Esta ilustración fue realizada inicialmente para el reportaje ‘Residencias. Cuidados. Negocios. Hogares. Explotación’.

“Se morían agarrados a la barandilla de la cama intentando respirar”
Trabajadora de una residencia

La primavera de 2020 supuso un antes y un después en la conciencia de muchas personas de buena voluntad que descubrieron horrorizadas que había gente capaz de erigirse en verdugos de seres vulnerables por edad o por enfermedad, en nombre de la salud pública. De este horror no nos hemos repuesto quienes nos guiamos por los derechos humanos y ahí seguimos, empeñados en iluminar el pasillo de tinieblas que transita entre marzo y abril de ese maldito año cuando en las residencias de personas mayores de Madrid murieron 7.291 personas.

Esta cifra es escalofriante por sí sola, pero adquiere tintes dramáticos cuando se le pone nombre, apellidos y cara. Eso fue lo que hizo la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias (CCVR) los días 15 y 16 de septiembre de 2023 en los que recabó el testimonio de residentes, familiares, personal técnico y de peritaje, periodistas y políticos quienes narraron en primera persona su experiencia.

De esas sesiones, de las que algunas declaraciones permanecen de manera dolorosa en mi recuerdo, me quedó claro que lo ocurrido en las residencias es algo inenarrable cuya realidad iremos conociendo a medida que pasen los meses, siempre que haya personas que estén decididas a que la verdad ocurrida reciba la justicia merecida.

No voy a hacer una crónica de lo escuchado y vivido en esas comparecencias ―para eso está el informe que la CCVR presentará en su momento―; voy a vestirme de ciudadana de a pie y señalar algunos elementos que me reafirman en la idea de que la vida de la personas viejas ―que no forzosamente decrépitas, enfermas o inútiles― no importó a quienes tenían capacidad de decisión y responsabilidad de cuidado.

La consideración de que las viejas y viejos merecían recibir las atenciones más exquisitas no fue el pensamiento que guio la redacción de las normativas que desde las instancias políticas se implementaron. Dado que, en lugar de plantearse una actuación extremadamente ética y sensible, teniendo en cuenta las necesidades específicas ―que no homogéneas― de la población anciana, se diseñaron y obligaron a aplicar unos protocolos perversos que terminaron con la vida de miles de personas y generaron un daño moral irreparable a las familias y a las trabajadoras y trabajadores que los acompañaron en ese momento. En ellos fundamentalmente se prohibía. Se prohibía esto y aquello y lo de más allá y, por encima de todo, se impedía el traslado de la población mayor o con determinados límites físicos o mentales a los hospitales.

Guiados por este pensamiento desalmado se impidió el acceso a los hospitales a las personas en función de su edad, su estado de salud y su posible discapacidad produciéndose una vulneración flagrante de todos y cada uno de los derechos humanos que nos asisten ―o deberían asistirnos― a toda edad: el derecho a la vida, el derecho a ser tratado con dignidad, a no ser sometida a un trato inhumano o degradante, el derecho a la intimidad y a la libertad de circulación.

Asuntos no nimios si tenemos en cuenta que se trata de una población sensible que vive alejada de sus gentes queridas, en un lugar que no es su espacio vital de siempre y que tiene que compartir su existencia y en muchas ocasiones su intimidad con personas a las que desconoce por completo. Un colectivo al que, desde mucho antes de la pandemia, ya se le había limitado al máximo la capacidad de decisión, viviendo obligado a obedecer de la mañana a la noche. Sin posibilidad de elección en cuanto a la comida, los horarios, la medicación, las salidas e incluso el dinero y por supuesto la afectividad y la sexualidad; muchas veces en connivencia con las hijas y los hijos, en nombre de un sospechoso concepto del amor filial.

Personas que, teniendo un pasado, un presente y un futuro más o menos largo por delante, sin embargo, se convirtieron en seres anónimos, insignificantes e intercambiables, de tal manera que el valor de sus vidas no estuvo en el centro de la toma de decisiones. Simplemente no importaron. Tampoco se tuvieron en cuenta sus deseos básicos ―comunicarse con sus familiares, ser escuchadas―, ni sus necesidades más imperiosas ―recibir cuidados imprescindibles de higiene, alimentación, medicación―, sino que fueron abandonadas a su suerte en manos de un destino cruel.

Para ejecutar con eficacia los protocolos y que no se colara nadie que no cumpliera con los requisitos exigidos para su admisión en los hospitales públicos, el 13 de marzo de 2020 se activó un dispositivo llamado Geriatría de Enlace. De acuerdo con él se designaron geriatras de referencia en los hospitales. Estos mantenían una conexión directa con los centros residenciales y evaluaban la posibilidad de derivación hospitalaria de acuerdo con los protocolos, convirtiéndose así en un muro insalvable para las personas que ostentaban alguno de los requisitos de no aceptación.

Desconozco si este equipo de especialistas ha realizado una reflexión crítica acerca del tema, aunque me temo que el corporativismo cuasi endémico de la clase médica encontrará los caminos para llevar a cabo una defensa numantina de lo que ocurrió. Me viene a la mente lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal, preguntándose por qué una persona normal, sin mayor maldad, puede prestarse a cumplir órdenes que le hacen partícipe de una imponente perversidad. E incluso llegar al punto de no inmutarse por lo que sucede a otras personas; algo que, desde la pedagogía de la crueldad definida por Rita Segato, implica sentir que determinadas barbaridades no van con nosotros, aunque esté en nuestra mano impedir que sucedan.

Algunas palabras que se repitieron insistentemente en las declaraciones, resuenan dentro de mi cabeza y me evocan realidades e imágenes potentes; “muros insalvables” (geriatra de enlace, policía en la puerta, protocolo); “mentiras institucionales” (medicalización de las residencias, información); “carencias estructurales” (falta de personal, residencias plagadas de deficiencias); “carencias coyunturales” (falta de equipos de protección individual, falta de pruebas diagnósticas, falta de desinfección y de limpieza).

Y el caos como una realidad que acompañaba a los diversos elementos de terror que se produjeron en las residencias, donde se dieron vacaciones obligatorias al personal cuando más falta hacía; donde se hizo imposible la comunicación telefónica con las y los residentes, algunos de los cuales ayer estaban muy bien y hoy habían muerto; donde se sancionó a quienes hablaron en público acerca de lo que ocurría; donde se prohibió al personal de las residencias llevar mascarillas para “no alarmar” (como si lo que se estaba fraguando no fuera suficiente alarma) a residentes y familiares; caos y terror que sintieron las personas residentes encerradas en sus habitaciones, solas, sin televisión ni lectura y sin posibilidad de hablar con sus familias ni verlas, habitaciones en las que permanecían, además, horas y horas sin cambio de pañales.

¿Hay algo más desolador y terrible que morir en absoluta soledad, de forma angustiosa con terror en la mirada, como afirman los testimonios prestados a la CCVR?

Una imperdonable banalización del dolor y del derecho a la vida que requiere justicia y verdad.

Las vidas grises importan, mucho.