La adopción extranjera tiene su coste, y en el caso de la adopción interna, comunidades autónomas como Madrid priorizan explícitamente a familias biparentales. En cuanto a los tratamientos de fertilidad, los protocolos por edad de la sanidad pública se nos quedan cortos, así que nos vamos a la privada. Además, se nos excluyó de la cartera de servicios públicos y, aunque esto se ha corregido recientemente, siguen existiendo diferencias de criterios y de protocolos entre comunidades autónomas. Todo esto no implica que tengamos un nivel económico alto. Nuestros salarios son medios. Lo que hacemos es renunciar a muchas cosas en el ámbito personal, social, cultural o formativo. Y, en todo caso, estamos hablando de un solo ingreso. Hemos hecho un análisis desde el punto de vista fiscal que rompe con este tópico de que tenemos sueldos altos. Tenemos que hablar de ingresos familiares, no de salarios individuales. Sufrimos una penalización fiscal muy elevada y mayor dificultad para acceder a ayudas, porque la mayor parte están pensadas por renta per cápita y tienen en cuenta el número de integrantes de la unidad familiar. Sin embargo, los gastos del hogar no son proporcionales al número de miembros: tenemos que pagar la vivienda, los suministros básicos… Además, tenemos gastos de conciliación muy elevados: extrescolares, personas cuidadoras, comedor… Por todo ello, estamos asistiendo a un empobrecimiento real de las familias. Muchas madres renuncian a salarios altos para presentarse a oposiciones y tener horarios razonables para conciliar. Hay madres que no se han recuperado todavía de la crisis anterior. Tenemos autónomas que se están yendo a vivir con sus padres, muchas afectadas por expedientes de regulación de empleo, mujeres que renuncian a estar en las bolsas de trabajo porque no pueden trabajar a turnos ni con horarios nocturnos… Pese a que la mayoría de nuestras socias tiene un nivel de formación superior, el 60 por ciento manifiesta alguna dificultad para llegar a fin de mes y el 10 por ciento está en situación de desempleo. La que parte de una situación precaria, una mujer migrante que sufre un abandono familiar, entra en un círculo vicioso del que no puede salir. Y la que parte de una situación acomodada, cuando pierde el empleo, ahí se queda.

¿Qué ha pasado entonces con el decreto de la exministra del PP Ana Mato que excluyó a las mujeres sin pareja y a las parejas de mujeres de las unidades públicas de reproducción asistida? ¿Lo ha solucionado el actual Gobierno?
En noviembre del pasado año, se actualizó la cartera de servicios para incluir a mujeres sin pareja, y a parejas de mujeres. Las modificaciones que se han introducido no han tenido en cuenta las aportaciones que hicimos en su día al proceso de consulta pública abierto en la anterior legislatura. La actual cartera de servicios sigue limitando la posibilidad de un segundo hijo o hija sin pareja y, en cambio, sí lo permite si es con una pareja diferente. En los años que han tardado en actualizarlo, hemos acompañado casos como el de una socia de Madrid: la mutualidad no le cubría el proceso, porque se ceñía a la normativa estatal (la autonómica sí se había actualizado). En Navarra también tenemos a una socia batallando porque no le reconocen el acceso al tratamiento que necesita que sí llega a las parejas y un argumento de Sanidad es que, en tiempos de pandemia, este asunto no es prioritario. El hecho de que cada Comunidad Autónoma desarrolle sus protocolos y criterios se traduce en diferencias de trato, como la consideración de la edad máxima de acceso: si cumples el requisito de edad al inicio del proceso y dejas de cumplirlo mientras estás en lista de espera, en unos lugares permiten continuar y en otros no. También con el tipo de técnica a la que te dan acceso, sin tener en cuenta la edad con la que empiezas el proceso.

Hablabas de la discriminación en el sistema de adopciones.
Desde la primera consulta, te dicen claramente que se prioriza a parejas. Creemos que lo que hay que valorar es la idoneidad. Ofrecemos un entorno muy estable a niñas y niños que vienen con su mochila, porque la nuestra es una maternidad muy consciente. Los estudios sobre nuestro modelo de familia demuestran que las criaturas se desarrollan con normalidad y que incluso reciben mejor valoración en algunos aspectos, como la concienciación en igualdad de género y diversidad.

¿Y qué pasa en las oficinas del registro civil a la hora de inscribir a una criatura sin padre?
Una socia de la provincia de Alicante fue a inscribir a su niño y el funcionario anotó en observaciones “nacimiento extramatrimonial”. Otros tachan la primera casilla y nos relegan a la segunda. Vamos a hacer una petición a la Subdirección General del Notariado y de los Registros para que haga una instrucción.

Habéis señalado el agravio de que, con la equiparación de los permisos por nacimiento y adopción, las familias biparentales tienen muchas más semanas que las monoparentales.
Lo llevamos denunciando desde que [Unidas] Podemos presentó la proposición de ley por unos permisos iguales e intransferibles. Entonces, la plataforma PiiNA [Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción] hizo declaraciones sobre lo que quieren las familias monoparentales, sin pedir nuestra opinión. Su principal preocupación era que las madres solas conservasen el empleo, y creían que sumar los permisos podía perjudicarnos en ese sentido. Pero el problema de empleabilidad de las familias monoparentales va más allá de 32 semanas, porque la corresponsabilidad social no existe. Discriminar a nuestros niños y niñas no es una solución, y por eso los pronunciamientos judiciales están aludiendo a la perspectiva del menor, a su desarrollo y a la figura de apego. También es una discriminación fiscal, porque las familias biparentales tienen ahora 32 semanas de salario exentas de tributar. Además, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) también amplió el permiso por lactancia para la pareja; es un tiempo diario que tienen solo las familias biparentales. Añadió una prestación nueva, de corresponsabilidad por el cuidado del lactante, dirigido a los trabajadores del sector privado: entre los nueve y los 12 meses del bebé, si ambos progenitores se acogen a una reducción de jornada de media hora diaria, la prestación financia otra media hora. A nuestras familias se les está denegando, porque no cumplimos con el requisito de que haya dos personas reduciendo jornada. Tenemos que aguantar resoluciones que argumentan que no puede existir corresponsabilidad cuando solo hay un progenitor. ¡El propio INSS no conoce el concepto de corresponsabilidad social que intenta introducir el Ministerio de Igualdad!

‼️Primera sentencia favorable para #familiasmonoparentales por la prestación de corresponsabilidad con el cuidado del lactante, dando la razón a una socia. Prima el interés superior del menor#CuidadosEnIgualdad@inclusiongob @joseluisescriva
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— Asociación MSPE (@AsociacionMSPE) February 17, 2022

Una madre sola en Bizkaia consiguió en 2020 una sentencia favorable para sumar ocho semanas adicionales, y le han seguido más mujeres. ¿Qué valor tiene esa jurisprudencia?
Contamos con otro hito, además de la sentencias: en octubre de 2020, se debatió en el Senado una moción del PSOE por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas en favor de las familias monoparentales. Una de esas medidas es que se amplíen las semanas de permiso por nacimiento y cuidado del menor, y es de obligado cumplimiento. En el contexto judicial, la situación es anómala, porque el Ministerio Fiscal ha recurrido las sentencias favorables, pese a que es el encargado de velar por el interés del menor. El Consejo General del Poder Judicial ya se ha pronunciado, marcando un criterio para las juezas y jueces: que no conceder esas semanas es discriminatorio. Esto anima a las madres a reclamar primero al INSS en una fase administrativa y luego recurrir a la vía judicial. Pero tienen que invertir su tiempo y sus recursos para ello, ¿y las que no pueden meterse en una batalla judicial? La ministra de Igualdad [Irene Montero] y el de Inclusión y Seguridad Social [José Luis Escrivá] han reconocido que hay que solucionar el problema. El Ministerio de Derechos Sociales nos dice que lo ha recogido en su proyecto de ley de familias. Pero es urgente que lo hagan.

¿Qué os parece ese proyecto de ley?
Nos consta que el Ministerio le ha dado prioridad, como mecanismo para regular y reconocer a todas las familias, tengan la composición que tengan. Pero tememos que una normativa tan amplia retrase nuestra regulación, cuando somos un colectivo muy concreto que tiene pasos avanzados en algunas comunidades autónomas, y que tenemos necesidades urgentes y discriminaciones respecto a la estructura familiar biparental. La urgencia se amplifica después de dos años de pandemia en la que no se ha adoptado ninguna sola medida específica y adaptada a nuestras necesidades de cuidado, lo que está teniendo su reflejo en todos los estudios sobre los efectos de la pandemia. Los hogares monoparentales están elevando las tasa de pobreza y riesgo; el 80 por ciento tiene dificultades para llegar a fin de mes. No hemos podido tener acceso aún al borrador de la ley, por lo que desconocemos hasta qué punto han quedado recogidas nuestras aportaciones. Por todo esto, venimos reclamando al Gobierno el adelanto de medidas urgentes como la consideración de familia numerosa a todas las monoparentales de dos hijos o hijas, que han contemplado varias leyes de presupuesto desde 2008. O la equiparación real de los permisos por nacimiento, acogimiento o adopción con las familias biparentales, y por tanto con 32 semanas, la revisión de los criterios de acceso al ingreso mínimo vital y al complemento de infancia o la aceleración de soluciones públicas de cuidado.

¿Qué ha ocurrido con el ingreso mínimo vital?
Ha costado muchísimo que llegue a las familias monoparentales, porque muchas comparten vivienda y al principio se tenían en cuenta los ingresos de toda la unidad convivencial. Luego se reformó para definir unidades dentro de una vivienda, pero solo en situaciones concretas, como violencia de género o separación y divorcio. ¿Pero qué pasa si yo soy madre soltera autónoma, he perdido mi empleo o estoy en ERTE, estoy sin recursos y estoy viviendo con mis padres? ¿Qué pasa si vivo con mi madre o padre porque está enfermo, o porque por edad necesita que lo cuide?

Entre las normativas autonómicas, ¿cuál os parece de referencia?
La normativa de la Comunidad Valenciana es un referente. Abarca la definición de familia monoparental que defendemos: cuando solo hay una persona progenitora, sea cual sea la razón .Establece la equiparación a las familias numerosas, pero eso es difícil de implementar porque se limita a sus competencias autonómicas. Valencia ha introducido una medida pionera para los empleados del sector público: una hora de reducción de jornada sin pérdida de salario para supuestos como el nuestro.

¿Qué opináis del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad?
Suena bien, porque las madres solteras no podemos permitirnos reducciones de jornada y excedencias, y durante la pandemia comprobamos que conciliar teletrabajo y cuidados es insoportable. La solución de servicios públicos de cuidado nos ayudaría mucho. Aragón puso en marcha en modo piloto en la ciudad de Zaragoza un plan para familias monoparentales que cubría imprevistos:enfermedad, entrevistas de trabajo, formación…Tememos que pase como con otras medidas: que se anuncian como solución para las familias monoparentales, pero en su implementación salimos perdiendo. En este caso, se han anunciado criterios de renta (nos perjudicarán si tienen en cuenta el número de miembros) y se deja en manos de las comunidades autónomas su gestión, aunque incluirá programas estatales también.

¿En la asociación nombráis vuestro modelo de familia como feminista?
Sí, tenemos clarísimo que necesitamos una regulación con perspectiva feminista. Llevamos años reivindicando al movimiento feminista que aborde nuestro modelo de familia y pida una ley de familias monoparentales; porque estamos hablando de un colectivo sujeto a discriminaciones múltiples, porque añadimos unos cuidados asumidos en solitario y en el que interseccionan realidades como la migración o la precariedad. Entre las kelly o las empleadas del hogar hay mujeres que están criando en solitario. Hablar de monoparentalidad es también hablar de la libertad de elección de las mujeres y de no fomentar relaciones basadas en la dependencia. La Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), a la que pertenecemos, tiene más de 25 años de recorrido; hay mujeres que han sufrido el estigma de las madres solteras y que llevan un cuarto de siglo reivindicando. Cuando nos pusimos a estudiar la moción del Senado, yo no daba crédito porque encontré mociones de los años 1994 y 1996 que ya hablaban de la necesidad de un registro para familias monoparentales y de solucionar sus problemas de vivienda y de empleo. ¡En 2020 seguíamos pidiendo prácticamente lo mismo, pero ampliado! ¿Por qué no se contempla nuestro modelo de familia? ¡Porque somos mujeres y porque decidimos criar sin un hombre! Eso no se entiende todavía. Y cuando se aborda, es desde la pobreza. Pero si se enfoca un modelo familiar solo desde la necesidad asistencial, no estás hablando del empoderamiento de esas mujeres, ni permitiéndolo. Además, la monoparentalidad se entiende como un estado transitorio; se piensa que ya reharemos nuestra vida. Toda las normativas autonómicas incluyen artículos en los que dicen en qué supuestos perderemos el carácter monoparental (matrimonio y uniones de hecho asimilables) y nos obligan a firmar una declaración jurada de que no tenemos pareja. A nuestro modo de ver, sigues siendo familia monoparental salvo si la pareja adopta a tu hijo y asume todas las obligaciones.

¿Qué le dirías a una mujer sin pareja que se acerca a los 40 años y le da miedo formar una familia monoparental?
La animaría siempre que lo entienda como un proyecto vital irrenunciable y si ha sopesado las dificultades que pueden rodear a este modelo de familia. Pero, sobre todo, que lo haga cuando lo tenga muy claro, cuando realmente sienta que es una opción más y no la perciba desde la carencia. Porque lo que sienta se lo va a trasmitir a sus hijos e hijas.

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