Ilustración de Carol Caicedo Esquivias para el artículo ‘Casas de cuidados para las crisis de salud mental’

“Siguen fiscalizando la vida de las personas. No somos parásitos, ni delincuentes. Somos pobres”. Así concluía el manifiesto de la movilización celebrada, el pasado 28 de febrero, para denunciar públicamente la “irrupción” de agentes de la Ertzaintza en los domicilios de personas perceptoras y solicitantes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Complemento de Pensiones y los incentivos al empleo. Frente a la delegación del Gobierno vasco en Bilbao, plataformas de derechos sociales, asociaciones y colectivos feministas de Bizkaia señalaron que se trata de “una situación muy grave”. Imagina abrir la puerta, encontrarte a dos personas uniformadas diciendo que, si no les dejas entrar, van a enviar un informe desfavorable a Lanbide (Servicio Vasco de Empleo)”, declaraban representantes de estas organizaciones, según los testimonios de las personas afectadas, al medio de comunicación Ecuador Etxea.

“No solo entran en las viviendas, van a los espacios comunes y preguntan por las cosas típicas de los pisos en alquiler”, aseguran miembros de Berri Otxoak -plataforma contra la exclusión y los derechos sociales localizada en Barakaldo- . Desde que empezara 2023 hasta inicios de marzo, Berri Otxoak ha registrado una docena de quejas de personas o familias que, percibiendo la RGI, había recibido una visita de la policía vasca en su casa para comprobar la residencia efectiva y detectar indicios de fraude.

Desde la consultoría de Argilan-ESK cuentan que han recibido siete quejas de este tipo en Bilbao, de las cuales algunas se han visto afectadas por una “suspensión cautelar” de la RGI, explica el economista de esta plataforma contra la exclusión social Iñaki Uribarri. “Tenemos una dificultad enorme de hacer recursos de alzada para suspensiones que tienen como origen un atestado de la Ertzaintza ya que no tenemos acceso a ellos”, añade.

Tras analizar el método de los registros producidos, desde la asesoría de Berri Otxoak subrayan que se tratan de “evaluaciones subjetivas”; es decir, “miran si en la nevera cada uno tiene su balda o si cada uno tiene su parte de estantería con sus cachivaches y comidas”. Uribarri, de Argilan-ESK, describe que “las personas que han venido a nuestra consulta han llegado impactadas”.  Tras lo atestiguado por los y las afectadas, subrayan que en los registros se han formulado preguntas acerca de relaciones personales.

Destacan, además, que se tratan de juicios que “dan por supuesta” la heterosexualidad: “Analizan si en el armario o tendedero de un hombre hay ropa de mujer”, añaden de acuerdo a la descripción de algunos de los casos que hasta ahora han atendido. Esto es así porque la RGI se otorga por “unidad de convivencia”, concepto que se emplea para saber qué personas forman la “unidad familiar” y, en función de eso se calcula la cuantía de la ayuda, dependiendo de cuántas personas formen la unidad familiar y cuáles sean sus ingresos. Por eso, las inspecciones buscan acreditar que cada conviviente forme una unidad de convivencia económica independiente, aunque se comparta la vivienda. Es decir, que las personas convivientes no sean pareja.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto pone sobre la mesa el “heterocentrismo que rodea a la Ertzaintza”, como en el caso del control de la ropa del tendedero: “Si hay un chico y una chica que viven juntas y cobran dos RGI por separado, se asume que están engañando a Lanbide y son pareja. Sin embargo, ¿si fueran dos mujeres en las mismas condiciones no las tomarían por pareja?”. Además, esto supone presuponer que determinada ropa corresponde a personas de uno u otro sexo.

¿Qué dice la ley?

Las personas asesoras de Berri Otxoak reconocen que al haber difundido públicamente estas actuaciones, la reacción mayoritaria es aludir al derecho a la inviolabilidad del domicilio. Según los casos tratados, los agentes comunican a estas personas que tienen derecho a negarse a que entren a las viviendas. Pero, ¿qué ocurre entonces? “Tienes un informe desfavorable porque no se ha podido acreditar que vivas allí y cuál es tu unidad de convivencia. Claro, ante eso y al ver peligrar tus alubias, dejas que entren hasta la cocina”, informan los asesores de Berri Otxoak.

Iñaki Carro, abogado perteneciente a la asesoría de Argilan-Esk puntualiza que siempre debe haber un “consentimiento libre” para acceder al interior de la vivienda. “La Constitución establece que el domicilio es inviolable. Solo se puede entrar en la casa de alguien bajo su consentimiento, por el consentimiento de los emuladores o por autorización judicial”. Carro incide en que “no se puede pasar por el ‘o me dejas entrar en casa o te quito la RGI’ porque en este caso, se trataría de una coerción”.

¿Qué dicen de Seguridad y del Departamento de Trabajo y Empleo?

Tras haber consultado al Departamento vasco de Seguridad acerca de estas actuaciones y de dónde parte la orden que las motiva, alegan que no “tenemos constancia de esta denuncia generalizada” y responden que “la Ertzaintza solo entra en domicilios con autorización, respetando escrupulosamente la legalidad vigente, y en el marco de una investigación policial o judicial que busca esclarecer un delito”.

Desde el Departamento de Trabajo y Empleo han afirmado a este medio que “en ningún caso Lanbide da instrucciones a la Ertzaintza. Nadie puede hacer eso, tampoco ninguna policía”. Manifiestan tener “conocimiento desde hace semanas” de la denuncia pública de la que alegan que “no consta en Lanbide ni a Lanbide le consta que haya llegado a instancias policiales o judiciales” sobre algo que supondría un “delito flagrante, como entrar en domicilios sin autorización judicial, con el agravante de que la causa fuera el mero hecho de ser perceptor/a de RGI”, responden.

“Si fuera cierto que se ha irrumpido en domicilios sin órdenes judiciales, registrando objetos personales y en nombre de controles de Lanbide, sólo podemos decir que la orden no es de Lanbide, la competencia de control de empadronamientos no es de Lanbide y el lugar de denuncia de los hechos no es Lanbide, sino el juzgado de guardia”, insisten. Asimismo resaltan que la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión, se “establecen los mecanismos [de control] pertinentes, que no son policiales”.

¿Qué dice la reforma de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión acerca de “los mecanismos” de inspección? 

Las plataformas y colectivos denunciantes advierten de que la reforma de la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión aprobada el pasado 22 de diciembre no entra en vigor hasta hoy, 29 de marzo. Además de con los partidos del Gobierno (PNV y PSE-EE), este nuevo modelo tuvo el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU y la abstención crítica de EH Bildu. PP y Ciudadanos, junto con Vox dieron el ‘no’. Entre otras novedades, esta ley recoge la creación de una “actividad inspectora”, conformada por inspectores e inspectoras de Lanbide para comprobar que se cumplan los requisitos de acceso a las prestaciones económicas y las obligaciones que especifica la ley (artículos 91 y 92 del título IV ‘Potestad de inspección y potestad sancionadora’). Estos y estas inspectoras deberán informar acerca del motivo de la inspección, su duración estimada y “determinarán, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de constituir una infracción tipificada en esta ley” (artículo 93).

El texto enumera las facultades de este grupo de inspección, entre las que se contemplan el efectuar “toda clase de comprobaciones”, además del acceso al domicilio de las personas titulares y beneficiarias para verificar la existencia de la unidad de convivencia y la residencia efectiva de la misma así como que en el domicilio resida más de una unidad de convivencia. Para ello, en el siguiente punto de mismo artículo que puntualiza esta información se especifica que para acceder a la vivienda se requerirá el “consentimiento libre de su titular” y en caso de que no se encuentre en ese momento en casa, “de la persona mayor de edad que habite en el domicilio”. En caso de que no se diera permiso, “se exigirá autorización judicial”. Finalmente, se concreta que “el acceso al domicilio deberá motivarse en razones de necesidad, adecuación y proporcionalidad, sin que pueda fundarse en fines meramente prospectivos, generales o indefinidos”.

¿Qué se puede hacer? 

Desde las plataformas de derechos sociales animan a todas aquellas personas afectadas por estas inspecciones a relatar lo sucedido por escrito y enviarlo al Ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco).

En cuanto a la respuestas a esta denuncia pública en el Parlamento Vasco, la parlamentaria de EH Bildu y coordinadora del grupo, Nerea Kortajarena, recalca que la coalición intentó que se suprimiera el título IV (Potestad de inspección y potestad sancionadora) donde se recoge la actividad inspectora  de la reforma de la ley, por lo que presentaron una “enmienda de supresión”. El motivo que dieron fue que “sin haber tenido una unidad de inspección, no había habido prácticamente fraude”. Kortajarena califica la situación de “muy grave, ya que contribuye a seguir alimentando esos imaginarios colectivos sobre la Renta de Garantía de Ingresos, el fraude y la necesidad de control”. Mantiene que en los próximos días el grupo se reunirá con las plataformas denunciantes.

Elkarrekin Podemos-IU ya ha tenido encuentros con Berri Otxoak y Argitan -centro asesor de la mujer en Barakaldo-. Esta coalición se muestra en “total desacuerdo con estas actuaciones” y “entiende que hay otras fórmulas para controlar el fraude que no implican la visita policial”.

Este grupo registró el viernes, 10 de marzo, varias preguntas en el Parlamento Vasco dirigidas al Departamento de Empleo. Entre ellas, “¿qué protocolo está siguiendo la Ertzaintza para la realización de estas inspecciones?” o “¿responden estas actuaciones a la entrada en vigor de la reforma de la Ley del Sistema de Garantía de Ingresos?”.

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