El periodista Raúl Solís, durante su estancia en Jerez de la Frontera, Cádiz. | Foto: Alejandro López Menacho

Raúl Solís, (Mérida, 1982) es un conocido, prolífico y pertinaz periodista que no deja indiferente a nadie. Afincado desde hace años en Andalucía, ducho en el debate social, participó en un interesante debate sobre la ley trans. Desde hace meses, Solís se ha convertido en una de las voces de referencia a la hora de defender los derechos de las personas transexuales. Sobre la susodicha ley y todo lo que gira a su alrededor charlamos tranquilamente en los prolegómenos de la cita.

Es cuanto menos reseñable que una legislación que afecta a un número relativamente bajo de personas (alrededor de 50.000 personas en España) haya ocupado el debate y tantos ríos de tinta en el espacio del feminismo actual. Da la sensación que se ha magnificado este asunto. ¿Qué intereses hay detrás?

Primero, no es un debate que haya ocurrido en el movimiento feminista, sino dentro de un sector muy minoritario pero muy poderoso por su vinculación al PSOE. El feminismo antitrans es un feminismo profesionalizado que ha gestionado las políticas de igualdad de los últimos 40 años en España. Todas las causas crean servidumbres y el feminismo también las ha creado. El interés está claramente vinculado a la lucha por el control del movimiento feminista por parte de este sector institucionalizado, que ha encontrado en las personas trans una pelota de ping pong para rivalizar por la hegemonía de un movimiento feminista que el 8M de 2018 saltó de las paredes de los partidos políticos e instituciones y se hizo popular.

En tu libro señalas a un tipo de feminista, la feminista de despacho y conferencia vinculada institucionalmente al PSOE, como ideólogas de un feminismo excluyente, trasnochado y genitalista que ha señalado a las personas trans como enemigas de su causa. ¿Por qué este colectivo abraza teorías propias de la derecha más reaccionaria?, ¿a qué crees que se debe esta virulencia?

Este sector ha sido el mismo que ha aprobado hasta 14 leyes trans en diferentes parlamentos autonómicos. El problema viene cuando el PSOE pierde el Ministerio de Igualdad y pasa a manos de Unidas Podemos. Es ahí cuando se oponen a una ley trans que es idéntica a las que están ya en vigor en la mayoría de comunidades, entre ellas Andalucía, Valencia, Madrid o Canarias. Este feminismo institucionalizado entiende que, sin el Ministerio de Igualdad, les han arrebatado una causa que creyeron que les había caído en herencia, básicamente porque es un feminismo de moqueta que no ha construido movimiento social, porque a lo que estaba dedicado era a romper techos de cristal para las mujeres de la élite. Nunca se preocuparon por las condiciones en las que las mujeres pobres estaban recogiendo los cristales que se rompían. Entonces, ante lo que consideran que es una opa hostil a lo que entendieron que era suyo, que les pertenecía, despliegan argumentos reaccionarios vinculados a la ultraderecha porque están defendiendo privilegios, no la igualdad.

Tu ensayo es conciso, va a la raíz del problema y no duda en señalar con nombre y apellidos las personas que han intentado frenar la ley trans, tales como Amelia Valcárcel, Carmen Calvo, Alicia Miyares o Ángeles Álvarez, entre otras. ¿Cuál es el precio a pagar por encarar la batalla teórica sin tapujos?

Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PSOE, me ha vetado en noviembre de 2021 en unas jornadas de memoria democrática sobre mujeres trans durante el franquismo. Estos vetos tienen razones, motivos, porqués. Es la segunda vez que me ha vetado el PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla; hace unos cinco años me vetaron en unas jornadas sobre la gestación subrogada a la que iba a ir invitado por el movimiento feminista, pero casualmente, igual que ahora, la delegada se olvidó de pasar mi nombre. El precio a pagar por hablar sin miedo es el odio en redes sociales, los señalamientos públicos o los vetos de quienes controlan el poder institucional. Pero he de decir que lo que me hacen a mí, no obstante, no es nada con lo que tienen que pasar las personas trans que han sido condenadas a vivir en la oscuridad del mundo.

En ciertos entornos está calando un mensaje tránsfobo, voxificado, sobre las personas trans con argumentos disparatados. Cito algunos como que quieren “acaparar las ayudas públicas por violencia de género” o “violar a las mujeres en los baños públicos”. ¿Cómo se puede combatir este argumentario de evidente trazo grueso?

Estos argumentos son antifeministas. Básicamente le dan la razón a la ultraderecha, porque vienen más o menos a decir que las mujeres forman parte de una liga de privilegios y, por esa razón, habría hombres deseando ser mujeres. Sobre los baños, hay que recordar que a las mujeres las están matando y violando hombres cis, que no mujeres trans. Quien pone en las personas trans el foco de la responsabilidad sobre la violencia de género quiere eliminar a las personas trans, no la violencia de género. El feminismo antitrans ha perdido el debate sobre la ley trans y por eso recurre a la caricatura. Todo esto suena a cuando los sectores integristas decían que el matrimonio igualitario aumentaría la pedofilía o que lesbianas y gais terminarían casándose con animales. Cabe recordar que en los 70 había feministas que decían que las lesbianas no podían ir a los baños de mujeres porque violarían a las mujeres heterosexuales. Eso pasó en España.

¿Qué estimas que sucede en la izquierda para que, cada vez que hay un éxito (15M, 8M), en poco tiempo se resquebraje la unidad conseguida?

El feminismo antitrans y el rojipardismo, sectores reaccionarios dentro de la izquierda que continuamente hacen guiños a los postulados de la ultraderecha, es otra cara del autoritarismo de Vox. Hay espacios dentro del feminismo y de la izquierda, minoritarios pero muy hormonados en redes sociales, que desprecian las libertades individuales. Lo mejor del progresismo popular surgido del 15M es su radicalidad democrática, la defensa de los derechos civiles y de los derechos sociales o laborales, básicamente porque es una generación nativa, democráticamente hablando. La igualdad sin libertad es tiranía y la libertad sin igualdad es violencia.

Raúl Solís, en un momento del intenso debate que tuvo lugar en Jerez. |Foto: Alejandro López Menacho

Los últimos capítulos de La batalla trans, que funcionan a modo de thriller politico, hacen un recorrido de cómo llega al Consejo de Ministros la citada ley a pesar de los múltiples escollos y el filibusterismo desplegado por una parte del PSOE; ¿estamos hoy más cerca de la igualdad en el colectivo trans?

La ley trans aún necesita entrar en el Congreso para comenzar su trámite parlamentario. Aún falta el informe preceptivo del Consejo de Estado donde, por cierto, está Amelia Valcárcel, consejera de Estado a propuesta del PSOE, exconsejera de Cultura del Principado de Asturias y la gran ideóloga española del feminismo antitrans. Estoy plenamente convencido de que sin la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno no se habría aprobado la ley trans en el Consejo de Ministros, pero también te digo que el logro será del movimiento social de personas trans y LGTBI, especialmente de la Plataforma Trans y de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans, que llevan años poniendo el cuerpo para que haya una ley que saque a las personas trans del secuestro médico, jurídico, psicológico o psiquiátrico en el que todavía están.

¿Crees que el tiempo dará la razón a lo expuesto en el libro o existe un peligro real de que las personas transexuales pierdan derechos sociales?

Estamos asistiendo a la abolición del género en directo. Los jóvenes tienen más que superada la batalla trans. La realidad pasará por encima a quienes dan argumentos voxificados contra la ley, como ha pasado por encima a quienes se opusieron al aborto, al divorcio o al matrimonio igualitario. El progreso no se detiene por un puñado de reaccionarios o reaccionarias. No me gusta alertar, porque el miedo es la principal baza de la ultraderecha para que las personas LGTBI nos volvamos a meter en los armarios. Que le quede claro a la ultraderecha: a los armarios no vamos a regresar nunca más, salvo que haya un bombero dentro (risas).

La batalla trans es uno de esos debates complejos y duros, en los que mucha gente se sitúa de perfil porque está más cómoda. Tú no sueles eludir los debates políticos y los encaras desde un prisma de izquierdas. ¿Hasta qué punto penaliza ser un periodista de izquierdas hoy día?

A mí no me gusta definirme “de izquierdas”, porque creo que es una etiqueta que no dice nada. De izquierdas dice que es Carmen Calvo y estaba en contra de subir el salario mínimo o de aprobar esta ley. De izquierdas dice también que es Nadia Calviño, que quiso abortar la reforma laboral de Yolanda Díaz. Yo creo que el progresismo tiene que inventar palabras nuevas para convocar a la mayoría desheredada del neoliberalismo: a las clases medias y populares, a los trabajadores, a las mujeres y las disidencias sexuales, a los autónomos y también a los medianos y pequeños empresarios que arriesgan su patrimonio para crear riqueza y crear puestos de trabajo que pagan impuestos aquí y no en paraísos fiscales… A mí me gusta mucho la etiqueta populista, porque popular viene de “pueblo” y mi objetivo es ponerle nombre a los dolores que tiene el pueblo y que están provocados por la élite. El progresismo tiene que ser popular para que mi madre, que no sabe leer ni escribir, se entere y se sienta interpelada. No me interesa nada una izquierda elitista, clasista, antipopular, identitaria y que se convierte en la nota de color del establihsment. Ser justo siempre penaliza, en todos los sectores, en el periodismo especialmente. Hay gente que sabe que si opina de uno u otro modo se le van a abrir más puertas en su profesión; y las personas tenemos la fea costumbre de comer tres veces al día y pagar el alquiler o la hipoteca.

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