Imagen de la rueda de prensa el pasado 15 de diciembre. | Foto: Andrea Momoitio.

Era enero de 2022 y una treintena de personas, la mayoría mujeres, se concentraba en el Casco Viejo de Bilbao frente al bar Ormaetxe. La convocatoria se había difundido por distintos canales, entre grupos de feministas de la ciudad. El regente de ese bar, situado en una zona junto a otros bares de referencia para muchas, había sido denunciado por drogar y agredir sexualmente a una mujer. A aquella primera movilización le siguieron otras. La denuncia se había archivado en la fase de instrucción por falta de pruebas, algo muy común en este tipo de delitos en los que la justicia pide a la víctima demostrar que lo es. Ante la falta de solución judicial, las concentraciones y acciones de protesta siguieron.

El pasado jueves 15 de diciembre, distintos grupos feministas de la ciudad convocaron una rueda de prensa para denunciar que, pese a las protestas, el tabernero “sigue tras la barra, orgulloso y agresivo”. En estos meses, además, “diferentes cuerpos policiales han identificado a una veintena de personas por informar de lo ocurrido. Muchas veces han mantenido una actitud violenta hacia nosotras: nos han rodeado, han intentado intimidarnos con amenazas y nos han seguido policías de paisano para identificarnos de forma agresiva”, reza el comunicado que repartieron.

Dos de las activistas han sido multadas con 2.500 euros que, según explican, se basan en exageraciones “inventadas por la policía municipal de Bilbao”. El mismo tabernero ha perseguido y amenazado en alguna ocasión a activistas que frecuentan la zona. “Incluso en estos tiempos en que estamos rodeadas de propaganda morada, sigue habiendo gente que cuestiona el relato de la agredida. Porque todavía hay quien juzga al movimiento feminista. Porque todavía hay quienes, ante situaciones así, miran para otro lado”, sentencian.

El hostigamiento hacia el movimiento feminista no es un caso aislado. En Algorta también hubo represalias en la madrugadadel 14 de agosto, durante las fiestas de la localidad. “Una chica se acercó a la txosna denunciando que había sufrido una agresión mediante pinchazo”, explican. Inmediatamente se activó el protocolo del movimiento feminista y las mujeres que se encontraban en el lugar llamaron al 112. “Acordaron con la Ertzaintza la manera de trasladar a la chica a la ambulancia, que no podía entrar hasta el lugar donde se encontraban. Después llamaron a la madre de la chica para decirle lo que había pasado y cuál sería el procedimiento”, recuerdan. En los minutos posteriores, mientras varias integrante del movimiento procuraban tranquilizar a la joven y acercarla a la ambulancia, “aparecieron en la txosna unos hombres diciendo que eran ertzainas pero sin identificarse en ningún momento”.

Las activistas que se encontraban allí trataban de sacar a la agredida “sin revictimizarla”, evitando que saliera escoltada por “varios hombres”. Según cuentan, los policías “tensionaron la situación y la chica se puso nerviosa”. La situación se resolvió cuando llegaron otros dos hombres, policías municipales, y una miembro de la Comisión de fiestas llegaron al lugar donde se encontraban y acompañaron a la agredida. “Las compañeras del movimiento feminista se acercaron a la ambulancia para comprobar el estado de la chica. Para su sorpresa, en ese momento, los ertzainas las identificaron y les comunicaron que les acusarían de desobediencia grave y omisión de socorro”, dicen. El pasado 3 de noviembre las citaron para declarar por lo ocurrido y están a la espera de saber si el caso se archivará o no.

La mordaza contra feministas de todo el Estado se viene denunciando desde hace tiempo, en especial con el auge de discursos machistas y de la extrema derecha. Algunos casos se remontan a 2018, cuando durante la primera huelga feminista en el 8 de marzo en Valencia la Policía Nacional multó a 12 piqueteras a las que se les aplicó la ley mordaza que el Gobierno actual había prometido derogar. Algunas de aquellas sanciones fueron desestimadas posteriormente por los tribunales.

Otro caso paradigmático es el de las seis de la Suiza, sindicalistas de CNT identificadas por la policía durante las protestas frente a la pastelería La Suiza de Gijón. Denunciaban el acoso sexual y laboral que el jefe había sometido a una de sus trabajadoras. A las identificaciones les siguieron las denuncias y detenciones. Seis sindicalistas han sido condenadas a penas de tres años y medio y al pago de 150.428 euros de multa. El proceso judicial sigue abierto.

Las feministas que siguen denunciando el caso del bar Ormaetxe están a la espera de juicio, que será el 10 de octubre en los juzgados de Bilbao. Los colectivos ya preparan nuevas movilizaciones a partir de enero. También disponen de una caja de resistencia con la que se puede colaborar comprando una lámina diseñada por la artista Uka. Las láminas se pueden comprar en Zirika (Bilbao) y a través de las redes sociales de los grupos feministas Kalamiak y Akelarre.

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