Alberto Reyero

Portada de ‘Morirán de forma indigna’.

En la Comunidad de Madrid murieron miles de mayores en las residencias durante la pandemia de Covid-19. La cifra podría haber sido inferior de no haberse aplicado unos polémicos protocolos que impidieron el acceso de muchos residentes a los hospitales y que les condenaron a una muerte en condiciones indignas. Durante aquellas terribles semanas, Alberto Reyero Zubiri —entonces consejero de Políticas Sociales y, por tanto, la máxima autoridad en las residencias de la región— se desgañitó pidiendo ayuda y denunciando las dramáticas consecuencias de estos protocolos. Pero sus compañeros en el Gobierno, del Partido Popular, le ignoraron.

Publicamos un extracto del libro Morirán de forma indigna (Libros del K.O, 2022) en el que el exconsejero realiza un ejercicio voluntario de rendición de cuentas y relata la intrahistoria de cómo se tomaron aquellas decisiones. Morirán de forma indigna no solo es un documento político de primer orden sobre un episodio histórico que aún sangra, sino que también eleva la mirada hacia el futuro y los peligros que vendrán si seguimos ignorando nuestras responsabilidades.

Las derivaciones

Ya he contado cómo, el 21 de marzo de 2020, me enteré de la existencia de los protocolos de Sanidad sobre la derivación de pacientes de las residencias a los hospitales. Y también hemos leído cómo manifesté mi preocupación sobre el tema en dos correos electrónicos (ambos enviados el 22 de marzo) y en dos cartas (enviadas el 31 de marzo y el 11 de abril). Si en los correos manifestaba mi preocupación por los criterios de exclusión, en en las cartas la expresaba por el escaso número de pacientes que estaban siendo derivados. Tal y como habíamos temido al principio los protocolos estaban teniendo consecuencias prácticas.

También he contado cómo, según supe a posteriori, las reuniones para la elaboración de los protocolos habían empezado el 13 de marzo. Que se me excluyera del proceso, otra vez, hace que no pueda responder a muchas preguntas sobre ellos. Siempre he pensado que decidieron poner los criterios por escrito porque las primeras instrucciones se dieron de palabra y mucha gente, en hospitales y residencias, se opuso.

Una fuente muy fiable del SUMMA 112 me confirmó más adelante que, efectivamente, las cosas habían sido como pensaba. Alrededor del 10 de marzo, la dirección médico asistencial del SUMMA 112 dio instrucciones verbales a la plantilla de que no recogieran a personas de las residencias. El 10 de marzo. Como esas instrucciones fueron verbales no puedo demostrar que existieran (como sí ocurre con los protocolos), pero doy verosimilitud a ese testimonio. Y un análisis de los datos disponibles también demuestra su consistencia. Y es que eso explicaría que desde los primeros días de la pandemia hubiera problemas para derivar a los residentes; las dificultades se convertirían en insalvables a partir del 18 de marzo, cuando empezó a distribuirse la primera versión escrita del protocolo.

Un primer ejemplo lo encontramos en aquel tuit del 15 de marzo que ya vimos sobre la residencia Monte Hermoso: “A pesar de solicitar derivaciones hospitalarias, estas no se producen porque los facultativos de las ambulancias no las consideran necesarias y cuando sí lo consideran es tan tarde que ya no hay nada que hacer”. Como vemos, ese tuit ponía el foco en las ambulancias y no en los hospitales.

Un segundo ejemplo lo encontramos en el desplome de las derivaciones que se produjo durante esas mismas fechas. Un análisis de Manuel Rico en infoLibre sobre el primer semestre de 2020 señala un punto de inflexión precisamente en la semana del 9 al 15 de marzo. Mientras que la media semanal entre el 6 de enero y el 8 de marzo fue de 835 traslados a hospitales, en la semana del 9 al 15 de marzo solo se produjeron 552. Recordemos que por esas fechas todavía no se habían enviado los protocolos, pero sí se estaban transmitiendo instrucciones en ese
sentido como la mencionada en el SUMMA 112.

En las dos semanas siguientes, ya con los protocolos a pleno rendimiento, se alcanzó un récord negativo en el número de traslados: en la semana que va del 16 al 22 de marzo, fueron 345; y en la del 23 al 29 de marzo, 400. No hace falta insistir en que a partir del 9 de marzo lo lógico habría sido que los traslados se hubieran incrementado al mismo ritmo con el que crecían los contagios. Y ocurrió exactamente lo contrario.

Lidia Sánchez, directora de una residencia de Alcorcón, también confirmaría la existencia de esas trabas en la derivación durante su comparecencia en la comisión de investigación el 13 de noviembre de 2020: “El 13 de marzo [de 2020] intentamos derivar a la primera persona
que creíamos que era un posible caso por cómo se encontraba y su sintomatología, y al llamar al 061 para que vinieran a recogerle con una ambulancia, nos dice el 061 que las derivaciones tienen que ser a través del servicio de geriatría del hospital, que han puesto un geriatra de enlace y que debemos comunicar con ese geriatra para que autorice o no la derivación hospitalaria. Obviamente, nos ponemos a buscar el nombre de la geriatra con la que tenemos que ponernos en contacto; algo que no conseguíamos. Llego a llamar incluso al geriatra de Móstoles, porque la necesidad era derivar y no conseguía contactar. Finalmente, consigo contactar con geriatría, estamos hablando de que serían las diez de la noche, aproximadamente, y se nos comunica que no, que no se puede derivar”

Y sería lo mismo que repetirían un gran número de responsables de residencias. Un día antes de que se enviara la primera versión del protocolo, el 17 de marzo, el médico de la residencia Purísima Concepción, Miguel Ángel Rodríguez Cañas, comunicaba a los familiares que ‘los pacientes con sospecha de estar contagiados no son derivables a hospital por criterio de las autoridades sanitarias, que nos recomiendan que los mantengamos en la residencia. Permanecen aislados’. Ese mensaje estaba contenido en una carta que reprodujo infoLibre el 19 de junio
de 2020, dentro de una información titulada: ‘Una residencia comunicó que las “autoridades sanitarias” prohibían el traslado a hospitales ya antes del Protocolo del Gobierno Ayuso’.

La misma fuente que me había transmitido la existencia de esas instrucciones verbales de no recoger a personas de las residencias, me confirmaría que, en los días inmediatamente posteriores a la puesta en marcha del plan de choque, es decir, a partir del 27 de marzo, la misma persona que había dado instrucciones de no recoger a personas de las residencias para llevarlas a los hospitales trasladó a la plantilla del SUMA 112 que a partir de entonces podían hacerlo.

(…)

Epílogo

En lo que se refiere a mi labor como consejero, siempre me quedará la espina clavada de si pude hacer más o de si pude haberlo hecho de otra manera. Otros no hicieron nada, salvo aprobar protocolos vergonzosos para luego negar su existencia o que llegaran a aplicarse. En cuanto pudieron, bloquearon la comisión de investigación sobre la gestión en las residencias para no tener que dar explicaciones. Lo único que hicieron fue esperar a que escampara e intentar que la gente se olvidara.

Pero ahí están las cifras, desmintiendo el relato que nos han querido contar acerca de la excelente gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid. El Barómetro anual del Comité Europeo de las Regiones de la Unión Europea, publicado el 12 de octubre de 2021 y elaborado con información de la Oficina Europea de Estadística, señaló a la Comunidad de Madrid como la región de la Unión Europea con un mayor exceso porcentual de mortalidad en 2020 en comparación con la media de defunciones de los cuatro años anteriores, con un 44 por ciento. Otras tres comunidades españolas se encontraban en la lista de diez regiones europeas con mayor exceso de mortalidad en 2020: Castilla-La Mancha, en tercer lugar, con un 34 por ciento; Castilla y León, en sexto lugar con un 29 por ciento; y Cataluña, en octavo, con un 27 por ciento.

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