Nunca había pensado en migrar. Salir de su país, y menos a escondidas, no figuraba en los planes de Marlene Ponce Espino, 58 años, natural de Nicaragua, matemática, trabajadora de una fundación, madre de dos hijas y de dos hijos y abuela de una nieta. Pero todo quebró aquel abril de hace cinco años, cuando Nicaragua cambió para siempre.

“Hay una explosión sociopolítica en 2018, el mundo la conoció, nosotros fuimos parte y apoyamos ese proceso ayudando a los jóvenes y también a las mujeres a protestar en manifestaciones pacíficas”, cuenta Marlene Ponce desde una cafetería del centro de Bilbao.

En abril de 2018, la juventud, secundada por amplios movimientos ciudadanos, se movilizó en la calles contra una reforma del Instituto Nacional de la Seguridad Social que afectaba a las pensiones. La legislación se derogó pero las protestas fueron reprimidas con sangre por el Gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Y luego llegó la represión generalizada, la persecución y hostigamiento a las personas críticas con el poder, el cierre de medios, la ilegalización de oenegés, la salida masiva de población del país, el encarcelamiento de la oposición, la retirada de ciudadanía a muchas personas. Y luego llegó también lo que ya nadie duda en llamar dictadura.

“Vine a este país por asegurarme mi vida. Yo trabajaba en una oenegé, una fundación de derechos humanos, Instituto de Liderazgo Las Segovias. Como hacíamos asesoría de derechos humanos y formación para que las mujeres y los jóvenes conocieran todo el marco legal y ejercieran su ciudadanía en contra de las opresiones, la fundación era mal vista por el régimen, la dictadura Ortega-Murillo que actualmente está en el poder. A partir de ahí fuimos objeto de persecución, de asedio brutal. Nos acusa de traición a la patria, de terrorismo, de lavado dinero, todas son acusaciones bajo leyes que él inventó después de 2018 para meter presos a todos los opositores”.

El Instituto de Liderazgo Las Segovias fue de las organizaciones que perdió la personería jurídica y fue allanada y confiscada. Aquellos días finales de 2018 varias compañeras de Marlene Ponce salieron al exilio a Costa Rica, como Haydee Castillo, que era la directora de la fundación.

“Yo no quise salir porque tengo familia y me resistía a dejar a mi patria. Aguanté. Y digo aguanté, porque en realidad no tenía vida normal. En la acera de mi casa siempre estaban las patrullas policiales, paramilitares, y no tenía una libertad para poder salir y hacer mi vida normal; tenía que estar cambiando de casa, de lugares en mi propio país. Me resistía a salir de mi patria y por eso aguanté esa persecución y asedio, pero no era posible seguir viviendo, seguro que ahora estaría presa y no les iba a dejar ese problema también a mis hijos”.

El aguante duró hasta el verano de 2021, cuando una compañera de la fundación, que también seguía en Nicaragua, iba a salir hacia Estados Unidos gracias a una visa y en el aeropuerto internacional de Managua fue detenida. Finalmente la dejaron libre pero con citación en el Ministerio Público y con un mensaje claro: todas las que habían trabajado en esa fundación eran objeto de investigación y tenía que colaborar y decir dónde estaban sus compañeras. Según salió del aeropuerto, dejó las maletas, metió los papeles y ropita en una mochila y se fue de “mojada”. Nunca fue a su cita judicial y, a través de coyotes, emigró hacia Estados Unidos. Marlene Ponce se puso en alerta y salió a pie hacia Honduras, que hace frontera con su región, Las Segovias, por un punto ciego, porque en los puestos fronterizos legales iba a ser detenida.

“Tuve que hacer todo el proceso de salida esquivando el transporte público y los retenes policiales también de Honduras, porque entré ilegal. En Tegucigalpa estuve en un albergue pasando mi proceso, una semanita.  Logré sellar el pasaporte en Honduras, porque en ese tiempo estaba el otro presidente que era aliado también de Ortega [Juan Orlando Hernández]; todo un enredo para que te sellen el pasaporte y te cobren una multa”.

Luego consiguió volar a España, en octubre de 2021, gracias a una carta de invitación de una organización gallega con la que había trabajado a través de proyectos de cooperación.

“También tenía la opción de irme hacia los Estados Unidos. Uno de mis hijos logró salir una semana antes que yo y se fue al exilio, contactó un coyote y se fue hacia los Estados Unidos. No podía irme con él porque era un riesgo el cruce hacia México, es peligroso, ¡tantos nicaragüenses que han muerto abogados en el río! Ahora está en Los Ángeles y está bien, en proceso de asilo político”.

Marlene Ponce también solicitó asilo político en España, con el asesoramiento de CEAR (Comisión Española de Ayuda a personas Refugiadas). De momento, ha logrado una tarjeta roja de permiso de trabajo. Del asilo no sabe nada, ya la advirtieron.

“En la entrevista que hice, el policía fue bien claro y me dijo que el 95 por ciento de las veces deniegan los asilos políticos, porque en realidad no hay pruebas tan contundentes, solo que te vayan a matar, que te echen presa, qué sé yo. Es injusto porque a veces una no puede, en medio de la persecución, sacar pruebas contundentes, porque más bien andás corriendo. Presenté pruebas, fotos, vídeos, todo lo que logré sacar, pero me dijeron aquí que quien determina eso es Madrid, que mientras tanto te dan un seguimiento de residencia temporal de seis meses que se renueva hasta que se resuelva. Hay no sé cuántos casos que están en espera, miles de casos de nicaragüenses, y que de cada 100 que se presentan 77 se deniegan, espero que el mío no sea uno de ellos”.

En 2021, más de 89 millones personas buscaron refugio en el mundo, según datos de ACNUR, casi siete millones más que el año anterior. El año que llegó Marlene Ponce, en el Estado español se presentaron un total de 65.404 solicitudes de asilo, un 26 por ciento menos que en 2020. La cifra de peticiones casi se dobló en 2022. Según los datos de CEAR, que se acaban de publicar, el año pasado 118.842 personas solicitaron asilo en España. Las resoluciones favorables llegaron a un 16,5 por ciento, más que el 10 por ciento del año anterior, pero muy lejos de la media europea, que supera el 38. Casi 4.000 compatriotas de Marlene Ponce esperan, como ella, una resolución. Hace un par de meses, el régimen de Ortega arrebató la nacionalidad a casi 300 personas, muchas de ellas presas políticas que sacó de prisión y expulsó del país. El Gobierno de España ofreció la nacionalidad a esas 222 presas políticas desterradas; mientras, CEAR alerta “con preocupación” el rechazo mayoritario de las solicitudes de personas procedentes de Colombia o Nicaragua, “pese a las amenazas y las vulneraciones de derechos que se viven en ambos países”.

“Yo traje si mis pruebas contundentes porque yo tenía medias cautelares de la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos], pero eso más bien era como una bomba de tiempo porque es al Estado al que le piden tu protección, es una información hacia el Gobierno de quiénes son las que están detrás de todo. Dejé a mi familia. Yo les digo a mis hijos que perfil bajo y que se cuiden, porque son capaces, como no ya no encuentran a una, que echen presa a lo que más te duele”.

Marelene Ponce calla, porque llora por dentro. Su rostro se entristece y retira la mirada. Abraza la taza de café que está tomando y respira. Su cara, aunque trata de sonreír, esconde un dolor profundo, tallado de ausencia y desarraigo, de preguntas sin respuesta, de incertidumbre. De lejanía, de querer estar allá.

Aterrizó en Galicia, estuvo una semana, y puso rumbo a Bilbao, donde vive una sobrina con la que compartió habitación. Después llegó la ruta habitual para las mujeres migrantes: el trabajo de interna.

“Logré tener un trabajo de interna y me trasladé a Algorta, estuve nueve meses por ahí y se murió la señora. Después he andado trabajando por horas, y luego me llamó CEAR para estar en un piso de acogida porque soy solicitante de asilo. Vivo con seis mujeres: una peruana, una venezolana con su hija, una de Senegal y una de Gambia y yo creo que va a llegar una de Ucrania. Y todas hemos pedido asilo político por diversas razones. Acaba de salir una marroquí que le han denegado el asilo y ha tenido que dejar el piso. Comparto la habitación con una de Gambia y su historia es más triste porque se vienen en pateras, es de las que sobreviven en el mar, es terrible lo que les pasa a ellas también”.

Licenciada en Matemáticas, estuvo empleada en universidades y en la fundación se dedicaba al tema del desarrollo comunitario, a trabajar con las mujeres y a la defensoría de derechos humanos. Ahora, mientras hace un curso de cinco horas diarias de atención sociosanitaria, está tratando de homologar al menos su título de Bachiller, con el que no suele haber problemas; validar títulos universitarios es una tarea casi imposible.

“La migración tiene diferentes caras y diferentes razones. Tus mismos países te expulsan. En mi país, es exageración las personas que van huyendo hacia los Estados Unidos, es un éxodo. Y también los venezolanos que tienen que pasar por Nicaragua, es otra historia, es terrible. Teniendo tantos recursos en nuestros países, tantas riquezas, no nos dan las posibilidades de desarrollarnos, más bien de expulsarnos y se hacen más ricos los que tienen el poder, en mi caso la familia Ortega Murillo. Son gobiernos de muerte y de persecución y de expulsar a la gente a la migración masiva”.

El choque cultural es lo primero que sintió Marlene Ponce al llegar al Estado español. Luego, las miradas de reojo y el sentirse invisibilizada, de última categoría, dice. Y cuenta que conoce a muchas mujeres migrantes que, después de muchos años trabajando, continúan con salarios precarios.

“Institucionalmente hay violencia para los migrantes, hay bastante discriminación y racismo. Se nos mira con superioridad y también se manifiesta en el trato en tu relación laboral, sos la chica y desde ahí que te nombran como chica, ni con tu nombre, prácticamente con términos colonialistas. Si en nuestros países nos violentan nuestros derechos brutalmente, aquí también hay violación de derechos humanos y es más sutil, más enmascarada, pero también es brutal”.

Ante falta de otras opciones, muchas mujeres trabajan como internas, como hizo Marlene Ponce, porque no tenía otro remedio. La única salida es trabajar 24 horas al día, siete días a la semana, por unos tres euros la hora. Y sin contrato. Muchas aguantan para lograr, al final, los papeles por arraigo laboral, un proceso, cuenta la nicaragüense, largo, burocrático y tedioso.

“El sistema tiene el fin de no abrirte las puertas, de bloquear todo tu proceso de legalidad como persona. Ves cómo se reproduce el sistema brutal del patriarcado en toda la dimensión de la palabra, porque eso es lo que te ofrecen: como sos mujer, sos cuidadora, es lo único que podés hacer, no te valoran si tenés profesión, si has ido a la universidad. Es una dificultad estar con personas de avanzada edad, que tienen problemas mentales, mientras tú estás en soledad, viviendo tu duelo migratorio y tener que dar atención a otra persona que está en malas condiciones; física y emocionalmente, te deteriora. Lo pasé mal, sí, lo he pasado mal”.

Y vuelve su mirada y su pensamiento a Nicaragua, a Abya Yala, a la colonización y al saqueo que, dice, ahora es a través de transnacionales, que generan pobreza y desigualdad en su territorio, y también expulsiones: “A esas transnacionales les conviene tener un dictador para poder hacer sus negocios en nuestros paraísos, en nuestros países, y eso es otra colonización disfrazada y otra violación como fue en los tiempos de la colonia, brutal, de los derechos humanos. Es un proceso de nunca acabar”.

Además de trabajar y estudiar, Marlene Ponce sigue militando. Forma parte de Warmipura, un colectivo de mujeres migrantes, todas trabajadoras del hogar organizadas a través de Mujeres con Voz. En Warmipura se reúnen, tejen redes, se forman, trabajan la parte emocional, tienen asesorías legales, van al monte, hacen caminatas, celebran cumpleaños. Es un espacio de lucha y de alegría, de enfados y risas.

“Estamos tratando de hacer la lucha desde diferentes formas, que no nos quiten la alegría, tratamos de saber manejar nuestro duelo migratorio y reivindicar nuestros derechos, queremos mejorar nuestras condiciones de vida. Lo pasamos bien porque la lucha desgasta física y mentalmente”.

También milita en espacios del exilio, con gente de Nicaragua. Es abril, aniversario del estallido social, momento de bullir interno, aunque el cosquilleo en el estómago y la sonrisa a medio construir acompañan todos los meses, todos los días, todas las horas. Siempre. Para la foto, Marlene Ponce se cambia de ropa, se pone su camiseta de Nicaragua y posa con la bandera de su país al revés, símbolo de resistencia y de oposición.

“No quiero quedarme en la víctima, quiero replantearme desde otra posición, porque eso también me ayuda a sobrevivir y a seguir siendo la voz de otras mujeres que no la tienen, por la violación de derechos acá como también por la lucha cívica que estamos haciendo contra la dictadura Ortega-Murillo. Voy a continuar organizándome y planteando, donde sea, la necesidad de que vean que en mi país hay un problema serio; y seguir denunciando acá las anomalías y la violación de los derechos humanos, sobre todo de las migradas que somos cuidadoras, que ese es el único rol que podemos tener, nos hacen ser. Mis planes son estudiar y seguir fortaleciendo estos espacios en los que estoy, con estas mujeres, que son tremendas, buenísimas, y seguir también trabajándome emocionalmente para seguir en la en la resistencia y continuar la vida”.

 

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