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“El 70 por ciento de las afectadas afirma haber tenido ideas de suicidio en algún momento”. Esta es una de las principales conclusiones de Sira, el Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura que ha estado acompañando a la mayoría de las afectadas por las infiltraciones de la Policía Nacional en movimientos sociales. El caso, que destapó primero La Directa y después publicó El Salto, supuso que los agentes policiales encubiertos establecieran relaciones de militancia, amistad y sexoafectivas con activistas de diversos movimientos sociales y populares, “en su mayoría mujeres”, para “obtener información privilegiada”, recoge Sira.

Así lo explicó el director clínico del centro, Pau Pérez, el 15 de febrero el Parlament de Catalunya en la “Comissió d’Investigació sobre la Infiltració de Policies dels Cossos Policials de l’Estat en els Moviments Socials, Polítics i Populars d’Arreu del País”. El resumen de las conclusiones del acompañamiento y la evaluación, que se ha realizado siguiendo el Protocolo de Estambul, ha sido difundido también por la entidad en sus redes sociales. Según explican, las ideas de suicidio de la mayoría de las víctimas están vinculadas a “la vergüenza, a las humillaciones sufridas o a una idea clara de ‘irreversibilidad del daño’”. Además, en torno al 80 por ciento de las afectadas considera haber sufrido una pérdida de autoestima, así como un deterioro severo de la imagen de sí mismas. Las conclusiones de Sira exponen también que, a consecuencia de esta pérdida de autoestima, las víctimas “presentan problemas de rechazo o malestar con su cuerpo y/o episodios de bulimia o anorexia”. Por estas y otras consecuencias derivadas del caso de los policías infiltrados, el centro considera que las “personas afectadas por infiltraciones policiales en los movimientos sociales y populares de todo el Estado deberían ser consideradas víctimas de tortura”.

En enero del año pasado el diario La Directa destapaba que el supuesto activista Dani Hernández Pons era en realidad un policía nacional que llevaba tres años infiltrado en los movimientos sociales catalanes. Durante ese tiempo había mantenido relaciones con al menos ocho mujeres activistas. Tal y como explicaba también El Salto, el agente utilizó estas relaciones para integrarse en varios colectivos y espacios autogestionados. Cinco de las mujeres afectadas decidieron querellarse y denunciar abusos sexuales contra D.H.P., iniciales tanto del nombre ficticio de Dani como de su nombre real.

La abogada Laia Serra explicaba entonces, al hilo del caso y de la querella, que “el consentimiento tiene que ver con la voluntad y con la reciprocidad”. “Y no hay voluntad ni reciprocidad sin contar con dos elementos básicos: la información y la libertad”, añadía en un artículo publicado en Pikara Magazine. 

“Con la persona que no existe, sí hubo consentimiento. Pero como no existe, yo no di consentimiento y, si lo hubiese dado, habría sido a una persona que no existe. No puede haber consentimiento con una persona que no existe”, ha declarado una de las afectadas según la información difundida por Sira. Las palabras de otra de ellas recogen que siente “culpa” por las relaciones que el agente pudo tener gracias a ella, “por abrirle la posibilidad de que entrara a otros espacios y tuviera otras relaciones íntimas”. La culpa es un sentimiento recurrente en las peritadas, según ha difundido el centro, ya que se atribuyen “a sí mismas la responsabilidad de lo ocurrido, algo que resulta frecuente en el marco de las relaciones sexuales”.

“Casi todas las peritadas han disminuido sus relaciones y sienten que fueron obligadas a actuar contra sus propias convicciones”

“La violencia sexual en contextos represivos tiene como finalidad socavar la integridad de nuestros vínculos”, reza en el texto ‘Cuando el violador es el Estado’, publicado por Pikara Magazine en febrero de 2023 y firmado por mujeres “implicadas en el movimiento de okupación, antiautoritario y autónomo de Euskal Herria, Països Catalans y Madrid”, que querían mostrar su apoyo a las querellantes. “Casi todas las peritadas aseguran haber disminuido considerablemente sus relaciones afectivas esporádicas como consecuencia de las infiltraciones. Existe un sentimiento de humillación generalizado y un ataque directo a tu dignidad”, según Sira. Además, se sienten engañadas y entienden que “fueron obligadas a actuar contra sus propias convicciones” y, ahonda el centro, “aseguran que nunca habrían mantenido relaciones sexuales con los agentes infiltrados si hubieran sabido quiénes eran realmente”. “Han usado tu forma de entender el sexo, el amor y tus emociones en tu contra”, afirma una de las declaraciones difundidas.

En el artículo de Laia Serra mencionado, ‘Violencia institucional sexualizada’, la letrada señalaba que este era un caso paradigmático en el que la violencia institucional y sexual se entrecruzan y la una no puede interpretarse sin la otra, ya que ambas son “ejercicios de poder, son actos disciplinantes”. Estas violencias, continuaba, afectan individualmente “a la identidad y comprensión del mundo de esa persona” y, colectivamente, “a la confianza en las demás personas, deteriorando sus vínculos” y “generando aislamiento”.

Las víctimas “desconfían del uso del teléfono y tienen la sensación de estar siendo vigiladas”

De hecho, las conclusiones del peritaje recogen que la mayoría de las víctimas “desconfían del uso del teléfono y tienen la sensación de estar siendo vigiladas”: cuatro de ellas han tenido que solicitar una baja laboral y algunas han sufrido “una disminución significativa de su rendimiento académico como consecuencia de las rumiaciones y la angustia”.

Como consecuencia de las infiltraciones, todas han disminuido su participación en espacios sociales y de militancia, “por no considerarlos como lugares seguros”. Sira apunta que esto “es particularmente traumático, teniendo en cuenta que la militancia siempre supuso un espacio esencial en la identidad de las peritadas”. “Cuando el violador es el Estado, no olvidemos nunca que su finalidad última es rompernos como comunidades”, afirmaban las mujeres del artículo de apoyo referido más arriba.

Una estrategia que cataloga de “filoterroristas” a los movimientos sociales

Antes de Dani había sido Marc Hernández Pons, seudónimo de otro policía nacional. La Directa publicaba el 7 de junio de 2022 ‘Un espía camuflado en el activismo’, investigación en la que recogía que Marc se había infiltrado en el movimiento por el derecho a la vivienda y en la izquierda independentista catalana el 2 de junio de 2020. Cuando el caso de Dani salió a la luz el año pasado, el medio independiente revelaba que este se había infiltrado al mismo tiempo que Marc.

Ambos, explicó el medio, formaban parte de una operación para introducir a múltiples espías en el activismo bajo el mando del ministro de Interior Fernando Grande- Marlaska. “ Según el marco legal actual, este tipo de infiltraciones solo pueden hacerse amparadas por una orden judicial, en los supuestos de terrorismo, crimen organizado y tráfico de estupefacientes”, señalaba La Directa.

El Estado lanza un mensaje de advertencia: los movimientos populares sociales son considerados como ‘grupos filoterroristas’

Las conclusiones de Sira al respecto son contundentes en este punto: “A través de estas acciones, el Estado lanza un mensaje de advertencia: los movimientos populares sociales son considerados como ‘grupos filoterroristas’, lo que les convierte en objeto de vigilancia”. De hecho, el centro explica que “la policía seguía una estrategia deliberada y consistente – tal y como se deduce de sus patrones de actuación en todo el Estado-, con el propósito claro de acceder a la información íntima, personal y familiar de las víctimas, además de a información sobre los patrones de funcionamiento y objetivos de movimientos sociales como disruptivos”. Fruto de esta acción estatal organizada, “las personas peritadas presentan graves impactos clínicos y ontológicos”.