María Choc, criminalizada y condenada
Después de cuatro años de hostigamiento, de miles de pronunciamientos en solidaridad y apoyo y de la inconsistencia de la acusación, la lideresa Q´eqchi´ de Guatemala ha sido condenada a dos años de prisión.
María Magdalena Cuc Choc mujer indígena Q´eqchi´ de El Estor, Izabal, Guatemala, acaba de ser condenada a dos años de prisión por el delito de usurpación agravada. En el juicio, que arrancó el pasado 21 de abril y que fue sentenciado el 27 de junio, se la juzgaba por los delitos de detención ilegal, amenazas y usurpación agravada, por hechos que asegura Choc jamás cometió.
Wendy López, del bufete de abogados para pueblos indígenas, es la abogada que ha estado a cargo de la defensa de María Choc. En una entrevista telefónica informa que el caso de criminalización se inició en 2017, en su etapa de investigación, y continuó con la detención de la mujer indígena el 17 de enero de 2018. Desde entonces, ha sumado audiencias canceladas sin ningún motivo, ha estado privada de su libertad, presa en su propia casa, y sufriendo la tortura por parte del sistema de justicia guatemalteco.
Para entender mejor el caso y lo hechos de los que se le acusan hay que remontarse varios años antes y analizar el contexto de despojo en el territorio Q´eqchi´ que habitan en toda la región del Valle del Polochic, en la Alta y Baja Verapaz.
María Choc tiene 43 años y es madre de dos mujeres y dos hombres y su historia familiar está ligada a la prisión política de su hermano Ramiro Choc, al asesinato de su cuñado, Adolfo Ich, y a la violación sexual de 11 mujeres en la comunidad de Lote 8. Su historia es la lucha contra el despojo colonial y patriarcal en su territorio, pues el genocidio ha sido construido y perpetuado sobre los cuerpos de las mujeres indígenas en Guatemala.
El 30 de octubre de 2017, más de 200 personas de la comunidad Chab’il Ch’och’ fueron desalojas de manera violenta y perdieron todas sus pertenencias. El asedio y persecución a la comunidad se iniciaron con la presidencia del Otto Pérez Molina (2012-2015), ahora preso. Las voces comunales tienen cédulas de vecindad donde aseguran ser los primeros habitantes de este territorio.
El desalojo despertó la indignación y la denuncia nacional e internacional de organizaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para las familias afectadas. En este contexto María Choc, lideresa de la región, había sido intérprete en diversas ocasiones en casos de violencia de género dentro de su comunidad para mujeres que no hablan castellano. A solicitud de la comunidad, Choc acompañaba a las familias a interponer una denuncia en el Ministerio Público (MP) por los desalojos. Y, según ella asegura, en estas diligencias fue individualizada e identificada como una de las lideresas de una banda criminal, como apuntaban MP y los querellantes.
“La defensora María Magdalena Cuc Choc ha sido criminalizada por un sistema judicial que favorece a empresas extractivas que roban la tierra de comunidades Q’eqchi en la región de Izabal, Guatemala, todo ello bajo la mirada de un Estado que defiende más los intereses de la oligarquía del país y de empresas extractivas extranjeras que el bienestar de sus comunidades”, dice la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras en un comunicado.
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