Manifestación en Madrid de apoyo a Jenni Hermoso. / Foto: Álvaro Minguito para El Salto

En las últimas semanas surgió con más fuerza el debate sobre las respuestas que deben existir frente a las distintas expresiones de violencia machista que enfrentan cotidianamente las mujeres en el Reino de España. Las expresiones de apoyo hacia la jugadora de futbol Jenni Hermoso y la condena del accionar de Luis Rubiales ponen en evidencia que comienza a cuestionarse la total impunidad que creen tener determinados hombres para disponer de los cuerpos de las mujeres.

Si bien es compartido el repudio hacia la conducta de Rubiales, en ámbitos feministas cobró fuerza la pregunta sobre si recurrir a la vía penal es la mejor opción para responder a estas situaciones. Dones Juristas, por ejemplo, emitieron un comunicado señalando que era necesario el punitivismo penal porque la vía administrativa no había sido suficiente hasta el momento y, además, se habían producido situaciones de revictimización hacia la futbolista. Valoraron positivamente la actuación de oficio de la Fiscalía en este caso, algo insólito hasta el momento según el comunicado, porque ponía en el centro a las mujeres.

Por su parte, desde otros ámbitos se señalaron los límites de recurrir a la vía penal y se proponía apostar por otras concepciones de justicia, más allá del castigo. Este debate se da en un contexto en donde el accionar de la justicia del reino español es profundamente patriarcal.

En Barcelona, por ejemplo, recientemente la Fiscalía pidió al juez no admitir la querella que presentaron cinco mujeres por agresión sexual del policía infiltrado en movimientos sociales catalanes. Para la Fiscalía no hay indicios de delito porque considera que las relaciones sexuales habían sido consentidas. De hecho, sostiene que las actividades del agente no pueden ser investigadas penalmente porque podrían poner en riesgo su función de espía. Estas decisiones, lejos de ser descabelladas, se amparan en un entramado jurídico que permite la reproducción del sistema, que entre otras cosas es patriarcal.

Ante esta situación se podría argumentar que justamente es necesaria la incorporación de la perspectiva feminista al funcionamiento de la justicia penal. De hecho, es la tarea que el Ministerio de Igualdad ha venido desarrollando y es apoyada por numerosas juristas feministas. Como la actual delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell Aguilar, quien durante 2005 a 2010 ejerció como jueza de control del CIE en el Juzgado de Instrucción de Gran Canaria.

El sistema penal lejos de proteger a las comunidades migrantes y racializadas las persigue y las criminaliza

Lo problemático de estas respuestas es que para luchar contra las violencias machistas se terminen fortaleciendo el sistema penal, con sus cuerpos de seguridad incluidos, porque se le otorga mayor legitimidad. Si esto lo analizamos desde perspectivas antirracistas y anticapitalistas sus limitaciones quedan aún más en evidencia, ya que el sistema penal lejos de proteger a las comunidades migrantes y racializadas las persigue y las criminaliza. En este sentido, la mera existencia de los CIEs es un claro ejemplo de la violencia racista, patriarcal y clasista a la que se enfrentan cotidianamente muchísimas personas. Ello sumado a las múltiples formas de violencia que viven durante su encierro mujeres gitanas tras detenciones injustificadas, las deportaciones ilegales, las agresiones físicas y verbales, la separación forzada de madres de sus criaturas, la interrupción de la lactancia, la medicalización forzada y un largo etcétera. Como se ha señalado en reiteradas oportunidades lo que ocurre en los CIEs no se trata de una anomalía, sino de todo un entramado jurídico operando correctamente.

Problematizar las repuesta que se ofrecen no implica abogar por la impunidad de los agresores, ni por restar importancia a las distintas expresiones de violencia machista que enfrentan cotidianamente mujeres y personas trans. Implica incorporar perspectivas feministas antirracistas para preguntarnos cuáles son las mujeres que el sistema legal, incluso reformado, aspira a proteger. No es posible aspirar a su protección sin considerar que el fortalecimiento de la vía penal profundiza la persecución y la criminalización hacía otras mujeres y sus comunidades. Nuestro horizonte no debería consistir en atribuir más poder al Estado, a sus policías y a sus jueces, sino, como propone Yásnaya Aguilar Gil, arrebatárselos. La buena noticia es que existen experiencias en curso de las que podríamos aprender.

Este texto fue publicado inicialmente en catalán en La Directa.