Las mujeres somos especialmente vulnerables a la pobreza energética, y esto también es una cuestión de justicia climática. El pasado viernes 23 de septiembre desde Juventud por el Clima salimos en 22 territorios españoles pidiendo la democratización del sistema energético. Y es que, como cualquier crisis, la energética no afecta a todas las personas por igual. Entre nuestras reclamaciones, comentamos que “la subida disparada de los precios de la energía fósil, a la que acompaña una subida generalizada del coste de los bienes de consumo, trae consigo una una pérdida de poder adquisitivo, mucho más abrupta en el caso de los grupos más empobrecidos. Esta dificultad para afrontar las facturas energéticas cobra especial gravedad en invierno, cuando el bienestar térmico se hace imprescindible, especialmente en viviendas mal aisladas”. Observamos, por tanto, una conexión clara con la crisis climática; y es que a medida que los acontecimientos climáticos extremos aumenten, el acceso a una buena climatización de la vivienda, tanto en verano como en invierno, se hará más y más necesario.

Definimos pobreza energética como la incapacidad de un hogar de alcanzar un nivel social y materialmente necesario de servicios domésticos de la energía que dificulta que haya una participación efectiva en la sociedad, siguiendo a Bouzarovski y Petrova. No poder acceder a los servicios energéticos básicos nos expone a una situación de precariedad que nos aleja del bienestar social al que aspiramos.

La pobreza energética es una realidad que afecta a una proporción significativa de los hogares españoles. De hecho, los datos publicados en diciembre de 2021 por la ENPE (Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética) muestran un aumento del porcentaje de población que tenía una temperatura inadecuadamente baja en su vivienda durante el invierno (10,9 por ciento) y el de aquellos que se retrasaron en el pago de facturas de suministro de la vivienda (9,6 por ciento), comparando con el año anterior donde los porcentajes eran, respectivamente, del 7,6 y 6,6 por ciento. La Estrategia nacional contra la pobreza energética 2019-2024 ofrece un análisis oficial sobre la pobreza energética, así como los cuatro indicadores primarios oficiales del Observatorio europeo contra la pobreza energética: gasto desproporcionado, pobreza energética escondida, incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada, y retraso en el pago de las facturas. Sin embargo, el seguimiento de los indicadores es una tarea complicada, ya que los datos se obtienen de distintas encuestas del INE (Encuesta de Presupuestos Familiares y Encuesta de Condiciones de Vida) y se presentan en fechas distintas.

La vulnerabilidad se define como un riesgo, una susceptibilidad. Es el rasgo que caracteriza a las personas con mayor afectación a un peligro. Muchas definiciones hablan de una incapacidad de resistencia, aunque nosotras pensamos que la vulnerabilidad es precisamente la necesidad de resistencia. La obligación de enfrentarse a una realidad no elegida. La vulnerabilidad energética es la tendencia a experimentar una situación en la que el hogar no recibe una cantidad adecuada de servicios de la energía.

El hecho de que las mujeres se vean más afectadas tiene una explicación socioeconómica. Según el estudio publicado por el Instituto de Salud Carlos III el 26,2 por ciento de las mujeres con hijas debe tener empleos a tiempo parcial para conciliar, a lo que se suma un 26,5 por ciento de mujeres jóvenes que no pueden trabajar al tener que hacerse cargo de personas dependientes. La imposición de los cuidados solo a las mujeres obliga a tener una mayor jornada laboral que implica un menor poder adquisitivo. Contratos temporales y a tiempo parcial son un factor de vulnerabilidad. Por tanto, la exposición a los fenómenos térmicos tiene un condicionamiento de clase y género. Las mujeres con bajos niveles de renta y las mujeres jóvenes tienen mayor riesgos a los efectos derivados de la pobreza energética.

No todas las mujeres se ven afectadas por igual. Como se reconoce en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 o en el informe de Ingeniería sin fronteras, las personas migrantes también son un sector de la población vulnerabilizado. Por eso, iniciativas como la ILP Regularización Ya, en la que se recogen firmas para que 500.000 personas migrantes se conviertan en ciudadanas de pleno derecho, son fundamentales para disminuir las desigualdades. Tenemos un país con muchas mujeres migrantes que son esenciales por encargarse de las personas ancianas, por recolectar y llevar a la mesa los alimentos que comemos. Su irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. Esto es algo que no se puede olvidar. Por eso desde Juventud por el Clima hemos señalado que el 12 de octubre no se debe celebrar porque es una fiesta que simboliza el festejo del genocidio, el saqueo, la colonización, la esclavitud y la destrucción de la tierra.

Es fundamental poner en el foco las historias de las poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad energético, como pueden ser la situación de la Cañada Real en Madrid, una zona que lleva más de dos años sin luz y que las autoridades han dejado completamente olvidada, incumpliendo el derecho internacional, tal y como indica la ONU. O también el caso del barrio del distrito Cerro Amate en Sevilla, en el que los cortes de luz son la norma cuando más se necesita.

Frente a esta situación, se proponen otros modelos de ciudad. Ciudades verdes y feministas. Ciudades ecofeministas que pongan la vida en el centro. Ciudades con políticas públicas que garantizan el acceso a una vivienda digna, sin importar el género o la clase. Ciudades en las que la energía sea un derecho, en lugar de un privilegio. Por todo esto, contra la pobreza energética, también se debe responder con justicia climática.