Ilustración para el VII Congreso de Economía Feminista. También fue imagen de portad de la #MiniPikara de Economía Feminista.

La asociación nació de manera urgente. El 6 de marzo de 2021 se constituyó de forma oficial la plataforma vecinal Rural Sostenible para defender la comarca leonesa del Bierzo Oeste frente a los grandes proyectos energéticos que se están ideando sin contar con quienes allí viven. Y desde entonces no ha parado de trabajar: informar, organizar eventos, celebrar reuniones, presentar alegaciones, hacer manifestaciones… La página del colectivo en Facebook, cuya primera publicación es del 8 de marzo, muestra lo apremiante de la respuesta ciudadana ante los parques eólicos previstos en los montes leoneses. Susana Dávila, integrante de la plataforma, ofrece, apenas un mes y medio después de la creación de Rural Sostenible, una retahíla de nombres de al menos seis nuevas grandes instalaciones eólicas previstas en la montaña, muchas de ellas en manos de compañías transnacionales, y de otras de las que de momento no hay información pública.

“Hemos nacido por una necesidad. Queremos poner la vida en el centro y defender la tierra, el agua, los bienes comunitarios y luchar contra el extractivismo y el expolio de los recursos de los pueblos. Porque esto realmente es un despojo de los territorios a los que se está intentando oprimir con grandes proyectos de capital privado que no dejan ningún tipo de beneficio en la población y destruyen el motor socioeconómico actual, que es el que genera riqueza y fija población”, define Dávila.

En los últimos meses, amparados por la necesidad de un nuevo modelo energético que deje de lado las energías fósiles, han aparecido decenas de grandes proyectos eólicos y fotovoltaicos en diferentes puntos del Estado español. Los planes del Gobierno central son que 89 de los 191 gigavatios (GW) de potencia instalada que tenga el sistema eléctrico en 2030 provengan de energía eólica y de solar fotovoltaica. De momento, entre los que están en operación y los proyectados ya hay 156 GW, casi el doble de lo planificado para dentro de una década, según los datos que maneja Luis Bolonio, técnico en conservación de biodiversidad e impulsor de Alianza Energía y Territorio (Aliente). 

Frente a la proliferación de grandes megaproyectos, la ciudadanía está respondiendo con la creación de plataformas, asociaciones y colectivos que defienden sus territorios de las instalaciones de gran tamaño planificadas de espaldas a la gente, aunque vayan a transformar su paisaje y provocar impactos en sus pueblos. “El modelo energético centralizado que se plantea satura los territorios con proyectos de renovables a gran escala y líneas de alta tensión, resultando devastador para el paisaje y la biodiversidad, al tiempo que genera en la sociedad un ideal de consumo ilimitado, mientras niega alternativas menos dañinas y menos consumistas”, recoge en su manifiesto de presentación Aliente, creada también casi de manera urgente en febrero de 2021 y formada de momento por 127 colectivos de diversos puntos del país. Pero “el extractivismo no es nuevo”, afirma Dávila.

Luchas de mujeres

Rosa Fernández, de Dúrcal (Granada), lleva casi 15 años bregando por el agua de su pueblo, privatizada por una planta embotelladora: “Como cuerpos en resistencia lo pasamos muy mal”, recuerda sobre los días más fuertes de presión social, en los que sufrieron amenazas. Ahora su lucha se ha extendido: han llegado los molinos de viento y, con ellos, los proyectos de grandes líneas de alta tensión que, por ahora, han logrado parar.

Representado a la Plataforma en Defensa del Agua del Valle de Lecrín y a la Plataforma Di No a las Torres, Rosa Fernández compartió mesa, en unas jornadas celebradas en Granada en noviembre de 2019, con Mariana Solórzano y Josefa Sánchez Contreras, dos mexicanas del istmo de Tehuantepec defensoras del territorio. Allí se ha construido el corredor eólico más grande de América Latina: comprende 29 parques eólicos con casi 2500 aerogeneradores, en manos principalmente de compañías transnacionales, algunas con capital español. La energía producida, según el EJAtlas, está mayoritariamente destinada a “empresas altamente contaminantes como mineras y cementeras, o a cadenas de comercialización y producción agroindustrial”. Voz en micro clamó Solórzano entonces: “Lo más importante que puedo decir es que resistimos para no morir”.

Rosa Fernández rememora aquel encuentro y la similitud de unas luchas separadas por miles de kilómetros: “Las situaciones no son dispares. Aquí somos el sur de Europa, las empresas son las mismas; también las prácticas y las formas de hacer. Sigue la colonización de los territorios”.

Junto a ellas estuvo la también granadina Eva Pérez, de la Asociación en Defensa de la Ribera del Guadiana Menor, quien hace una lectura similar de lo que ocurre en el sur de México y, en este caso concreto, en Granada: “Somos sur, estamos despoblados y tenemos recursos. Y las empresas son las mismas”.

Los nuevos extractivismos que se están viviendo en diversos puntos del Estado español tienen diversas formas. Además del impulso de las energías renovables a través de grandes parques eólicos y fotovoltaicos, hay un auge de proyectos mineros (en Extremadura, por ejemplo, están en tramitación más de 200 planes de minería a cielo abierto) y de macrogranjas de cerdos. Contra una de estas luchó Eva Pérez: “Conseguimos unir a diez pueblos y logramos paralizarla”, recuerda en conversación telefónica. Pero, como en el caso de su paisana, su lucha se ha ampliado: “Ahora han llegado otros proyectos, como las líneas de alta tensión y las renovables. Tenemos que unir a gente de distintos pueblos y plataformas para hacer fuerza”.

Y habitualmente, según cuentan las entrevistadas, todas por teléfono, son mujeres las que más se implican en estas resistencias. “Son luchas de mujeres”, sintetiza Eva Pérez, quien comparte un ejemplo significativo: el 22 de abril de 2021, una decena de mujeres se reunió en una rotonda de Zújar (Granada), para decir “no” a una línea de alta tensión. “Queremos dejar a nuestras generaciones venideras un entorno, si no mejor, por lo menos no peor de lo que tenemos. Tenemos la obligación moral de guardar el entorno que tenemos. No a la línea [de alta tensión] 400 y al resto de proyectos que van a destrozar nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio paisajístico. Jabalcón no se toca”, dice una de ellas en un vídeo que circula por redes.

Generaciones futuras

Las generaciones futuras y qué territorios se pueden legar y en qué condiciones son parte del discurso compartido por las defensoras de sus tierras en distintos puntos del planeta. “Tenemos que defender la riqueza del medio rural y ofrecer alternativas tanto para la población actual como de las futuras generaciones”, apunta Susana Dávila. “Eso que nos venden como energía limpia es el despojo de tantas hectáreas de terreno que no les pertenecen ni a ellos ni a nosotros”, continúa por su parte Mariana Solórzano.

En el habla de la defensora mexicana de Oaxaca aparecen términos que también acuña Dávila desde El Bierzo. Despojo o expolio son conceptos que no entienden de fronteras ni de ubicaciones. “Lo que había llegado a otros territorios aquí nos llega ahora y tenemos que aprender de otras luchas, de las luchas campesinas, porque en todos los territorios en los que lo quieren implantar son rurales. No es solo una lucha ecologista, es una lucha campesina y por la defensa del territorio, es el expolio de los recursos de los pueblos”, subraya la leonesa.

La similitud de los relatos acaba de manera encarnizada: “Allá dan la vida”, lamenta Eva Pérez. Según el informe de Front Line Defenders de 2020, al menos 331 defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados en todo el mundo durante ese año y casi un 70 por ciento defendía los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la tierra y al medio ambiente. “Hay que darse cuenta de que en este tipo de proyectos queda muy evidente el conflicto capital-vida”, sintetiza Arrate Zelaia, de la organización Ingeniería Sin Fronteras.

La organización Global Witness analiza concretamente las amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Sus últimos datos publicados datan de 2019 y cifran en 212 las asesinadas. La minería, dicen, continúa siendo la industria con el mayor grado de responsabilidad. Y Honduras, con 14 casos, lidera la lista de asesinatos por cada millón de habitantes, siendo “el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”, estima la misma organización.

El 4 de abril de 2019, Dalila Argueta tuvo que salir de emergencia de Honduras por amenazas directas. Lo que en principio iba para cuatro meses aún no tiene fecha de regreso. Ahora sus manos trabajan en la huerta de Artea, municipio de Bizkaia y proyecto del mismo nombre en el que conviven personas refugiadas y migrantes, y donde espera poder traer a su hija y a su hijo. En su relato, la hondureña recuerda perfectamente el día que el agua del río Guapinol comenzó a bajar chuca por la actividad de una minera en lo alto del monte. Desde entonces, todo cambió. “Exigir justicia para un río es exigir justicia para todos”, traslada. Su conversación está plagada de detalles, de lucidez, de melancolía y de fuerza.

“Mi mensaje es despertar, defenderse y organizarse. Y volver a la ternura de la tierra y a la ternura hacia el ser humano. Autorreconocernos como defensoras, reconocer nuestra casa común como ese rinconcito para todos. Y también autoevaluar nuestra forma de vida y meditar desde qué puntos nosotros mismos cooperamos con estos grandes proyectos. Cuanto más grande sea nuestro consumo más empoderamos a estas grandes empresas para destruir los territorios”, hila. Entre montañas verdes y tierras de cultivo, Dalila Argueta ha encontrado algo de paz, pero su lucha no merma y ha participado en concentraciones contra líneas de alta tensión que también amenazan algunos montes vascos: “Veo el mismo enemigo, el mismo monstruo con diferente careta y nombres. Allá nos atacan de otra forma, pero es el mismo enemigo. La amenaza es común, debemos despertarnos y hermanar nuestras luchas”.

Redes y alianzas

“La defensa del territorio está relacionada con todas las lógicas perversas del sistema: la explotación de los bienes comunes que afecta a la biodiversidad y a los derechos de los pueblos originarios, el racismo y las nuevas formas de colonización, el consumismo y la criminalización de los movimientos sociales… El despojo de los territorios es uno de los pilares sobre los que se asienta todo este sistema neoliberal de destrucción y de muerte”, explica Idily Mérida, de la oenegé Lumaltik Herriak. Esta organización trabaja para generar grupos de encuentro y trabajo entre defensoras de derechos humanos de Mesoamérica y activistas feministas del País Vasco. “Hay mucho que aprender mutuamente. Lo que hacen unas puede ayudar imaginar nuevos escenarios de resistencias para otras y acompañarse es fundamental”, añade Mérida, quien destaca cómo las defensoras enseñan la importancia de poner la vida en el centro y de “acuerparnos”.

La apuesta por la unión y por generar alianzas queda resaltada en cualquier conversación en la que se habla de extractivismos, neocolonialismos, despojos o defensas de los territorios y de la vida. Más en un escenario de escasez de recursos y en un contexto en el que se están rozando los límites del planeta. “Las tensiones van a ser crecientes y la coordinación es necesaria. Conocer lo que pasa en otros territorios es clave”, reflexiona Alberto Matarán, profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad de Granada y organizador de diversas jornadas sobre transiciones energéticas en las que ha juntado a personas de distintos continentes.

La antropóloga y activista ecofeminista Yayo Herrero lo ha dicho en alguna de sus múltiples conferencias: “Es importante generar alianzas. Son tiempos para no estar solas”.