Concentración por un sistema sanitario universal. | Foto: Javier Baeza

María Flores habla de su historia y cada una de las palabras que dice pesa más que la anterior, porque los pocos años que lleva en el Estado español han sido muy difíciles. Originaria de Perú, llegó sola hace tres años, cuando tenía 19. Y aunque todavía su condición administrativa es irregular, no ha parado de estudiar y trabajar. Aproximadamente un año después de llegar, se enteró por casualidad de que estaba embarazada. “Mi abuela había muerto y yo ni me di cuenta de que no me había venido la regla”, afirma. Ella quería abortar de forma segura pero no pudo interrumpir su embarazo cuando lo advirtió en las primeras semanas de gestación, por motivos burocráticos: el DAR se le había caducado.

El DAR es un sistema de alta que permite a los migrantes en situación administrativa irregular, acceder al sistema de salud. Para darse de alta, necesitan presentar varios documentos. En el caso de Flores, además de las necesidades burocráticas, se suman otras variables: el tiempo apremiaba porque el método para abortar cambia con el paso de los meses, lo que supone elegir entre una intervención farmacológica o una quirúrgica. Además, corría el riesgo añadido de llegar a la semana 14, límite legal para ejercer su derecho a la interrupción. Jassmine Mcghie es la médica de atención primaria que le acompañó en su derecho de abortar de forma segura. Sobre los problemas que esta joven encontró, afirma que fueron la suma “del racismo estructural con un tema muy problemático que es cómo se ha organizado la intervención voluntaria del embarazo”. Mcghie define el proceso por el que pasó su paciente como el más difícil que ha tratado, y en el que “se fueron sumando capas de violencia de una forma escandalosa”.

Flores primero sufrió infantilización y humillación por parte de la trabajadora social a la que acudió pidiendo ayuda. “Me cuestionó de mil maneras, que si no sabía cuidarme”, recuerda que le dijo. Perdió su pasaporte y lo denunció a la policía, que le abrió un expediente para ser deportada o internada en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Con todo, el embarazo seguía avanzando semana tras semana. Sin documentación no le atendían para abortar de forma gratuita en ninguna clínica. “Lo más duro fue saberme parte de un sistema capaz de tratar así a las personas”, asegura Mcghie, que compartió la angustia de la joven en el proceso.

Para Mcghie, todo empezó con el Real Decreto 16/2012, elaborado por el Partido Popular, que impuso el copago en el año 2012. La ley cambió el modelo sanitario, cuya cobertura hasta entonces era gratuita y universal, para implementar el pago para los migrantes en situación administrativa irregular o sin residencia legal en el Estado español. Aunque la prestación sanitaria pública gratuita sí se establecía, según la ley, en situaciones de enfermedad grave, accidente, o un embarazo, parto o postparto, las comunidades autónomas eran las encargadas de su desarrollo. Esto provocó un trato sanitario desigual dependiendo de cada territorio. Seis años después, el Real Decreto realizado por el PSOE ha mantenido el desarrollo de la norma en cada comunidad autónoma. De esta forma, se ha seguido preservando la arbitrariedad en el acceso a la sanidad pública a las personas migrantes en condición irregular. En esta línea, a finales del año pasado, la Comunidad de Madrid puso en marcha un sistema de actuación para las personas migrantes en esta situación con siete unidades de tramitación, para todo el territorio, encargadas de la gestión del acceso a la sanidad pública. El requisito indispensable es disponer de un empadronamiento de 90 días o más. Si no, se extenderá una factura.

Isabel Asumu* (nombre ficticio para proteger su identidad) jamás pensó que un viaje de dos semanas al Estado español le supondría una factura de casi cuatro mil euros por haber recibido ayuda social de un hospital público. La Comunidad de Madrid nunca reconoció que fuera una persona vulnerable, pese a haber recibido asistencia social del Hospital La Paz. Asumu estaba embarazada de seis meses, cuando viajó desde Guinea Ecuatorial a Valencia para visitar a un familiar. Tras aterrizar en Madrid, empezó a sentir molestias. El bebé estaba empezando a empujar para salir antes de tiempo. Asumu decidió llamar a una tía que vive cerca de la capital, en Castilla-La Mancha, para que le acogiera de manera temporal. “Al día siguiente me pongo peor. Viene la ambulancia y me llevan al hospital”, relata angustiada. Le aseguraron que no podían practicarle la cesárea porque no disponían de incubadoras, y que tenían que trasladarla al Hospital La Paz en la Comunidad de Madrid. Allí nació su hijo, que pasó los primeros seis meses de vida en una incubadora.

La tía de Asumu se desentendió de ella. Se quedó desamparada social y económicamente, por lo que, tras ponerse en contacto con la asistente social del hospital, esta decidió que se alargara su estancia en el centro. Mientras, buscaron alojamientos y ayudas en organizaciones sociales, sin éxito, ya que estaban desbordadas por el inicio de la pandemia. De este modo, la asistente social determinó su permanencia en el centro médico. Es por esta estancia por la que se le expide una factura a la mujer, pese a que según el informe de la trabajadora social del centro, se especifica que no es “un ingreso programado por la paciente y su deseo no era permanecer en España”. Patricia Orejudo, abogada que llevó el caso, afirma que aunque Asumu podía haber venido a España con un seguro médico privado, “si no lo tienes y estás en situación de vulnerabilidad, tienes derecho a la asistencia” por ley. El parto de Isabel no se podía prever. Ella no pudo anticiparse a esa urgencia de su hijo por nacer.

Concentración de personas frente al Ministerio de Sanidad para defender el acceso universal | Foto: Salud por Derecho

Raquel González es médica en el sistema de salud público y forma parte de la organización “Yo Sí Sanidad Universal”, que defiende un sistema sanitario público y sin distinciones sociales, y presta atención sanitaria a las personas que han quedado fuera del sistema. Acompañaron a Asumu en su periplo. González y Orejudo coinciden en que hace diez años se impuso la lógica del turismo sanitario, que considera que los migrantes viajan al Estado español para beneficiarse de la gratuidad de la atención sanitaria, y someterse a operaciones más o menos complejas. Esta es una de las razones por las que se elimina la universalidad de la sanidad española en el año 2012. “Es una afirmación y un razonamiento que no viene respaldado por ningún dato ni estudio”, reitera la facultativa. Orejudo es concisa y explica que “sí ha habido turismo sanitario, pero fundamentalmente de los europeos mayores que se venían a España a operarse”.

Orejudo asegura que “lo que están haciendo es dejar fuera del sistema a quien más necesita la sanidad pública”. Los últimos datos del portal estadístico del Ministerio de Sanidad reflejan que, en 2019, las personas con DNI han incrementado un 5 por ciento las visitas a atención primaria respecto a 2017. Mientras, en el mismo periodo, la población extranjera ha disminuido un 11,2 por ciento su presencia en las consultas. Además, el nuevo Anteproyecto de Ley, aprobado en noviembre de 2021, sigue sin ser suficiente. Los socios morados de la coalición de Gobierno consideran que el Anteproyecto deja la puerta abierta a la privatización, ya que especifica que la gestión de los servicios sanitarios puede realizarse a través de contratos con entidades públicas o privadas. Por ello, siendo la sanidad una competencia específica de las Comunidades Autónomas, Mcghie considera que esta legislación, “genera un marco legal para que desde las Comunidades que así lo deseen puedan reproducir nuevamente la exclusión”.

La pandemia ha evidenciado que la salud es un estado de bienestar individual, pero también colectivo, y que además de protegerse a uno mismo hay que proteger a los demás. La salud es un estado compartido y todas las personas tienen derecho a acceder al cuidado de uno mismo, independientemente de la renta, el lugar de nacimiento, o si viven aquí como Flores, o llegan de visita, como Asumu. Desde la sociedad civil se están impulsado varias iniciativas para defender el acceso a la sanidad pública para todas las personas. El objetivo es acabar con la arbitrariedad del sistema hacia las personas migrantes y evitar que pongan en riesgo su vida por falta de asistencia sanitaria. Por un lado, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), con el apoyo de organizaciones estatales, han lanzado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recuperar la universalidad del servicio de salud público y mejorar y proteger la atención primaria. Por otro, la campaña Esenciales, impulsada por más de 670 colectivos, tiene como objetivo conseguir medio millón de firmas para que el medio millón de personas migrantes que viven en situación administrativa irregular en el Estado español puedan regularizar su situación y acceder a los servicios básicos, como el de salud.

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