Manifestación en Rubí, el 7 de febrero. / Foto: Twitter de IRIDIA

El 21 de agosto de 2022 Brian Ríos, un joven colombiano de 28 años, murió bajo custodia policial en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Rubí. Según el atestado policial, luego de detenerlo, le aplicaron hasta tres dosis de sedantes, cantidad más elevada de la que establecen los protocolos, y horas más tarde lo encontraron muerto en la celda a causa de un paro cardíaco. A su esposa le comunicaron su muerte cuatro horas más tarde y no pudo ver su cuerpo hasta 15 días después. Colectivos que brindan apoyo a la familia denuncian el silencio y la opacidad institucional durante los meses siguientes a los hechos que causaron su muerte.

Este caso es uno de los tantos que ocurren bajo custodia policial en el territorio catalán, recordemos que hasta noviembre del año pasado el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos había contabilizado 30 muertes en las cárceles catalanas, una cada nueve días. Asimismo, Iridia señala que el 99 por ciento de los casos que atienden de familiares de personas muertas en prisión y comisarías se trata de personas migradas.

Por su parte, el año pasado el Parlamento de Catalunya rechazó crear mecanismos de control independiente para los Mossos d’Esquadra tal como lo reclamaban entidades que defienden los derechos humanos.

Estos hechos reflejan cómo el racismo institucional normaliza y legitima la violencia hacia hombres racializados a la vez que desestructura sus comunidades. No sorprende que sean generalmente las mujeres de estas comunidades quienes inician largos procesos de reclamación de justicia, los cuales la mayoría de las veces quedan impunes.

Al mismo tiempo, frente a la aterradora cifra de feminicidios que ocurren en el Reino de España, asistimos a la consolidación de discursos y políticas feministas que confían en el sistema penal y policial como garante de la protección de las mujeres y personas trans frente a la violencia machista. En la actualidad son estas instituciones quienes tienen el monopolio de actuación frente a casos de violencia machista y es sorprendente la confianza que se les deposita desde ámbitos feministas.

En este contexto surgen algunas preguntas: ¿es posible que el mismo sistema policial que genera muertes a hombres racializados proteja a las mujeres de las violencias que enfrentan?, ¿es contradictorio o, en realidad, es la continuidad de una misma lógica? Encomendar al sistema penal y a los cuerpos policiales la protección de las mujeres frente a la violencia machista ¿garantiza su protección o, aún sin quererlo, fortalece el complejo industrial carcelario? ¿Es posible que mujeres migrantes y racializadas busquen protección en los mismos cuerpos policiales responsables de las muertes de sus compañeros? ¿Quién las protege frente a la violencia policial?

Como vienen señalando feministas antipunitivistas es urgente abandonar aproximaciones que confían en los cuerpos policiales del Estado para comenzar a generar horizontes que posibiliten su abolición y el fin de la violencia que (re)producen. Más en unos días como estos donde una investigación de La Directa puso en evidencia cómo los cuerpos de las mujeres siguen siendo utilizados para ejercer violencia institucional. Pedir más leyes que las protejan contra las violencias que enfrentan y conceder el monopolio a la policía y al sistema penal para su aplicación termina otorgándoles mayor poder de actuación, con todo el carácter racista, patriarcal y clasista que impregna estas instituciones.

Por último, es importante recordar que las violencias individuales que enfrentan las personas bajo custodia policial no pueden ser desvinculadas de las estructuras que legitiman que determinados cuerpos sean expuestos a muertes prematuras, como es el caso de Brian Ríos. Ojalá que su muerte no quede impune, que sea una de las tantas semillas que generen cambios estructurales más profundos. Lo único que puede cambiar la situación actual de impunidad policial es poner en evidencia las violencias que genera, organizarnos para exigir responsabilidades y cuestionar la narrativa dominante que legitima instituciones racistas, clasistas y patriarcales. Como señalaba la convocatoria a la marcha del 7 de febrero frente al Ayuntamiento de Rubí, la vida de Brian Ríos importa y exigimos saber qué pasó en la comisaría la noche del 21 de agosto.

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