Adaptación de la portada del monográfico de LOCURA que editamos en 2020.

El territorio de la salud mental conlleva distintas contradicciones por muchas razones. Partimos de que sigue siendo un ámbito tabú, desconocido y que genera cierto rechazo social. No tenemos reparos en contar que nuestra hija tiene diabetes, pero si la etiqueta dice ‘trastorno bipolar’, la cosa cambia. Pocas veces se reconoce que una persona allegada convive con algún diagnóstico en salud mental o sufrimiento psíquico de cierta intensidad. Ocurre algo parecido a la revelación de la homosexualidad o a la vivencia de una identidad de género distinta a la asignada al nacer. Son temas que están ahí, pero de los que muchas veces no se habla. Se obvian. Y ya se sabe, lo que no se nombra no existe. O eso preferirían.

En una cultura en la que la familia nuclear es un valor muy cotizado, no es de extrañar que también en salud mental las alianzas médico familiares se fortalezcan, en detrimento de los derechos de las personas diagnosticadas. La consanguinidad podría convertirse en una excelente alianza, pero en muchos casos no lo es. O no se sabe hacer, o no se puede, o no se quiere. En esos ejes circulan los motivos. En principio, la finalidad de familiar y persona afectada es la misma: conseguir el mayor bienestar posible para esta última, evitando en lo posible el daño por el que puedan pasar tanto la persona diagnosticada como sus allegadas. Pero las vías para llegar a ese objetivo pueden no resultar las más idóneas. Es difícil que lo sean cuando en muchos casos lo que se transmite desde los servicios médicos es la necesidad de control y la coerción, en lugar de hacer más hincapié en un acompañamiento responsable. La familia se convierte en la encargada de que se cumplan los tratamientos pautados, sobre todo cuando las implicadas somos mujeres, que históricamente hemos copado la pirámide de la locura. La histeria es muy nuestra. Porque si nuestra salud mental y emocional ya es más endeble de por sí, cuando hay un diagnóstico que lo confirma necesitamos la oportuna vigilancia, no vayamos a hacer que todo estalle. No es casualidad que esos cuidados, o esos pretendidos cuidados, vengan habitualmente de manos de otras mujeres. Sea en el ámbito del trabajo formal o informal, es una tarea que protagonizamos nosotras.

Lo más frecuente es que un diagnóstico psicológico o psiquiátrico conlleva altos niveles de dolor emocional, tanto para la familia como para la persona afectada. Y es lógico que la gente allegada necesite de espacios en los que volcar y transmitir sus preocupaciones, miedos y malestares. El problema surge cuando las inquietudes de estos colectivos formados por familiares eclipsan las necesidades de las personas diagnosticadas. O peor aún, cuando asociaciones o agrupaciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de las personas psiquiatrizadas esconden en realidad la prioridad de los deseos de las familias aún a costa de la vulneración de derechos de quienes conviven con el sufrimiento psíquico. Por ejemplo, solicitar que no sea necesaria la autorización judicial para un ingreso involuntario y que sea la persona cuidadora principal quien tenga la potestad para decidir dicho ingreso supondría otorgar aún más poder a una estructura cuyo funcionamiento interno desconocemos y que puede, incluso, ser una de las causas del sufrimiento psíquico. Perseguir un propósito como este está definiendo las líneas de actuación de ciertas asociaciones. La familia no puede convertirse en alguien más de quien defenderse. Y los colectivos denominados ‘en primera persona’, formadas por las propias personas psiquiatrizadas, nunca se van a sentir representados por estos discursos.

Las políticas en salud mental necesitan una revisión, un cuestionamiento. Las mejoras más positivas transitarían el fomento de la autonomía, el impulso de las redes colaborativas, el favorecimiento de toma de decisiones por parte de las personas psiquiatizadas y con malestares psicológicos. En los últimos años han surgido Grupos de Apoyo Mutuo (GAM) que han dislocado la visión predominante en salud mental y han aportado una idea clave: el protagonismo en salud mental deben ostentarlo las propias personas con sufrimiento psíquico. Hasta ahora, han sido las asociaciones de familias las que han tenido el protagonismo y el rol de interlocución con las administraciones. Los Grupos de Apoyo Mutuo se reapropian del lenguaje establecido y le dan la vuelta. De ahí surgen movimientos que han venido para quedarse, como el Orgullo Loco, que reclama ese protagonismo de las personas psiquiatrizadas y el cese de las vulneraciones de derechos en este ámbito, así como una relectura de la propia locura que pueda ponerla en valor como parte de la diversidad humana que es.

Las voluntades anticipadas son otro recurso que otorga el poder de decidir a la persona que vive esa situación de malestar, permitiéndole elaborar un plan en el que especifica lo que necesita en caso de vivir una crisis, con qué apoyos y qué recursos. Autonomía y alternativas organizadas y que ya impulsan algunas administraciones aunque, de momento, no es legalmente vinculante. supuesto, todo cambio requiere un proceso. Revisar la salud mental es revisar también la patologización de las conductas, las relaciones de poder, la feminización de los cuidados, la patologización del sufrimiento, el origen del mismo, la responsabilidad políticosocial del bienestar psíquicoemocional. Y valorar que las custodias y tutelas puedan dejar paso a recursos de acompañamiento responsable alejados de órdenes y paternalismos. Estos nunca han sido buenos aliados —aunque sí conocidos— de la salud mental.

Este texto ha sido publicado originalmente en el monográfico sobre LOCURA que editamos en 2020. Una de las principales apuestas de Pikara Magazine pasa por garantizar que todos nuestros contenidos estén en abierto. Por eso, a pesar de que el monográfico sigue disponible en .pdf, publicamos el texto en abierto. Suscríbete para que siga siendo posible.