Cuenta la mitología que la Hidra de Lerna era un monstruo colosal, una especie de serpiente acuática de proporciones descomunales y con múltiples cabezas, que la despiadada criatura poseía la capacidad de regenerar por cada amputación que le infringían quienes osaban enfrentarla. Esta figura alegórica le sirve a Alejandra Jiménez, integrante de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), para hacer un boceto de las luchas frente a los megaproyectos energéticos y extractivos que emergen por doquier en los diferentes rincones del planeta.

Porque, como ocurre con la Hidra, el desarrollismo energético parece seguir un patrón de regeneración sin límite ni medida, pero con incontables rostros: gasoductos kilométricos; corredores interoceánicos; multiplicación de parques solares y eólicos en territorios indígenas; destructivas infraestructuras para la extracción, el transporte y el refinamiento de combustibles fósiles; proyectos agroindustriales como la siembra de soja transgénica y de palma africana para la producción de biocombustible; deforestación y despojo de selvas vírgenes.

La afilada espada de Hércules secciona finalmente de muerte al engendro acuático en la mitología. Pero no lo hace solo, sino con la inestimable ayuda de su sobrino Yolao. Solo aunando esfuerzos y habilidades fueron capaces de acabar con la Hidra. Y esa colaboración es precisamente la que mejor refleja hoy las resistencias frente al modelo energético imperante.

“Las luchas de resistencia resultan determinantes para el desmantelamiento de los megaproyectos energéticos y extractivos porque, de otra forma, sin la organización colectiva muchas veces comunitaria, rural e indígena, no habría suficiente presión que forzara a modificar el cauce de estos proyectos. Sin duda, una mayor articulación tendría un mayor impacto, pero los intereses neoliberales tanto de las empresas como de los políticos buscan a toda costa socavar esta posibilidad de diferente forma, ya sea a través de la violencia o de la cooptación y división de movimientos”, explica Jiménez, que también forma parte de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (CORASON).

Su discurso se ciñe al contexto mexicano, allí donde, entre otras, brotan las cabezas amenazantes del Proyecto Integral Morelos, de una veintena de parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, de hidroeléctricas como la de El Zapotillo (con presencia de las empresas españolas FCC y Abengoa); allí donde su presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), prometió detener la fractura hidráulica pero la realidad, siempre tozuda, parece contradecir aquel reiterado compromiso, a tenor de los trabajos de campo llevados a cabo por AMCF: “El Gobierno sigue dando permisos y destinando presupuesto público al fracking en formaciones no convencionales”, afirma la organización en una reciente investigación.

El conflicto capital-vida

La megalomanía energética, esa especie de devoción por las grandes obras de extracción-transformación-y-utilización de los recursos naturales, extiende sus delirios de Sur a Norte y de Este a Oeste. Y de la acción, a la reacción, pues abordar la energía es hoy enredar los pies en una red de resistencias locales articuladas en una gran batalla global. Solo que ahora enfrente no está la Hidra de Lerna sino el conflicto capital-vida.

Así lo explica Maitane Arri, del proyecto Tradener (Transición Energética y Democracia): “La resistencia social es la primera línea del frente. Es la que establece el valor que el territorio tiene para la reproducción de los procesos sociales, biogeofísicos, ecológicos, económicos, etcétera, que sostienen la vida. Cuanto más clara y directa sea esa visión del territorio como elemento que garantiza la reproducción de la vida, mayor es la implicación de la sociedad en la resistencia. El sostenimiento de la lucha en el tiempo es otro factor muy importante”.

La cantidad de organizaciones y movimientos sociales que trabajan por la defensa de sus territorios es muy variada y se remonta muy atrás en el tiempo, si bien las articulaciones entre ellos son más recientes. “Una dificultad importante para la inserción ha sido el carácter técnico y el lenguaje especializado de los debates políticos en esta materia. Esta barrera ha alejado las discusiones energéticas de las agendas”, escriben las investigadoras Sara Larraín y María Paz Aedo, en Política energética en América Latina. Presente y futuro. Críticas y propuestas desde los pueblos.

En esa red de redes que conforman las resistencias frente a la megalomanía energética, destacan nombres como la Campaña Global para un Tratado Vinculante de la ONU para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos, alianzas con incidencia sindical como Trade Unions for Energy Democracy (TUED) y la coalición de intercambio de alternativas Energy Democracy. También hay iniciativas más regionales como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) de Brasil, la Red Latinoamericana contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR), y la estrategia de resistencia internacional frente a las actividades petroleras Oilwatch. Sin olvidarse de la suma de esfuerzos en el Estado español, como por ejemplo la Plataforma Unitaria Contra la Autopista Eléctrica Monzón-Isona.

La lista es interminable, tal vez como respuesta a las innumerables cabezas de la Hidra energética. Imposible citar todas las luchas en un párrafo. Pero así son las resistencias frente a la megalomanía energética, inabarcables de resumir en un solo artículo, capaces de plantar cara a un monstruoso conflicto capital-vida con múltiples cabezas que se regeneran. Resistencias que saben que la cantidad de integración colectiva que sean capaces de gestionar diferenciará el resultado final de una problemática de proporciones descomunales.

“En la medida en que se ha incrementado la voracidad capitalista, las resistencias surgen para atender los diferentes frentes, lo cual ha ido atomizando las luchas, desarticulándolas y desgastándolas, mientras que el sistema construye sus propias estrategias hegemónicas para obstaculizar las luchas vía leyes, programas sociales o narrativas sustentadas en una promesa vacía de desarrollo. La situación ha llevado a tejer movimientos más amplios para articular distintas resistencias que han encontrado en la defensa de la vida y en la defensa de los modos de vida distintos a los de la sociedad capitalista (indígenas, principalmente) su principal eje de articulación. Y entonces su resistencia no es solo resistencia frente megaproyectos energéticos y extractivos, sino frente a un modo de existir depredador, excluyente, destructor y hegemónico”, explica Jiménez.

El precio de la lucha

La movilización social, junto con estrategias jurídicas, de incidencia política y de visibilización mediática, confluyen a la hora de volver a poner en el centro a la vida, los cuidados, la solidaridad internacionalista, la comunidad y la unidad con la naturaleza. Es así como, subraya Arri, “la visión de la lucha se amplía e incluye temas geoestratégicos, de arquitectura global de la impunidad, de tratados de comercio e inversión”. Desde esos elementos comunes, sus estrategias y avances son muy diversos.

En la India, por ejemplo, la activista Vaishali Patil es la cabeza visible del proyecto que, desde hace ya una década, amenaza con construir la central nuclear más grande del mundo. Jaitapur, en el suroccidente del país, arrastra años de retraso, en parte por el colapso sufrido por el socio inicial, el conglomerado público francés Areva, en parte por la fuerte contestación social que ha recibido y recibe la instalación de los seis Reactores Europeos Presurizados (EPRs, en sus siglas en inglés) de tercera generación. En una visita a España en 2013, la propia Vaishali se mostraba convencida de la importancia de tejer redes de resistencia internacionales: “Estoy segura de que la solidaridad entre Asia y Europa paralizará este proyecto. Espero que los españoles no permitan que los bancos ni cualquier otra institución financiera del país haga inversiones en Jaitapur. Porque tenemos indicios de que podría haber interés”, afirmaba por aquel entonces a los periodistas que firman esta nota.

En América del Sur tampoco faltan los ejemplos. Un excelente botón de muestra es Hidroituango, el megaproyecto hidroeléctrico que construye Empresas Públicas de Medellín (EPM) y que, cuando finalicen las obras (también se ha superado el plazo inicial previsto, finales de 2018), será una de las represas de mayor tamaño de América Latina y la primera de Colombia. Instalada en el río Cauca, cuenta con inversiones e implementaciones de varias empresas españolas, entre ellas, al menos el BBVA y Ferrovial, según han podido contrastar estos periodistas, que también preguntaron directamente a la aseguradora Mapfre y al Banco Santander por su implicación en el proyecto, si bien ambas compañías prefirieron guardar silencio. Esta participación transatlántica ha motivado la visita a España de varias personas del movimiento Ríos Vivos. “Si no hay financiación de muerte, no hay proyectos de muerte”, se quejaba Genaro Graciano. El colectivo ha denunciado en repetidas ocasiones las amenazas, intimidaciones y violaciones de derechos que han sufrido sus integrantes, seis de ellos asesinados.

Las Américas son tierras especialmente crudas para quienes defienden los derechos humanos y hacen frente a un modelo de desarrollo depredador. Tal vez el caso más mediático ha sido el asesinato de la hondureña Berta Cáceres, ordenado por un trabajador la empresa que construía una hidroeléctrica en el río Blanco. Su muerte no ha acallado al pueblo lenca, al contrario, ahora su lucha se ha multiplicado. “Nosotras no nos sentimos derrotadas. Tenemos un largo camino que no acaba con la sentencia. Vamos por la justicia integral, la que nos lleve a desmantelar la estructura criminal que es responsable del crimen de Berta y que es un patrón que se repite en todo el territorio y contra otras compañeras”, ha dicho su hija.

La proliferación de represas es precisamente uno de los frentes que más víctimas genera alrededor del mundo. En países como Brasil, Colombia, Honduras y Ecuador, las personas que se oponen a estas monstruosas cabezas son criminalizadas, perseguidas y asesinadas, motivo por el cual se exige la aprobación e implementación de un instrumento jurídico que obligue a las transnacionales, esas empresas que directa o indirectamente promueven la megalomanía energética, a respetar tanto los derechos humanos como los de la naturaleza.

Las resistencias a estos delirios de grandeza energética son plurales, pero el precio que pagan por la defensa de la vida frente al capital es a veces el mismo: su propia muerte. Investigaciones como la llevada a cabo por María J. Stephan y Erica Chenoweth, ‘¿Por qué funciona la resistencia civil?’, subrayan la eficacia de las estrategias de resistencia no violenta, como boicots, huelgas, protestas y otras medidas de presión: “Las principales campañas no violentas tienen éxito el 53 por ciento de las veces, comparadas con el 26 por ciento de la resistencia violenta”, escriben en su estudio, para el que compararon centenares de acciones a lo largo de todo el siglo XX y principios del XXI. “El coste político de reprimir a una o dos docenas de activistas, fácilmente etiquetados como ‘extremistas’, es mucho más bajo que el hecho de reprimir a cientos o miles de activistas que representan a una población entera”, concluyen.

Son muchas las cabezas del conflicto capital-vida y su capacidad de regeneración es enorme para una problemática cuyo tamaño es apenas comparable al mito de la Hidra de Lerna. Basta con mencionar el Proyecto Integral Morelos, la iniciativa con la que AMLO, defendido por amplios sectores de la izquierda mexicana, pretende consumar la llamada ‘Cuarta Transformación’ del país tras la independencia (1810-1821), la reforma (1858-1861) y la revolución (1910-1917). Un cuarto momento histórico que promete un cambio profundo para México y que incluye dos termoeléctricas de ciclo combinado y gran capacidad, un gasoducto y un acueducto. Unas 80 comunidades nahuas se han levantado en protesta, con el consiguiente peaje: el líder comunitario Samir Flores fue asesinado tres días antes de la consulta convocada por AMLO para legitimar sus planes.

“Se van ganando batallas, que en algunos casos se tienen que refrendar de forma constante, pues el capital nunca aceptará perder una batalla y eso nos obliga a que se resista desde diferentes lugares. Eso también nos ha atomizado, debilitándonos y por veces generando un sentimiento de derrota en el cual también resulta imperante resistir”, concluye Jiménez. Mientras suenan los ecos de la leyenda de Hidra, las resistencias comunitarias recuerdan que tampoco el progreso es un futuro predestinado, sino aquellas vidas que se ganan y se pierden mediante esfuerzos colectivos sostenidos en el tiempo. “Estuvimos 22 años en Jánovas. Ya se habían ido todos. Ni había televisión ni nada y aguantamos muy bien”, recordaba Francisca Castillo en el pueblo al que tuvo que marcharse cuando fue expulsada por la fuerza de su casa. Su larga lucha, de más de 40 años, logró frutos a medias: perdieron su pueblo, pero el pantano nunca se construyó. Hoy, Jánovas, en Huesca, busca revivir.

Este texto ha sido publicado en el monográfico en papel sobre Energía, que está incluido en algunos tipos de suscripción. Está a la venta también en nuestra tienda online y en librerías. Nosotras, la verdad, preferimos que te suscribas para que Pikara Magazine sea un proyecto sostenible muchos años más, pero puedes leernos como prefieras.